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Educación: derecho humano fundamental, bien público y responsabilidad del Estado
El viernes 13 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) se realizó un encuentro de debate acerca de la situación de la educación, derecho humano fundamental, bien público y responsabilidad del Estado, en la coyuntura actual de Uruguay.
La actividad fue organizada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Udelar. Se enmarcó en el contexto actual de la pandemia, la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el tratamiento en el parlamento de la Ley de Presupuesto, y analizó sus repercusiones en el sistema educativo y cómo se ve afectado en esta coyuntura el derecho a la educación en Uruguay. El encuentro, que coincide con los 30 años de la Conferencia Mundial de Educación para Todos de Unesco, tuvo el objetivo de reafirmar el compromiso del Instituto de Educación de la FHCE con la producción y circulación de conocimiento.
La apertura del evento estuvo a cargo del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, la decana de FHCE, Ana Frega, y la coordinadora del Instituto de Educación (IE) de la Facultad, Eloísa Bordoli.
Ana Frega destacó la gran importancia para la FHCE de conmemorar los 30 años de la conferencia de UNESCO. Señaló que la educación como un derecho humano se fundamenta en la declaración universal que aprueban los países en 1948, que establece que toda persona tiene derecho a la educación y que la instrucción elemental y fundamental debe ser gratuita y obligatoria. También establece que la instrucción técnica y profesional deberá ser generalizada; y el acceso a los estudios superiores será igual para todos.
«Sin embargo no alcanzaba establecer ese derecho», apuntó Frega, era necesario crear las condiciones para que pudiera ejercerse. En 1985 la IV Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos, estableció un nuevo derecho, el derecho a aprender, que iba mucho más allá de saber leer y escribir, de las operaciones básicas, sino que apuntaba a un proceso por el cual se pudieran formular preguntas, a reflexionar, a desarrollar la imaginación y la creación, a interpretar y comprender el mundo, explicó
Indicó que «Educación para todos» ya no hacía referencia a medidas individuales ni a la responsabilidad exclusiva de los Estados, sino a promover una integración y solidaridad internacional para que efectivamente en todos los lugares ese lema fuera una realidad. En 2008, en Uruguay se aprueba la Ley General de Educación que consagra estos derechos y se acompaña por otros desarrollos que tienen que ver con aprendizajes transversales en todo el sistema educativo: educación en derechos humanos, educación medioambiental, creatividad, educación sexual y educación para el trabajo. Estos aprendizajes apuntan a pensar la educación como un elemento integral sin discriminación que genere ciudadanos conscientes para la vida democrática y que establezca a lo largo de toda la vida las distintas instancias del acceso ese derecho.
Frega señaló que en el último año la educación se ha visto golpeada, ha sido interpelada por distintos acontecimientos. Por un lado, la pandemia que ha obligado a los distintos niveles educativos a rever cómo hacer los tránsitos y a repensar el proceso de enseñanza aprendizaje que se ha visto afectado. Además, la LUC aprobada en 2020 modifica aspectos de la Ley General de Educación en cuanto al desarrollo de la educación y a la concepción de la educación pública. En el marco de la LUC los distintos espacios de coordinación en los cuales participaba la Udelar, fueron o bien eliminados como el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) o reformulados.
La decana indicó que a esto se le suma hoy otra discusión, la que tiene que ver con presupuesto. «En momentos en que se necesita más educación, mejor calidad y diversificación de posibilidades para cumplir con estos derechos humanos básicos, estos se encuentran ante un gran desafío que es a la vez institucional, sanitario y presupuestal», expresó Frega.
Más políticas públicas, recursos y coordinación
El rector señaló algunos elementos básicos enmarcados en el encuentro de la UNESCO Educación para Todos, en el que se definió a la educación como bien público social, derecho humano universal y como objeto de políticas públicas. Esta declaración hace referencia «a la obligación de los Estados de dar cumplimiento a estos derechos y ubicar en el centro de las políticas públicas que los niños, adolescentes, jóvenes, integrantes de la sociedad en general, accedan y disfruten del conocimiento en todas sus áreas y disciplinas».
Ubicar a las políticas públicas como elemento articulador de este derecho supone analizarlo en la coyuntura actual que atraviesa el país, señaló. En ese sentido, señaló que la pandemia por sus efectos dolorosos actuales y futuros obliga a reconocer algunos elementos básicos que desde las humanidades y las ciencias sociales parecen innegables: uno de ellos es nuestra naturaleza absolutamente gregaria. Es imposible pensar un futuro y un bien común sin «una lógica que ubique la discusión de las políticas y de los proyectos personales e individuales en un contexto social e interinstitucional» expresó, «no hay futuro posible sin políticas públicas y sin espacios que articulen la educación como derecho».
