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El Derecho ante la emergencia sanitaria
La Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) organizó un ciclo de seminarios en el que participaron docentes de la institución, especialistas en distintas áreas del Derecho. Los encuentros se realizaron el 11 y el 14 de mayo.
La decana de la Facultad, Cristina Mangarelli, refirió que el objetivo del ciclo es generar espacios de reflexión con una perspectiva interdisciplinaria, que contribuyan a la producción de conocimientos en el marco de la epidemia. Expresó: «La Udelar a través de la Facultad de Derecho puede realizar un aporte fundamental en el análisis y estudio de las leyes y normas reglamentarias, dictadas en el país a partir de la aprobación del decreto de emergencia sanitaria». Señaló que con estas instancias también se busca abordar la aplicación e interpretación de las normas ya existentes y elaborar sugerencias de nuevas leyes para regular la situación actual.
Uno de los temas que se trataron en el seminario del 11 de mayo, fue la normativa referida a las consecuencias del incumplimiento de obligaciones y contratos, a raíz de condicionantes que determinan en el derecho uruguayo la figura «fuerza mayor».
Javier Berdaguer, docente de derecho privado, obligaciones, contratos y responsabilidad civil, expuso acerca de los artículos 1342, 1343, 1447, 1549 y 1550 del código Civil vigente. Señaló que esta normativa establece que una persona deberá pagar daños y perjuicios por el incumplimiento de un contrato a no ser que ocurra «una situación extraña que no le es imputable». Además determina que las obligaciones del deudor se extinguen si la imposibilidad material o jurídica de cumplimiento por un hecho posterior al contrato, es definitiva o se suspenden si se trata de una imposibilidad temporal. Para que a una persona se la exonere de sanciones por el no cumplimiento de un contrato que ya estaba instaurado, debe suceder un hecho imprevisible, como fue la emergencia sanitaria en Uruguay, frente al cual el deudor no tenga ningún medio o mecanismo de cumplir la obligación.
Por su parte Gerardo Caffera, docente del mismo curso, informó que el equipo de profesionales de Derecho privado de la Udelar elaboró una propuesta legislativa que se presentó al Consejo de Facultad. En el proyecto se establecen las condiciones de renegociación de contratos de arrendatarios de casa habitación y consumidores de servicios básicos, afectados por la epidemia en el cumplimiento de estas obligaciones. Acotó que Uruguay carece de reglamentación en este aspecto por lo que en la coyuntura actual se da un vacío legal.
Otros de los aspectos abordados en el primer seminario fueron las respuestas de la seguridad social uruguaya en el marco de la epidemia. Gabriel Salsamendi, docente de seguridad social de la carrera de Relaciones Laborales, se refirió al seguro de desempleo.
Señaló que hasta mayo se constataron casi 170.000 personas en seguro de desempleo sobre un total de 1.200.000 trabajadores registrados aproximadamente, «una situación nunca vista en Uruguay». El docente indicó que el alto número de trabajadores amparados en la actualidad a esta prestación, demuestra no sólo el momento de crisis económica que vive el país, sino también la alta formalización laboral a la que ha llegado Uruguay, más aún si se compara con la región.
Salsamendi añadió que en el marco de la epidemia, un decreto del Poder Ejecutivo amplió el seguro de desempleo por reducción horaria o de jornadas de trabajo, que pasó a cubrir además de los trabajadores jornaleros a los mensuales. Asimismo eliminó el requisito de cumplir el lapso previo estipulado luego de terminar un período de seguro de desempleo, para poder volver a ampararse en esta prestación. Otro de los cambios fue la flexibilización de los períodos mínimos necesarios de registro en planilla de los trabajadores, para acceder al seguro de desempleo. Estos plazos pasaron en el caso de los empleados mensuales, de seis a tres meses y en el de los jornaleros de 150 jornales a 75, en el período comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2020. Esta modificación introdujo a su vez una reducción de la prestación, los trabajadores que tengan de tres a seis meses o de 75 a 150 jornales registrados recibirán el 50 % del monto del seguro de desempleo (25 % de su ingreso).
También se incorporó la compatibilidad del seguro de desempleo para las personas con multiempleo, como docentes, trabajadores de la salud y policías que se desempeñan en ámbitos públicos y al mismo tiempo en privados y pequeños emprendedores que cumplen además un trabajo formal. Anteriormente las personas con más de un empleo no podían acceder al seguro de desempleo en uno de los trabajos por tener otra remuneración. La ampliación de la normativa alcanza solo a los trabajadores que cumplen su actividad privada en la enseñanza, servicios culturales, o entidades gremiales, sociales o deportivas.
Salsamendi finalizó señalando que unos 10.000 trabajadores aproximadamente enviados al seguro de desempleo en marzo y abril no pudieron acceder a esta prestación por diversas razones, por lo que todas estas modificaciones fueron incorporándolos al subsidio. «No obstante sería bueno que esta flexibilización se ampliara a todos los grupos de actividad», expresó.
