En la apertura del evento, Arim agradeció al colectivo universitario por el esfuerzo para organizar desde 2020 este tipo de instancias con el fin de favorecer la comprensión de temas complejos, de difícil resolución, como el que convoca esta actividad. «A través de estas iniciativas se coloca la capacidad de la Udelar al servicio del país», apuntó.

El rector caracterizó la situación actual como «un drama nacional que solo se puede comprender por los hechos sucedidos en los últimos meses» y recordó que hasta enero de 2021 Uruguay se había ubicado con las tasas más bajas de mortalidad, pero hoy el país tiene altas tasas de contagio y fallecimientos por millón de habitantes. Por el número de casos acumulados Uruguay ya supera a países con los que se comparaba durante 2020 y tenían un desempeño más ineficiente respecto al control de la epidemia como Canadá, Noruega, Dinamarca, Islandia y Costa Rica, pasará en estos días a Israel y se acerca a la tasa de Alemania.  

«La sociedad uruguaya debe empezar a reflexionar en clave de su futuro más inmediato y de las herencias que estas circunstancias que estamos atravesando van a determinar», expresó Arim. Resaltó también la necesidad de pensar en cómo construir desde las políticas públicas y del debate democrático respuestas sociales que mitiguen los impactos sobre la desigualdad en dimensiones como la educación, la pobreza multidimensional y la capacidad de construir ámbitos de convivencia social sanos.

«Respuestas tardías desde las políticas públicas y desde la reflexión ciudadana, terminan generando ampliación de brechas y desigualdades en la sociedad, para evitar esto tenemos que responder desde el lugar que nos corresponde», concluyó el rector de la Udelar.

Recursos y muertes en CTI

Arturo Briva, profesor de la Cátedra de Medicina Intensiva (Facultad de Medicina, Udelar), indicó que en el contexto de la pandemia, datos de la Sociedad de Medicina Intensiva revelan que la mortalidad global de pacientes con Covid-19 en CTI en el 2020 ronda el 48%. Si se toma de referencia a los pacientes más graves, con ventilación mecánica (más del 50 % del total), la mortalidad llega al 83%. Por otra parte, la estadía de un paciente que egresa vivo del CTI es de un promedio de 24 días y la de los pacientes que fallecen allí ronda los 13 días. Estos datos revelan que el Covid-19 genera más muertes y consume más días de la capacidad de los CTI.

Recordó que del 15 de marzo al 28 de abril los ingresos diarios de pacientes a CTI crecieron exponencialmente. Los factores que hacen que a pesar de este crecimiento aún haya disponibilidad de camas son el menor número de pacientes sin Covid internados allí debido a la interrupción de intervenciones quirúrgicas, las altas de pacientes y las camas que dejan libres quienes fallecen, explicó. 

Briva detalló que al principio de la pandemia había 650 camas de CTI disponibles y que se considera que la saturación del servicio se alcanza con una ocupación del 85% (en ese momento, 550 pacientes). Las autoridades aumentaron el número de camas disponibles hasta llegar hoy a 900, indicó. Sin embargo en la evolución de la epidemia se puede observar que al pasar el límite de los 650 pacientes con Covid en CTI, empezaron a producirse más muertes que altas en los pacientes graves. Esto significa que tuvimos la capacidad de espacio para colocar 900 camas, así como para comprar más ventiladores, «pero no hubo formación de recursos humanos para asistir 900 camas de CTI, los recursos humanos son los mismos del inicio de la pandemia», sostuvo. Entiende que esto es muy preocupante, está provocando estrés en el sistema y es probable que el aumento de la mortalidad esté vinculado con un agotamiento del personal de CTI.

Como aspectos positivos señaló que la vacunación está funcionando en el personal de salud, reduciendo dramáticamente sus infecciones e ingresos a CTI. Es esperable que esto se repita en el resto de la población cuando avance la vacunación, indicó Briva, no obstante hasta que la población que se vacuna alcance la inmunidad, «el aumento de casos va a seguir golpeando». 

