Pérez señaló que un marco importante para Latinoamérica de los derechos de las personas mayores es la Convención Interamericana de Protección de los derechos humanos de las personas mayores, emitida en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 2015 y ratificada por el Estado uruguayo en 2016. Entiende que el contexto de pandemia ha amplificado una serie de deficiencias, prejuicios y estigmas que ya teníamos como Humanidad en la sociedad, con las personas mayores y con otras poblaciones como la de las personas con enfermedades mentales y los jóvenes.

«Hablar de las vejeces»

En el caso de los prejuicios hacia las personas mayores, estos se manifiestan entre otras formas por «visualizarlas como todas iguales, cuando si hay algo que predomina en la vejez es la diversidad, los seres humanos somos más parecidos cuando somos bebés que cuando somos viejos», sostuvo Pérez. De esta manera se cataloga a las personas mayores como rígidas, enfermas, contrarias a los cambios, sin tener en cuenta que no es real atribuir estas características a la edad, «existen jóvenes sumamente rígidos y reaccionarios y viejos muy flexibles y revolucionarios y viceversa», expresó. Indicó que estos prejuicios son aún más grandes con las personas mayores que viven en los ELEPEM, una minoría rotunda del total de las personas de esta franja etaria (entre un 3 y un 4%). No obstante aclaró que las personas que viven en estos establecimientos aunque sean un número minoritario están sometidas a condiciones de vida que hacen que su situación sea urgente, sumado a que son los integrantes del colectivo de mayores que posiblemente presentan más vulnerabilidades físicas, sociales y afectivas. «La pandemia ha profundizado estos prejuicios con las personas mayores y ha permitido naturalizar una serie de violaciones a los derechos humanos de esta población, que es la que termina llevando a la situación de crisis humanitaria que denunciamos», expresó Pérez.

Sostuvo que estos prejuicios alcanzaron a las medidas para prevenir el contagio enfocadas a las personas mayores, «se recomendó en forma homogénea que se quedaran en la casa, como si todas tuvieran vivienda y las condiciones para permanecer en ella, no se consideró la realidad de las personas mayores que están en situación de calle, que viven en asentamientos, en una pieza de cuatro por cuatro, sin ventilación, con personas de otras dos generaciones», manifestó. Entiende que se instala en la sociedad un discurso fácil en torno al tema, en el que «la vejez no es la vejez, hay que hablar de las vejeces», apuntó.

Medidas jerárquicas

Pérez destacó que llaman la atención las medidas que se han tomado para los ELEPEM en el contexto de pandemia como la suspensión de visitas. Los investigadores del CIEn vienen alertando desde marzo de 2020 acerca de los riesgos de esta medida. Aclaró que «esto no quiere decir que no se mantengan las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico, eso es clarísimo, pero parte de la seguridad de las personas tiene que ver con su vida afectiva y psíquica». Además la medida de suspensión de las visitas es ficticia, porque no se constituye una burbuja dentro de estos establecimientos ya que el personal entra y sale continuamente. Resaltó que sorprende que no llame la atención esta medida en la sociedad y que se haya naturalizado tan fácilmente que las personas se aislen, algunas ya desde hace más de un año.

Indicó que aunque la realidad de los ELEPEM es diversa, en la gran mayoría las medidas fueron tomadas «en forma muy jerárquica, con prácticamente ninguna participación de familiares ni residentes». Añadió que recibieron testimonios de que en algunos casos no se manejó bien la información o se ocultó. «Parecería que depende de cada ELEPEM cómo lo hace y en realidad debería haber una política y eso es a lo que estamos apuntando», sostuvo Pérez. Relató que en uno de los Establecimientos ante una situación de un brote de COVID-19 aislaron a las personas infectadas de los demás residentes siguiendo el protocolo pero no les dijeron que tenían el virus, sino que estaban haciendo una reforma de las cañerías que duraría diez días. Sostiene que en estos casos se violaron los derechos de las personas, la ley de usuarios establece que todos tienen derecho a conocer su diagnóstico y estado de salud, incluso si la persona tiene un dificultad cognitiva o una enfermedad mental que le dificulte la comprensión de su estado, se debe buscar la forma de facilitarle la información para que comprenda su situación.

