Junto al rector asistieron integrantes del CDC, además de la responsable de la Dirección General Jurídica, Mariana Gulla, y el vicepresidente de la Asamblea General del Claustro (AGC), Gonzalo Vicci.

Vicci presentó a los legisladores una resolución de la AGC del 19 de mayo, previa aclaración de que la Udelar no fue notificada acerca de las modificaciones que la comisión del Senado realizó el miércoles 20 sobre la Sección III del proyecto de LUC, referida a la educación.

En primer lugar, Vicci expresó que la Constitución de la República habilita a comunicar las consideraciones de la AGC acerca de este proyecto. La resolución de la asamblea señala que el primer borrador de la LUC modifica 57 artículos de la Ley de Educación vigente y deroga otros 12; los cambios «no son únicamente de orden cuantitativo sino principalmente cualitativos, ya que contradicen principios en los que la sociedad uruguaya ha construido sus mejores aspiraciones sobre la educación: su sentido de lo público, la inclusión democrática y la autonomía», agrega.

La AGC considera que varios cambios en la norma propuesta «alteran profundamente los fundamentos del sistema educativo que se construyó a partir de la reforma Vareliana y se consolidó con el Batllismo». Si bien se reconoce que la educación pública nacional enfrenta problemas y desafíos, la AGC entiende que «abordar las necesarias modificaciones de la educación requiere la participación de muchos actores», incluyendo a educadores y estudiantes.

El proyecto de LUC «tiende a debilitar el carácter público de la educación uruguaya y su concepción como derecho», señala el documento de la AGC, y algunos cambios propuestos «revalorizan el rol de la educación privada en detrimento de los entes públicos y crean las condiciones para avanzar hacia un modelo de provisión de la educación pública, como un servicio por parte de un conjunto de proveedores (públicos y privados) regulados por el Estado». Como ejemplo la AGC analizó los artículos referidos a la concepción de educación (132, 141 y 142), y los que sustituyen la actual Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública por una Comisión Coordinadora de la Educación.

Además el órgano central de la Udelar considera que, según el borrador de la ley, la elaboración de un plan educativo nacional y la aplicación de las políticas educativas recaen en el Poder Ejecutivo, al tiempo que se limita la autonomía de los entes de la educación. La Constitución de 1917, y todas las reformas posteriores, otorgan gran autonomía a estos entes, afirma la resolución. Para la asamblea ello se basa «en la convicción de que es necesario preservar a la educación de los avatares de la política partidaria y que las acciones de largo plazo que la misma requiere no se condicen con los plazos pautados por las elecciones nacionales». Finalmente, la AGC propuso «sustraer la sección III en su totalidad del Proyecto de Ley de Urgente Consideración y habilitar la discusión de las transformaciones que se sugieren».

Arim hizo referencia a posibles cambios en la redacción realizados por la comisión legislativa en los últimos días. Según «versiones oficiosas», la ley incorporó un espacio, que no había sido considerado en la primera versión, destinado a la coordinación de organismos enseñanza públicos: una Comisión Coordinadora de la Educación Pública. Al conocerse en febrero el primer borrador, este punto generó preocupación en el ámbito de la Udelar; el rector expresó que la modificación realizada esta semana representaba «un avance sustantivo». Este cambio, asociado a los plazos acotados para el tratamiento de la ley, «habla a las claras de la dificultad de tratar y de modificar en el camino algo tan relevante para el país como es la arquitectura de la educación pública», afirmó.

El rector se refirió a un problema de diseño, que se verifica tanto en la primera versión del borrador, con la Comisión Coordinadora de la Educación, como en la que incorpora la Comisión Coordinadora de la Educación Pública. En ambos casos la redacción habilita a todos los miembros de esos cuerpos (que provienen de ámbitos muy diversos, tales como las instituciones de formación militar o las escuelas artísticas del Sodre) a realizar recomendaciones a los entes de la educación (estos son la Udelar y la ANEP), pero no a la inversa.

En el intercambio entre los senadores y la delegación universitaria, Arim expresó que la composición de la comisión que propone la LUC para coordinar, concertar y emitir opinión sobre las políticas educativas, es un aspecto que preocupa a la Universidad. Solo uno de los integrantes representaría a la Udelar, en pie de igualdad con instituciones de formación muy específica. Esto es cuestionable, no únicamente por el peso relativo que tiene la Udelar en el ámbito educativo público, con más de 100.000 estudiantes y presencia en todo el país, sino también por la amplitud y variedad de su oferta de enseñanza, que abarca todas las áreas del conocimiento.

Otro punto que preocupa a la Udelar refiere a la coordinación específica entre las instituciones de enseñanza terciaria pública: Udelar, Universidad Tecnológica y CTEP-UTU. En opinión del rector, este espacio viene funcionando correctamente y ha dado resultados beneficiosos tales como las carreras de Tecnólogo, o la creación del Campus interinstitucional de Educación Terciaria de Rivera, que es una muestra de la cooperación y optimización de recursos que se puede lograr.

La delegación universitaria se refirió a otros aspectos del borrador de la LUC vinculados con la incorporación de funcionarios a la administración pública, incluyendo las instituciones de enseñanza. Estas consideraciones fueron explicadas claramente por Gulla, pero la comisión del Senado aclaró que el artículo que generaba problemas jurídicos en este campo fue suprimido en el tratamiento de la ley.

La decana de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ana Frega, expuso acerca de las propuestas de formación docente en la ley. Señaló la necesidad de alcanzar un nivel de formación de carácter universitario, con enseñanza e investigación de calidad y una estructura que habilite la autonomía y el cogobierno.

 

 
 
 
 
 

Los comentarios están cerrados.