La actividad se realizó el 2 de agosto con el título «Expresiones de la desigualdad: la emergencia social en pandemia» y fue transmitida a través del canal de Youtube de la FCS. Participaron Diego Hernández (Unidad Multidisciplinaria, FCS), Andrea Vigorito (Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración), Anabel Rieiro (Departamento de Sociología, FCS), Sandra Leopold (Departamento de Trabajo Social, FCS) y Natalia Genta (Departamento de Sociología, FCS). Gustavo Bittencourt (FCS) fue el moderador; luego de las exposiciones hubo un espacio para preguntas del público.

La apertura estuvo a cargo de la decana de la FCS, Carmen Midaglia, quien explicó que esta serie de encuentros fue impulsada desde el Consejo de la facultad con el objetivo de comprender y debatir sobre la crisis actual, intentando identificar sus consecuencias de corto y mediano plazo en el plano sanitario y social. Comentó que hoy se dispone de un conjunto de información comparada sobre las políticas públicas que han ejecutado los diversos países para aliviar esas consecuencias, y en Uruguay también se realizaron avances significativos de conocimientos en diversos planos, incluida el área social, tanto en la FCS como en otros espacios de investigación. 

Agregó que la Universidad ha presentado ante el gobierno una propuesta para la creación de un instituto central interdisciplinario centrado en el estudio de  las consecuencias sociales, económicas y psicológicas de la crisis actual y la perspectiva pos pandemia, con el objetivo de aportar a ese debate y a identificar estrategias públicas que hagan posible un proceso de reconstrucción del bienestar social.

Lo pequeño y lo excepcional

Hernández realizó una exposición titulada «Uruguay, un país pequeño en la pandemia. Enclave sanitario y enclave liberal». Esta se basó en una serie de trabajos que realizó en 2020 y 2021 conjuntamente con Camilo López, integrante del Instituto de Ciencia Política de la FCS, en los que se cuestionaron sobre cómo incidió la condición de país pequeño de Uruguay en la evolución de la pandemia. Hernández explicó que una bibliografía bastante extensa coincide en señalar algunas ventajas que tienen estos países a nivel sanitario. En estos trabajos se relaciona el tamaño pequeño con una mayor cohesión social, con una gestión flexible frente a la crisis y con un seguimiento más fácil de las cadenas de infección, esto «es lo que pudimos ver en Uruguay en gran parte de 2020», indicó. Esta idea se relaciona con tradiciones de pensamiento del Uruguay como país pequeño, observó. Por ejemplo, un trabajo de Carlos Real de Azúa de la década de 1970 señala que por su tamaño, Uruguay pudo tener una respuesta más flexible que otros países latinoamericanos a la crisis económica de 1973. También existen estudios que señalan las ventajas del tamaño del país para el avance de las campañas de vacunación.

La evolución de la pandemia en Uruguay, que estuvo relativamente controlada durante varios meses, se puede observar de forma similar en otros países pequeños de distintos continentes, explicó. Desde el punto de vista geopolítico, en 2020 Uruguay se erige «como una suerte de enclave sanitario» en nuestra región, indicó Hernández, y esta excepcionalidad también fue señalada en el discurso político del gobierno nacional. Según el investigador en 2021 el gobierno toma fundamentos de esa idea para promover el distanciamiento de la región, lo que se evidencia en la negociación directa con China para adquirir vacunas y en acciones que marcan un distanciamiento del Mercosur. Estos «son signos de enclave liberal» que implican dar por cerrado un período de Uruguay regionalista que se inició en la década de 1980. 

Para Hernández estos signos se ven claramente en el discurso sobre la «libertad responsable» para el control de los contagios, que buscó diferenciarse por una parte de la política argentina, vista por nuestro gobierno como restrictiva de la libertad, y también de la posición del gobierno de Brasil que implicó un abordaje no responsable o negacionista de las posibles consecuencias de la pandemia. Por tanto esa idea de enclave sanitario se proyecta hacia una de enclave liberal, planteó Hernández. Esta idea hace uso de los imaginarios de excepcionalidad y singularidad que son de larga tradición en el pensamiento y la política uruguaya, para fundamentar este distanciamiento de la región y aplicar distintas reformas políticas que apuntan a insertarse en flujos globales de capital y al entendimiento directo con potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea, concluyó.

