Pérez explicó que el proyecto «Desigualdades y conflictos en relación a la situación de calle», que es financiado por el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la Udelar, está integrado por docentes de Sociología y de Trabajo social de FCS, docentes de FHCE, SCEAM y por el Colectivo NITEP.

Rossal señaló que hasta el 2019 de acuerdo a los censos anuales de personas en situación de calle, que se comenzaron a realizar desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el número se esta población había venido creciendo lenta y sistemáticamente. Apuntó que si hasta el 2019 este crecimiento estaba vinculado a un aumento de personas con problemas de violencia de género, estructural, violencias institucionales y a políticas de salud mental, ahora lo que se empieza a percibir son los efectos de una política económica. Hoy se ven, «familias en la calle, adolescentes muy chicos y niños haciendo malabares para obtener una moneda, los efectos más extremos de la pobreza», indicó Rossal.

«Convivir con la calle»

Eduardo Cabrera tiene 51 años y desde el año 2005 se encuentra en situación de calle, integra el colectivo NITEP desde que se creó hace tres años. Recuerda que entre el 2006 y 2007 tuvo que pasar por una etapa muy dura, «tuve que aprender a convivir con la calle, aprender lo malo, lo bueno, pasar hambre, pasar frío, pasar angustias, recién en el 2010, accedí por primera vez a un refugio, no tenía ni idea de lo que eran», expresó. A medida que fueron pasando los años «tuve la posibilidad de cambiar mi chip, mi cabecita y logré aceptar la ayuda de personas que intentaban ayudarme», añadió. Después de pasar años en el sistema de refugio nocturno, en la actualidad tiene la posibilidad de estar en un centro de 24 horas por primera vez, «esto lleva todo un proceso», manifestó. Planteó que cuando hablamos de la gente que vive en calle tenemos que tener muy presente que todas las personas que están en esta situación, «tienen diferentes historias, distintas mochilas, que pueden ser problemas familiares, adicción, y uno de los más complicados y para el que urge más la atención, las personas que sufren problemas de salud mental», indicó.

Señaló que «correr la cortina de tu casa y ver tras la ventana una persona en situación de calle y no saber porque esa persona está ahí, te tiene que movilizar la conciencia». Resaltó que en cambio muchas veces la actitud que se toma desde la sociedad frente a una persona en situación de calle que se encuentra en la puerta de la casa es «levantar el teléfono y decir, sacame esta persona de acá porque me está molestando, como si la persona que está en calle no fuera un ser humano igual que el que vive en una casa, una persona que tiene derechos que fueron quitados, violentados, o que son criminalizados por el Estado y la sociedad».

Cabrera indicó que desde NITEP perciben que los números que se manejan no reflejan la verdadera cantidad de personas que hay hoy en el contexto de calle, «hoy hay muchísima más población en calle de la que se supone que hay», sostuvo. Consideró que aunque el panorama de situación de calle en la actualidad sigue siendo el mismo que hace cinco o 10 años atrás, se ha agudizado en el contexto de pandemia porque se ve un aumento de personas que con la pérdida del trabajo, se encuentran por primera vez con la realidad de vivir en calle. Rossal señaló que es el caso de los migrantes, población que resolvía su necesidad habitacional antes de la pandemia de manera precaria, con pensiones, pero tenía una posibilidad de garantía de techo más o menos sistemática y la ha ido perdiendo.

«La persona en situación de calle hoy no es solo la que duerme detrás de cartones sino también un matrimonio con un niño a los que ves muy seguido en la calle», expresó Cabrera. Entiende que a veces la sociedad juzga a la persona por su comportamiento y su forma de vestir, y en base a eso cataloga si está o no en calle. «La gente te percibe por tus olores y tu apariencia, como que no sos parte de la sociedad, un objeto, una persona que perdió el eje y el rumbo de la vida, y no como un ser humano que necesita que lo ayuden», añadió. «Eso es muy doloroso para la persona que de pronto tuvo un trabajo y no lo pudo sostener por esto de la pandemia, y al no poder pagar un alquiler tuvo que dejar su casa, y terminar en la calle con su pareja y sus niños», señaló. Acotó que estas personas a veces tienen la posibilidad de acceder a un refugio pero a veces no, porque el MIDES no tiene los cupos necesarios como para albergar tanta cantidad de población en esta situación.

