Memoria, verdad y justicia

Zaffaroni se refirió a dos momentos del 2020 que son relevantes para mirar los desafíos del presente: la potente marcha virtual del 20 de mayo y las conferencias de prensa sobre los Tribunales de Honor. Destacó el inmenso trabajo que lideró el proyecto Imágenes del Silencio, manteniendo una sensibilidad y empatía que estalló el 20 de mayo con nuevas posibilidades de expresión. «Madres y Familiares cumplió su papel escuchando y habilitando como símbolo de una causa justa que continúa presente: que nunca más vivamos una dictadura», indicó.

Recordó que días después de la marcha el presidente de la República recibió a Madres y Familiares y reafirmó públicamente su compromiso, que está circunscripto al presupuesto, para continuar la búsqueda de desaparecidos en los batallones militares. Las confesiones de los Tribunales de Honor se suman a investigaciones periodísticas y académicas, y a resoluciones judiciales para reafirmar que la actuación de las Fuerzas Armadas fue institucional; «en todas las acciones criminales perpetradas por sus integrantes existieron planes y órdenes precisas de los altos mandos, incluso sobre a quiénes desaparecer, y esto desarma el relato de que fueron elementos aislados que perdieron los puntos de referencia». Para Zaffaroni, las Fuerzas Armadas, los mandos y generales actuales no solo avalan, no les alcanza con exculpar a militares por sus crímenes, sino que los consideran un ejemplo a seguir para nuevas generaciones. Señaló que «es mentira que no existen datos que nos lleven a conocer la verdad; el presidente y el ministro de Defensa son quienes deben exigir las respuestas a las Fuerzas Armadas, comenzando por la ubicación de los restos de nuestros desaparecidos».

Respecto a la coyuntura de emergencia sanitaria que marcó este año, expresó que ha generado la angustia de cómo sobrevivir: por un lado, el miedo a enfermarse, y por otro, la pérdida de ingresos generalizados y las insuficientes medidas del Estado, que dejó en una desprotección mayor a los sectores más vulnerables. En ese escenario tan duro, afirmó, surgió la Ley de Urgente Consideración (LUC), que «es despiadada en algunos temas: resulta inaudito en este contexto reducir los gastos en salud y en cuidados», sentenció. Asimismo, afirmó que esto significa un deterioro de logros y de la calidad de la democracia y derechos conquistados en los últimos años. Es así que Familiares sumó su aporte a lo definido por la Intersocial, participando en la recolección de firmas contra la LUC.

Según Zaffaroni, la lucha contra la impunidad no terminó, ni terminará nunca: «hoy apelamos a la información, a la conciencia y a la participación para pararnos ante este nuevo embate». El informe de Serpaj demuestra la sinergia de las banderas y cómo la lucha por cada uno de los derechos potencia la lucha por todos ellos, sostuvo. Es imposible pensar en la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, sin pensar en el cuidado en el medio ambiente y sin poner el acento en las niñas y niños, las desigualdades y violencias hacia las mujeres y disidencias, y muy especialmente en la pobreza, entre tantas dimensiones más. «No todos somos sujeto de derecho en la vida real, los derechos deben consagrarse en la práctica», concluyó.

La democracia en Uruguay

Por su parte, el rector señaló que el informe de Serpaj «va al encuentro de una necesidad de reconfigurar y pensar nuestra vida democrática», y afirmó que una democracia no solo requiere de elecciones o representación en ámbitos parlamentarios, sino de organizaciones civiles capaces de construir y confrontar con el poder político para configurar nuevas agendas. Una democracia que no apele a la sociedad civil y respete sus voces y asuma sus demandas, es una democracia que tiende a vaciarse de contenidos y el autoritarismo se nutre de esto, indicó Arim.