Señaló el ocultamiento y tergiversación de información además de atentar contra disposiciones legales y por ende violar los derechos de las personas, son cuestionables en otros aspectos. Por un lado las mentiras van contra la ética profesional y por otro configuran un error técnico ya que se generan peores efectos cuando se carece de información, que los que pueden surgir cuando se sabe el diagnóstico. «Una forma de bajar los niveles de sufrimiento, de ansiedad, de incertidumbre, es manejando la información de forma transparente con los residentes y los familiares», expresó. Considera que es una situación de mala praxis que hay que revertir pero para ello es necesario contar con personas con la capacidad de transmitir la información de la mejor forma. «Una persona que vive en un ELEPEM tiene que sentir que es dueña de su vida, no puede ser un objeto de una institución que toma decisiones por fuera de ella», sostuvo Pérez.

Entiende que las acciones y recomendaciones enfocadas a las personas mayores en el marco de la pandemia se construyeron desde el prejuicio. «Qué distinto hubiera sido si al comienzo de la emergencia sanitaria el mensaje hubiera sido: hasta donde conocemos la población mayor es más vulnerable al virus, tiene que cuidarse especialmente en cuanto a las medidas de bioseguridad, higiene, tapabocas, pero hoy los necesitamos como nunca para que apoyen a sus hijos y a la sociedad», reflexionó. Señaló que los mayores son las personas que tienen más experiencia, ya han vivido situaciones complicadas, guerras, dictaduras, enfrentaron muchas situaciones de crisis. Resaltó que algunas personas mayores en el marco de la pandemia asumieron ese rol, hubo un grupo de mujeres que guardaban en su casa viejas máquinas de coser Singer y al principio de la pandemia comenzaron a fabricar tapabocas solidarios. Otras comenzaron a organizar ollas populares en su casa y algunos médicos jubilados retomaron la actividad en forma honoraria para ayudar en situaciones sanitarias críticas. Pérez consideró que este cambio de perspectiva no influye sólo en cómo ubica y valora la sociedad a las personas mayores sino también en cómo se sienten estas. «Todos tenemos la necesidad de ser necesitados por alguien, es un componente del afecto que nos hace humanos», expresó. Resaltó que hay una creencia general en la sociedad de que las personas mayores necesitan solamente recibir de los demás. «¿Y entonces cómo cubren esa necesidad de ser necesitados, de ser importantes para otros y para la sociedad, que se vincula con los afectos y con la salud mental?», cuestionó Pérez.

Pérez indicó que hay una visión general en la sociedad de que las personas mayores no pueden decidir por sí mismas, y son los hijos u otros familiares los encargados de resolver todo acerca de su vida. Añadió que es frecuente que los medios de comunicación repliquen esta misma visión, a la hora de dar una noticia que involucra a un anciano difunden la palabra de un familiar. Apuntó que una de las primeras preguntas que le hacían a integrantes del CIEn en entrevistas que dieron a los medios de comunicación desde que empezó la pandemia era qué recomendaciones harían a los hijos de las personas mayores acerca de cómo deberían tratarlos. La respuesta de los docentes era que si se trataba de personas mayores auto válidas, la primera recomendación es que les pregunten a ellas cómo quieren ser tratadas.

Recomendaciones del CIEn

En el marco del proyecto de investigación acerca de la situación de las personas que residen en ELEPEM el CIEn creó las Recomendaciones ante la situación de emergencia sanitaria en Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores en Uruguay, que difundió el 14 de abril. Pérez explicó que las recomendaciones parten de definir la situación actual como crisis humanitaria, son medidas propositivas para palear los efectos negativos de esta crisis y garantizar los derechos de las personas. Contemplan las distintas poblaciones involucradas en los ELEPEM (residentes, familiares y trabajadores), las vulneraciones y necesidades que presentan en el plano de salud mental. Señalan la necesidad de ampliar el control y la participación de todos los actores involucrados, para ello plantean fortalecer a la sociedad civil organizada, lo que consideran que se debería realizar a través de políticas públicas. También recomiendan una serie de medidas específicas que tienen que ver por un lado con un manejo claro y profesional de la información, algo fundamental para bajar los niveles de ansiedad y angustia y por otro lado la necesidad de un abordaje en salud mental profesional con distintas dinámicas, que se vincule con lo grupal y comunitario. Este abordaje implica integrar en la tarea a los equipos de salud (de atención primaria del Ministerio de Salud Pública (MSP), prestadores de salud, equipos de docentes y estudiantes de la Udelar) de las distintas zonas y regiones del país. Pérez señaló que esto se propone porque «la salud mental tiene que ver con los problemas que se producen en los modos y condiciones de vida que van transcurriendo las personas por lo tanto hay que abordarla desde esa perspectiva comunitaria». «Esto se puede hacer pero es necesario cambiar la orientación», añadió.

