La Red Temática sobre Laicidad está integrada por representantes de varios servicios y unidades de la Udelar: María Simon, decana de la Facultad de Ingeniería (Fing) y Jorge Rasner, docente del Departamento de Inserción Social del Ingeniero de la Fing, Pablo Drews, del Instituto de Historia de las ideas y Jaime Sapolinski, de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Asimismo forman parte de la Red Nicolás Betancur, docente del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, y Federico Beltramelli del Departamento de Medios y Lenguajes del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación. También la integran Mabela Ruiz, docente del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología, Andrea Díaz, docente de Filosofía de la Educación del Dpto. de Historia y Filosofía de la Educación del Instituto de Educación y Virginia Rial, docente del Departamento de Antropología Social, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En representación del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (IENBA), integran la red Fernando Miranda, docente y director del IENBA y Valeria Lepra, docente del Departamento de las Estéticas del Instituto.

Judicializar la laicidad

Consultados acerca de su opinión del proyecto de creación de un consejo de laicidad, Lepra consideró que no es ecuánime que exista un tribunal que juzgue violaciones de laicidad ya que el que juzga también tiene una visión del mundo y construye su posición acerca del hecho, desde un lugar. «¿Qué implicaría ser ecuánime en relación a los posicionamientos de otros? ¿Cómo puedo garantizar eso?», se preguntó. «Es una pretensión que tampoco es posible», concluyó. «¿Quién puede, quién está capacitado para juzgar desde qué lugar y desde qué visión del mundo?», añadió. Díaz sostuvo que este enfoque de la laicidad genera una idea de que los docentes son menores de edad, y tiene que haber un adulto que le diga como comportarse, «eso no lleva a la autonomía», expresó.

Sapolinski apuntó que la Comisión de Laicidad que se plantea crear, es una especie de órgano asesor pero que además tiene facultades cautelares como suspender una determinada actividad, «una función jurisdiccional que veo complicada para una persona de derecho público no estatal como se prevé que sería el organismo». Parecería que la intención es instaurar «una comisión de notables, esa figura que está seleccionada por su idoneidad, por su posición, despojado de intereses, pero esa gente es muy difícil de encontrar», señaló. Concluyó que no sabe si instrumentar esta solución sea una buena idea porque la realidad es tan compleja que en cada caso tendría que ver como se procede; la casuística podría ser interminable. Consideró que, por otro lado, «cuando no hay manera de aplicar algunas normas que están establecidas en el ordenamiento jurídico referidas a laicidad, el resultado podría ser que esas disposiciones no tuvieran eficacia, entonces es como si no existieran».

Bentancur señaló que es necesario reflexionar acerca de si es conveniente genéricamente crear una institución especializada en la protección o regulación de algunos derechos específicos cuando existe un sistema jurídico que funciona plenamente y da garantías en este tema. En este sentido destacó que no es cierto que el sistema jurídico nacional no tenga procedimientos para prevenir el desborde de algunos de estos derechos como la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, entre otros y la protección de la laicidad. Indicó que hay una tendencia internacional en las últimas décadas a crear instituciones que van más allá de los tradicionales, poderes del Estado, para preservar o regular derechos. En Uruguay existen varios de estos casos entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comisionado Parlamentario de cárceles, el defensor del vecino, entre otros. Sostuvo que entramos en un terreno delicado cuando creamos estos organismos, pueden tener un rol de protección de un derecho como la libertad de enseñanza o de expresión, o pueden cumplir un papel de reducción y limitación. «El Instituto Nacional de Derechos Humanos claramente tiene una vocación, una ingeniería que se realizó de tratar de garantizar y expandir derechos. La pregunta es ¿este consejo de laicidad, será un organismo para favorecer y compatibilizar derechos, o será un instrumento para recortar los mismos?».

Bentancur reflexionó acerca de otro aspecto, la coyuntura política, cómo se aplica y se valora una creación de ese tipo, en el contexto de las políticas y la política educativa en Uruguay hoy. «Las instituciones no son buenas o malas en abstracto sino por la correspondencia a una circunstancia histórica», sostuvo. En este sentido resaltó que el contexto histórico de esta institución es un gobierno y unas autoridades educativas que desde antes de asumir sus cargos han diagnosticado y expresado muy claramente que uno de las principales dificultades de las políticas educativas en Uruguay son problemas de gobernanza. Todas las señales que se han dado desde la instalación de las autoridades educativas hasta ahora van en la línea de remarcar autoridad y recurrir a procedimientos administrativos disciplinarios. Opinó que en este contexto, la aparición de una normativa que regule estos aspectos, difícilmente pueda concebirse como un organismo que tienda a potenciar actores, a aumentar el intercambio, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza. Mas bien es probable que en el clima existente esta comisión apunte a una limitación de la libertad de enseñanza y de expresión para preservar los que considera valores más importantes como la conciencia cívica del estudiante y la neutralidad del docente.