Pérez indicó que además, salvo situaciones muy restringidas de problemas grandes de salud, el sistema de refugios condiciona a las personas en calle a un ocio masivo y obligado desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, que las obliga a buscar lugares donde protegerse del frío la lluvia, el sol. Para ello antes de la pandemia las personas en esta situación habían encontrado estrategias que implicaban recorridos por distintos espacios y edificios públicos. Con la emergencia sanitaria estos accesos se han visto absolutamente coartados, lo que ha provocado que la situación sea dramática, entre otras cosas por la imposibilidad de usar los baños para hacer las necesidades e higienizarse. Cabrera entiende que la persona en calle hace lo mismo que cualquier persona para sobrevivir, «trata de buscar un lugar para dormir, un lugar para comer, se baña cuando se puede bañar», expresó.

Pérez apuntó que en la ciudad hay muy pocos lugares hospitalarios para las aproximadamente 2500 personas en situación de calle que hay hoy, la mayoría en la zona céntrica de Montevideo. Señaló que existen algunos dispositivos de la Intendencia de Montevideo (IM), con uno de ellos se generó un convenio en el marco del proyecto para las actividades del colectivo NITEP. Se trata de una casa que tiene un año de ejecución por parte de la IM, es financiada por esta y de uso compartido de NITEP y la organización «El Abrojo», entre otros colectivos. Acotó que esta propuesta de la Intendencia es insuficiente ya que responde parcialmente a las necesidades y problemas diurnos de la población en calle.

Resaltó que NITEP a pesar de esta realidad tan dura, logró cuestionar la visión de las personas en situación de calle sólo como carentes (sin techo, sin redes sociales, sin trabajo). Consideró a esto como una invitación muy interesante para la Universidad y para la sociedad en su conjunto a un cambio de mirada, «estamos muy acostumbrados a pensar en perfiles de población como las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en situación de calle, los consumidores de pasta base, entre otras, distintas etiquetas poblacionales», apuntó. Destacó que NITEP cuestiona esta perspectiva y sostiene que hay que poder pensar también la diversidad de trayectorias que habitan ese conjunto de personas que lo único que tienen en común es no tener acceso a la vivienda. En los demás aspectos las realidades son de una inmensa variedad, «la diversidad de experiencias, de daños por violencias institucionales, familiares, que hacen que la persona finalmente termine en calle, son infinitas», expresó Pérez. Acotó que existen estudiantes universitarios, de grado y de posgrado en situación de calle.

Nueva y vieja normativa

Pérez explicó que «si bien los procesos de criminalización de la pobreza no son nuevos, actualmente se da un espacio de posibilidad mucho más amplio para prácticas de hostigamiento y degradación a las personas en situación de calle, en el marco de las políticas represivas que ya existían pero se han intensificado». Señaló que la Ley N° 19.120 (Ley de faltas) que está vigente desde el año 2013, aunque se aplica desde entonces, con la Ley de Urgente Consideración (LUC), aumenta la cantidad de veces que las personas en situación de calle son avisadas que están cometiendo una falta por ocupación de espacios públicos. De esta manera se da la paradoja de que personas que están obligadas a estar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde en el espacio público, sean pasibles por eso de estar cometiendo una falta. Entiende que a esto se suma que el operativo policial no tiene ninguna garantía del punto de vista jurídico, «si el policía considera que estas cometiendo una falta la estas cometiendo, no hay donde apelar», apuntó.