El informe tiene tres miradas en tres dimensiones distintas que hacen a los derechos humanos. Una de ellas es la histórica, sobre la reparación de los derechos humanos, que implica una violación actual y no se resuelve con los cambios generacionales, sino que es un elemento de agenda constitutiva, y superar estas violaciones implica conocer la verdad y que la justicia opere en el castigo a los culpables, explicó.

Otras dimensiones son el análisis de la LUC y de los impactos posibles del Covid-19. Para el rector, esta pandemia «presenta desafíos en derechos humanos: las consecuencias o cicatrices no van a ser sanitarias, sino sociales y económicas, y nos van a acompañar muchos años». Hay violaciones a derechos vinculadas al acceso a la alimentación y la educación en condiciones igualitarias. Además, «la epidemia pone en evidencia la dimensión gregaria de nuestras vidas», la imposibilidad de pensarnos en forma aislada, porque somos una comunidad.

Respecto a la Universidad de la República, indicó que debe evitar tener una posición institucional, salvo cuando la realidad lo exija, como en el caso de la Ley de Caducidad. «Somos una comunidad que debe aportar conocimiento para sostener derechos, tenemos que ser capaces de interpelarnos en un nuevo escenario social y político en donde construir conocimiento avanzado para evitar desbordes autoritarios y cimentar las bases para una sociedad más equitativa, más justa, y capaz de garantizar los derechos a todos los ciudadanos es una prioridad», finalizó.

Diferencias, rupturas y continuidades

Por su parte, Uval recordó que este informe, que se realiza anualmente desde hace 32 años, este año se realizó en un contexto particular debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19 que ha afectado varias dimensiones de los derechos humanos y de manera desigual a distintos colectivos y además, es un año de fin de ciclo progresista en Uruguay «que supone diferencias, rupturas y también continuidades», indicó.

Una de las diferencias es la LUC que ha sido cuestionada por organizaciones sociales y por expertos vinculados a distintas áreas porque puede afectar varios derechos humanos, indicó. Además fue cuestionado el mecanismo que se utilizó para aprobar esta normativa con plazos breves y «en un contexto de emergencia sanitaria que imposibilitó ejercer plenamente el derecho a la manifestación y protesta social», y eso es señalado en varios de los artículos de este informe, afirmó.

Por otro lado, señaló que hay circunstancias que permanecen incambiadas con respecto a años anteriores: «El Estado uruguayo sigue sin tener un papel proactivo para garantizar verdad y justicia a las victimas de violación hacia los derechos humanos en la última dictadura». Según datos del Observatorio Luz Ibarburu. a junio de 2020, de las 216 denuncias penales activas en tribunales uruguayos, el 72% estaban en etapa de presumario y se habían dictado condena solo en el 7% de los casos, se proceso-condenó solo a 37 personas incluyendo a las personas que ya cumplieron su condena y a los fallecidos, sostuvo. «Esta situación de cumplimiento del Estado de sus obligaciones se ve agravada por los cuestionamientos recientes de jerarcas y dirigentes políticos a la actuación de la justicia en causas vinculadas a la dictadura», remarcó. Además, el Estado sigue en deuda con los niños, niñas y adolescentes que padecieron torturas, exilio, secuestro, robo, violaciones y abusos en sus domicilios y cuarteles, agregó.

También se refirió a la pandemia del Coronavirus, cuyos efectos impactaron de manera diferencial y afectaron fundamentalmente a las personas más pobres, trabajadores informales, a las mujeres trans, a los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. Citó el artículo redactado por las doctoras en Ciencias Sociales Baraibar Gonzalez, Laurino y Leopold quienes remarcan que «el gobierno consideró la dimensión social de la crisis sólo de manera residual». Por ejemplo, en el caso de la alimentación, saludó el surgimiento de ollas populares pero no se propuso garantizar a través de políticas públicas el derecho a la alimentación y pensó que el problema tenía corta duración, apuntó. 

