Cecilia Fernández, prorrectora de Investigación, moderó el seminario y presentó a los participantes, destacando que este es el tercer seminario interdisciplinario que organiza el Grupo A acerca de los aspectos sociales y económicos de la pandemia.

En la apertura, el rector Rodrigo Arim señaló que asegurar una alimentación decorosa en todos los planos es un fenómeno antropológico en una pandemia que atraviesa el mundo y cuestiona nuestra forma de vida cotidiana. La agenda de la alimentación, explicó, que es siempre relevante, se vuelve urgente en este contexto social: «pensamos en el hoy con respuestas colectivas como las ollas populares, pero son necesarias políticas de mediano y largo plazo que intenten evitar las cicatrices que como sociedad podemos cargar si no atendemos esta situación». Indicó además que reflexionar sobre esta dimensión es uno de los aportes que puede hacer la Udelar, pensar respuestas «como Universidad y como país».

Un panorama a nivel mundial

En la conferencia inaugural del seminario, titulada «La COVID -19 y la crisis alimentaria en el mundo», Mario Lubetkin, director General Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostuvo que esta pandemia ha dado «un golpe devastador», provocando un doble impacto en la oferta y la demanda, lo que amenaza la seguridad alimentaria ya que, si bien existen alimentos suficientes para toda la población mundial, no todos pueden acceder a ellos.

Lubetkin afirmó que el primer impacto del Covid-19 fue la interrupción de la cadena mundial de suministro de alimentos, mientras que el segundo fue la recesión global. La creciente pérdida de empleo que trae como consecuencia que las personas cuenten con menos ingresos para comprar alimentos podría desencadenar una crisis alimentaria. Esto termina en una agravación de las desigualdades y la preocupación está en el género y los  grupos minoritarios. 

Dentro de los impactos del Covid-19, en la pobreza extrema mundial, que se encuentra en 640 millones de personas, si las tendencias no se modifican se determinará un aumento de entre 87 y 117 millones de personas más. Se estima un aumento de 130 millones de personas que padezcan hambre crónica a finales de 2020 y el número de personas afectadas por la seguridad alimentaria muestra una tendencia similar: alrededor de 750 millones de personas, es decir 1 de cada 10, han sido expuestas a niveles severos de inseguridad alimentaria. Asimismo, la pandemia podría aumentar el número de personas en situación de desnutrición entre 83 y 132 millones en 2020, se estima que 3.000 millones de personas no pueden acceder a una dieta saludable.

Respecto a los efectos de la pandemia en el escenario del empleo, señaló que a nivel mundial la proyección es que 450 millones de trabajadores relacionados a la producción alimenticia corren riesgo. En cuanto a aspectos específicos de género: las tres áreas que van a sufrir más son los procesos, los servicios y la distribución de alimentación, donde hay un alto componente de mujeres trabajando, por tanto, esto puede determinar que se amplíen aún más los desequilibrios de género en el escenario productivo y económico a nivel mundial. Por otro lado, la deforestación aumentó un 50% durante la pandemia y se estima que el 14% de los alimentos se estropean o se derraman antes de llegar a su consumo. Esto significa que se desperdician recursos naturales escasos, incrementando los efectos del cambio climático y perdiendo la oportunidad de alimentar a una mayor población.

Para satisfacer las necesidades alimentarias de las poblaciones más vulnerables, enfatizó que es necesario ir aumentando urgentemente la disponibilidad de alimentos impulsando su producción en las pequeñas explotaciones agrícolas, para eso proporcionar redes que mejoren la productividad, reducir pérdidas de cultivos y mejorar las reservas, eliminar restricciones artificiales al intercambio interno en la cadena de valor para conectar a los pequeños agricultores con los mercados locales, y promover el comercio electrónico de la agricultura.

Para finalizar su exposición, Lubetkin destacó también la necesidad de ampliar la protección social para las personas vulnerables que no pueden pagar una nutrición básica: se deberían utilizar transferencias de efectivo y movilizar bancos de alimentos. Paralelamente, afirmó, se debería aumentar la producción de alimentos, reducir las pérdidas de alimentos y crear empleo. «Es importante que las personas de las zonas rurales, especialmente las mujeres, se beneficien de estas políticas públicas, y es igualmente fundamental que las micro, pequeñas y medianas empresas sigan funcionando, porque son una zona de riesgo y necesitan financiamiento de bancos e instituciones financieras internacionales para mantenerse a flote durante un prolongado período, incierto, entre recesión y repunte o recuperación económica», concluyó.