Hoy es relevante pensar a la educación como un espacio para las políticas, pero paradojalmente se desarticulan algunas de estas políticas, señaló Arim, en un contexto en el que el país atraviesa grandes problemas económicos, sanitarios y sociales. Manifestó que no reconocer que la crisis sanitaria y social profundiza las desigualdades, entre ellas las educativas, implica condenar a la sociedad uruguaya a incrementar sus brechas a la hora de acceder a sus derechos. «Justo cuando los ciudadanos más necesitan del apoyo del Estado y de políticas públicas para acceder al derecho a la educación, entre otros derechos, el Estado no puede retirarse ni retacear recursos, ni pensar que parte del ajuste económico se traduzca en una reducción del alcance de sus políticas educativas», que es el escenario que se visualiza hoy, sostuvo.
Asimismo, señaló que los objetivos de coordinación en educación se abandonaron. En el marco del trámite de aprobación de la LUC, la Udelar demandó y logró que se preservaran espacios de coordinación de los entes públicos, pero no ha sido convocada ni una sola vez a estos espacios por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Mencionó su preocupación por cómo terminará el proceso educativo en lugares como Melo, Rivera, u otras áreas del país que están siendo más afectadas por la pandemia, en la finalización del año lectivo. «Hoy más que nunca educación para todos presupone más políticas públicas, más recursos destinados a la enseñanza, más creatividad, y más coordinación del sistema educativo», concluyó.
Recorte de derechos
Por su parte, Bordoli señaló que debido a la crisis sanitaria, económica, social y educativa acaecida por efectos de la pandemia por Covid-19, la UNESCO ha valorado que aproximadamente 290 millones de estudiantes han sido afectados por el cierre parcial de las instituciones educativas. En nuestro país, a nivel de la educación básica y media superior, también «estamos asistiendo a los que podemos denominar una emergencia educativa» como consecuencia de un tratamiento diferencial entre la educación pública y la privada, en relación a la obligatoriedad y a la asistencia plena de los estudiantes. Como lo ha señalado recientemente la UNESCO, este tipo de tratamientos diferenciales sin lugar a dudas aumentarán las brechas entre los procesos de aprendizaje de los estudiantes que se encuentran entre los quintiles más altos y más bajos de nuestra sociedad.
Según Bordoli, en Uruguay se ha ido conjugando un cambio significativo a nivel educativo a partir de la sección tercera de la LUC, que introdujo un cambio de naturaleza del concepto de educación, un debilitamiento de la institucionalidad educativa pública al eliminar y limitar el SNEP y otros organismos intermedios de coordinación y concertación de políticas estatales en la materia. Aporta al debilitamiento de la autonomía, restringe los ámbitos de participación e incorpora cambios en la gobernanza a nivel de educación básica y media superior, así como modificaciones en la formación docente y en sus condiciones laborales.
A modo de ejemplo, indicó que la Ley General de Educación de 2008 concebía a la educación como un derecho humano fundamental que debe promover el desarrollo integral de las personas con el objetivo de ser, conocer, hacer y convivir; desde esta mirada la educación se presenta como un derecho, un bien público y social, y una responsabilidad del Estado. Por su parte, los artículos de la LUC «restringen la educación a la adquisición de competencias y a la función de certificar tramos educativos». Opinó que los aspectos señalados dan cuenta de la intención de inscribir un nuevo paradigma educativo que al tiempo que restringe y debilita a la educación pública, estimula a la privada, habilitando proceso de privatización y mercantilización de ésta al modificar el Artículo 14 de la Ley General de Educación que prohibía la asociación con entidades educativas nacionales o internacionales que tuvieran este fin. Actualmente, en el proyecto de ley presupuestal también se prevén cambios significativos de recorte para la educación pública: a nivel de la ANEP se suspenden parcialmente algunos programas de inclusión educativa, se disminuyen las horas docentes, los grupos, y se aumenta el número de alumnos por grupo, añadió.
«Educar demonios racionales»
Apuntó que una de las cosas importantes a la hora de pensar en derechos humanos es un núcleo normativo práctico, que no hace referencia a leyes, reglas y regulaciones, sino a cómo deberíamos tratarnos unos a otros. Indicó que el rol especial de los derechos humanos en esto radica en su relación interna con el concepto de dignidad en el que se basan. La idea de dignidad se consolida en la modernidad e implica que los seres humanos se auto comprendan como fines en sí mismos, nunca como medios para algo más. Esta idea tiene un alcance universal, no es privativa de grupos o de clases, todos los seres humanos son fines en sí mismos, a lo que llamó «concepto de igual dignidad».
