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Grupos de trabajo acerca de la LUC presentaron informes al CDC
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República, aprobó los cinco informes presentados por los grupos de trabajo conformados para estudiar aspectos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Cada uno de los grupos trabajó en una de las temáticas abordadas por el proyecto (educación, seguridad, comunicación, economía y empresas públicas y áreas protegidas ). A partir de este análisis elaboraron el informe de acuerdo a criterios definidos por el CDC, que apuntaron a un análisis conceptual por temas y no a sugerencias para cada uno de los artículos.
En el inicio de la sesión se acordó que el documento final tuviera un encabezado que explicitara la falta de oportunidad de realizar modificaciones de esta gravedad en distintas dimensiones del quehacer nacional, un aspecto en el que la Udelar se había expedido en varias sesiones anteriores del CDC. Todos los grupos en sus presentaciones coincidieron en este punto, señalaron la gravedad de que temas tan complejos y con tantas consecuencias para la sociedad fueran tratados con los plazos acotados que determina una Ley de Urgente Consideración, que no permiten el debate profundo de estas temáticas. También se resolvió que luego de su consideración los informes fueran revisados contrastándolos con la versión final de la LUC, que se hizo pública el primero de junio, ya que se realizaron modificaciones hasta los últimos días en la Comisión Especial del Senado y podían haber puntos que fueron cambiados.
Educación
Jorge Camors, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Udelar, fue quien presentó el informe del grupo que trabajó en las modificaciones en materia de Educación, que se establecen en la sección III de la LUC.
El informe coincidió con la resolución de la Asamblea General del Claustro del 19 de mayo, al recomendar la eliminación del proyecto la sección completa referida a educación. No obstante en el documento señalan algunas modificaciones preocupantes, por limitar las instancias de coordinación educativa, participación social y concentrar el poder de la Educación en el Poder Ejecutivo con la consecuente restricción de la autonomía. También resaltan que con los cambios propuestos se le resta poder de decisión a los entes públicos autónomos de la educación al equipararlos con los sistemas educativos dependientes del Poder Ejecutivo como el militar y policial y los de educación privada.
Luego de la presentación del informe del grupo de educación algunos integrantes del CDC pidieron la palabra para hacer apreciaciones al respecto. El consejero Gregory Randall señaló que los cambios introducidos por la LUC en esta materia a través de varios artículos combinados «constituyen un cambio profundo de la Ley de educación y la tradición educativa uruguaya, un cambio de paradigma». Añadió que «se crean las condiciones para avanzar hacia un modelo de la educación pública como un servicio prestado por un conjunto de proveedores y regulado por el Estado en vez de ser un bien público y un Derecho». Acotó que el modelo educativo al que se tiende con los cambios propuestos en la LUC ya se ha aplicado en otros países de Latinoamérica como Chile, «con consecuencias catastróficas».
Seguridad
Diego Pérez y Gabriela Pasturino presentaron el informe. Pérez apuntó que luego del análisis de las propuestas de la LUC en seguridad, el grupo concluyó que «no revisten carácter urgente y deben ser estudiadas a cabalidad en procesos de largo aliento». Añadió que muchas de las modificaciones del proyecto son de carácter punitivo y han sido propuestas también en años anteriores en los que la Udelar ya se expidió en contra, como el aumento de penas.
Entre los aspectos preocupantes señalaron que se expande las capacidades de la policía y se relajan los controles para su accionar. Pérez indicó que cambios como la obligación de presentar una identificación si el agente policial lo solicita, afectarán principalmente a los sectores más vulnerables como las personas en situación de calle o los jóvenes que hacen uso del espacio público. Subrayó también otros aspectos alarmantes como la duplicación del tope de horas de los policías para el servicio 222, las habilitación del porte de armas para policías y militares retirados, y la política de estupefacientes en línea con el proyecto punitivista.
El informe también considera grave la restricción que el proyecto realiza al derecho de huelga y la criminalización de la protesta social. Pérez expresó una de las conclusiones del informe: las modificaciones de la LUC en en materia de seguridad: «buscan gobernar el miedo al delito y no así al delito».
Comunicación
La presentación del informe del grupo de trabajo en esta temática estuvo a cargo del docente Gabriel Kaplún. El docente de FIC señaló dos modificaciones que introduce la LUC en el área de comunicación que el grupo considera positivas: la obligación de los entes del Estado a presentar estados de cuenta y la reformulación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), que le da mayor independencia.
En cuanto a los aspectos negativos de las modificaciones del proyecto en esta materia, indicó el agregado al artículo 173 del Código del Proceso Penal, que crea el delito de agravio a la autoridad policial, afectando así a la libertad de expresión. Otro de los puntos contraproducentes es la creación del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado en la órbita del Poder Ejecutivo con la potestad de manejar información secreta inaccesible para la sociedad. El informe define este cambio como «un retroceso a la libertad de información». El tercer aspecto es la modificación que se refiere a la libre circulación y otorga una amplia capacidad de acción a los policías para disolver manifestaciones o piquetes. El informe expresa que con estos cambios se limita la libertad de expresión porque se criminalizan las movilizaciones sociales. Kaplun añadió que otro tema que preocupa al grupo es la propuesta de que Antel esté obligado a alquilar su infraestructura a los cableoperadores que quieran prestar servicios de internet. Esta propuesta aunque fue suprimida de la LUC se incluyó en la ley de medios que se encuentra en trámite en el parlamento.
Economía y empresas públicas
El informe fue presentado por la docente Gabriela Mordecki quien señaló los aspectos de la LUC en esta área, que el grupo identificó como preocupantes: la regla fiscal, la libertad financiera, los cambios en las empresas públicas y entes reguladores (URSEC y Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua). En cuanto a la regla fiscal el grupo concluyó que en el proyecto faltan definiciones de qué es, y cuáles son sus límites. Además no se establece suficiente reglamentación en las medidas, muchos temas quedan librados al Ministerio de Economía, lo que acentúa el control del Poder Ejecutivo.
Mordecki subrayó que el grupo identifica como muy preocupante para los derechos adquiridos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables la eliminación de la inclusión financiera, una política que apunta fundamentalmente a la inclusión social. Añadió que volver al efectivo además puede abrir puertas a actividades delictivas como corrupción y lavado de dinero.
Manejo de áreas protegidas
Ana Laura Mello, presentó el informe del grupo de trabajo que analizó los dos últimos artículos de la LUC que modifican la Ley del Sistema Nacional de Área Protegidas. Esta ley es la que regula el procedimiento mediante el cual un área territorial puede ser declarada como área protegida.
En la ley vigente la determinación de estas áreas se realiza a través de decretos presidenciales, a pedido del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y no requiere el consentimiento de los propietarios privados de los predios comprendidos en ellas. Mello aclaró que en la versión original de la LUC se incorporaba como requisito a la determinación de un área protegida, el consentimiento de los propietarios, lo que se retiró en la versión definitiva. No obstante en la versión final se subordina la decisión a las directrices de ordenamiento territorial aprobadas nivel del gobierno departamental.