Los niños de 2002

Por su parte Vigorito realizó una presentación sobre la relación entre pobreza, desigualdad y crisis, con una mirada a crisis anteriores y con base en resultados del Estudio longitudinal del bienestar en Uruguay que realiza el Instituto de Economía desde 2004. Señaló que incluyendo las de 1982 y 2002 en nuestro país, llevamos 40 años que suman varias crisis en América Latina. Sabemos que en la región y en Uruguay estas «tienen efectos sustanciales de deterioro de las condiciones de vida que muchas veces socavan considerablemente los magros logros de los períodos de crecimiento», afirmó. También se conoce que estas crisis recaen desproporcionadamente sobre las poblaciones con mayores privaciones y además son asimétricas, «es decir, que en periodos muy cortos podemos tener fuertes deterioros del bienestar y en particular concentraciones del ingreso y aumentos de la pobreza cuya reversión llevan muchos más recursos y muchos más años lograr que el rápido período en el que se concentran estos deterioros. Por ejemplo, el aumento de la pobreza que se generó en la crisis de la deuda se revirtió recién 25 años después». Ante esto las políticas para enfrentar el deterioro, pensadas en el largo plazo, deben implementarse rápidamente, explicó.

Vigorito agregó que está claro que en Uruguay y América Latina las crisis dejan a la vista desigualdades que ya estaban presentes, pero además «esta pandemia muestra con mucha más crudeza la multidimensionalidad de las crisis», afectando no solo el aspecto económico sino todas las esferas de la vida. A diferencia de las anteriores esta crisis no es financiera, y a su llegada las condiciones de vida de los hogares no se encontraban en una caída en deterioro. Sin embargo, la pobreza aumentó 50% (pasó de 8 a 11% de la población).  A las crisis anteriores Uruguay respondió con políticas en periodos de auge, señaló, y al hacerlo cayó la desigualdad, aunque es posible un aumento de la desigualdad con crecimiento económico. Pobreza y desigualdad no son aspectos separados, puntualizó, la primera se reduce más rápido si hay una caída de la desigualdad.

Respecto al Estudio longitudinal del bienestar en Uruguay explicó que comenzó en 2004, cuando aún persistía el impacto de la crisis de 2002, siguiendo a una cohorte de niños que en ese momento estaban en 1.er año de Primaria. La última consulta a este grupo, cuyos integrantes ya tienen aproximadamente 25 años de edad, fue realizada en 2021. Uno de los hallazgos en este estudio es que el abandono en el primer ciclo de secundaria se asocia fuertemente a haber experimentado problemas nutricionales en 2004. Esto significa «que los efectos de las crisis siguen mucho después que terminó, y a veces se manifiestan en dimensiones que no fueron afectadas por la crisis», esto debería ser considerado para definir hasta dónde se responde con acciones y por cuánto tiempo después, destacó.

En el estudio también se comprobó que los hogares que salieron antes de la pobreza y la indigencia son aquellos que se encontraban más cerca de las líneas correspondientes. Vigorito agregó que «la pobreza de ingresos y de indigencia se superaron con mucha más velocidad que la pobreza multidimensional». En el conjunto de los hogares estudiados, los investigadores identificaron que al menos 30% superaron la condición de pobreza pero se mantienen como vulnerables y eso hace pensar que la población objetivo de las políticas de apoyo «debe ser bastante más que la fracción de hogares bajo la línea de pobreza».

En la consulta realizada este año se encontró que los más afectados por la actual crisis son aquellos que se encontraban en condiciones de mayor pobreza, los mismos que al momento de otra consulta en 2011 y 2012 estaban en condiciones de pobreza, y que también coinciden con quienes habían asistido al comedor escolar en 2004. A la vez, se encontró que muchos ya tienen hijos que van a estar viviendo esta crisis más o menos a la misma edad que sus padres vivieron la anterior. Por tanto en esta cohorte se hallaron ciertos indicios de un persistencia intergeneracional y una idea de que quienes están siendo afectados por la actual crisis estuvieron afectados en crisis anteriores, señaló Vigorito. El estudio continúa y antes de fin de año incluirá un relevamiento más abarcativo que el realizado en el primer semestre, explicó.

Modelos de producción y consumo

La exposición titulada «Crisis alimentaria y entramados de solidaridad» estuvo a cargo de Rieiro, quien propuso algunas claves de problematización para pensar las ciencias sociales en este contexto. En primer lugar señaló que si bien cuando las crisis llegan nos toman un poco por sorpresa, estas son endémicas a la propia naturaleza del capital. Reflexionó que hoy se presenta la oportunidad de aportar desde el área social objetivando más algunas de las causas de la actual crisis, de modo que ciertas cuestiones naturalizadas sean problematizables, cuestionables y que puedan dar lugar a una deslegitimación sistémica. Observó que ante una perspectiva pos pandemia muchos intelectuales y movimientos sociales plantearon «no volver a la normalidad porque la normalidad era el problema». Se ha señalado que «si seguimos produciendo de la misma manera y haciendo las mismas cosas seremos más vulnerables», por tanto desde las ciencias sociales deberían hacerse aportes a esta perspectiva, indicó. 