Experiencias pasadas

En su exposición sobre «Bienestar infantil y riesgo alimentario: aprendizajes de las crisis económicas y las recuperaciones», Gonzalo Salas, docente del Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de Udelar, se refirió a reflexiones y trabajos académicos sobre las crisis anteriores que hubo en Uruguay, con particular énfasis en la primera infancia luego de la crisis del 2002. Explicó que la crisis actual se diferencia de las anteriores en tres aspectos: no se origina en el sistema financiero, se da en forma concomitante en muchos países del mundo, y ocurre con posterioridad al período de mayor crecimiento económico del país.

Respecto a los efectos de la crisis del 2002 en la primera infancia: el 60% de los niños nacía en ese entonces en condiciones de pobreza. Esto motivó una investigación desde IECON que mostró que un 80% de los niños de primer año de escuelas públicas estaban en situación de pobreza y que el retraso moderado de talla alcanzaba casi el 14%.

El investigador reflexionó que la experiencia previa prueba que es un error creer que la recuperación económica por sí sola revertirá las consecuencias de la crisis: es necesario un esfuerzo sustancial en políticas públicas redistributivas y de alivio a la pobreza. Sostuvo que se han realizado algunas políticas compensatorias insuficientes como la expansión del seguro de desempleo y las transferencias, que son de forma transitoria y por muy poco tiempo, entonces difícilmente los hogares puedan recomponerse. Por otro lado, se ha mencionado algunas alternativas al diseño de las políticas alimentarias asociadas a los comedores escolares que pueden tener algunos riesgos: los métodos de focalización de los ingresos basados en la autoselección, lo cual es problemático porque son más propicios a generar estigmatización y la «vergüenza de ser pobres» que deriva en una baja adhesión. La alimentación escolar, enfatizó, no sólo tiene impactos en la nutrición de los niños, sino que también genera efectos positivos en la tasa de matriculación, asistencia y abandono escolar.

Para Salas, a corto plazo, es imperativa una fijación de una población objetivo clara, los dos quintiles más bajos, y fortalecer instrumentos existentes: expandir las prestaciones existentes, extenderlas a hogares que no tienen menores de 18 años o mayores de 65. También implementar transferencias monetarias y no canastas, fortalecer los comedores escolares y expandirlos a la educación media.

A mediano plazo, destacó que es necesario retomar la reforma inconclusa de 2005-2008, que se hizo en otro período post crisis, y reformar todo el sistema de protección social. Las transferencias deben ser más abarcativas, estar unificadas, contribuir a redistribuir ingresos y reducir vulnerabilidades y estar articuladas con la imposición a la renta y la riqueza. «Solo en ese marco tiene sentido la discusión de renta ciudadana, para que contribuya efectivamente a la redistribución se requieren impuestos mucho más progresivos a todas las fuentes», finalizó.

Alimentación en la infancia

Andres Peri, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) expuso sobre la investigación «Evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Monitoreo del Estado Nutricional de los niños en escuelas públicas y privadas» que se realizó durante 2018 y 2019. Explicó que el PAE cumple tres funciones principales: la alimentación, la socialización y la educación de los escolares con el objetivo de lograr una correcta nutrición y adquisición de hábitos saludables. Actualmente, el Programa gestiona más de 275.000 porciones diarias en 2.355 servicios de alimentación en todo el país. 

Se realizó una evaluación del PAE a través de un estudio de la consultora SONU y un análisis de la información antropométrica y de encuestas de hogares sobre hábitos alimentarios a cargo del IECON. Con respecto a la evaluación de los comedores, Peri señaló que la mayoría de éstos siguen las recomendaciones alimentarias (de 21 dimensiones valoradas, en 15 las proporciones del cumplimiento son altas). Los comedores tradicionales -que representan el 90% de los comedores escolares- son altamente valorados por las familias, los niños usuarios del servicio y los directores que tiene la tarea de gestionarlos. Agregó que la modalidad de transportar alimentos ya preparados a la escuela es la que tiene menor valoración, mientras que el servicio semi tercerizado Cocinado en la escuela tiene buenos niveles de aceptación. 

