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«Regresiones»: referentes analizan contenidos de la LUC sobre información, comunicación y seguridad
El 3 de junio se desarrolló una mesa redonda sobre el Proyecto de Ley con declaración de Urgente Consideración (LUC), organizada por la Asamblea General del Claustro. Participaron integrantes de los Grupos de trabajo para el estudio de ese proyecto en materia de Comunicación y de Seguridad, designados por el Consejo Directivo Central (CDC).
En el encuentro virtual, que fue transmitido por al canal de Youtube de la Universidad, expusieron Gabriel Kaplún y Martín Prats, docentes de Facultad de Información y Comunicación (FIC), e integrantes del Grupo de trabajo sobre acceso a la información, comunicación y medios. También participó Sandra Leopold, docente de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del Grupo sobre política de seguridad. La creación de ambos equipos fue aprobada por el CDC el 18 febrero.
Kaplún indicó que su grupo está integrado también por docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la Facultad de Ingeniería, dado que los temas tratados en la LUC que refieren a información y comunicación interesan a más de una disciplina. En el caso de la FIC los docentes que participaron provienen tanto del área de la comunicación como de la de información (bibliotecólogos y archivólogos).
El grupo inició el trabajo en los primeros meses del año, en base al borrador del proyecto de LUC que circuló en primera instancia. En esa versión detectaron nueve aspectos en el área de comunicación e información que generaron preocupación. Cuando el proyecto se presentó el 23 de abril al Parlamento, tres de estos puntos ya no estaban, probablemente fueron retirados a partir del debate previo. Acotó que el proceso por el que ha transitado la LUC hasta los últimos días ha sido de «permanente cambio y movimiento».
Uno de los aspectos que preocupó al grupo y fue retirado del proyecto, refiere a la obligación de Antel de compartir su infraestructura con otros operadores de telecomunicaciones, destacó Kaplún. Esta reglamentación se incluyó en el proyecto de la Ley de Medios, que está en trámite en el Parlamento desde el 24 de abril. Añadió que algunos docentes de la FIC, junto con organizaciones de la sociedad civil, ya están trabajando en el estudio de ese proyecto, que de aprobarse derogaría la ley N.º 19.307, en vigencia desde 2014. Agregó que esperan que el trabajo del grupo, ahora enfocado en los contenidos de la LUC, tenga continuidad abordando también la propuesta de nueva Ley de Medios.
Calidad, pluralidad, acceso
Kaplún mencionó una modificación incluida en la LUC que el grupo consideró positiva, que establece la obligación de los entes autónomos y servicios descentralizados de presentar anualmente sus estados contables en forma pública.
Otro planteo en la LUC señalado como favorable, es el de fortalecer a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) y volverla más independiente del Poder Ejecutivo. Recordó que es un organismo creado hace 20 años que cumple funciones importantes: tiene competencia en la regulación de las telecomunicaciones, de los servicios de correo postales y de los medios de comunicación de radio y televisión, afecta a la telefonía fija y a la móvil, a las redes de internet y los medios de comunicación tradicionales y por cable. La LUC propone convertir a la URSEC en un organismo descentralizado y que la elección de los miembros de su directorio requiera la venia del Senado.
No obstante, Kaplún señaló que «es importante que haya políticas públicas claras orientadas a garantizar servicios de calidad y para todos en el caso de las telecomunicaciones, y con servicios muy plurales y diversos, también al alcance de todos, en el caso de los medios de comunicación». Añadió que esta no es una tarea que pueda cumplir una unidad reguladora de este estilo sino que le corresponde a otros organismos y a la ejecución de políticas públicas que regulen por ejemplo la fijación de precios, para garantizar que los servicios lleguen a todos. En relación con la regulación de precios, ya hubo cambios en la LUC durante el trámite parlamentario, informó.
Información y secreto
Prats resaltó que hay tres aspectos de la LUC referidos a información y comunicación que preocupan porque significan un retroceso importante. Uruguay desarrolló en los últimos años leyes avanzadas en materia de libertad de expresión, información y comunicación que adecuaron la legislación nacional a los estándares exigidos. Esto fue reconocido por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los cambios propuestos afectan puntos medulares en cuanto a libertad de expresión: la libertad de prensa, el acceso a la información pública y el derecho a la protesta pacífica.
Uno de los temas señalados por el grupo de trabajo es el incluido en el artículo 11 de la LUC. Este crea el delito de agravio a la autoridad policial, el cual puede configurarse a partir de una mera discrepancia o crítica a su accionar. Prats recordó que en Uruguay existía esta figura penal incluida dentro del delito de desacato, hasta que en 2008, la ley 18.515 derogó la causal de desacato. La figura se restablecerá si se aprueba este artículo de la LUC. En el proyecto se indica que quien agravie a la autoridad policial será castigado con una pena de 3 a 12 meses de prisión. Prats señaló que, tal como está redactado, el artículo pone en riesgo la actividad de los periodistas o de cualquier persona a que través de un medio de comunicación emita una crítica acerca de un operativo policial, lo que puede significar una inhibición a la libertad de prensa.
Otro de los contenidos de la LUC otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado la potestad de declarar reservada o secreta determinada información. Prats recordó la ley 18.381 de acceso a la información pública, elogiada y reconocida en ámbitos internacionales de contralor de los de derechos humanos como un gran avance en materia de transparencia. Periodistas, organizaciones sociales y académicos la utilizan como una herramienta fundamental para defender derechos y conocer políticas públicas desarrolladas por el Estado, expresó.