Acerca de las personas que mueren por Covid-19 fuera del CTI (50 % de los fallecimientos), sostuvo que faltan datos, y es necesario investigar mucho para conocer las causas de este hecho. Indicó que estas muertes no se dan porque no haya camas en los centros de terapia intensiva o porque se les niegue la atención pero «pueden ser un indicador dramático de sobrecarga de los otros niveles de atención», como la asistencia en domicilio, el rastreo y testeo, la internación sanatorial o domiciliaria . «Creo que la medicina intensiva le tiene que pedir a la sociedad que se humanice, que no permanezca indiferente al hecho de que todos los días nos están diciendo que 40, 50, 60 uruguayos están muriendo con una enfermedad que es prevenible si cortamos los contagios comunitarios», concluyó Briva. 

Dimensiones del comportamiento individual

Por su parte, Alejandra López, docente e investigadora del Instituto de Psicología de la Salud (Facultad de Psicología, Udelar), se refirió a su trabajo como integrante del Observatorio Socioeconómico y Comportamental del GACH. Realizó una investigación basada en una encuesta de panel de 400 personas representativas de la población general, mayores de 18 años, que incluyó tres dimensiones de estudio: percepción de riesgo, percepción de efectividad de medidas no farmacológicas, y acuerdo con medidas no farmacológicas -entendido como adherencia a ellas-. El equipo de trabajo analizó estas tres dimensiones a través de variables de nivel socioeconómico, grupos de edades, residencia, sexo, y votación en las elecciones de octubre de 2019. Se hicieron dos mediciones: una entre el 8 y 12 de febrero, en un contexto epidemiológico de 400-600 casos diarios, y una segunda medición entre el 22 de marzo y el 2 de abril, en un contexto de 2800 casos diarios aproximadamente.

Respecto a la percepción de riesgo algunos de los datos que señaló como más relevantes son: aumentó la preocupación de la población al igual que el número de personas que cree que probablemente se contagie de Covid-19 en los próximos seis meses; la mitad de la población manifiesta que probablemente sus familiares y amigos se contagien; la mayoría de los uruguayos acuerdan que el Covid-19 afectará a mucha gente pero las mujeres son quienes tienen una percepción más negativa en términos de esto; y creció la percepción de la gravedad o severidad de la enfermedad. Sobre los resultados de percepción de eficacia de medidas no farmacológicas, López destacó que todas las medidas subieron en porcentaje, y también hubo un incremento en el acuerdo con ellas, exceptuando el acuerdo con la medida de apertura de las fronteras, que bajó, y el acuerdo con el inicio de las clases presenciales, que en febrero era de 52% y en marzo bajó a 30%. De las medidas que subieron, se destaca la suba de 26 puntos porcentuales del «Quedate en casa».

En la escala del 1 al 7 del Índice de Percepción de Riesgo Covid-19, el estudio observa que nuestra sociedad se encuentra en 4,92. López explicó que las personas actuamos en función de condiciones estructurales, de oportunidades, de disponibilidad de recursos cognitivos, emocionales, y económicos, y también de una serie de incentivos. «Cuando miramos por qué las personas nos comportamos como lo hacemos, tenemos que mirar en función de ese conjunto de dimensiones; allí es clave el desarrollo de las medidas estatales no farmacológicas», afirmó. Hay sectores amplios de la población que no tienen alternativas de no moverse porque necesitan salir a trabajar, hay muchos trabajadores informales y personas que no tienen posibilidades de quedarse en casa o disminuir esa movilidad si no tienen medidas de protección e incentivos para poder efectivamente hacerlo. Esta es una dimensión muy importante. Otra es «la sensibilidad o calibrar la situación seria que tenemos, el ponerle rostro a los números, tener empatía con lo que está sucediendo, y tiene que ver con un conjunto de normas sociales y valores». «Es un fenómeno complejo, si nos quedamos en el discurso de la “libertad responsable” nos quedamos en una interpretación individual, en un juicio moral sobre por qué nos comportamos como lo hacemos, sin entender esos comportamientos y su contexto, sus condiciones de posibilidad», concluyó.

