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Mesa redonda: efectos de la LUC en el derecho a la protesta social y el acceso a la información pública
El 29 de mayo se realizó la mesa redonda: «El proyecto LUC, el derecho a la protesta social y el derecho de acceso a la información pública». La actividad virtual fue organizada por el Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (Udelar).
Al presentar la actividad, el rector Rodrigo Arim destacó que esta instancia contribuye a poner a discusión pública otros componentes de la Ley de Urgente Consideración (LUC), más allá de los cambios en educación que plantea el proyecto. En este sentido afirmó que cuando hablamos del derecho al acceso a la información pública y del derecho a la protesta social «estamos hablando de la calidad democrática, de la calidad del debate, de la articulación y de la convivencia democrática de una sociedad».
Agregó que «paradójicamente», en este contexto en que el país atraviesa «la discusión de una ley de urgente consideración que toca tantas y diversas dimensiones del quehacer nacional», la posibilidad de la protesta social, del debate y el encuentro público, están limitados por razones sanitarias. Sin embargo, el diálogo organizado por la Udelar para discutir cambios de esta magnitud «habla también de la calidad de la democracia», indicó.
El rector recordó que en varias ocasiones la Udelar señaló que no era pertinente incorporar modificaciones tan importantes en un proyecto de urgente consideración, que tiene tiempos acotados de discusión en el Parlamento. Explicó que el artículo 2 de la Ley Orgánica obliga a la Universidad a aportar elementos que ayuden a la comprensión de temas de interés general, como en este caso lo son los límites a la protesta social y el uso y acceso a la información pública por parte del sistema de inteligencia del Estado. Adelantó que el martes 2 de junio, el Consejo Directivo Central (CDC) se reunirá de forma extraordinaria para discutir este y otros temas de la LUC que no conciernen exclusivamente a la educación.
Por su parte, Mariana González Guyer, prorrectora de Extensión y Relaciones con el Medio, resaltó que esta actividad fue impulsada desde el área de Derechos Humanos de ese servicio, con el fin de promover el diálogo entre académicos de la Udelar, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos «aportando a una discusión que creemos es muy importante».
El intercambio se da en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica a causa de la pandemia, señaló, que plantea múltiples desafíos para la Udelar y la sociedad en su conjunto. En esta situación la Universidad viene jugando un rol muy importante en diferentes aspectos, «el más visible puede ser el aporte científico para la respuesta sanitaria, pero también está presente a través de la extensión trabajando con organizaciones sociales, organizaciones públicas y actores universitarios para enfrentar todas las manifestaciones de esta crisis»: se han relevado 155 líneas, iniciativas y actividades en todo el país, indicó.
La prorrectora indicó que durante el trámite de aprobación de una ley con plazos tan acotados y con tantos temas, la Udelar está presente en su debate a través de seminarios, declaraciones del CDC y de la Asamblea General del Claustro. Otro aporte de la institución ha sido la creación de grupos de trabajo sobre distintos aspectos del proyecto.
Coincidió con el rector en que los temas que se discuten en este seminario son claves para la democracia: el derecho al acceso a la información pública garantiza la transparencia del Estado, «es el derecho de la sociedad a saber». Sostuvo que la mayoría de los derechos se obtienen a través de la protesta social y su logro se vincula a la libertad de expresión y al derecho de reunión. «Los derechos se conquistan y esa conquista pasa por la manifestación social pacífica, que no puede entenderse desde la óptica de la amenaza al orden público», afirmó.
Tania da Rosa, integrante del área de Derechos Humanos de Extensión, explicó que esta es una instancia que contribuye a llevar adelante el cometido del área de promover una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de derechos humanos.
«Desde el área tenemos una visión crítica sobre distintas disposiciones de la sección 2 del proyecto de ley, que se refiere a la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, porque entendemos que restringen el derecho a la información en el ámbito de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado», explicó. Las disposiciones previstas «crean nuevas categorías de información de carácter secreto» y «dejan sin efecto las garantías que trajo a nuestro ordenamiento jurídico la ley de acceso a la información pública», explicó; estas modificaciones habilitan la existencia de categorías que escapan al control judicial y al órgano de contralor de la ley de Acceso a la información pública. Por estos motivos, el área entiende que «estas disposiciones pueden restringir las posibilidades de control público por parte de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil sobre los órganos que componen el sistema nacional de inteligencia de Estado».
En cuanto a las restricciones a la protesta social que propone este proyecto, consideran que deben ser debatidas ya que abren la puerta a su criminalización.
La mirada internacional en la protección de los derechos humanos
Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), señaló que «si una sociedad no discute de forma profunda e informada las regulaciones que discute un Parlamento sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, creo que es una grave omisión» afirmó y celebró esta instancia de intercambio.