Asimismo el 20 de mayo fue reglamentada por el gobierno la Ley 18.687, de internación compulsiva de personas en situación de calle con riesgo de vida, que establece que la medida será llevada adelante por el MIDES en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior. Con respecto a esta disposición, Pérez señaló que «hace muy poco tiempo que se está empezando a ejecutar, hay que ver si esta respuesta es realmente la adecuada, cómo se instrumenta y si efectivamente el Ministerio del Interior ocupa un lugar de última instancia como se plantea discursivamente», expresó. Acotó que asimismo es necesario ver la capacidad de escucha y la sensibilidad que tendrán los operadores que se acercan a esa persona en situación de calle que se niega a trasladarse a un refugio. Añadió que esta negativa se debe muchas veces a que no se quieren desprender de sus pertenencias, de sus mascotas, o porque estar en un refugio implica tener una abstinencia de 10 a 12 horas de consumo de sustancias, y cuando se está en plena adicción esto es muy difícil.

Cabrera apuntó por su parte que el colectivo tiene una posición contraria a la reglamentación de la internación compulsiva. Consideran que primero deberían saber en qué condiciones y adónde es trasladada esa persona y qué garantías se le dan de que se hará un abordaje con ella, un seguimiento, de acuerdo a su patología. Acotó que la pueden llevar de buena manera a un hospital, revisarla, diagnosticarla, darle algo caliente para tomar, y de ahí trasladarla a un refugio nocturno, pero al otro día a las 9 de la mañana cuando sale de allí, esa persona estará deambulando durante todo el día en la calle. Entiende que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de «descongestionar la cantidad de población que está en calle», porque para hacerlo es necesario pensar muy bien, cómo saber si esa persona va a volver al refugio, como sostener esa permanencia y como acompañar un seguimiento real de su atención médica o problemática. Entiende que es necesario darle herramientas básicas para que tenga la posibilidad de salir del sistema de refugios. «Estos son lugares de paso, los debemos tomar como un trampolín, para poder integrarse nuevamente a la sociedad, pero para eso tenes que tener herramientas, y esas herramientas el Estado no las está dando porque no existe la infraestructura suficiente como para albergar estas problemáticas», expresó Cabrera.

«Soluciones precarias para los mas precarios»

Rossal indicó que las políticas sociales aplicadas por el gobierno para atender la situación de calle son de tipo residualista, «tratan con las personas que están más castigadas, y no prestan demasiada atención a enfoques que piensen la salida de la pobreza», explicó. En esa línea, el gobierno se ha enfocado en atender casos puntuales de pobreza más extrema, de que no se mueran las personas en la calle, más que en instrumentar políticas de desarrollo social que enfrenten la situación en el contexto de crisis actual. En este sentido subrayó que en el 2020 más de 100.000 personas cayeron en situación de pobreza y en el 2021 se prevé el mismo crecimiento de este grave flagelo.

Añadió que algunas de las medidas que se instrumentaron por parte del MIDES en 2020 para atender la situación de calle muestran que «hay una radicalización de soluciones precarias para los mas precarios». Recordó que en el invierno de ese año se dispuso en el edificio de una fábrica en la calle Veracierto, cientos de camas para alojar a las personas en situación de calle, al terminar el invierno y eliminarse el refugio, una gran cantidad de personas quedaron viviendo en esa zona. Sostuvo que esto da una imagen muy clara de en qué consiste en la práctica la política residual: «tratar de que los residuos sociales no generen visibilidad ni daño al gobierno, que la imagen de este no salga tan mal parada por personas que se mueven o duermen en la calle», expresó. «Con una política social residualista lo que vamos a ver es un correr de atrás de parte de las autoridades para que esto se note poco, impacte menos en las primeras planas de las noticias, como las personas que mueren de frío en situación de calle», .

Cabrera entiende que desde el gobierno y la sociedad se hace hincapié en la situación de calle durante el invierno pero las personas que viven en esta situación, no la sufren solo en ese período sino los 365 días del año. Asimismo cuando se toman medidas se hace énfasis en las personas en situación de calle que están en Montevideo y en especial en el centro de la ciudad, «dónde más afecta a las autoridades que la problemática se vea, pero en la actualidad existen personas en calle en todos los barrios de Montevideo y en el interior del país», señaló.

