El Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar) publicó un blog con diferentes artículos en la página web del Departamento de Economía para aportar distintas visiones de investigadores sobre los impactos de la emergencia sanitaria, que tendrá «consecuencias económicas muy profundas», según la investigadora Gabriela Mordecki. Además, en los artículos publicados analizan las medidas que se implementaron y las que deberían implementarse, y aportan ideas sobre cómo salir hacia adelante.

Mordecki considera que en este momento donde es tan difícil poder tener respuestas certeras sobre el escenario económico o los efectos que esta situación puede tener, «un aporte de investigadores de distintas áreas de la economía es relevante». Agregó que «no hemos estado expuestos a una circunstancia como la actual, es algo inédito, por lo tanto, las medidas o salidas a implementar también son inéditas».

Esta pandemia tendrá repercusiones muy profundas en la economía, sin embargo, no se puede todavía evaluar con certeza estos impactos. Mordecki explicó que el ejemplo que existe por ahora es China, donde empezó esta situación y duró alrededor de dos meses, pero la salida no está siendo lineal. Además, tampoco se puede comparar a Uruguay con China por sus dimensiones, sistemas políticos y económicos. Los países del hemisferio sur entraron más tarde en el impacto de este virus, por tanto están en una fase anterior a la que están viviendo otras economías..

Con respecto a las medidas de contención adoptadas, Mordecki señaló que hay varios sectores de la economía que tienen paralizada su actividad y se adoptaron medidas para que las empresas no se vean «ahogadas por los vencimientos y que una vez que se supere este momento puedan reabrir sus puertas». Se refirió a la extensión de plazos de vencimiento de pagos y a la apertura de líneas de créditos blandos con tasas de interés más bajas que las del mercado. 

También se implementó el seguro de paro transitorio, que implica que los trabajadores pueden ser enviados a seguro de paro por un periodo de hasta seis meses y luego reincorporarse al trabajo. Explicó que la medida del seguro de paro, por un lado, ayuda a las empresas a transitar mejor este periodo con sus costos y, por otro, a que los trabajadores no sean despedidos y puedan organizar su vida con un ingreso menor pero con ciertas garantías. 

Sin embargo, aclaró que el trabajador en seguro de paro recibe la mitad de su salario registrado y que, por ejemplo, los trabajadores de bares y restaurantes se ven más afectados aún, porque gran parte de su salario son las propinas. Por otro lado, hay gran parte de la población que no tiene derecho a estos subsidios porque no son trabajadores del sector formal o son monotributistas, o tienen una empresa unipersonal y no tienen derecho a seguro de desempleo, para quienes se han instrumentado otras medidas.

Mitigar desigualdades

La investigadora del IECON, Andrea Vigorito enfatizó que esta pandemia «pone en relieve muy crudamente las desigualdades preexistentes en la sociedad», porque «cuando la población es convocada a quedarse en su casa, las posibilidades de poder hacerlo dependen efectivamente de cuál es nuestro lugar en la sociedad, qué tipo de trabajo y qué recursos tenemos, si tenemos un espacio en nuestra casa para trabajar, y si tenemos que cuidar a otras personas, además de otras vulnerabilidades»

Entiende que se plantea una disyuntiva grande, porque con las respuestas no van a remediarse todas las desigualdades y carencias existentes, pero si se tienen que dar respuestas que atenúen el impacto de la crisis para que se amplifique en la menor medida posible. Porque si desde el Estado no está claro priorizar la situación de los más débiles y no generar mayores desigualdades, «podemos salir de esta crisis bastante peor que como entramos».

La investigadora recordó la crisis del 2002, que si bien fue una crisis financiera y no generada por una pandemia, uno de los aprendizajes principales que dejó es que «las respuestas tienen que ser rápidas y prolongadas, porque es muy fácil que la pobreza y la desigualdad aumenten y es muy difícil revertirlas». A diferencia de 2002, indicó, Uruguay tiene un conjunto de sistemas de transferencias, de seguro de desempleo ampliado, y formas de poder transferir dinero a los hogares.