Al referirse a la composición de la alimentación de los niños, dijo que aquellos que asisten a tiempo completo, y por ende, su ingesta en calorías y nutrientes depende más del comedor escolar que aquellos que asisten a tiempo simple, tienen una ingesta más ajustada a las recomendaciones nutricionales. Esto evidencia que «el comedor escolar puede estar operando como un protector alimentario de los niños y que los desajustes se estarían dando en otros ámbitos del sistema alimentario», aclaró. Asimismo, el análisis muestra que los niños consumen azúcares, sodio, calorías y ácidos grasos en exceso y que esto puede estar vinculado al escaso consumo de frutas, verduras y legumbres, y a un consumo frecuente de productos ultraprocesados.

Por último, señaló que los principales problemas nutricionales de los niños uruguayos se concentran en el sobrepeso y la obesidad. Entre los mayores de 5 años relevados el 39% presenta malnutrición por exceso siendo 22% sobrepeso y 17% obesidad. Afirmó que «este es el principal problema de salud pública que debemos encarar como sociedad y los comedores escolares son una herramienta fundamental de política pública para promover hábitos de alimentación saludables». 

Por su parte, Anabella Santoro, doctora de la Clínica Pediátrica C de la Facultad de Medicina, explicó que la pandemia implicó cambios importantes en el estilo de vida de toda la sociedad uruguaya, pero particularmente las medidas de salud pública han generado daños colaterales en los niños. Estas decisiones limitaron sus controles en salud y derechos educativos, vulnerando necesidades básicas para su desarrollo como la socialización y el aprendizaje. La carga de enfermedad en los niños por el propio Covid-19 es muy baja y en el caso de ocurrir desarrollan síntomas muy leves o asintomáticos, pero son muy altas las repercusiones sociosanitarias y económicas, agregó.

Santoro señaló que los principales problemas de los niños son la exposición a pantallas -que en esta época se incrementó por razones educativas y de ocio- y el sobrepeso como un problema nutricional importante, como también señaló Peri. Además, Santoro comparte que «los programas de alimentación escolar son una valiosa herramienta de política pública para promover hábitos saludables». 

Explicó que el curso de la pandemia puede provocar cambios en los hábitos de consumo de la población con dietas menos nutritivas, menos frescas y más económicas, ocasionados por una disminución del ingreso familiar, así como del acceso a programas de alimentación por el cierre de centros educativos y de cuidados de primera infancia. También puede aumentar el sedentarismo, determinado por el confinamiento voluntario y la suspensión de atención ambulatoria de niños y adolescentes en centros de salud -que se sustituyó por la telemedicina- que cambió la calidad y características del control y la detección e intervención de problemas nutricionales. Por tanto, estos cambios ocasionan malnutrición por sobrepeso y obesidad o por el contrario desnutrición, indicó. 

Por último, enfatizó que desde la salud es importante impulsar algunas políticas públicas para mitigar el impacto. Remarcó la promoción de la alimentación saludable en todo el ciclo de vida que implica facilitar el acceso a controles en salud, la consejería de alimentación y prevención de la deficiencia de hierro, promover la lactancia materna exclusiva por seis meses, así como los programas de alimentación escolar y las transferencias monetarias en población vulnerable. «El escenario de la pandemia es sumamente dinámico e inédito, por eso es necesario contar con investigaciones que permitan medir el impacto que todas estas medidas han determinado en la población infantil», subrayó.

Consecuencias previstas

Ximena Baráibar, docente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales sostuvo que más allá de la emergencia sanitaria, la post crisis y sus consecuencias económicas y sociales se extenderán aún después de la finalización de la pandemia. Se pronostica la persistencia prolongada de dificultades en el empleo y por tanto en los ingresos, aumento de la pobreza, de la desigualdad, de la indigencia y por ende de las dificultades en el acceso a la alimentación.  .