Rossal entiende que una paradoja de las políticas residuales es que plantean por un lado que cualquier individuo mejorando su actitud y su apariencia física frente al mercado, puede obtener un lugar. Por otra parte y al mismo tiempo instrumentan soluciones a través de políticas sociales que apuntan meramente a mantener la vida y no a encontrar caminos de desarrollo ni individual ni colectivo. Pérez acotó que esta visión de responsabilidad individual se internaliza a tal punto que muchas veces las personas en situación de calle también viven como un fracaso personal su situación. «Pensar que la causa de quienes quedan en la orilla del sistema puede ser encontrada en la propia orilla, es como negar el funcionamiento de las olas y del mar», expresó.

La riqueza del trabajo colectivo

Pérez señaló que NITEP ha logrado colocar como tema visible en la sociedad, las desigualdades estructurales pero también las políticas sociales que toman a los sujetos beneficiarios como objetos, como poblaciones a ser trabajadas, en base a indicadores, a perfiles, a riesgos, pero con poca capacidad de escucha de las singularidades. El colectivo como sujeto político que nuclea la voz de algunas de las personas en situación de calle, coloca esta situación en debate. Algunas de sus consignas como «nada sobre nosotres sin nosotres» y «si somos parte del problema también tenemos que ser parte de la solución», así lo reflejan.

Cabrera señaló que como colectivo sienten que ni los políticos ni la sociedad hacen nada para solucionar la problemática de la gente en calle y que NITEP ha logrado conquistar en parte, la sensibilidad de la sociedad. Esta ha empezado a entender que «vivir en calle te lleva a poder morir en el intento, que es como una telaraña que te tiene inmerso y atrapado en ese circuito que no te deja salir». En este sentido NITEP realizó en el 2021 una campaña con la consigna «ni una muerte más en situación de calle», con contenidos audiovisuales que difundió a través del canal de youtube del colectivo. Destacó que entienden que la situación de calle no es una problemática de la que se tenga que encargar sólo el Estado sino también la sociedad y que por su parte al colectivo de personas en calle le corresponde acompañar los procesos. En este sentido resaltó que una persona puede ser técnico en la materia, haber estudiado y ganarse el título para poder trabajar con la situación en calle pero otra cosa muy distinta es la voz de los protagonistas de la historia, como los integrantes de NITEP que pasan o han pasado por la situación de calle.

Cabrera subrayó la necesidad de que haya referentes que acompañen la instrumentación de las políticas sociales y que están dispuestos como colectivo a trabajar en serio con las autoridades en este sentido. Señaló que están convencidos que hay soluciones para la problemática de calle, como son las políticas de viviendas comunitarias autogestionadas, una estrategia viable porque ya está siendo aplicada en países de Europa y de América Latina como Argentina. En este país la población de la organización «Proyecto 7», en Buenos Aires, ya está instrumentando lugares de medio camino, alojamientos de 24 horas, en los que las mismas personas que viven allí solucionan colectivamente los temas de la comida, buscar un trabajo, entre otros. «Creemos que a los refugios se les ha acabado el tiempo, no son una solución de vida, son un medio paso, a lo que debería ser, un alojamiento comunitario, una casa compartida, un lugar donde las personas puedan encontrar la forma de salir a la vida, creer que es posible seguir viviendo», expresó.

Rossal resaltó que antes de que existiera NITEP las demandas por esta situación eran individuales, y venían acompañadas en las personas que la sufrían, con la culpabilización, la incorporación en sí mismos del estigma social. En cambio cuando la situación de calle se empezó a pensar en colectivo, «pudieron entender y mostrar que no son una etiqueta, que son un colectivo de personas que tienen ideas propias de las cosas, que no quieren ser tuteladas, y que aspiran a lo mismo que cualquier ciudadano, tener una vida digna, un techo, un trabajo», sostuvo.

Pérez señaló que en este sentido NITEP plantea que las personas en situación de calle tienen derecho a una vida digna, no sólo a sobrevivir, como lo expresan en el manifiesto del colectivo: «pasaremos de sobrevivir a vivir». «Esto conmueve las bases de la desigualdad, cuando hay cierta apertura para la escucha cuando alguien te dice simplemente quiero vivir una vida humana, es incontestable», expresó Pérez. «NITEP ha logrado poner en la agenda el derecho a una vida humana», añadió.

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