La decana expresó que organizar esta actividad, por iniciativa de su Instituto de Educación, era una responsabilidad derivada del compromiso de la FHCE para contribuir al debate público sobre el tema. Recordó que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Udelar establece que la institución tiene, entre otros fines, el de «contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno».

También mencionó la resolución del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar del 4 de febrero, en relación con la LUC.  Esta expresa que incorporar cambios sustantivos que afectan diversos aspectos de la vida nacional y muy especialmente a la educación pública, bajo la figura de ley de urgente consideración, «condiciona el intercambio democrático». Además, la Asamblea General de Claustro de la Udelar ha conformado diversos grupos de trabajo para analizar otras propuestas contenidas en el borrador de la LUC, que no están directamente vinculadas con la educación, como seguridad pública, políticas de comunicación, entre otros.

Frega recordó que en febrero, además de este borrador, se difundió el documento titulado Aportes a una Ley General de Educación, elaborado con representantes de todos los entes y niveles de la educación pública. El documento profundiza sobre ideas ya manejadas en distintos foros regionales y mundiales: la educación concebida como un bien público y social y como un proceso que puede desarrollarse a lo largo de toda la vida. Estos conceptos no están considerados en el borrador de la LUC, indicó.

Por su parte la directora del Instituto de Educación, Eloísa Bordoli, expresó que mientras la Universidad impulsa la discusión sobre este tema, los colectivos y gremios del ámbito de la educación están planteando alianzas y acciones frente a las propuestas de la LUC. Ambos carriles pueden resultar sustantivos para convocar a la ciudadanía general a reflexionar sobre el tema, opinó.

Los efectos de la ley

Por su parte, Cano sostuvo que este borrador contiene numerosos artículos que afectan a la Universidad, y no solo en el apartado educativo. Además de suprimir el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), propone la creación de una Comisión Coordinadora de la Educación de 16 miembros que representan instituciones y ámbitos educativos muy diversos, con matrículas que son «incomparables» a las de la Udelar, tanto en Montevideo como en el interior. De estos delegados solo uno provendría de la Universidad, frente a los tres que hoy la representan en un total de nueve, junto a otros de todos los entes de la educación pública. La LUC propone diluir la participación de la institución en este y otros organismos de debate y decisión, como las Comisiones Departamentales de Educación.

El docente destacó que el borrador parece haber tomado el texto de la Ley General de Educación vigente para suprimir de su redacción todos los términos «pública» o «público». A su juicio, la LUC tendrá tres efectos principales: la desarticulación del sistema de educación superior público, concentrando atribuciones en el MEC y evitando la elaboración y articulación de políticas y acciones entre los entes autónomos de la enseñanza; reducirá el peso político y representatividad a la Udelar; y aumentará el poder de las instituciones privadas con la apertura de mecanismos de transferencia directa. Detrás de estas transformaciones, concluyó, la LUC marca una dirección para la educación en la que se pasa de una concepción de sistema público coordinado a un Estado evaluador y administrador, gestor de un sistema mixto público-privado en competencia.

Libertad de cátedra

Díaz explicó que etimológicamente la libertad de cátedra refiere al derecho de pensar e investigar, sin tener temor a ser castigado por ello. Es entonces «un poder, una responsabilidad, y un compromiso que nos pone en riesgo», afirmó. La LUC quiere sustituir este concepto por una autonomía técnica, y para Díaz esto refleja un miedo a las ideologías de los docentes: «el docente es culpable de querer transmitir una ideología, de hacer proselitismo, de ser arbitrario».

En este marco, señaló que es un concepto de relevancia histórica y una conquista social de la humanidad, que idealmente incide en la emancipación de las personas, en «poder pensar diferente al status quo, criticarlo». «Tiene una potencialidad revolucionaria muy fuerte», sostuvo.

La libertad de cátedra es mayor o menor según el tipo de centro educativo, su nivel de autonomía, y el sector etario del alumno. A menor nivel educativo, la libertad de cátedra está más vigilada o controlada. Mientras que a nivel universitario es más profunda, porque ser un ámbito de creación de conocimiento e investigación. En el caso de la Udelar, indicó que «es un derecho inherente de los docentes y se reconoce a todos los órdenes universitarios y a cada uno de sus integrantes la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas».

Dos concepciones de educación

Camors realizó un análisis comparativo de las dos concepciones de educación que existen en la Ley General de Educación aprobada en 2008 y en la LUC. Recordó que la ley general de educación fue el primer documento en la historia del país que reúne «todo lo educativo en una ley general y con un concepto de educación determinado que para su gestión requiere de un sistema altamente participativo como es el SNEP».

