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Seminario sobre Políticas de la Ciencia: Las instituciones y los gobiernos
El jueves 13 de mayo se llevó a cabo el seminario virtual «Las instituciones: universidades, academias, centros de investigación, museos, agencias de financiación», que forma parte del ciclo de seminarios sobre Políticas de la Ciencia, coordinado por Vania Markarian, del Archivo General de la Universidad de la República (AGU) y Rafael Mandressi, del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. El ciclo es organizado por el rectorado de la Universidad de las República (Udelar) con la colaboración de la Escuela Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Individuos e instituciones
Irina Podgorny, de la Universidad de la Plata y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, se refirió a iniciativas llevadas adelante por personajes tales como Florentino Ameghino, maestro que a mediados de la década de 1880 percibe que puede desarrollar una carrera en la Historia Natural como proveedor de fósiles, que son tan comunes en la llanura pampeana. Empieza a desarrollar una carrera, a vender las colecciones como tantos otros que se dedican a hacer colecciones de huesos de mamíferos fósiles que aparecen en esa llanura, pero más adelante decide dedicarse a estudiarlos y a hacerse un nombre en estas disciplinas. Podgorny explicó que la figura de Ameghino es interesante porque refleja cómo alguien que no está dentro de las instituciones del Estado provincial o nacional emprende y define una empresa de exploración paleontológica, con fondos propios, aprovechándose de algunas instituciones del Estado y políticos argentinos, y compitiendo al mismo tiempo por los fondos que el Estado argentino establece, funda y dice patrocinar.
Destacó que en la década de 1890 los políticos invierten más en coleccionistas privados, como Ameghino, que en sus propias instituciones. «Me interesa la figura de Ameghino para mostrar estas contradicciones que existen, o esas faltas de políticas que muestran la debilidad de las instituciones que el Estado crea y la fortaleza que puede tener el prestigio de un individuo conocido en el mundo científico nacional e internacional», afirmó. Se lo transformó a él, a su casa y su biblioteca privada, donde gestiona los recursos y acumula fósiles, en un centro de estudio de los mamíferos fósiles. En este sentido, Podgorny remarcó nuevamente la importancia que tienen a fines del siglo XIX las relaciones privadas, las transacciones de favores entre individuos y políticos más que entre instituciones o entre presupuestos fijos institucionales.
La ciencia en el gobierno
Por su parte, Elodie Richard, docente de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, centró su exposición en la articulación entre ciencia y gobierno en el siglo XIX, a través del caso de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, fundada en 1857 por un decreto de la reina Isabel II, según el modelo francés de las academias nacionales. Su creación consagra oficialmente una rama nueva del conocimiento, definida como el conjunto de las ciencias del hombre y del gobierno de las sociedades humanas. El estudio de esta academia le permitió a Richard observar la evolución de las ciencias morales y políticas, y constatar un momento de ruptura en la década de los 90, caracterizada por la integración de nuevos objetos, métodos y disciplinas, y nuevas concepciones del hombre natural y social. Esta evolución coincidió con la sustitución del término ciencias morales y políticas por el de ciencias sociales que conocemos hoy.
La docente indicó que por su carácter ideológico, esta academia rara vez se ha estudiado como una institución científica en la historiografía española, a pesar de que refleja cómo las élites liberales inventaron una forma específica de las ciencias de gobierno destinadas a racionalizarlo y proteger una doctrina política oficial. Para Richard, el liberalismo conservador es como una ideología intermedia entre tradición y modernidad política: se vincula al proyecto ilustrado y revolucionario de un gobierno racional que confía en el progreso científico y toma en cuenta la educación de la nación y la opinión pública, pero con criterios no liberales.