Vigorito sostuvo que en este momento nuestro país tiene entre 8 y 9% de pobreza, aproximadamente, pero hay estudios que señalan que existe un 40% de la población que en situaciones adversas podría caer en condiciones de pobreza. En este sentido, señaló que para mitigar la caída de ingresos en los hogares el sistema de transferencias actual -en sus vertientes contributiva y no contributiva- «juega un papel fundamental», porque permite, por lo menos, llegar al 40% de la población de menores ingresos -a los dos quintiles más bajos-. Dentro de ese porcentaje, se encuentran trabajadores con empleos informales, que trabajan por cuenta propia y en otros sectores de actividad golpeados por la pandemia.

Es así que la investigadora entiende que la expansión del sistema de transferencias – asignaciones familiares, Tarjeta Uruguay Social (TUS), pensión a la vejez, entre otras-, llegan a un porcentaje amplio de esa población. Para esto es necesario eliminar las condicionalidades de las asignaciones familiares y restituirlas a aquellos hogares que fueron dados de baja porque no cumplían con la condicionalidad de educación, duplicar las asignaciones familiares y la TUS, y elaborar un mecanismo para aquellos hogares que no tienen menores de 18 años. Asimismo, es necesario considerar el periodo en el cual van a regir estas medidas: «el gobierno lo planteó por uno o dos meses, pero esto debería regir por el plazo de un año».

Las transferencias «tienen un rol de estabilización de ingresos, las personas ya saben que van a recibirlas, sea lo que pase con su trabajo». Aclaró que recibir esas transferencias no genera efectos negativos en el esfuerzo laboral de las personas: «no dejan de trabajar y pasan a recibir cómodamente esa asignación, porque es poco dinero».

El gobierno también está repartiendo canastas alimenticias, que para los investigadores es una política bastante anticuada: si se quiere fomentar o distribuir alimentos, es más adecuada la expansión de la TUS. «Transfieren un conjunto de alimentos que tienen que ser secos y no le permiten al hogar la elección, por eso una transferencia por tarjeta magnética es mucho más adecuada», sostuvo.

Distribución del ingreso

Vigorito destacó la importancia de retomar la discusión de la unificación y la mejora del sistema de transferencias, una vez superada la emergencia sanitaria. La idea de Renta Básica Universal también está imponiéndose, señaló, y «puede ser un rumbo adecuado para el sistema de transferencias, siempre que esté acompañado de una reforma de la imposición a la renta y al patrimonio que permita que esto sea financiado en mayor medida por quienes tienen mayores recursos»

En cuanto a los recursos necesarios para financiar estas medidas, el investigador Joan Vilá indicó que es acertado que aporten más los grupos con más capacidad contributiva. Sin embargo, la medida planteada por el gobierno tiene dos problemas principales. En primer lugar, la recaudación estimada (cerca de 20 millones de dólares) no parece representar montos significativos para enfrentar las crecientes necesidades de recursos.

Por otra parte, y desde el punto de vista del diseño de este impuesto, el principal problema es gravar exclusivamente a salarios del sector público y jubilaciones, dejando de lado un importante grupo de ingresos altos. El principal problema, es que al excluir los ingresos de capital (alquileres, intereses por bonos, dividendos), la medida sólo alcanza a una cuarta parte de quienes tienen ingresos por encima del umbral de 80.000 pesos, explicó.

Por lo tanto, desde IECON se plantea que una medida alternativa para implementar a futuro es utilizar el impuesto a la renta ya vigente (IRPF e IASS) para gravar de forma progresiva a todos los individuos de altos ingresos. Esto permite utilizar una estructura ya construida para identificar a los que tienen mayor capacidad contributiva y gravar sus ingresos sin importar la fuente por la cual los perciban. Esto disminuye las inequidades generadas por el aporte al Fondo Coronavirus, además de ampliar el número de individuos que pagan el impuesto y por lo tanto la potencial recaudación, concluyó Vilá.

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