Explicó que la Relatoría forma parte del sistema de protección de derechos humanos de la región, y Uruguay, por haber ratificado las convenciones de protección de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la ONU, se compromete a garantizarlos. En cumplimietno de sus fines, la Relatoría envió al Parlamento y a Cancillería una carta con algunas reflexiones, recomendaciones y preguntas sobre este proyecto. «Me preocupa que Uruguay siendo uno de los pocos países de la región que está dentro de las veinte democracias plenas, ponga en riesgo algunas de las libertades con esta reforma», opinó.
Lanza subrayó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos indica que solo se puede restringir un derecho fundamental cuando hay un interés imperioso habilitado por la Constitución o los tratados internacionales, a través de una ley en sentido formal y material. «La LUC no cumple con esas características porque es un instrumento especial que se utiliza para situaciones de urgencia y restringe la capacidad de Parlamento para su discusión», indicó.
Al referirse al derecho a la protesta, subrayó que si Uruguay pasa a tener una categoría de manifestaciones que son ilegales, se generará «una serie de conflictos para determinar quién se puede manifestar o no, o de qué manera, y eso tiene un impacto en el sistema democrático», afirmó. Considera que es conveniente retirar estos artículos, y si el gobierno quiere discutir el tema, debería hacerlo mediante una ley ordinaria con las discusiones públicas y abiertas pertinentes.
«Lo que hay detrás de estas reformas es una intención de mayor control estatal de la discusión pública y la participación», opinó, y aclaró que este no es un problema particular del Uruguay, sino que que se está viviendo en muchos países y a través de la LUC, Uruguay se suma a una tendencia preocupante. «Hay una intención de intentar volver atrás de una suerte de primavera en la conquista de derechos», agregó. Agregó que muchas cuestiones de la LUC están interconectadas, y es necesario hacer esas conexiones.
Protesta es democracia
Con respecto al desacato, Lanza señaló que se propone volver atrás para afianzar la protección del honor de los policías; como única fundamentación a esto se ha explicado que el accionar policial «debería que tener una áurea de mayor respeto». Esto «no se logra penalizando posibles expresiones de discusión con la policía», indicó, porque hay policías que pueden corromperse o ejercer abuso del poder. Por la misma razón debe existir la posibilidad democrática de denunciar y pedir rendición de cuentas a la Policía por parte de la sociedad, afirmó.
En cuanto al derecho a la protesta, es decir, la libertad de expresar demandas y defender derechos de cualquier grupo en el espacio público o privado, señaló que la LUC declara ilegítimas las modalidades de protesta que pueden entorpecer la libre circulación. Para Lanza esta definición es problemática porque según la Convención Interamericana, las protestas que no se ejercen con armas son lícitas, aunque momentáneamente puedan entorpecer el ejercicio de otros derechos. La protesta tiene una importancia para la democracia y este es el principio general que debería respetar el Estado, señaló.
Además, se debe entender a la protesta como el ejercicio de un derecho y no como un problema de orden público, porque «para disolver hay que reprimir, para reprimir hay que usar armas»; esto plantea un problema y abre camino a posibles violaciones a otros derechos. Agregó que el Estado que tiene la obligación de identificar a quienes ejercen violencia dentro de una manifestación y también de «proteger y facilitar el ejercicio de la protesta, no puede volverse el enemigo de ese ejercicio». Habilitar el uso de armas por parte de la policía en manifestaciones como las que se dan en Uruguay no corresponde, y tendrá como efecto un reforzamiento del aparato policial, tal como ocurre en otros países latinoamericanos, agregó.
Lanza hizo referencia al derecho al acceso a la información pública, «una ley que fue revolucionaria en el Uruguay» porque antes primaba el principio del secreto y no había un mecanismo jurídico y legal para hacer valer ese derecho. El borrador refiere a la reserva de informaciones sobre seguridad y orden públicos, explicó, pero en la práctica esto suele abarcar otras categorías. Sostuvo que el principio a seguir debería ser la máxima divulgación de toda información en poder del Estado, con excepciones limitadas y fundamentadas. «Para una democracia es vital que se rindan cuentas» sobre las actividades relacionadas con la seguridad y el orden público, indicó, y hay que ver estas propuestas de reforma como una posibilidad de mantener una agenda oculta. «Se va a generar un enorme problema para el futuro del país» al atribuir la discrecionalidad sobre la reserva al Presidente, porque queda abierta la posibilidad de declarar secreta la información sobre temas políticamente sensibles, expresó.
Ante preguntas sobre posibles mecanismos legales para evitar la aprobación de estas normas, expresó que la CIDH tiene una función subsidiaria a los sistemas de protección nacionales. Los mecanismos que utiliza son los de cooperación, los comunicados de prensa o pedidos de informes. A nivel nacional, es posible activar la facultad de veto del presidente; indicó que las organizaciones sociales, la academia, los expertos, «le tenemos que pedir al presidente de la República que ejerza su poder de veto» para impedir que la norma siga su curso. En última instancia se puede acudir a los controles de constitucionalidad y de convencionalidad por parte del Poder Judicial, explicó, y como estrategia final, es posible recurrir a los organismos internacionales.