Señaló que esta definición es clave para explicar nuestro actual ordenamiento institucional y su conformación histórica y fundamentalmente porque permite presionar para habitar posibles reconfiguraciones de esas instituciones. Los derechos humanos son una forma de traducir la idea de igual dignidad a un lenguaje político normativo que permite articular exigencias a las instituciones y orienta posibles caminos para asegurar esa condición de fines en sí mismos que los seres humanos reconocen unos a otros. Dentro de los derechos humanos la educación es un elemento clave para la realización de la idea de igual dignidad porque a través de ella las personas adquieren las herramientas básicas que les permiten ser autónomos, ejercer su libertad, vivir la vida con otros en términos de cooperación social. «Sin la educación es imposible pensar una realización mínima de la dignidad humana», expresó Pereira.
Aunque hay un gran acuerdo en la importancia del derecho a la educación, según Pereira, a la hora de asegurarlo efectivamente siempre es el primero en ser recortado, porque existe un razonamiento cortoplacista y no de mediano o largo plazo por parte de los gobiernos. Algunas acciones que llevó adelante el gobierno en Uruguay se basaron en este comportamiento como la forma en que trató la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero otras no como el magro presupuesto para la investigación previsto en el presupuesto nacional que afectará a las instituciones de investigación en especial a la Udelar. Todo esto se da en un contexto en el que quedó demostrado que la capacidad de investigación construida en un proceso de los últimos años fue lo que dio la capacidad de responder favorablemente a la emergencia sanitaria. Nunca hubo un reconocimiento público tan significativo de la relevancia de la investigación científica para la salud pública del país.
Pereira afirmó que el comportamiento egoísta cortoplacista es el que prima en los gobernantes haciendo que la inversión en investigación se postergue, porque hay otras prioridades o urgencias como sanear las cuentas públicas. Se margina a la educación y la investigación por obtener cuanto antes mejores cifras fiscales. Sostuvo que con esta irrupción de la lógica económica en la vida pública se da una verdadera inversión entre medios y fines. La educación pasa así de derecho humano fundamental, de condición de dignidad a ser instrumentalizada, una variable más de ajuste y pierde en este proceso su relación interna con la igual dignidad. Opinó que en este ajuste del gobierno se da un proceso que algunos filósofos denominan patología social: la vida pública es reducida a un medio para la realización de la lógica económica.
Por último, Pereira apuntó a que para lograr que los gobernantes sigan el comportamiento de «demonios racionales» hay un gran enemigo a derrotar que es la lógica de costo-beneficio de corte empresarial, en el diseño de políticas públicas y toma de decisiones, en el que se basa el comportamiento egoísta, a corto plazo. «Esa es la tarea más difícil que tenemos, que las autoridades universitarias han emprendido y que todos los universitarios deberíamos acompañar, educar «demonios racionales», finalizó.
Educación para todos durante toda la vida
La presentación de Miranda se enfocó en el tema «Educación y cultura pública: entre los derechos humanos y la experiencia estética». Su ponencia no se limitó a considerar a la educación en tanto sistema de enseñanza, sino que giró en torno a conceptos un poco más amplios vinculados con la cultura pública y los derechos humanos y con la experiencia estética relacionada con las tecnologías.
Hizo referencia al pensamiento pragmatista de John Dewey respecto a la apreciación de las obras de arte, a lo que llamó «experiencia estética», y a sus consecuencias en la cultura pública, en la educación y políticas educativas. Miranda opinó que hacia allí deben apuntar las políticas educativas, «la experiencia estética no se limita a un medio para una experiencia de carácter apreciativo, sino que necesariamente es un reto al pensamiento sistemático y al desarrollo intelectual», sostuvo. Se refirió a la fetichización de los objetos de arte y comparó las enormes sumas que se han dedicado a comprar y proteger obras de arte, frente a las que se invierten para que los ciudadanos desarrollen una educación integral que incluya las prácticas simbólicas. Indicó que entre las consecuencias de esta pandemia, no solo nos debe preocupar la pobreza a nivel económico y social sino también «la amenaza de la pobreza simbólica», un riesgo que se esboza con las brechas que se empiezan a pronunciar entre los sectores más altos y bajos de la sociedad.
En esta línea, e inspirado en la propuesta de una renta básica universal, propuso pensar también en «una renta cultural básica, en cuál es el mínimo que los ciudadanos deben tener para efectivamente ejercer la ciudadanía». Expresó que tenemos cierta predisposición moral a cuestionar el gasto de los sectores más desfavorecidos, «como si los pobres solo necesitaran comer, mientras los demás sectores pueden alimentar el espíritu» a través de la experiencias culturales.