Apuntó un tercer nivel de análisis del Proyecto, el de la regulación específica que propone la norma. Resaltó que la norma se resuelve tomando partido claramente por la conciencia cívica del estudiante y la neutralidad del docente, sin privilegiar la libertad de enseñanza o de expresión (en el artículo séptimo del Proyecto la preocupación clara es la no partidización de la enseñanza). Otro aspecto es cómo se define la ilicitud, señaló que en el artículo 1 del proyecto se establece que «se considera ilícito el empleo de los medios a disposición de la educación pública nacional, con el fin de brindar una visión interesada, parcial o que procure obtener prosélitos…». «Teniendo en cuenta la dificultad de definir si alguien está buscando generar prosélitos, ¿cómo puede determinarse que visión de un docente o de un estudiante es interesada, parcial o tiene una intencionalidad basada en la ideología, en la política o en la religión, tan asociadas a valores?», se preguntó Bentancur.

Añadió que otro aspecto es la integración y la forma de designación de la comisión que tendrá tres miembros de los cuales dos son designados por el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública, por lo tanto por el gobierno de turno, quien va a tener mayoría para decidir sobre estas cuestiones prácticas tan delicadas. El tercer miembro será un representante de la Udelar y es un requisito que pertenezca al área del Derecho. Díaz subrayó el aspecto judicializante que esto demuestra. Señaló que aunque el Derecho tiene que ver con el tema, la laicidad es un tema cultural, político, filosófico, histórico. Opina además que el proyecto plantea una visión persecutoria porque invita a la denuncia y la delación creando un clima nefasto, no resalta la convivencia social, ni educa acerca de cómo convivir en las diferencias. «Lleva al conflicto y es un ataque a la educación pública, principalmente en la figura de los docentes», expresó.

Bentancur sostuvo que otro punto llamativo es que la acción de la comisión se reduce a la educación pública, no interesa por tanto la partidización, las visiones parciales o dogmáticas o no respetuosas de la pluralidad de opiniones y de expresión que puedan existir en el ámbito educativo privado. Asimismo resaltó que el proyecto no gradúa su aplicación con respecto a los distintos niveles de enseñanza. «¿A la Udelar, a los institutos de formación terciaria que enseñan a jóvenes y adultos, se les va a aplicar el mismo criterio sin aplicar limitaciones dentro de cierto contexto razonable?», se preguntó. Apuntó que la norma no establece esa limitación lo que considera preocupante, porque no se concibe la enseñanza en ciencias sociales con este tipo de premisas, o cómo se formarían politólogos con estas limitaciones, sin cuestionar la política, la religión, sin entrar en discusión o en polémica con diversas decisiones y lenguajes.

«Un discurso que se encuentra en discusión»

Díaz señaló que en los países que se preocupan por el tema (Méjico, Turquía, Francia, España, Brasil, Canadá, entre otros), el concepto de laicidad se vincula con la separación del Estado de las ideas religiosas. En Uruguay en cambio el enfoque que en su origen tiene que ver con el proceso de secularización y la separación del Estado y la religión en la sociedad moderna, se fue desplazando progresivamente y el tema adquiere la particularidad de relacionarse con el proselitismo. La laicidad se empieza a emparentar con otros temas que no son parte de ella, como el miedo a que los docentes pasen un límite y comiencen a adoctrinar, utilizando el poder que otorga la asimetría que existe entre el profesor y los alumnos. En este sentido, Díaz puso como ejemplo la idea del Movimiento de la Scola sem partido, en la que el profesor tiene que ser un transmisor de una serie de contenidos académicos, una selección cultural que no debería tomar partido por cuestiones políticas o incluso morales.

En cuanto a la asimilación que se realiza entre laicidad y neutralidad, Díaz entiende que la neutralidad no existe, «siempre hay selección de contenidos y fuentes culturales y la selección no ha sido neutra ni inocente, expresó. Considera que la clase no es el lugar para que el docente transmita su posición de mundo y haga una propaganda de ella, en especial en sentido político partidario y religioso. No obstante, entiende que es inevitable que la postura frente al mundo del profesor aparezca, aunque no la diga. Rasner apuntó que todo discurso es un discurso intencional, aunque lo puede ser en mayor o menor grado, tiene un interés, un objetivo cuando se emite. Ruiz apuntó por su parte que «llevamos en nuestro cuerpo quienes somos y los docentes en una clase por más que no hablemos lo estamos trasmitiendo porque en ese ámbito se pone en juego la historia social e individual de cada uno». Señaló que saber que estamos posicionados desde ese lugar y abrirlo para que los otros también expresen sus posturas, hace al concepto de integración de las diferencias, permite reflexionar acerca de ellas y construirnos desde ahí. Díaz destacó también la importancia de que la voz del otro aparezca, que se ponga de manifiesto la pluralidad y que ese es el gran desafío del profesor en una educación que se precie de laica.