Por último, transmitió «una buena noticia» porque fue cambiada una disposición de la LUC que habilitaba al Ministerio del Interior a pedir a las empresas telefónicas la georeferenciación de las personas en el marco de sus procedimientos policiales. La nueva redacción dice que esta herramienta solo puede utilizarse con autorización judicial previa y participación de la fiscalía, concluyó.
Impedir las manifestaciones populares
Daoiz Uriarte Araujo, docente del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Udelar, y especialista en derecho del trabajo y la seguridad social. Uriarte subrayó algunos aspectos preocupantes del proyecto, como la introducción del delito de resistencia al arresto pacífico, que se configura simplemente al negarse a ser detenido por la policía o huir ante esa eventualidad. Indicó que esta modificación, se relaciona con otro de los planteos que introduce el proyecto, la ilegalidad de los piquetes, ya que en un procedimiento policial de este tipo «es natural que alguien quiera evitar la detención y quiera escapar». Si se aprueba el artículo, esta acción se convertiría en un delito. «La criminalización de la protesta termina restringiendo la libertad de expresión», añadió.
Señaló también un agregado de la LUC que habilita a la policía a disolver reuniones o manifestaciones «que exterioricen conductas violentas o tendientes al ocultamiento de la identidad». Al respecto el docente afirmó: «es natural que en cualquier manifestación haya muchachos con bufandas o en el contexto actual con tapabocas, lo que puede ser tomado por el policía como una intención de ocultamiento de la identidad». Además el proyecto aunque mantiene la disposición vigente que el disparo del arma de fuego de reglamento en la actuación policial en estas situaciones, es la última posibilidad, excluye de esta prohibición el sólo hecho de sacar el arma.
Uriarte concluyó que la LUC en su conjunto trata de impedir por medios indirectos «que se materialicen y se canalicen las expresiones de descontento, las manifestaciones a nivel popular».
Pobre intercambio democrático
Natalia Uval, coordinadora de la sección periodismo de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar y docente de periodismo de esta institución, indicó que el proyecto presenta problemas en lo que respecta al contexto de emergencia sanitaria en el que se plantea y a su formato de LUC. Sostuvo que esta coyuntura «condiciona el debate y dificulta el intercambio democrático sobre esta norma que viene a modificar cuestiones fundamentales de la vida en sociedad».
Uval señaló que el proyecto de Ley tiene 502 artículos y un 70% de ellos fueron modificados en el proceso de trámite por sustitutivos que se presentaron pocos días antes de su votación en comisión, en algunos casos el día anterior. «No sabemos qué estamos discutiendo, hay puntos que seguimos discutiendo y aparentemente ya han sido modificados», apuntó.
Alertó que con algunas de las variaciones de redacción que se han introducido a la LUC «se puede generar una falsa idea de que un artículo se cambió teniendo en cuenta los reclamos de los organismos internacionales o de las organizaciones sociales, cuando en realidad el fondo de la disposición permanece idéntica». Indicó que este es el caso del artículo 11 de la LUC, en el que se enumeraban nueve acciones por las cuales una persona podría cometer el delito de agravio a la autoridad policial, entre ellas «obstaculizar, agraviar, atentar, arrojar objetos, amenazar, e insultar por palabras escritos o hechos». Uval informó que al texto se le quitaron tres verbos: menospreciar, menoscabar y afrentar, pero se dejaron los restantes, entre ellos agraviar. Agregó que estos términos dan lugar a una interpretación amplia y subjetiva de conductas que podrían considerarse agravio a la autoridad policial, «este artículo era preocupante para la libertad de expresión y lo sigue siendo con las modificaciones que se le aplicaron».
También llamó la atención acerca de la falta de datos empíricos y justificaciones claras en los cambios que introduce la LUC a la legislación actual. Señaló que de acuerdo a investigaciones de académicos que trabajan en la temática de seguridad pública y a experiencias internacionales, se ha demostrado que el tipo de medidas que propone el proyecto no tienen efectos exitosos en esta materia. Apuntó que una de las expresiones que se repite en Uruguay para justificar estas medidas es que «los policías están atados de manos para actuar», lo que no se corresponde con la realidad. «El número de delincuentes muertos a manos de policías en el país es muy alto, en el 2019, fueron aproximadamente 30 sin ningún tipo de consecuencia penal para los agentes policiales que actuaron en estas situaciones».