Además, la LUC modifica algunos artículos de la ley reciente N° 19.696, que creó la Secretaría de Inteligencia del Estado. La norma fue criticada y esta reforma agrava sus aspectos negativos: se propone que la secretaría funcione como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo y actúe con Presidencia de la República y con los Ministerios de Economía, de Defensa Nacional, del Interior y de Relaciones Exteriores. Toda la información producida y recopilada por estos organismos puede ser declarada reservada por esa secretaría. Si bien la ley 18.381 establece causales de excepción en el acceso a la información, en la LUC «se parte del principio de la reserva y no del principio de la publicidad», expresó. La secretaría puede declarar reservada una información sin pasar por la «prueba de daño», que es la demostración de un daño que puede ocasionar su difusión. Además, la LUC habilita a la secretaría a declarar secreta una información con la sola firma del presidente de la República.
Protesta y democracia
Otro de los puntos que preocupa al grupo radica en los artículos que refieren a la libertad de circulación, y tienen el efecto de inhibir el derecho a la protesta pacífica. Este está relacionado con la libertad de expresión, de reunión y el derecho a la asociación, y todos están contemplados en los tratados internacionales y en la Constitución. El proyecto declara «ilegítimos los piquetes en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios». Esta disposición «restringe en forma desmesurada el ejercicio del derecho de reunión y el derecho a la protesta pacífica, con una limitación demasiado amplia e imprecisa», indicó Prats. Una delimitación de este tipo debe estar bien explicada y definida en el texto legal, señaló.
Prats agregó que no se prueba el daño que pueden producir los «piquetes», un término que alude a eventos «que no son frecuentes en nuestro país». Se faculta el uso de la fuerza pública para disolverlos y la definición de su prohibición queda en manos de la autoridad policial, no de la judicial. El estándar en la materia es precisamente prohibir el uso de la violencia para ese fin, cuando las protestas son pacíficas. En suma, estas reformas constituyen «un retroceso importante» en cuanto a los derechos relacionados con la libertad de expresión y de manifestación.
El Estado debe tener presente que la herramienta de la protesta pública es generalmente utilizada por colectivos sociales «que no tienen otros medios para hacer oír sus opiniones y reclamos». Si el espectro de conductas prohibidas «se amplía hasta inhibir el ejercicio de derechos ciudadanos, se restringe el derecho a la participación, el control ciudadano y se afecta la calidad de la democracia», expresó.
Por su parte, Leopold presentó las consideraciones del Grupo de trabajo en materia de seguridad. También estaba prevista la intervención del profesor Luis Eduardo Morás, pero no fue posible. La docente explicó que el grupo reúne académicos de las áreas derecho, psicología, ciencias sociales y antropología. En su trabajo procesó aspectos contenidos en la LUC en relación con el proceso penal, la actuación policial, las normas sobre estupefacientes, las vinculadas a los adolescentes en conflicto con la ley penal y la gestión de la privación de libertad, así como la reglamentación del derecho de huelga y el derecho a la protesta. Acotó que el grupo ha trabajado sobre el proyecto que ingresó para tratamiento en el Senado, pero no se conocen todas las modificaciones que se han realizado hasta el momento.
Peligrosidad manifiesta
En términos generales, el grupo asume como «absolutamente regresivo» el planteo de la LUC en la perspectiva sobre la seguridad pública. Esta perspectiva se presenta «más preocupada por cierto restablecimiento de una autoridad perdida» que por la preservación del bienestar de la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos. El proyecto traduce «un énfasis represivo y punitivo» de manera transversal al articulado, indicó, se abarcan aspectos que van más allá de las situaciones de conflicto penal y alcanzan «lo cotidiano».
Leopold señaló que merecen particular atención las propuestas sobre el campo de actuación de la Policía. Se amplían sus facultades en puntos tales como la demora de la comunicación al Ministerio Público ante una detención, este es un punto sustantivo, indicó. También se deja en libertad de acción a la Policía para el control de identidad, cada vez que lo requiera, y para conducir a la sede policial a los que no porten documentación. El proyecto original habilitaba el porte de armas a policías y militares retirados, lo cual fue motivo de enorme preocupación en el grupo, porque da lugar a acciones difíciles de regular.
Respecto a la gestión de privación de libertad, el proyecto de LUC plantea una propuesta regresiva que limita la posibilidad de trabajar con las estrategias aconsejadas por los organismos internacionales para la rehabilitación carcelaria. Se proponen medidas que restringen el uso del trabajo y el estudio como formas de reducción y redención de penas, y se instaura el trabajo obligatorio para los privados de libertad.
En relación con la población adolescente, Leopold señaló que la propuesta muestra «un especial ensañamiento», que claramente no se fundamenta en las dimensiones cuantitativas de la conflictividad penal adolescente en los últimos años. Los adolescentes están involucrados sólo en el 5% de las acciones que tienen un tratamiento judicial penal. Además, en los últimos años se ha reducido considerablemente la cantidad de adolescentes privados de libertad.
Sin embargo este proyecto plantea seis artículos que van en dirección regresiva en el campo de la justicia penal adolescente y totalmente contraria a las disposiciones que el país aprobó con el último Código de la Niñez y la Adolescencia y su suscripción a tratados internacionales. Como ejemplos, indicó que se propone un aumento de penas de privación de libertad -cuando esta debe ser el último recurso a ser utilizado-, y se incorpora la noción de «peligrosidad manifiesta» para habilitar medidas extraordinarias de reclusión. Además, se plantea la reducción de las medidas de semilibertad. En el análisis de estos artículos, el grupo no detectó la proposición de líneas que apunten a la mejora de la calidad de la atención a los adolescentes privados de libertad, ni a la protección de sus derechos, ni a su integración social.
Acceder al video de la mesa redonda en el canal de Youtube de la Universidad