Orientación de los cambios

Silvia Franco indicó que los cambios que introduce la nueva política y su ordenza refieren en especial al tratamiento de las denuncias y a los mecanismos de prevención del problema. Explicó que la nueva ordenanza establece que funcionará una Unidad técnica Central que recibirá las denuncias y que los servicios que cuenten con Técnicos contratados a tales fines, también actuarán en las denuncias que se presenten a nivel local. Añadió que con esto se busca que las personas que se sientan afectadas o expuestas a situaciones de violencia, acoso o discriminación, puedan hacer la denuncia en el lugar que se sientan más seguras, ya sea en el propio Servicio por conocer a las personas que están actuando y se sienten más confiadas, o bien en la Unidad Central si así lo prefieren. Acotó que el equipo técnico del Servicio puede evaluar la situación y si por diferentes circunstancias lo considera mejor, trasladar la denuncia a la Unidad central. En cualquiera de los casos, las denuncias presentadas se sustanciarán en un marco de reserva y confidencialidad, cuidando a las personas que denuncian así como garantizando sus derechos y el de las personas involucradas.

Apuntó que la comisión cogobernada continuará funcionando, ahora con una nueva integración. No obstante, si bien los canales de las denuncias se mantienen abiertos, las personas pueden hacer su denuncia ante quien lo entiendan pertinente, con la nueva política, el trámite de las mismas pasan a ser realizado únicamente por los equipos técnicos. Estos equipos evaluarán las denuncias y en base a este estudio, harán un informe con recomendaciones a los Servicios acerca de las acciones a tomar en relación a la situaciones planteadas.

Según Franco, con esta reglamentación la Udelar está destinando recursos para tratar estos temas de manera institucional, alivianando la tarea de dirimir a una comisión que es política sobre temas que también son técnicos.

Aclaró que la Comisión cogobernada mantiene en la nueva ordenanza su competencia en lo que refiere a las definiciones políticas y lineamientos estratégicos vinculados al problema de la violencia, el acoso y la discriminación en la Universidad y el asesoramiento e información al CDC. En este sentido Franco señaló que continúa en la nueva ordenanza la obligación de la nueva Unidad central, de mantener informada a la Comisión acerca de las actuaciones que se llevan adelante, con el fin de brindar insumos para diseño de acciones al respecto.

Señaló que el espíritu de la nueva política es la accesibilidad, «que nadie se quede sin efectuar la denuncia porque esté lejos». Para ello se prevé que los Servicios, tanto en el Interior como de Montevideo, cuenten con equipos técniocs especializados para el tratamiento de situaciones de violencia. Acotó que ya existen en la actualidad en algunos Servicios, como son, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Estos equipos técnicos estudian las situaciones de violencia, acoso o discriminación, que se denuncian en estas Facultades.

Franco añadió que las personas que se sientan expuestas a una situación de este tipo pueden asistir a la instancia de denuncia acompañados si así lo necesitan, con quien se sientan seguros ya sea un referente o delegado sindical. Apuntó que la nueva política no elimina la posibilidad de que la persona acuda a su gremio a plantear la situación porque se siente más segura o siente la necesidad de hacer primero un planteo a nivel sindical, o de que si desea, realice la denuncia acompañada por su delegado gremial.

Abordaje de la temática

Acotó que «estos temas son serios, acarrean malestar y sufrimiento a las personas que se encuentran en estas situaciones, y es responsabilidad de la institución brindar instrumentos para su abordaje y resolución». «Lo que importa es que las personas que denuncian se sientan con confianza, seguras, y garantizarles la confidencialidad de su proceso», apuntó.

Consideró que el tratamiento de algunas situaciones que lo ameriten, puede requerir un abordaje a través de un proceso administrativo, disciplinario. En muchos otros casos, por vincularse a condiciones de trabajo, de estudio, o cuestiones más culturales, el tratamiento apunta más a visibilizar sus manifestaciones, mantener los cuidados o trabajar en cambios que debe hacer la Universidad y la comunidad universitaria. El objetivo es «minimizar los daños, abordar las situaciones en el momento que ocurren y no tener que llegar a que una persona se sienta forzada a hacer una denuncia porque una situación no se resolvió en el momento justo», expresó.

Franco resaltó que la nueva política brinda más elementos conceptuales a los servicios para delimitar manifestaciones y acciones de violencia y definir claramente «de qué hablamos cuando hablamos de acoso laboral y sexual, de discriminación y de violencia basada en género». Resaltó que «la Universidad tiene una política clarísima en relación a la cero tolerancia de estos comportamientos inadmisibles, de falta de respeto, violencia y acoso, discriminación». En este sentido, la Resolución N.º 6 del CDC, del 26 de marzo de 2019, confirma esta dirección en la política universitaria. Franco entiende que «es necesario que la comunidad universitaria haga carne de esta política, mediante la reflexión, la sensibilidad y la acción sobre el tema».

Actividades en proceso

Franco informó que están trabajando en la agenda anual de actividades, entre ellas relevar las capacidades que tienen los diferentes servicios de la Udelar para atender el problema. Señaló que algunos de los servicios están muy sensibilizados en el tema y ya tienen en funcionamiento sus equipos técnicos, en esos casos la unidad central solo tendrá el rol de apoyar y estar a la disposición de los mismos si solicitan cooperación, otros Servicios, requieren más ayuda e información. Estas instancias de relevamiento permitirán establecer prioridades de acuerdo a las necesidades de cada Servicio. Otra de las líneas previstas plantea la instrumentación de actividades de sensibilización durante el año 2021 en base la nueva política.

Destacó el avance en el abordaje de la temática de la violencia, el acoso y la discriminación en la Universidad. Indicó que a su modo de ver la nueva ordenanza es producto de confluencia de un trabajo sostenido en todos estos años, por la CPAAD creada en el año 2013 y la sensibilidad de las actuales autoridades en un contexto social e histórico propicio para su creación.

«La nueva política brinda instrumentos y marca un camino para abordar un problema social del cual la Universidad no es ajena», expresó Franco. «Las manifestaciones de violencia en la Udelar dañan a las personas que están expuestas, corroen las relaciones sociales y perturban los cometidos institucionales, desdibujando lo que somos y hacemos en la Udelar».

 


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