El trabajo se inició en julio de 2020 y el equipo responsable está integrado por los docentes de Facultad de Derecho, Juan Ceretta, Martín Fernández, Martín Sbrocca, Lucía Fernández y Micaela Castillo y el doctor Fernando Costa; así como estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía de la Facultad. 

Convocatoria voluntaria con cupo completo

Ceretta relató que incluyó el Proyecto entre las líneas de trabajo del Área de Extensión que presentaron al Decanato de la Facultad. El tema de las personas privadas de libertad ya estaba en la agenda de Facultad de Derecho para el Área, así que la propuesta ya tenía un marco de inserción, y recibió la aprobación de Decanato. Ceretta explicó que el Proyecto es producto del relacionamiento con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, con quien la Facultad tiene un convenio firmado desde hace tiempo. En el marco de este acuerdo de cooperación, la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, viene trabajando en conjunto con el Comisionado Parlamentario desde hace unos años.

El docente apuntó que «Proyecto Inocencia», si bien se basa en una idea original norteamericana, fue replicado por universidades en distintas partes del mundo. Para instrumentarlo los docentes de Facultad de Derecho se basaron en trabajos de universidades de Latinoamérica, especialmente algunas colombianas que tuvieron muy buenas experiencias en el desarrollo de este proyecto. 

Para llevarlo adelante en Uruguay se abrió un llamado a estudiantes en modalidad voluntaria, dado que la propuesta no genera créditos para su trayectoria académica. La convocatoria exigía que los estudiantes contaran con un avance importante de la carrera de Abogacía, lo que limitó el número de personas que se podían inscribir, no obstante estas limitaciones el cupo establecido previamente de treinta estudiantes, se completó. 

Ceretta subrayó que los estudiantes dedican tiempo y participan en este trabajo porque les gusta, aunque no les repercute en la aprobación de la asignatura, lo que valoró como muy importante porque «demuestra que hay muchos jóvenes dispuestos a hacer cosas por otros, que seguramente no tuvieron la suerte que tuvieron ellos, que es muy reconfortante», expresó Ceretta. «Además el requisito de que los postulantes tuvieran la carrera de abogacía avanzada, hace que tengamos estudiantes de primer nivel trabajando en este proyecto de manera voluntaria y desinteresada», señaló.

Elección de casos y proceso

El docente indicó que en una primera etapa el comisionado parlamentario y su equipo hicieron una preselección de los casos a incluir en el proyecto. En base a esto los docentes seleccionaron seis casos, teniendo en cuenta las posibilidades humanas de llevarlos adelante durante el año 2020. Añadió que se eligió trabajar sólo con casos que envía el Comisionado y su equipo porque cuentan con un conocimiento muy completo de las personas privadas de libertad, y en especial de aquellas que tienen un planteo consistente en cuanto a su inocencia o disfuncionalidad de sus procesos penales. Este conocimiento se basa en un trabajo de meses o años e incluye instancias de entrevistas con las personas privadas de libertad, análisis de su situación, conversar con sus familias, e intentar visualizar si esos discursos son coherentes, creíbles y tienen cierto asidero para incluirlos en la preselección de casos del Proyecto.

Ceretta acotó que los docentes y estudiantes eligieron entre los casos enviados por el comisionado parlamentario, los más interesantes para trabajar. Además se intentó que no todos fueran de Montevideo, y que hubiera perspectiva de género en el abordaje, por tanto debía haber necesariamente un porcentaje de casos referidos a mujeres.

En este sentido, en el inicio del proceso el equipo del proyecto tuvo una reunión con la mesa de mujeres privadas de libertad, en la que participó también una de las integrantes del equipo del comisionado parlamentario, que visita normalmente centros de privación de libertad de mujeres. Ceretta destacó que en esa instancia, la representante del comisionado coincidió con la elección de los casos que la mesa señaló como relevantes e interesantes de abordar, y la selección final se realizó en conjunto, lo que permitió que los casos por los que optaron fueran representativos. 

Destacó que en esta fase inicial se cumplió, además, con el requisito ético de gestionar el aval de los involucrados y relacionarse con los abogados defensores de cada uno de esos casos. Con esto último se buscó que los profesionales estén al tanto del contenido del proyecto y no sientan que es una invasión a su rol en el ejercicio de defensores ni una auditoría de su trabajo, sino que tiene el fin académico de buscar un análisis más universal de las disfuncionalidades del sistema penal. Señaló que luego de estos contactos se inició el trámite para acceder a los expedientes judiciales, en algunos de los casos se ha avanzado un poco más en este sentido y en otros se ha dificultado y siguen intentando llegar a estos documentos completos.  

