El protocolo define los diferentes tipos de violencia y acoso contemplados, cómo es el proceso para realizar consultas ante la sospecha de una posible situación y cuáles son los pasos a seguir para presentar una denuncia, así como también la posibilidad de elegir una solución del conflicto alternativa a la denuncia.

Silvia Franco explicó que este «es un avance significativo para la Udelar en torno al abordaje de la violencia, el acoso y la discriminación». La ordenanza rige para violencias de carácter psicológico, sexual, y de género, y contempla situaciones de acoso y también de discriminación.

Los procedimientos previstos en la ordenanza de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación son aplicables a todos los integrantes de la comunidad universitaria incluyendo estudiantes, personal docente, personal técnico, administrativo y de servicios (TAS), becarios, pasantes y egresados de la Universidad de la República que participen de actividades de la institución. Es aplicable también, en cuanto corresponda, al personal de empresas tercerizadas o prestadores de servicios.

Esta nueva resolución contiene más instrumentos conceptuales e instrumentales para abordar el problema que el reglamento anterior, indicó. «Hay una orientación mediante el uso de definiciones, establecimiento de ámbitos y responsabilidades para su abordaje, así como claridad en los diferentes procedimientos existentes», acotó.

La política comenzará a regir en el mes de abril, mientras tanto se estará trabajando en generar las capacidades de respuesta en los diferentes ámbitos. Las consultas y las denuncias tendrán un ámbito central para realizarse (como hoy día), a esto se agregan espacios en los propios servicios universitarios, así como la definición de plazos para resolver unas y otras. Además, habrá un espacio técnico de resolución de conflictos, en casos que el Equipo Técnico correspondiente así lo evalúe y con la conformidad de la persona afectada.

Franco destacó que el objetivo fundamental de este protocolo es trabajar por una Universidad libre de violencia, y para ello brinda un instrumento que delimita el problema, brinda un procedimiento y establece responsabilidades, de manera de abordar el tema con cuidado y seguridad para las personas afectadas brindando garantía a las partes. También establece con claridad cuál es el trato esperado en la Udelar respecto del trato entre integrantes de la comunidad universitaria.

Por su parte, explicó que la Comisión Central sobre Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD) tiene su cometido de asesorar al Consejo Directivo Central de la Udelar sobre las medidas y acciones que juzgue conveniente para llevar adelante la política de prevención y actuación en la materia, sobre necesidades y requerimientos así como modos de satisfacerlas. La Comisión estará integrada por el prorrector de Gestión, que la presidirá, un delegado de cada Área, de cada Orden y dos delegados del funcionariado no docente.

En esta misma línea, Franco indicó que la Universidad tendrá una Unidad especializada en el tratamiento técnico del tema: la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación, que a partir de este protocolo, transforma al equipo técnico de la CPAAD en esta Unidad que dependerá del Prorrectorado de Gestión de la Udelar. La integrarán técnicos formados en la materia y tendrá por cometidos la atención de las consultas y denuncias, así como actuar en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. También le corresponderá promover y ejecutar los instrumentos contemplados en la política institucional, en particular aquellos que hacen a la prevención.

Según Franco, las ventajas de este nuevo protocolo son la seguridad y celeridad. «Seguridad en el proceso -confidencial y garantista- por la formación específica para el discernimiento de las situaciones de violencia, que son complejas, a la vez que es personal contratado por la Universidad, dedicando su tiempo y conocimiento para el tratamiento profesional y cuidado a las personas en el proceso», afirmó.

Por último, señaló que «esta política es un marco de referencia y actuación para el problema, pero el camino a recorrer es complejo y requiere de la toma de conciencia, voluntad y esfuerzo de toda la comunidad universitaria».

Capacitación y visibilización

Por su parte, Susana Rostagnol valoró la importancia de visibilizar, en los últimos años, el acoso sexual, porque considera que anteriormente cuando se hablaba de abusos en ámbitos laborales se refería al acoso laboral y moral. Además, entiende que se comenzó a hacer más visible el acoso por distintos tipos de discriminación como la étnico racial y por orientación sexual. En ese sentido, «la Universidad dio un paso muy importante en proponerse a sí misma como institución libre de acoso, de violencia y de discriminación. Cuando decimos que la Universidad es un espacio libre y democrático, hay que llevarlo a cabo», subrayó. Este protocolo es una herramienta para crear esa nueva cultura de relaciones humanas, afirmó

También explicó que el protocolo tiene varios pasos para actuar en casos de acoso y distintos tipos de violencia, que terminaría en una sanción a las personas que acosan o violentan y además especifica que deben haber instancias de capacitación y promoción de derechos.

Con respecto a cómo serán las instancias de capacitación para que la comunidad universitaria conozca esta ordenanza, señaló que cuando el equipo elaboró el protocolo suponía que el 2021 ya sería presencial para estudiantes, docentes y funcionariado, sin embargo, se espera que los principios del protocolo se difundan a todos los estudiantes al ingresar a la Universidad, a todos los docentes cuando renueven sus cargos, y a los funcionarios TAS para realizar distintos trámites, porque se pretende que «nadie de la comunidad universitaria lo desconozca». Además, sostuvo que cada servicio universitario deberá tener un pequeño equipo o una persona referente sobre estos temas. «El protocolo plantea que hay que difundirlo, capacitar, y prevenir», apuntó. Sin embargo, las estrategias de prevención que se implementen quedan en el ámbito de los servicios, dijo y afirmó que en este momento «hay voluntad política de hacer instancias de prevención, así que veremos como va evolucionando el año universitario en qué formatos se realiza». 