Pobreza y desigualdad en 2020

Mauricio Da Rosa, investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, analizó algunos fenómenos referidos a la desigualdad y la pobreza en la crisis ocasionada por la pandemia durante 2020. Explicó que la pobreza se define como un fenómeno social complejo y multidimensional y aclaró que resulta insuficiente analizar la pobreza sin considerar la desigualdad, son fenómenos distintos pero interrelacionados. «Cuando se piensa en el bienestar material de la población hay que tener el ojo puesto en la pobreza, el crecimiento económico y la desigualdad» que son tres variables centrales para entender la dinámica de los ingresos, indicó. Aseguró que esta relación es mucho más relevante en un contexto de decrecimiento como el actual porque no puede haber una reducción de la pobreza sin una reducción de la desigualdad.

Da Rosa sostuvo que Uruguay venía de un proceso de caída fuerte de la pobreza y de la desigualdad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la pobreza cayó de un de un 32,5% en 2006 a 8.8% en 2019. Además, fue acompañada por una caída de la desigualdad muy marcada, según el índice de Gini. Uruguay recorrió un 1/3 de la brecha que lo separaba de países más igualitarios en pocos años y eso se dio «porque había crecimiento de los ingresos, pero crecían mucho más rápido los ingresos de los hogares más pobres». A pesar de la caída de la desigualdad, había una gran concentración de los ingresos en los grupos más ricos: en el 1% de la población se acumula aproximadamente un 15% de los ingresos totales de la población y eso es superior a lo que acumula el 50% más pobre. Uruguay aún tiene un PIB per cápita relativamente bajo, sin embargo «el poco ingreso que hay está muy mal distribuido», apuntó. Agregó que desde una perspectiva multidimensional de la pobreza, antes de la pandemia el 40% de la población uruguaya se encontraba en un contexto vulnerable.

En ese contexto llega esta crisis económica, que fue calificada por la CEPAL como la más grande desde que hay registros en América Latina. Junto al economista Matías Brum en mayo de 2020, Da Rosa realizó un trabajo que buscaba cuantificar cuál era el efecto probable sobre la pobreza en el primer trimestre de la pandemia e intentar entender si las políticas públicas de transferencia monetaria implementadas iban a ser suficientes para contener su incremento. Mediante una simulación, estimaron la llegada a una tasa de pobreza de 11,6% que equivalía a unas 100.000 personas adicionales por debajo de la línea de pobreza. Aclaró que se (micro)simuló en base a los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE de 2019, tomando el impacto en mercado de trabajo formal, las medidas anunciadas y las proyecciones de caída del PIB.

Los datos e indicadores económicos de 2020 brindados por el INE confirman lo estimado: el incremento del 8,8% a 11,6% de incidencia de la pobreza, que alcanzó a unas 100.000 personas adicionales. «Es una situación que tiene que llamar la atención porque no solo hay más personas debajo de la línea de pobreza sino por debajo de la línea de indigencia», la proporción de esta franja de la población se incrementó de 0,2% a 0,4%, expresó. Además sostuvo que hay un empeoramiento en todos los índices distributivos como el índice de Gini -que compara cómo le va al 10% más rico y al 10% más pobre-, y también hay, entre quienes están por debajo de de la línea de pobreza, un incremento de la distancia que los separa de esa línea. «Estamos en un contexto de caída del PIB que se acompaña de un incremento de la pobreza y de un empeoramiento de la desigualdad, esta crisis impactó más fuerte aún en los hogares que ya eran vulnerables», aseguró Da Rosa. 

Con respecto a las políticas públicas implementadas, sostuvo que si bien se requiere más análisis porque el contexto de la pandemia dificulta la obtención de algunos datos, se observa «que las políticas desplegadas no han sido suficientes para contener el crecimiento de la pobreza». De la simulación realizada en mayo de 2020 se podía desprender que las políticas «contenían menos del 20% del incremento de la pobreza», aún considerando el uso de instrumentos de transferencia existentes que tuvieron gran alcance y se acompañaron de otros nuevos, los montos son insuficientes. El economista expresó que le resulta «incomprensible la obsesión con no superponer programas» porque es «un pensamiento mágico pensar que un hogar que recibe una transferencia monetaria, ya está fuera de condiciones de vulnerabilidad», son montos muy pequeños y hay muchos hogares que necesitan contar con más de un programa como las Asignaciones familiares, Tarjeta Uruguay Social o incremento de transferencias. 

