El Portal de la Udelar realizó una cobertura de esta actividad, que fue organizada por la Agrupación por los Principios Universitarios, integrada por docentes de la Facultad de Derecho.

Andres Blanco, coordinador de la Red de Renta Básica Universal (RBU) de la Udelar, explicó que la unidad de medida de la RBU para todas las etapas es la canasta básica alimentaria porque reúne alimentos y artículos de subsistencia básica y es la unidad de medida que se usa en nuestro país para medir los grados de pobreza. El punto de llegada que desde la Red observan para su implementación es que la RBU necesariamente debería ir asociada a una reforma importante del sistema tributario uruguayo en la dirección de la distribución del ingreso.

La primera fase de la RBU que plantea la Red es una prestación de emergencia, atendiendo a la situación de las personas más gravemente golpeadas por la pandemia (trabajadores informales y personas que no reciben ningún tipo de transferencia por no contar con un empeo). Estiman que 400.000 personas cumplen estas condiciones y el monto debería ser de cuatro canastas básicas alimentarias, que al valor del día de hoy son aproximadamente $16.000, para poder cubrir las necesidades de los adultos y de sus personas a cargo. Esto, indicó, significaría un total de 580 millones de dólares, que representa un 1% del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay (de acuerdo a los valores del Banco Mundial, actualizados en 2018).

Respecto a la financiación de esta Renta Básica de emergencia, la propuesta de la Red apuesta a dos aspectos: Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (es menos sensible a los descensos de recaudación por la baja de la actividad y tiene un potencial redistributivo importante) y un adicional transitorio del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de la categoría 1 (no de las rentas del trabajo, sino de las rentas del capital e incrementos patrimoniales) porque son impuestos alineados con la visión a largo plazo de tener un potencial de redistribución del ingreso, y porque no es pertinente ni coherente plantear como instrumentos de financiación de la Renta Básica de emergencia impuestos a la renta de trabajo ni otros impuestos que a través de la traslación puedan estar impactando negativamente en los salarios y en la actividad económica, como el IVA y el IRAE.

A mediano y largo plazo, la Red propone dos fases más hasta llegar a la RBU definitiva: una intermedia sería extender la RBU a algunos grupos adicionales definidos con base etaria, los primeros candidatos serían los menores y las personas mayores de 65 años y los instrumentos de financiación irían en la línea de lo antes mencionado. Estiman que el costo sería un 2 o 3% del PBI que varía según el monto y grupos beneficiarios, indicó Blanco.

En la última etapa se llegaría a la Renta Básica Universal, que abarcaría a todos los residentes en el territorio de nuestro país. Es una etapa asociada a una reforma estructural del sistema tributario y el monto total debería tener un piso del 6% del PBI. Blanco añadió que este planteo está alineado a propuestas internacionales, hace poco tiempo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un documento relativo a los efectos de la pandemia en América Latina, y una de las recomendaciones es la implantación de una RBU con ese costo estimado.

Por último, recordó dos experiencias en las dos puntas del desarrollo económico: Ontario en Canadá y en Namibia en África. En África se mejoró el problema de la desnutrición, particularmente la infantil, y mejoró los niveles de empleo y de producción de los pequeños productores. En Canadá, la RBU permitió que grupos de personas que normalmente tienen mayores dificultades para acceder al empleo (personas que cuidan, personas con discapacidad) pudieran hacerlo, y otras pudieron acceder a empleos mejor pagos, fue un estímulo porque mejoró el estado de ánimo básico de las personas, al generar cierta tranquilidad de tener un piso de ingresos asegurados. 

 

Propuesta a mediano y largo plazo

Nelson Villarreal, docente integrante de la Red, explicó que el concepto de RBU aparece como una condicionalidad para la realización de las personas en la sociedad, sin embargo actualmente existen colectivos que no pueden realizarse en nuestra sociedad, «están marginalizados por muchos factores, y este instrumento, que debe hacer sinergia con otros existentes es necesario para la ciudadanía». De la misma forma que se asumió la ciudadanía política para todas las personas en una sociedad, es momento de reconocer y garantizar la ciudadanía económica básica a todas las personas. Esto supondrá ampliar la democracia, sostuvo.