Paralelamente se comenzó una discusión preliminar de todas las situaciones con el fin de realizar el análisis de los procesamientos y elaborar un informe preliminar de ellos en diciembre de 2020. Ceretta resaltó que cada caso se discutió en las clases, instancias a las que se llevaron invitados de acuerdo a la temática. Añadió que también ha participado en estas actividades la Cátedra de Medicina Legal y Ciencia Forense de la Facultad de Medicina que ha brindado a los estudiantes varias instancias de formación acerca del análisis de las pruebas y la prueba científica en procesos penales. Informó que esta fase de intercambio preliminar acerca de cada caso ya finalizó y destacó que se generó un ámbito muy fértil para la discusión y la polémica en la clase, que era otro de los objetivos del Proyecto. 

Resaltó que se viene trabajando muy bien en el proyecto, en la actualidad el proceso se encuentra en la etapa de análisis minucioso de los expedientes, tarea que están realizando los 30 estudiantes que se presentaron a la convocatoria del Proyecto. 

Articulación interinstitucional

Ceretta destacó el trabajo cooperativo que se realiza en el marco del proyecto con el comisionado parlamentario y su equipo, en el que participan abogados, trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos. Señaló que este intercambio aporta una perspectiva más completa al Proyecto de la que tendría con la mirada exclusiva de los profesionales del Derecho. 

Otra de las articulaciones que se plantea el Proyecto entre sus objetivos es con las autoridades del Poder Judicial. En ese sentido, el 19 de octubre a las 14 horas los docentes responsables del «Proyecto Inocencia» mantuvieron una entrevista con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una instancia que habían pedido hace tiempo pero que por razones de agenda recién se pudo concretar. El fin de los docentes con esta reunión fue informar de primera mano a la Suprema Corte acerca de este proyecto y su sentido. «No se trata de discutir el rol de la justicia, el Poder Judicial ni la Defensoría de oficio sino intentar dar una mirada académica al funcionamiento del sistema penal y aportar una crítica constructiva acerca de qué cosas se pueden mejorar y en cuáles se está fallando, y como todo hace presumir que las dificultades son de tipo estructural, también queremos mantener informadas a las autoridades de lo que se vaya advirtiendo en el avance de este trabajo», expresó Ceretta. 

El docente señaló la importancia de la participación en esta reunión de Juan Miguel Petit, para poner en conocimiento directo a la Corte, y ver las formas posibles de colaboración recíproca, ya que el Comisionado parlamentario fue quien hizo la preselección de los casos y tiene acceso a las personas privadas de libertad y sus familias. 

Hacia etapas futuras

En el proyecto se planteó desde el inicio la posibilidad de establecer un vínculo con la Clínica de Litigio Estratégico y el Laboratorio de casos complejos en Derechos Humanos de Facultad de Derecho ante la eventualidad de la comparecencia judicial en alguno de los casos. Ceretta explicó que esta etapa se prevé para el año 2021, ya que falta aún para tener un diagnóstico concreto, demostrado y contundente sobre algún caso que amerite pasarse a la Clínica para que esta plantee un litigio en base a él. 

Los integrantes del equipo que lleva adelante el Proyecto Inocencia estiman que para diciembre de 2020 puedan finalizar un informe preliminar de cada uno de los seis casos, con lo que tendrían conclusiones más certeras acerca de las fallas en los procedimientos y en la fase del proceso en la que estas se identifican.

Ceretta explicó que hasta ahora lo que han podido ver en algunos casos son deficiencias relacionadas con las pruebas, «personas que han sido procesadas e incluso condenadas con pruebas que a priori se pueden considerar un tanto débiles», expresó. En otros casos las observaciones están relacionadas a la ausencia del análisis de la situación de las trayectorias de vida de las personas sometidas al proceso penal, en el que no se considera nada de lo anterior a la instancia de delinquir, tanto en casos de personas de sectores socio económicos muy vulnerables como de mujeres. «Se tiene en cuenta el delito pero no cómo llegaron hasta ahí, esto puede significar un déficit ya que las personas arrastran desigualdades estructurales cuando llegan al momento que cometen el delito», apuntó Ceretta.

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