La organización del evento estuvo a cargo del proyecto «Castigo, delito y proceso penal en Uruguay», financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar. Esta iniciativa se propuso sistematizar, difundir y promover la reflexión sobre las reformas del Código Procesal Penal (CPP), para contribuir a una mejor comprensión pública de las mismas. La propuesta se enmarca en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, que se refiere a la necesidad de «contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública».

En la conferencia expusieron Ana Vigna y Clara Musto, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar e investigadoras del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI), y los abogados Henry Trujillo, Daniel Zubillaga y Lucía Giudice, integrantes del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Udelar. .

CPP vigente

El nuevo Código de Proceso Penal (CPP) que entró en vigencia el 1º de noviembre de 2017 se aprobó en 2016 con el apoyo de una amplia mayoría de parlamentarios. Dieron el voto afirmativo para su aprobación las bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Independiente, dos diputados colorados de Vamos Uruguay y Guillermo Facello del Partido Colorado, integrante posteriormente del Partido de la gente, liderado por Edgardo Novick.

Rigor en aumento

Los panelistas aclararon que los impulsos de cambio del CPP no se restringen a la LUC sino que son parte de un proceso en el que se le han introducido agregados y modificaciones progresivas, orientadas hacia un mayor punitivismo, y que se consolida con este proyecto. Ana Vigna señaló que existen implícitos que sustentan la LUC, entre ellos el aumento del delito violento en el país, que lleva a la sociedad a demandar mayor seguridad a los partidos políticos.

La docente añadió que a pesar de que ha aumentado la prosperidad social, se ha destinado mayor presupuesto a la seguridad y el nuevo CPP aumenta la duración de las penas, la problemática continúa. No existe una fundamentación que justifique la reforma que propone la LUC, que va en el mismo sentido y profundiza medidas que se vienen llevando adelante y que no han logrado disminuir los niveles de violencia.

Los expositores presentaron las modificaciones que introduce la LUC, en el rol de la policía, la privación de libertad como respuesta del sistema penal, las posibilidades de terminación anticipada del proceso y el principio de oportunidad.

«Empoderamiento de la policía y menos garantías».

Los académicos plantearon que los cambios propuestos en la LUC en las atribuciones de la policía, aumentan el poder de esta fuerza ya que incrementan sus niveles de autonomía en el proceso de investigación y le dan mayor injerencia en el diseño de criterios político-criminales.

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