La RBU apuesta al objetivo igualitario de la libertad integral en las sociedades de mercado. Ante las transformaciones actuales, la acumulación desigual y la necesidad del acrecentamiento de derechos, es necesario repensar las formas del poder y concentración de ingresos para lograr la igualdad social. Sobre todo de posibilitar la autonomía de las personas como libertad real.  La Red de RBU de Udelar plantea una progresividad de la RBU en relación al modelo Estado Social que tiene Uruguay en el corto, mediano y largo plazo.

Respecto al diálogo que tiene la Red de Renta Básica Universal de la Udelar fruto de los vínculos con CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Villarreal comentó que se realizó una instancia de diálogo el 4 de junio para mostrar los avances de la Red. CEPAL apoya la propuesta de rentas básicas de emergencia, una perspectiva de mediano y largo plazo, en la misma línea que la Red. Por otro lado, la OIT defiende la idea de ampliar o recuperar empleo mediante los mínimos sociales.

A partir de este intercambio buscarán aunar esfuerzos sobre tres ejes: los fundamentos republicanos y democráticos con enfoque de derechos humanosel diseño, la relación con la protección y seguridad social, y cómo se replantea y se transversaliza en un Estado Social un instrumento como la RBU –que no sería un mero subsidio sino un potenciador para la libertad en igualdad básica-; y la redefinición del sistema impositivo, adelantó Villarreal.

Destacó que la Intersocial apoya de manera fuerte la idea de Renta Básica, parecería que yendo más allá de lo que plantea el PIT CNT sobre la Renta Básica de Emergencia que está acotada a algunos meses para los sectores informales. Pero se confluye tanto por la Intersocial, el PIT CNT y la Red de Renta Básica de la Udelar en la idea de una primera fase que es la Renta Básica de emergencia. Luego a mediano y largo plazo, la RBU es parte de una discusión política, y en este sentido, desde la Red perciben que el Frente Amplio está haciendo presente la idea pero acotándola a la inmediatez para recuperar las fuentes de empleo. Según indicó Villarreal, ésto abre un debate fundamental sobre si la RBU favorece o desmotiva el empleo y sobre cómo es la relación entre el trabajo y el tiempo libre en sociedades de bienestar. Respecto al gobierno, señaló que ha sido muy explícito en no estar de acuerdo con la RBU, en cambio optó por transferencias mínimas, que reclamarán mayor inversión en unos meses.

La perspectiva del feminismo

Por su parte, Daniela Guerra, profesora adjunta de Economía, Derecho e Instituciones, se refirió a las ideas claves y propuestas para la discusión de la RBU desde el feminismo. En nuestra cultura occidental se han olvidado algunas cuestiones fundamentales: la vida humana fundamentalmente es eco-dependiente -depende de lo que nos proporciona la naturaleza, no hay economía ni tecnología que no descanse sobre bienes provenientes de la naturaleza- y vivimos en cuerpos que son vulnerables y para desarrollar la vida debemos hacerlo insertos en una sociedad que garantice que esa vida vulnerable será cuidada.

Desde el feminismo se plantea la necesidad de medidas excepcionales que permitan contrarrestar los graves efectos de la situación de emergencia sobre los sectores precarizados, y una RBU que asegure la supervivencia de las personas más vulnerables atendiendo el impacto social y económico, el ingreso debe ser proporcionado por el Estado. La propuesta de la Red de RBU de la Udelar, enfatizó, busca evitar la estigmatización, cubrir las necesidades básicas y ayudar a dinamizar la economía nacional.

Para esto, Guerra se refirió a una mirada que recoja los aportes de la economía social y solidaria, la economía feminista, la economía ecológica porque cuestiona el modelo económico y social dominante y proponen un cambio de paradigma. Son propuestas que tienen en cuenta no solo los aspectos económicos, sino la propiedad, el uso del tiempo, la alimentación, la educación, la vivienda, la atención sanitaria, y la atención en salud. «Es necesario afrontar viejas y nuevas desigualdades, y pensar en reformas más profundas que busquen contrastar ese mundo de desequilibrios», añadió.

La vulnerabilidad económica conlleva a un brusco deterioro y una pérdida de ingresos que ha significado exponer a la mujeres a más altos contagios y a una mínima atención de las trabajadoras precarizadas, mujeres migrantes, refugiadas y en situación de cárcel. Según Guerra, es necesario llegar a «visibilizar la importancia de incorporar estos cuidados que tengan una mirada sostenible y una equidad de género, con elementos necesarios para lograr una agenda no solo transformadora, sino disruptiva para un cambio social con conciencia sobre las necesidades de una economía para la vida», concluyó.

 

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