Sapolinski entiende que el principio de laicidad se integra dentro de un sistema de ideas, y frente a algunas de ellas no se puede ser neutral. «Yo no puedo ser neutral frente a un supremacista o a una postura racista por ejemplo», opinó. «Quizás estemos en ese difícil límite entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer», reflexionó. Díaz coincidió con que la pluralidad de ideas planteada en la ley de educación no es un relativismo, en el que cualquier opinión es válida. «No cualquier defensa de una posición del mundo es aceptable, pero dentro de lo que es aceptable, esa diversidad tiene que ser expresada», acotó.

Díaz señaló que aunque se ha asociado a la laicidad a tender a la mayor amplitud de las fuentes culturales, en realidad las que expresa la educación son extremadamente sesgadas. «La educación es occidental, masculina, eurocéntrica, es colonialista, hay tantas voces que no aparecen», expresó. Entiende que la clase no puede ser un lugar donde no se expliquen las distintas ideas políticas, donde no se enseñe acerca de las distintas religiones que existen, sus significados culturales y la influencia que tienen en el mundo. Añadió que recortar estos contenidos «nos hace más pobres», como en el caso de la historia reciente acerca de la que algunas voces sostienen que no se debe hablar para no violar la laicidad. No concuerda con esta postura, «tenemos que hablar sobre historia reciente y que se muestren las distintas posiciones», sostiene. Acotó que estas posiciones deben estar argumentadas, «no se puede decir cosas que no existen, como sostener que no hay desaparecidos porque eso no es verdad, no es una cuestión de que cualquier interpretación es válida», expresó.

Sapolinski manifestó por su parte que el ejercicio de la laicidad tiene raíces concretas e importantes y que se relaciona con la construcción de ciudadanía, que es uno de los cometidos que tiene la actividad docente y con la organización de una sociedad. Señaló también que se vincula con la generación de ideologías e incluso con la legitimación justificante de organizaciones, posturas y personalidades. Considera que aunque el concepto de laicidad ha evolucionado en Uruguay a lo largo de la Historia, culminando en la Constitución de 1918 con la separación de la Iglesia y el Estado, su vínculo con lo religioso no es un debate que se haya agotado en la sociedad uruguaya. Añadió que por otro lado «existen algunas posturas políticas, ideológicas, filosóficas, que también juegan un rol parecido al religioso en relación con la laicidad, porque también son ideologías». Entiende que al propugnar por determinadas tendencias se asume una actitud propagandística, «que, aunque sea respetable y pueda estar amparada por el derecho, no se puede negar que existe», expresó. Lepra asimismo consideró que la noción de laicidad está en construcción, «es un discurso que se encuentra en discusión constante», opinó. Díaz explicó que en el proceso de construcción de la noción de laicidad en Uruguay, que no siempre tuvo el mismo sentido ni énfasis, fue a partir de la Ley de Educación Nº 18437, aprobada en diciembre de 2008 y vigente en la actualidad, que por primera vez se asoció a la laicidad con la expresión plural, razonada de argumentos. Esta norma entonces habilita el debate, la condición inherente del sistema democrático de que cada uno exprese sus principios, puntos de vista, opiniones, y poder llegar a acuerdos. Rial sostuvo que un tema que complejiza más la noción de laicidad es su «bajada al plano operativo, establecer las coordenadas de dónde opera y hasta dónde».

Una herramienta para mejorar la convivencia

Díaz entiende que el sentido de fondo de la laicidad tiene que ver con la convivencia, existen valores comunes de los que se debe partir como democracia, derechos humanos, una ética de mínimos que aseguran la convivencia. Pero también existe una ética de máximos, que incluye la religión, creencias, posturas metafísicas o antimetafísicas, ideas de mundo, ideologías, en las que somos diferentes. Para Díaz la cuestión es que hacemos con las diferencias. «¿Las callamos, o en cambio teniendo en cuenta que no somos máquinas e igual se nos van a notar estas ideas, porque esas posiciones están, las ponemos a discutir, las expresamos, sin ponerlas por encima ni ocultar las otras ideologías?», cuestionó. Sostuvo que para analizar esta cuestión es necesario poner el foco en el carácter antidogmático de la laicidad. «El tema no es que tengamos creencias o posiciones y las expresemos sino lo que hacemos con ellas, que hacer en la clase con eso», sostuvo. Aclaró que tampoco es religión versus ciencia, ya que la ciencia también puede ser enseñada en forma dogmática.