Además, el Estado uruguayo no desplegó una batería de medidas necesarias para atender las situaciones de violencia de género sucedidas en el marco de la pandemia. Mencionó, además, lo que se llama la «pandemia silenciosa», haciendo referencia a la situación de pobreza infantil, a las afectaciones que sufren niños y niñas como la imposibilidad de ir a la escuela, la afectación de su derecho a la educación y a los sentimientos de miedo y preocupación de esta población, según surge de las distintas encuestas que se han realizado.

También mencionó que «hay otras circunstancias novedosas que preocupan» como el resurgimiento de los discursos y acciones de odio y las campañas de difamación hacia la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otros. Indicó que el informe hace referencia a la otra preocupación por el surgimiento de la «extrema o nueva derecha en la región» que se posiciona contra la agenda de derechos, contra el feminismo y contra las políticas públicas y trata de incidir contra algunos derechos como el de educación y libertad de cátedra.

Asimismo, señaló que se ha reforzado en nuestro país el consenso punitivista y una de sus piezas ideológicas es la LUC que limita la protesta social, se establece el delito al agravio policial, se endurecen penas, se duplica el tiempo para comunicar a la fiscalia una detención, se amplia la prisión como medida de castigo, entre otros varios puntos. Como indican integrantes de Serpaj en uno de sus informes, «cada vez más el discurso hegemónico conservador desconoce la violencia policial» contribuyendo de esa forma «a una visión polarizada de la sociedad donde por un lado se encuentra la policía y la “gente de bien” y del otro lado los delincuentes y los revoltosos», es una vieja dicotomía pero que se tiende a reforzar en en este contexto, aclaró Uval. También este año han aumentado las personas privadas de libertad y según señala Luis Eduardo Morás en uno de los artículos «esto pone a Uruguay a  la cabeza del ranking de prisionalización en América Latina, un triste mérito». 

También señaló varias afectaciones en los derechos laborales este año como el desempleo, la pérdida del salario real, las limitaciones a derechos de huelga que se establecen en la LUC y la situación del teletrabajo en el contexto de la pandemia que afectó a los trabajadores, y en especial a las trabajadoras, que debieron compatibilizar los cuidados con el trabajo y vieron la extensión de su jornada laboral sin ninguna contrapartida.

Por último, señaló algunas «buenas noticias» para continuar con «un poco de esperanza» y dijo que este año han habido algunos avances en materia de derechos humanos como la difusión de los fundamentos de la sentencia del juicio contra militares involucrados en el Plan Cóndor por parte de la Corte de Apelaciones de Roma y «esta sentencia representa un paso fundamental en la lucha contra la impunidad tanto a nivel global como en Uruguay», según indica Francesca Lessa en uno de los artículos. También han habido iniciativas de la sociedad que muestran como «la capacidad de organización puede generar avances en aquellas áreas donde el Estado está omiso» como la iniciativa Sitios de memoria que ha permitido paliar un déficit histórico para el acceso a la información en búsqueda de verdad y justicia.

Los trabajadores de la cultura también demostraron la importancia de la organización en un contexto de crisis para reivindicar sus derechos como el Siete A, la Intersocial cultural, Primer Ensayo, entre otros. Las organizaciones protagonistas de la Coordinadora popular solidaria sostuvieron 221 ollas populares que alimentaron a aproximadamente 40.000 personas que no solo cuidan el derecho a la alimentación de las personas sino que en su horizonte también está la organización popular y el avance del derecho más allá de la pandemia, remarcó. También se refirió al 20 de Mayo «muy especial de este año» donde los jardines, las plazas, las casas y los parques se llenaron de margaritas, la iniciativa de Imágenes del silencio, «los presentes» que se escucharon en cada casa y cada cuadra y que el reclamo de verdad y justicia llegó a lugares y a personas donde antes no había llegado. «Estos últimos ejemplos son muestras de cómo el aislamiento y la adversidad pueden dar lugar a la creatividad, a la solidaridad y a la imaginación», concluyó.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los comentarios están cerrados.