Explicó que la recomendación de la participación de residentes y familiares en la toma de decisiones, apunta a dos aspectos, uno de ellos que se debería abordar luego de finalizada la emergencia sanitaria, es pensar como país y como sociedad, el cuidado a largo plazo para las personas mayores. En este sentido recordó que hoy los ELEPEM están concebidos como una extensión de los hospitales y funcionan con el mismo régimen, lo que facilita enormemente la violación de los derechos humanos, ya que se parecen más a un sistema de cárcel o manicomio que al de una vivienda protegida con cuidados. «Eso es algo que hay que cuestionarse y empezar a a cambiar», sostuvo Pérez. Señaló que en la reglamentación de los ELEPEM del Decreto 356 de 2016 que se aprobó dentro de la ley de presupuesto de ese año, se adjudican competencias al MSP y al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en la regulación de los ELEPEM, lo que refleja claramente la concepción sanitaria de estos establecimientos que se enfrenta y contradice a la concepción de derechos humanos.

Añadió que en el decreto 356 también se establece una comisión en cada uno de los Establecimientos integrada por representantes de los familiares y residentes del ELEPEM. «Habría que poner a funcionar este espacio, y que las personas participen de las decisiones acerca de su vida y tengan conciencia de lo que sucede en los establecimientos», expresó. El CIEn plantea también la necesidad de fortalecer el control de la sociedad civil organizada. En el 2021 trabajaron en la creación del movimiento a nivel nacional de familiares y residentes de ELEPEM, hoy ya está conformado y comienza a tomar total independencia del CIEn y consideran que es un actor que hay que fortalecer. Pérez indicó que los trabajadores de los ELEPEM también son un motivo de preocupación para el CIEn ya que tienen un muy bajo nivel de sindicalización y unas condiciones de trabajo sumamente precarias, tanto en la tarea como en los ingresos que perciben por ella, lo que los deja totalmente vulnerables. Considera que es necesario que haya en estos establecimientos igual que en cualquier institución de cuidados o en la sociedad misma, reglamentos claros con derechos y obligaciones.

Pérez subrayó que el objetivo del CIEn es poner este tema en debate en la sociedad así como el del modelo de sistema de cuidados que tiene el país en la actualidad. Acotó que esta discusión no se está dando sólo en Uruguay sino en también en otros países del occidente, como Argentina, Chile, España, entre otros.

Acerca del CIEn

El CIEn es una unidad académica de la Udelar que funciona en la órbita del Espacio Interdisciplinario (EI) desde el 2015. Se creó a partir de un llamado a Centros del EI con el fin de diseñar y llevar a la práctica diversas propuestas de investigación, extensión y enseñanza en el ámbito interdisciplinario, en la temática envejecimiento y vejez desde una perspectiva social y de derechos humanos. El Centro tuvo financiación del EI hasta el 2020 y en la actualidad sigue funcionando como una plataforma de encuentro interdisciplinario de equipos de distintas facultades y servicios (facultades de Ciencias Sociales, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Psicología, Medicina, Enfermería, Derecho e Instituto Superior de Educación Física). La participación docente es móvil, en la actualidad hay más de veinte docentes integrados a las actividades, vinculados a su vez a otras redes académicas, nacionales e internacionales.

Desarrolla diversas líneas de trabajo, una de ellas en conjunto con la Red Interdisciplinaria de Gerontología que involucra a diez países, realizando un estudio de las vivencias de las personas mayores en la situación de pandemia. Otra de las propuestas de trabajo la llevan adelante con la Universidad de Edimburgo, es un proyecto de cómics a través de los cuales se difunden los derechos de las personas mayores. Otro de los proyectos es también en la línea de arte, se hizo un llamado a cortos acerca de la temática de las personas mayores y se recibieron más de 2000 propuestas de distintos países de la región y del mundo, incluyendo Arabia Saudita, China, Filipinas e India. A través de un acuerdo con Cine Universitario tienen previsto realizar en conjunto un festival con la muestra de cortos, instancia que se ha postergado por el contexto de pandemia pero que esperan poder concretar en setiembre.

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