Da Rosa entiende que las autoridades parecen apostar a la recuperación del PIB, pero resaltó que esto opera con mucho rezago en variables como pobreza y por eso se necesita «implementar políticas públicas mucho más agresivas para poder hacer que el incremento del PIB, cuando se dé, se traduzca en una mejora en términos de pobreza». Por último, señaló que la política de transferencias es un componente central de la respuesta, fue fundamental al iniciar la pandemia y sigue siendo importante pero ya no es suficiente. Ahora es necesaria «una apuesta más ambiciosa en toda la línea de frente» que implique inversión para frenar la crisis, deuda para financiar la inversión e impuestos progresivos para pagar la deuda «es la forma de organizar la salida justa, potente y ordenada», concluyó.

Recuperación transformadora

Gabriel Porcile, director de la Oficina de la CEPAL en Montevideo, agradeció la invitación de la Udelar para participar. Indicó que la pandemia es una crisis de enormes proporciones que golpea a una economía internacional y latinoamericana que ya mostraba serios problemas estructurales. Estos se pueden resumir en tres aspectos fundamentales: crecimiento lento, desigualdad elevada -Latinoamérica es la región del mundo más desigual, recordó- y destrucción del medio ambiente.

Con relación al crecimiento económico planteó que debe retomarse, pero mediante políticas de recuperación transformadora, es decir, sin retorno a los patrones anteriores de crecimiento con desigualdad. Esta idea es sostenida por la CEPAL y por la ONU, puntualizó, y cuestiona sobre «si la crisis nos da la oportunidad de repensar el patrón de crecimiento», de reconstruir sobre nuevas bases.

Comentó que luego de la crisis financiera de 2008, en Latinoamérica se aprecia una recuperación que fluctuó en 2014 pero luego se mantuvo, hasta que la llegada de la crisis del Covid determinó una caída del 7,7% en la economía de la región. En 2021 se espera un rebote de 3,7%, «pero si la tendencia de la economía latinoamericana fuera la del último quinquenio, demoraríamos diez años en recuperar el PIB que teníamos en 2019», resaltó.

Para abordar el problema de la desigualdad, Porcile mostró un gráfico que compara la asociación entre el ingreso de los hijos y de los padres en más de 30 países. Se observa un elevado grado de asociación en los países latinoamericanos, mientras que en el extremo opuesto con los menores niveles, se encuentran los países europeos más avanzados. Esto evidencia «desigualdades de oportunidades muy importantes en nuestros países» que transmiten la desigualdad entre generaciones, expresó, ese es nuestro patrón estructural de crecimiento previo a la crisis.

Los estados latinoamericanos han intentado algunas medidas para reducir ese impacto a través de transferencias, apoyo al empleo y a la actividad productiva pero ciertamente fueron esfuerzos insuficientes, opinó, porque entre 2019 y 2020 la pobreza en la región aumentó de 30,5% a 33,5%. Sin la acción del Estado con medidas como las transferencias, la pobreza habría aumentado a 37,2%, aclaró.

En cuanto al tema ambiental, el técnico de Cepal señaló que en Latinoamérica estamos muy lejos de tener el grado de cooperación internacional que sería necesario para frenar la destrucción de los recursos naturales y evitar el cambio climático. Si nuestros países quisieran aproximarse a los niveles de bienestar de los más avanzados siguiendo los patrones del pasado, «sería un desastre ambiental catastrófico». Por eso precisamos una transición energética y transformar los procesos productivos, afirmó.

Al final del encuentro se abrió un espacio de intercambio con los expositores a partir de preguntas del público en el chat de Youtube.

Acceda al video del seminario virtual «Avance de la pandemia, la pobreza y la muerte: datos, desafíos y perspectivas»

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