Álvaro Rodríguez Azcúe, docente de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, explicó los alcances del seguro por enfermedad, en el marco de la emergencia sanitaria. Señaló que la prestación ampara en la actualidad unas 105.000 personas aproximadamente entre las que se encuentran no sólo las que están cursando una enfermedad sino también aquellas de 65 años o más, por tratarse de una población de riesgo. Las personas de esta franja etaria, pueden si así lo quieren ampararse al seguro por enfermedad y exonerarse de cumplir sus obligaciones laborales, siempre y cuando no las estén desarrollando a distancia.
Rodríguez destacó que si el país no contara con el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social que atiende a la población que no recibe prestaciones a través del sistema contributivo, las dificultades frente a la epidemia hubieran sido mayores. Asimismo subrayó la fortaleza del Banco de Previsión Social con 1450000 trabajadores registrados aproximadamente, lo que va a permitir afrontar las prestaciones que se crearon para atender la situación de emergencia. Añadió que las restricciones en la actividad a causa de la epidemia, hicieron que 1600 millones de trabajadores que están en la informalidad en el mundo, 400.000 de ellos en Uruguay, se quedaran sin ingresos para subsistir. Manifestó que aunque se han instrumentado algunas medidas es necesario profundizarlas y aplicar nuevas estrategias como la renta básica Universal. «Todavía hay personas que no llegan a resolver sus problemas cotidianos, los trabajadores informales representan en Uruguay el 25 % de la población económicamente activa y en el contexto de epidemia100000 personas más están cayendo en situación de pobreza por haber perdido su fuente de trabajo», expresó.
En el seminario del 14 de mayo una de las exponentes fue Luz Calvo, docente y directora del Instituto de Derecho Civil. Calvo abordó el tema aislamiento y violencia de género. La docente manifestó que «la violencia de género combinada con el COVID- 19 produjo un cóctel explosivo». Definió esta problemática social como «la pandemia en la pandemia porque es una enfermedad epidémica que ha alcanzado en mayor o menor grado a toda la humanidad». Acotó que la situación empeoró a nivel mundial en el contexto de epidemia y aislamiento, lo cual fue reconocido el 6 de abril de 2020 por la Organización de Naciones Unidas que advirtió del tremendo incremento de los casos de violencia de género en el mundo.
La docente manifestó que en el marco del confinamiento, a causa de la epidemia, millones de personas permanecen encerradas en su casa en convivencia forzada con su agresor, situación que también se dió en Uruguay. Además las personas están sometidas a mayor estrés, debido a que muchas están en seguro de paro o sin empleo y por tanto con serios problemas económicos, lo que agrava las condiciones de encierro. La docente indicó que se registraron episodios de conductas abusivas y de violencia en personas que nunca antes habían manifestado una conducta agresiva o podía haberse pensado que podrían haber tenido una reacción similar.
Calvo planteó que en el transcurso de la epidemia, en Uruguay al igual que en el mundo, bajó el número de denuncias por violencia de género. Aclaró que esto no significa que la incidencia de estas situaciones haya bajado sino que la visibilidad del fenómeno en este contexto se hace mucho más difícil. «La mujer víctima de violencia está sola dentro de la casa, con sus hijos, en un círculo del que no puede salir, por el confinamiento, o la vigilancia de su agresor que le impide abandonar la residencia o llamar por teléfono para pedir ayuda», sostuvo. Añadió que muchas veces quien sufre violencia doméstica no advierte la gravedad de la situación en la que se encuentra, piensa que las conductas agresivas se deben al problema económico, y que pasarán cuando este se solucione.
La docente señaló que para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia es necesario desarrollar una buena formación en este tema dirigida a los integrantes de la policía y el juzgado que llevan adelante las primeras escuchas de las víctimas. En cuanto al uso de mecanismos electrónicos de control, acotó que la forma de llevar adelante esta medida está en discusión. Se plantea en el caso del uso de tobilleras si debe utilizarla la mujer que sufre maltrato o el agresor. Algunos sostienen que debe hacerlo la víctima ya que el agresor muchas veces logra escaparse de este control y en cambio la persona que sufre violencia está más protegida al usarla. Los que apoyan que quien debe usar este instrumento de control sea el agresor, sostienen que obligando a la víctima a llevarla se la aprisiona y somete a encierro como si fuera la culpable.
Calvo concluyó su ponencia expresando que la vida de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes que están en esta situación está en peligro constante ya sea si el entorno sabe que están sufriendo violencia doméstica, como si lo desconoce. «Aunque en el primero de los casos las víctimas tienen un grado mayor de contención y sostén, muchas veces de igual manera resultan heridas por sus agresores y a veces de muerte», sostuvo. Añadió que es frecuente que las mujeres que sufren estos actos sientan vergüenza y no quieran exponer la situación por la que están atravesando por lo que la agresión queda invisibilizada y a veces se conoce cuando es tarde para proteger a las víctimas. Apuntó: «El hogar se ha convertido para muchas mujeres y niños en un lugar de abuso y de miedo, que no deja vivir y no deja sentir».
Seminario 11 de mayo https://www.youtube.com/watch?v=mkvmFCV_BYA
Seminario 14 de mayo https://www.youtube.com/watch?v=QiYOcc7u3pI