Sostuvo que «cuando se lee el anteproyecto hay una preocupación por el principio de autoridad» y «todo se modifica en función del Ministerio de Educación que aparece como una institucionalidad», quitando de este ámbito al SNEP. En este sentido, remarcó que la hipótesis planteada de que la gobernanza resolvería los supuestos problemas anteriores -problemas de aprendizaje y procesos educativos- no ha sido comprobada históricamente por la investigación educativa. Y agregó que «la LUC plantea un camino y un destino que ya se ha pretendido recorrer en el año 1973 cuando la Ley Sanguinetti, bajo el rótulo de LUC, creó un ente autónomo donde el Parlamento no tuvo en cuenta las mayorías especiales para su creación y suscitó un debate en esa época».

También manifestó preocupación por otros cambios importantes con respecto la participación, porque la LUC plantea «recortar toda la educación a la palabra de un ministerio». Por eso entiende que los docentes pierden espacios de participación y «seguramente perderán entusiasmo en el desempeño de sus tareas, así como se vería afectada la valoración social que tienen». Por último, Camors señaló que «la profesionalidad se basa en la autonomía relativa y se desdibuja si se la ubica en una cadena de mando, porque se pierden las garantías de un sistema y queda librado a lo individual de un ministro, de un director o de un docente».  

El concepto de lo público

Por su parte, Martinis abordó aspectos del Sistema Nacional de Educación Pública bajo el rótulo de los cambios que propone la LUC y la «tensión entre público y privado que instala este anteproyecto», dado que algunos de los cambios que se proponen «afectan el lugar de lo público dentro de la educación nacional».

Con respecto a la SNEP, Martinis señaló que en la LUC «se elimina el adjetivo público del SNEP» y «se altera la forma de conducción eliminando la Comisión Coordinadora que tiene una función rectora del sistema» y se instala una coordinadora donde «cobra mayor importancia los actores de la educación vinculadas a la educación básica y universitaria privada y la educación policial». También se refirió al artículo 126 de la LUC que establece un aspecto «nada menor» que es quitar el requisito de contar con diez años de antigüedad para ser Consejero del Consejo Directivo Central de la ANEP. «Si esto se aprobase, se puede aventurar que uno sin haber pisado una institución educativa pública, podría estar sentado dirigiendo la educación pública», opinó Martinis. 

Recordó que también elimina el carácter universitario de la formación docente, a partir del artículo 145 que conforma un programa nacional de fortalecimiento de la profesión docente que se ubica en el marco del MEC, «otorgándole centralidad al MEC en los asuntos de formación». La LUC «toca en algún punto las políticas docentes porque introduce la posibilidad de la aprobación de un nuevo estatuto del personal docente, paralelo al ya existente».

Según señaló, no se trata de que la ley literalmente plantee estos aspectos, pero «abre las puertas a los primeros pasos de un sistema educativo fragmentado donde distintas instituciones educativas compiten entre sí para la captación del alumnado y la captación del financiamiento estatal», sostuvo. «El carácter público de la institución estaría definido nada más que por ser una institución gratuita» agregó. En este sentido, concluyó que «la desvalorización del concepto de lo público que trae la ley tiene implicancias políticas centrales, porque es muy difícil pensar en la construcción de una democracia en términos genuinos, si no hay un desarrollo de una educación pública, no basada en la idea de competencia para acceder a recursos, sino en una idea de solidaridad, de cooperación y de construcción colectiva». En este sentido, afirmó que «hay una idea de democracia que está en juego. Estamos discutiendo qué tipo de democracia queremos». 

Un nuevo modelo educativo

Al igual que la decana, el rector recordó que el CDC de la Udelar resolvió priorizar la discusión de los contenidos de la LUC desde el punto de vista universitario, aportar elementos a los procesos de discusión democrática que el país debería vivir, y a la misma vez «intentar generar una conciencia para que no se discuta en clave de urgente consideración la reconstitución global del sistema educativo».

Señaló como aspecto preocupante de la LUC la presencia de una concepción de base que ubica a las instituciones de educación pública en el lugar de prestadores, en igualdad cualitativa con los prestadores provenientes del sector privado. Esta lógica también presupone modificaciones en los mecanismos de contratación del Estado: restringe e incorpora modificaciones que traban los procesos de ejecución presupuestal. El más relevante de todos es la eliminación de la excepcionalidad de las compras directas como mecanismo para adquirir equipamiento científico, mecanismo que la Udelar utiliza mucho.

Arim también se refirió a la habilitación a las universidades privadas sean para, por primera vez, ser sujetos de contratación directa por parte de organismos estatales. Indicó que hay un elemento que de concretarse debe ser interpretado en clave política: las universidades privadas pueden ser contratadas sin mecanismos concursables y se elimina la posibilidad de que las fundaciones de la Udelar sean contratadas bajo el mismo régimen.

De esta manera, además de poner a la Universidad en pie de igualdad a los privados como si fuera un prestador más, la LUC elimina la noción de SNEP y, por tanto, los mecanismos de posible coordinación entre los prestadores. Esto genera un camino a la fragmentación del sistema. «Desde ahí tenemos que pararnos como Universidad: defender la noción de sistema», concluyó.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vea video de la actividad en canal de Youtube FHCE Udelar

 

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