Agregó que «nos cuesta pensar en una educación fuera de la escolaridad», pero deberíamos considerar una educación para todos durante toda la vida y en los distintos espacios donde puede acontecer lo pedagógico. Esto incluye recuperar el acceso de todos a los bienes culturales para que cada uno haga con ellos lo que le parece mejor, libremente. «Es necesario valorar la riqueza del disenso que debe formar parte los procesos educativos, para el ejercicio de la ciudadanía y para la democracia», indicó.
Miranda también se refirió a las tecnologías y su importancia en el aspecto educativo amplio. Como ejemplos se refirió a la difusión de las selfies y a la construcción de la figura del influencer, al intercambio de fake news y a la sustitución de palabras por emoticones, que influyen en la forma de relacionarnos con lo educativo.
Herramientas para dar voz
La exposición de Viscardi se tituló «Participación, pedagogía y derechos humanos: ¿Qué significa dar voz a los estudiantes? La educación como derecho humano fundamental». Viscardi recordó que en 2006 a la espera de la instalación de la nueva Ley General de Educación se creó el Plan nacional de lucha contra la violencia doméstica lo que dio lugar a algunas iniciativas fundamentales en materia de derechos humanos. Asimismo ese mismo año se creó al interior de la ANEP la Dirección de Derechos Humanos. Viscardi resaltó que esos espacios se generaron a partir de una conquista de las mujeres, «al hablar de participación no es posible disociarla de su lucha y la de los jóvenes», expresó. Añadió que a pesar de que cada tanto se reconocen sus derechos, tenemos que tener claro que «cuando conquistamos algo, en el horizonte siempre podemos estar dando cuatro pasos para atrás».
Recordó que en 2008 con la aprobación de la Ley General de Educación, se generan los consejos de participación para consolidar y formalizar la participación de los estudiantes en los centros educativos a nivel de primaria, secundaria y UTU. Este proceso de expansión de derechos y ciudadanía ocurrió en un contexto de un movimiento permanente que dio lugar a dos dinámicas diferentes: por un lado, los movimientos que luchan por la consolidación de derechos, y por otro, las movilizaciones conservadoras centradas en un discurso moral sobre la familia, el trabajo y la defensa del nacionalismo. Viscardi señaló que hoy estamos en un momento de auge de esta segunda voz, que generó una resistencia, luego de una serie de conquistas que se expresaron a enorme velocidad en muchísimas leyes.
Viscardi explicó que con la aprobación de la LUC los consejos de participación, aunque no son eliminados, no requieren un mínimo de participación de los estudiantes, con lo que en vez de ser herramientas para dar voz, podrán pasar a ser instrumentos de control. Señaló que los que creen en la noción de participación que dé voz a los niños y adolescentes deben seguir trabajando para fortalecer estos mecanismos. Destacó que el sistema educativo es un espacio que tiene una enorme historia de resistencias y de utilización de márgenes a través de propuestas pedagógicas que se creen, y que culturalmente son mucho más fuertes que cualquier imposición legal.
Resaltó la importancia de la investigación en este tema, «investigar en participación es también sostenerla, continuar indagando», expresó. Señaló que la participación de los jóvenes de hoy, que se desarrolla en contexto de pandemia, una generación que conoce y acepta esta nueva realidad porque ya manejaba la virtualidad de otra manera, tiene riesgos políticos además de los pedagógicos. Consideró que en este marco «es fundamental que la Udelar se dé todos los medios para pensar cómo va a hacer esta transición, tal vez fortaleciendo la noción de inclusión que la Udelar ha desarrollado en forma excelente».
Sostuvo que existen reacciones a las promociones de participación y a las actividades relacionadas con la educación sexual y esto refiere a una historia que muestra la importancia social que pueden adquirir los espacios curriculares. En éstos espacios, en especial, la educación sexual, las opciones de los niños y adolescentes, no se comprenden como una elección consciente, informada y un camino de construcción de sus derechos sino como una amenaza al orden social.
Para finalizar, indicó algunos peligros y temas a reflexionar vinculados a la participación de hoy: uno de ellos es «el poder del cargo» que en el caso de los adolescentes puede actuar como una barrera para que estos puedan decir algo que interpele, y es vivido por ellos con mucha violencia. Asimismo, señaló la necesidad del cuestionamiento de la profesión docente, y se preguntó: «¿es una profesión dedicada al otro o a la trasmisión de saber?».