Respecto a los argumentos para las modificaciones que adjudican carácter secreto a ciertas informaciones públicas, Uval planteó que en parte se fundamentan en el vínculo con otros Estados que sí poseen el régimen de la información secreta: se ha señalado que esos Estados no intercambiarán información con otros que mantienen estándares de confidencialidad menos exigentes. La investigadora agregó que muchos de esos países han establecido «un procedimiento muy claro de desclasificación de ese tipo de información».
Para finalizar, Uval resaltó que la mayoría de las delegaciones de organismos internacionales que concurrieron a la comisión parlamentaria a presentar sus informes acerca de esta ley plantearon críticas muy fuertes al proyecto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuestionó uno de los artículos señalando que cualquier piquete pacífico es legítimo aunque obstaculice el tránsito. La OIT pidió expresamente al Estado uruguayo revisar este punto y consultar a los actores involucrados (empresarios, trabajadores), en instancias tripartitas. El representante de la Organización de Naciones Unidas por su parte expresó: «Una gran parte de los artículos de la LUC suponen retrocesos de la perspectiva de los derechos humanos», y llamó a revisar la normativa. La CIDH también manifestó su postura crítica al proyecto, la cual fue expresada por Lanza, en este encuentro. Amnistía Internacional asimismo expresó una gran preocupación por el impacto negativo de esta ley en materia de derechos humanos en el país y por «sus efectos regresivos para Uruguay en materia de estándares regionales e internacionales».
El proyecto «debilita la democracia»
Por su parte, Fabián Werner, periodista y coordinador de libertad de expresión del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, (CAinfo) y miembro del comité coordinador de la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina.
Destacó la importancia de generar espacios como este para discutir la LUC, «algo que el trámite parlamentario del proyecto, no nos permitió». Señaló que en el caso del CAinfo fueron convocados menos de 48 horas antes de la hora fijada para dar su opinión sobre el proyecto. Tuvieron que elaborar el documento de alrededor de 20 páginas con suma rapidez y sin tener claro debido a las modificaciones de último momento introducidas al proyecto, cuál era el texto que finalmente se iba a discutir en la comisión.
El periodista señaló que la protesta pacífica y la libertad de expresión en general son afectadas en los artículos 11, 14, 45, 491, 492 y 493 del proyecto. Sostuvo que las restricciones a estos derechos «se aplican a través de términos vagos y tienen como resultado el debilitamiento de la democracia».
Consideró muy grave además que en ningún momento del proyecto se establece cuáles van a ser los mecanismos de acceso a la información. No se explicita la forma en que los ciudadanos en general, las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas pueden saber quiénes fueron los responsables de los operativos, si se realizaron detenciones en ellos y si estas se ajustaron al Derecho. Tampoco se establece una capacitación de los funcionarios policiales, que van a realizar acciones que no habían llevado adelante en las últimas décadas, como la de reprimir manifestaciones. Acotó que es esperable que este tipo de movilizaciones sociales sean frecuentes este año 2020, en el que además de tratarse la LUC comenzará a discutirse la ley de presupuesto nacional.
Cecilia Gordano, integrante de Cotidiano Mujer, planteó un paralelismo entre la LUC y el contexto de epidemia por coronavirus. Señaló que en ambas se dan manifestaciones de la post verdad, en la que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Añadió que a través de estas falsedades se fomenta el odio, el distanciamiento, la falta de participación ciudadana. En este sentido definió a la LUC como una mega ley que atenta contra los derechos ya consagrados.
Expresó que la LUC es «una mega ley que atenta contra derechos ya consagrados», y criticó la dispersión de su articulado. Se enfocó en los artículos 128 y 129, referidos a la información confidencial y a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado -directamente al servicio de presidencia-, que estarían alimentando un déficit democrático a través del desequilibrio de poderes. Estos artículos se inscriben en un contexto más amplio de regresión de derechos humanos; particularmente se afecta el derecho a la información, que es una llave para acceder a otros derechos, señaló, y se profundiza más la asimetría entre la ciudadanía y el Estado.
Además, peligran los procesos institucionales participativos que están en marcha, como la Red de Gobierno Abierto, donde participan actores gubernamentales, privados y organizaciones de la sociedad civil como Cotidiano Mujer. Las palabras clave para las reformas propuestas por la LUC son regresión, arbitrariedad, discreción, falta de control, déficit democrático, secretismo, reemplazando a una cultura de la transparencia, afirmó Giordano. El proyecto quiere apropiarse de conceptos como «Uruguay seguro, transparente y de oportunidades», debemos preguntarnos «¿para quién, en nombre de quién, para qué medios, con qué fines, a qué costo y con qué consecuencias?», expresó. Por último, alentó a reinventarnos en nuestras formas de protesta, en modalidades virtuales o presenciales con tapaboca y distanciamiento, para «seguir denunciando estos atropellos».
Acceder al video de la actividad en el canal de la Universidad en Youtube