De esta manera, se entregan estas ciencias a una institución de antiguo régimen -para que no sea el monopolio de sociedades privadas como el ateneo- y que concibe su trabajo en el sentido de un consejo a la reina y el gobierno para fabricar leyes fuera del Parlamento. Es decir, se confía la elaboración de las leyes a organismos científicos o técnicos, por individuos no elegidos por el pueblo, cuyas discusiones son privadas. Según Richard, se puede hablar de una doctrina, porque a pesar de que es una labor colectiva, la característica del trabajo científico en una academia es entre pares, entre personas que tienen el mismo nivel científico, y cualquier publicación de la academia tiene que ser aprobada por la corporación, es el resultado de una votación que impone un discurso mayoritario o dominante.
Autoritarismo y reforma
Rodrigo Patto Sá Motta, docente de la Universidad Federal de Minas Gerais, se refirió a la política universitaria de la dictadura de Brasil y sus enlaces transnacionales. Recordó que en la década de 1950 hubo un debate intenso entre las élites de Brasil sobre la reforma y modernización de sus instituciones universitarias y científicas. El país tenía universidades muy jóvenes, creadas a principios del siglo XX. Había una sensación de retraso, por tanto, en el relacionamiento con el resto del mundo, una percepción de que el desarrollo del país exigía una situación mejor. En ese momento, estudiantes, docentes y científicos se tornaron grandes protagonistas de este debate sobre la reforma.
Otro actor importante fueron los militares, que miraban el debate en términos de seguridad nacional y desarrollo. Estos últimos jugaron un papel muy importante en la creación del Consejo Nacional de Investigación del Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Después del golpe de Estado de 1964, cuando tomaron el poder, movidos por razones políticas y estratégicas se interesaron por una reforma universitaria más amplia: las universidades debían modernizarse solamente para atender las necesidades económicas y estatales. Por otro lado, las potencias que disputaban la hegemonía mundial consideraban estratégicas las universidades y el conocimiento científico. Los recursos financieros de Estados Unidos ayudaron a establecer importantes centros latinoamericanos de investigación en Ciencias Sociales, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO), también departamentos universitarios dedicados sobre todo a la Ciencia Política.
«La dictadura del 64 fue, por tanto, un proyecto político y modernizador, autoritario, represivo, violento, pero al mismo tiempo se apropió de los movimientos reformistas de los grupos que derrotó e implementó una reforma universitaria elitista, dejando de lado el sesgo democrático original de la propuesta de estudiantes y docentes», afirmó. La intensificación de la represión terminó expandiendo la circulación internacional de intelectuales y científicos por la necesidad de escapar, terminó abriendo o ampliando redes de cooperación y oportunidades de trabajo o estudio en otros países. Es así que la dictadura brasileña contribuyó a expandir y modernizar el sistema universitario, pero al mismo tiempo lo tornó más autoritario y elitista.
Dos hitos en la institucionalidad científica y la participación de la Udelar
María Eugenia Jung y Lucas D’Avenia, investigadores de AUGM, realizaron un repaso de la dimensión política de la actividad científica y pusieron en perspectiva dos hitos en el proceso de conformación de una institucionalidad científica en Uruguay, la creación del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) en 1961 y el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) en 1986.
Jung señaló que la mayor parte del conocimiento original se concentró en la Udelar sobre todo a partir de mediados del siglo XX y allí emergió una generación de docentes e investigadores que profesionalizaron la práctica científica y la convirtieron en el centro de la actividad universitaria. Agregó que durante el siglo XX no hubo políticas estatales en ciencia y tecnología ni sectores interesados en la temática. Por tanto, cualquier iniciativa para fortalecer los organismos de ciencia y tecnología o desarrollar políticas dependía del Estado y por eso fue importante el vínculo de la Udelar con el poder político para la creación del Conicyt y el Pedeciba. Afirmó que «el Conicyt fue una experiencia poco feliz y el Pedeciba una experiencia exitosa».