Sobre la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación que se crea a partir de este protocolo, explicó que también es de consulta porque si una persona se siente acosada o siente que la han discriminado tiene un lugar para contar lo que le pasa y consultar, ejemplificó, porque quizás su situación no tiene figura legal de acoso. Por eso, está previsto la posibilidad de solucionar los conflictos a través de la medicación sin llegar a una denuncia, porque «a veces la persona no tiene ganas de atravesar los pasos de una denuncia al ser muy desgastante emocionalmente». Entonces se espera que esta Unidad pueda apoyar, acompañar y dar otras salidas alternativas en el caso de que la persona no quiera hacer la denuncia o no corresponda hacer la denuncia, agregó. 

Asimismo, esta Unidad estará integrada por un equipo interdisciplinario capacitado en derechos humanos y género con enfoque de interseccionalidad, «porque hay muchas opresiones que sufren las personas, que no se suman, sino que se intersectan, y nos interesa trabajar en la especificidad», señaló. Expresó que se abordan problemas graves y delicados y por eso esta Unidad necesitará de personas capacitadas para tratarlo y que pueda actuar con independencia técnica, es un trabajo remunerado y se tiene que tomar como tal y actuar con profesionalismo. Además, entiende que un equipo técnico conformado de esta manera era la única manera de tener ciertas certezas de respeto hacia quien denuncia y hacia quien es denunciado: «cuidar a las personas y no permitir que este mecanismo se transforme en algo de venganza», dijo.

Una herramienta para el cambio

Rostagnol considera que «con el paso del tiempo y con la puesta en práctica del protocolo se va a poder empezar a tener relaciones más equitativas, donde se puedan ejercer más los derechos donde todas y todos seamos más respetados con independencia de nuestro género, de nuestra etnia raza, de nuestra orientación sexual e identidad de género». 

También explicó que se buscó que fuese muy específico en ver las sutilezas en los distintos tipos de violencia y que nada quedara por fuera. Por eso, están contempladas las situaciones de violencia en todos los ámbitos: en los espacios físicos de la Udelar, en los espacios virtuales de la Udelar y fuera de los espacios universitarios donde los universitarios estén trabajando, «no importa el lugar físico mientras que los integrantes sean de la comunidad universitaria», apuntó. Incluso, en el equipo consideraron contemplar las situaciones de acoso que puedan suceder en los viajes de Arquitectura y de Ciencias Económicas.  

Por tanto, según la ordenanza quedan comprendidas las situaciones de violencia, acoso y discriminación que tengan lugar en las sedes universitarias, durante el transcurso de actividades de trabajo, estudio, gestión y cogobierno, actividades relacionadas con ellas o que sean consecuencia de ellas y situaciones producidas fuera de locales universitarios, siempre y cuando se relacionen con actividades de trabajo, estudio, gestión y cogobierno y estén bajo control de la Institución, lo que incluye situaciones que se produzcan durante desplazamientos o viajes en los que el transporte sea realizado directamente por la Universidad de la República, en alojamientos en locales de la institución o bajo control de la misma, salidas de campo y eventos o actividades sociales organizados por la institución o bajo su control. Quedan asimismo comprendidos los actos que tienen lugar en el marco de las comunicaciones relacionadas con el ámbito laboral, educativo, de gestión y cogobierno, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y comunicación.

Rostagnol afirmó que, fundamentalmente, «el protocolo no es punitivista» porque «se espera que sea una herramienta para un cambio de comportamiento y de relaciones humanas. En este sentido, la docente explicó que en el proceso de desnaturalizar estos comportamientos hay personas que tendrán que ser sancionadas porque dañaron a otras, pero lo que se espera son cambios.

Desde 2019, Rostagnol integró como representante del orden docente la Comisión ad hoc integrada por la CPAAD, Rectorado, las Áreas, los órdenes y asesores para discutir una nueva política institucional sobre este tema del que nació este protocolo. Respecto al trabajo de esta Comisión, afirmó que fue un proceso de crecimiento muy grande en un grupo muy heterogéneo. Lo que le resultó más interesante fueron las distintas miradas del problema que lograron entenderse. Explicó que «fue complejo pensar cómo trabajar el abuso y la violencia en el plano educativo, porque estamos muy acostumbrados a tratarlos en el plano laboral».

Asimismo, dentro de las expectativas que tiene para este nuevo protocolo destacó «que permita comenzar a desnaturalizar las situaciones jerárquicas que producen violencia de distinto tipo o discriminación, que dejen de quedar impunes y que se sepa que no hay más impunidad: aunque alguien se ocupe algún puesto importante en algún ámbito no es impune si abusa, acosa, discrimina, de la misma manera que tampoco lo es el que tiene menos poder».

Además señaló que con este protocolo la Udelar está dando un ejemplo, pues lo que sucede dentro de la Universidad, sucede en toda la sociedad. «La Udelar puso el tema sobre la mesa y dijo «esto existe y vamos a hacer un protocolo para evitarlo, para cambiar, sancionar, y modificar los comportamientos de nuestra comunidad»; eso me parece de un valor y valentía extraordinarios, en el sentido de no guardar nada debajo de la alfombra. Esto existe y lo enfrentamos», concluyó.


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