Miranda planteó que la laicidad debe tener en cuenta la utilidad social, todo lo que mejora la vida individual y colectiva de las personas y permitir la pluralidad y la diversidad. En cuanto a la idea de neutralidad la definió como «prima hermana de la objetividad científica». Señaló que cuando se habla de objetividad científica al igual que de neutralidad se las considera como si fueran «la carencia de intereses por detrás del conocimiento, cuando si hay algo que es el conocimiento es interesado», expresó. Sostuvo que la objetividad se refiere mucho más a decir desde dónde uno se para, para poder comprender los resultados de la investigación en el marco del posicionamiento, que en pretender que este no existe. Miranda entiende que en torno a este tema «no todo vale y por tanto es necesario debatir acerca de qué narrativas y relatos mejoran nuestra vida colectiva y nuestra vida en común». Considera que en ese lugar las prácticas y la creación artística en su capacidad de metáfora, tienen un gran interés de simbolizar la vida social para sumar capas de conocimiento a nivel colectivo y a nivel social. Jorge Rasner coincidió con Miranda y sostuvo que la objetividad científica como falta de interés y desapasionamiento, no existe. «Sólo las estatuas o los dioses lo pueden tener pero no tenemos noticias de que opinen o hablen», expresó.

Rasner y Díaz opinaron que aún las ideas inaceptables como la supremacía de una raza, pueden expresarse en una clase sólo que en esos casos actúa una ética mínima común que son los derechos humanos y debe quedar en claro que estas posiciones van contra ellos, por lo tanto son inaceptables. Díaz consideró que permitir que afloren estas ideas sería positivo en el sentido que «si lo impides, no educas acerca del tema». Miranda destacó que si razonamos en términos de violación de laicidad sólo vamos a encontrar inocentes y culpables respecto de una sanción doctrinaria y con una visión binaria del mundo. Sostuvo que este planteo no puede aplicarse a la convivencia que implica complejidad y diversidad y no puede razonarse en términos de buenos y malos.

«En vez de crear un consejo de laicidad hablemos sobre laicidad, discutamos, veamos la complejidad del término, las finezas, las sutilidades, lo histórico del tema, preparémonos más para hablar de laicidad, sobre todo en el aspecto político, no hay iluminados de la laicidad», expresó Díaz. Acotó que es necesario además seguir discutiendo que quiere decir proselitismo. «Discutamos, analicemos, problematicemos, complejicemos la realidad pero no generemos situaciones que vayan al choque, que coloquen desde el comienzo al otro como sospechoso, porque eso no contribuye a la convivencia», manifestó.

Acerca de la Red Temática de Laicidad

Desde 2017 se fue constituyendo la red como espacio abierto para generar debate en torno al tema Laicidad y se desarrollaron numerosas actividades como la discusión de casos a nivel nacional en los que ésta estaba en disputa. Asimismo organizaron encuentros con mesas plurales para abordar distintos aspectos de la temática, como Derechos Humanos y Laicidad, Eutanasia y Laicidad, Lo Público y lo privado en el capítulo de Educación del Proyecto de Ley de Urgente Consideración, entre otros. La Red fue reconocida por resolución expresa del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar el 19 de diciembre de 2019.

Lepra explicó que el objetivo de la Red es «encontrar los espacios y mecanismos que permitan debatir y problematizar la noción de laicidad, formularse más preguntas acerca de ella, no pensarla como un conocimiento cerrado sino por el contrario generar la posibilidad de verla como un concepto móvil». Díaz señaló que en la Red cada integrante es igual al otro a la hora de proponer temas o disputar. Añadió que se aborda la temática desde un enfoque multidisciplinario porque la noción de laicidad es compleja, multidimensional (atraviesa grandes temas vinculados con la igualdad, la libertad, la diversidad, la democracia y la educación) y requiere para su análisis múltiples miradas. Ruiz apuntó que un tema interesante vinculado a la laicidad para trabajar en la Red a futuro serla la construcción de subjetividades, de identidades. «Uno se construye a sí mismo a través del debate con otros que son diferentes y eso en la educación me parece sustancial porque a través de ella además de formar para la ciudadanía estamos formando a los sujetos», sostuvo.

 

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