Con respecto al Conicyt indicó que fue un órgano pensado para coordinar y fomentar las actividades científicas en el país, creado por el Partido Nacional en el gobierno. Se creó en diciembre de 1961 con dos artículos que se introdujeron en la Ley de Presupuesto y dependía del que actualmente es el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Estaba conformado por once miembros (siete del Poder Ejecutivo y cuatro de la Udelar). La investigadora entiende que «era un reclamo de la comunidad científica organizada y respondía a una época» y que además, «se daba en un contexto de progresivo deterioro entre el Ejecutivo y la Universidad por la creciente injerencia de los estudiantes movilizados». Destacó que «el propósito del Conicyt parecía ambicioso para avanzar en la profesionalización de la ciencia, sin embargo, terminó siendo un organismo errático y de escasas realizaciones, que hoy existe con algunos cambios».
Al respecto de las causas que ocasionaron que este proyecto no prosperara, señaló que no fue el producto entre los actores involucrados, sino una iniciativa que se impuso desde el Ejecutivo y no se acordó previamente con la comunidad científica que no estuvo involucrada en el proyecto, ni en su elaboración, ni en las posibles discusiones, que generó «fuerte resistencia en las autoridades universitarias». Además, desde la Universidad se entendía que el Poder Ejecutivo estaba comprometiendo competencias que eran de la Universidad en el desarrollo y la promoción del país, y también se sobre representaba el Ejecutivo en este organismo que tenía siete representantes.
Igualmente, en 1962 se instala el Conicyt que empieza a funcionar sin la Udelar. Explicó que varios representantes del Ejecutivo pertenecían a la Udelar, pero no pertenecían a la comunidad científica, la excepción de este grupo fue Clemente Estable. Jung apuntó que el organismo no pudo llevar adelante las tareas que la ley le había encomendado como subsidios, becas, carreras de investigador, financiar la creación de laboratorios, entre otros, a pesar de que se buscaron recursos alternativos a través de organismos internacionales y recursos extrapresupuestales. En 1966 se produce la ruptura y la renuncia de todos los integrantes del Conicyt, que queda acéfalo y sin funcionar por un tiempo. En este sentido, «fue un organismo que terminó siendo fallido, incluso para quienes vieron al Conicyt como una oportunidad», consideró y agregó que «hoy es una institución que logró perdurar y cambió sus objetivos».
Mientras que D’Avenia se refirió al Pedeciba y afirmó que desarrolló sus acciones potenciando las instituciones ya existentes, pero aclaró que si bien la Udelar es fundamental, no se crea para ella. Se concreta mediante un convenio que firman autoridades del MEC y de la Udelar en octubre de 1986, después de instalado el primer gobierno democrático tras la dictadura cívico-militar. «Este convenio fue negociado entre las instituciones y forma parte de un clima más optimista», sostuvo. Para la gestión, había representantes del Ejecutivo, de la Udelar, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y de los propios científicos. Además, en su construcción se incorporó a los investigadores que tuvieron que emigrar antes o durante el golpe militar y fue importante su incorporación porque se generó un «proceso de identificación muy fuerte» de los investigadores que lo vivieron como propio. También organismos internacionales como el PNUD y UNESCO fueron protagonistas importantes en esa creación.
Por último, D’Avenia remarcó que para considerar la institucionalidad científica es muy importante pensar juntos estos dos procesos citados de política científica y en qué medida estos hitos forman parte de un nuevo proceso. Asimismo, sostuvo que las coyunturas políticas son relevantes en este tipo de procesos: en la década del 60 la creación del Conicyt estuvo marcado por una tensión entre el gobierno y la Udelar, a diferencia de la creación del Pedeciba, en 1986 a pocos meses de la salida de la dictadura cívico-militar, que la Udelar tuvo una importante participación. También entiende que es importante reforzar la idea que en Uruguay las discusiones de política científica tienen dos grandes actores protagonistas que son el poder político, representado por el Ejecutivo, y la comunidad académica, representada, especialmente, por la Udelar.
Vea el video completo del seminario aquí.