Baráibar apuntó que, aunque se dice que la pandemia instauró una coyuntura nueva para la cual no se tiene información válida y no se pueden prever consecuencias, «hay conocimientos y datos acerca de numerosos temas que se vinculan con la crisis socioeconómica que transita el país y sus consecuencias, con los que ya contamos con anterioridad, el desafío es pensar este tiempo nuevo con cierta información vieja que tenemos». Entre ese conocimiento previo se sabía que en una situación de crisis socioeconómica aumenta el desempleo y como consecuencia disminuyen los ingresos y aumenta la pobreza, también que las crisis profundas como ésta causan efectos dañinos muy rápidamente, que persisten y se prolongan en el tiempo a modo de «cicatrices».

En cuanto a las respuestas públicas del Estado en Uruguay en este contexto explicó que se dieron dos momentos de administración de la pandemia. El primero fue durante marzo y abril hubo una gran presencia del Estado, con instancias diarias de comunicación en formato conferencia, en las que se hacían anuncios permanentes de medidas, muchas veces reiterados. En mayo el tema de las políticas para enfrentar la crisis desciende de la agenda pública y toma centralidad el de la situación de calle, que por ser una realidad extrema de la pobreza y la vulnerabilidad corre el riesgo de ser enfocada en forma restringida y dejar de lado la problemática más amplia.

Báraibar manifestó que las medidas instrumentadas por el Estado uruguayo fueron insuficientes, tanto por el monto como por la población cubierta por las transferencias, «fueron respuestas débiles que no generaron estabilidad en los ingresos de los sectores más vulnerables que les permitieran garantizar necesidades básicas como la alimentación y la vivienda». Añadió que prueba de ello fueron las ollas populares, que aunque coincidió son una expresión de solidaridad, «también son una muestra del drama social que nos denunció una situación que sería deseable que no tuviéramos enfrente y la debilidad de respuestas del Estado». Concluyó que «en estas políticas y en la forma en que se aplicaron se percibe una lectura por parte del gobierno de que estamos saliendo de la crisis lo cual no es real».

El trabajo de la Udelar con la comunidad salteña

Por su parte, Leticia Benelli, coordinadora de la Unidad de Extensión de la sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte, resaltó la función de la extensión universitaria sobre todo en contextos de crisis. Relató la experiencia de Salto donde un grupo de docentes de distintas facultades y servicios de la Udelar (Ciencias Sociales, Enfermería, Agronomía, Nutrición, Unidad de Comunicación y Unidad de Extensión) se organizaron para llevar adelante actividades con la comunidad en el contexto de epidemia.

Benelli señaló que este grupo tuvo una de las primeras iniciativas en el mes de abril, cuando realizó un relevamiento de los referentes de las ollas populares que se multiplicaron enseguida en el departamento. En ese momento había 32 ollas populares en Salto y en mayo ya eran 64. Ese mes el grupo de docentes realizó una encuesta telefónica a 47 de los 52 referentes zonales de las ollas con el fin de relevar y caracterizar a estos actores sociales y a las iniciativas. Asimismo, el grupo realizó talleres y creó insumos con recomendaciones, para la promoción de cuidados en la manipulación de alimentos y funcionamiento de las ollas con el fin de prevenir la contaminación y disminuir los riesgos de contagio de Covid-19.

En estos talleres además se discutió la organización de las ollas en red por zonas y los vecinos plantearon situaciones con dificultades para llevar adelante las ollas por la falta de distintos insumos. A raíz de esto los docentes organizaron instancias de solicitud y recolección de donaciones como los «domingos solidarios» en la sede Salto. Con esta estrategia se buscaba además generar un vínculo mayor con la comunidad para trabajar las medidas de promoción.

Actualmente el grupo trabaja en un proyecto de huertas comunitarias agroecológicas. También están trabajando con los referentes en la conformación de una red o coordinadora de ollas como la que funciona en Montevideo. Benelli indicó que en Salto 1000 personas llegaron a alimentarse en las ollas populares, lo que evidenció una inequidad socioeconómica que ya existía previamente en el departamento. Señaló que actualmente hay muchas menos, pero «esto no significa que no se necesiten, sino que el tiempo prolongado en el que funcionaron fue desgastando a los referentes que llevaban adelante algunas de estas iniciativas y bajó el nivel de donaciones, lo que dificulta su mantenimiento».

 

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