Respecto a la desigualdad, Rieiro mencionó el informe de la organización Oxfam internacional que indica que a nivel mundial esta pandemia ha aumentado en 100 millones el número de personas en la pobreza extrema, llegando en total a 745 millones, mientras las diez personas más ricas del mundo incrementaron su riqueza en 400.000 millones de dólares. «En realidad el contexto de desigualdad es histórico y en cada crisis se agudiza», puntualizó. En nuestro país, donde esta crisis ha hecho caer en la pobreza a 100.000 personas, algunos estudios plantean que la duración de la pandemia a lo largo de tantos meses «ha ido agotando el stock de resiliencia de los hogares». Rieiro agregó que desde la ciencias sociales, antes de contar con datos estadísticos, «sabemos que la crisis va a recaer más sobre los más pobres, sobre las mujeres, sobre los afrodescendientes».

Esta crisis trae la noción de que «ya no es posible pensar a la sociedad como independiente de la naturaleza», sino pensar en entramados humanos como resultado de relaciones sociales y también de relaciones con la naturaleza, indicó. Para la investigadora esto marcará un antes y después en las ciencias sociales; a la vez se puede esperar que debido a los desequilibrios ecológicos nos veamos frente a este tipo de crisis cada vez más seguido, señaló

En el plano alimentario, Rieiro hizo referencia al mismo informe de Oxfam, donde se señala que en esta crisis el hambre podría matar más personas en el mundo que el propio virus. En Uruguay según la FAO «un cuarto de nuestra población sufre algún tipo de inseguridad en su alimentación», 6,2 % sufre de inseguridad alimentaria grave y 23,2 de inseguridad alimentaria ponderada. Respecto a las ollas populares informó que en nuestro país funcionan al menos 700 con una impronta muy fuertemente vecinal, y que estas «no se producen si no hay una necesidad que se ve en el otro, en el vecino, el barrio». 

Tanto en la superación del hambre como de otras problemáticas, obviamente hay un gran retroceso en cuanto a los objetivos de las Naciones Unidas para 2030, agregó Rieiro, Indicó que en discusiones a nivel de ONU se empieza a plantear el problema del alimento en términos de dos sistemas en disputa, al menos: por una parte el sistema dominante de producción y comercialización en que el alimento es un mercancía sujeta a la lógica del capital con una tendencia a oligopolios cada vez más concentrados, y por otro lado un paradigma del alimento como sustento, más emparentado con la producción agroecológica. Señaló que en Uruguay, a partir del estudio realizado por su equipo sobre las ollas populares, se observa que comprender el hambre implica tener «una mirada integral de cómo se produce, para quién, cómo se distribuye, cómo se consume el alimento», basta ver que si bien las cadenas alimentarias muestran una recuperación de la crisis, esto no garantiza que haya menos hambre en el territorio. 

Rieiro agregó que algunas organizaciones sociales llevan adelante iniciativas para promover modos de producción alternativos de alimentos, apostando a la conservación de semillas y a la agroecología, así como alternativas al supermercadismo. Opinó que las ciencias sociales deben atender a estas lógicas que están en disputa respecto al sistema de producción hegemónico, para pensar así sobre alternativas de desarrollo. Para concluir propuso introducir preguntas y temas relativos a estas disputas en las actividades de enseñanza, investigación y extensión de la Udelar. 

Viejas deudas

Leopold expuso sobre el tema «Deudas pendientes. Notas sobre infancia y adolescencia en el Uruguay de hoy». Señaló que al vincular la crisis social con la infancia y la adolescencia en nuestro país surgen evidencias de largo registro histórico. En Uruguay, «a menor edad más probabilidades de ser pobre se tienen», afirmó, y eso no lo inaugura la pandemia. Recordó que en los trabajos al respecto de Juan Pablo Terra y Mabel Hopenhaym publicados en 1986 ya se presentaba una advertencia dramática: la sociedad uruguaya se reproducía en los sectores más pobres y esa problemática debía ser atendida de manera urgente. De ahí proviene la referencia a «deudas pendientes» en su exposición, explicó Leopold, estamos ante un largo ciclo de crisis en los últimos 40 años que «fue instalando esta cuestión sobre la pobreza concentrada en la población de menor edad». Durante la presente crisis, de las 100.000 personas que cayeron bajo la línea de pobreza en Uruguay, 25% son niños y niñas, agregó, y como ya fue señalado, no hay ningún aspecto de la vida que no haya sido afectado por esta pandemia. 

Entre los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, se debe observar lo ocurrido con el sistema educativo. Esto muestra claramente que la emergencia sanitaria agudizó la situación desigual del derecho a la educación en el país, tanto en la enseñanza primaria como en la enseñanza media. La conectividad, el tiempo dedicado al vínculo educativo y la procedencia socioeconómica se relacionan directamente con un acceso desigual a los dispositivos que se pusieron en marcha para la educación durante la pandemia, señaló Leopold. 

Los datos también evidencian un aumento de situaciones de violencia atendidas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), se constata «la acentuación de una violencia fundamentalmente de tipo crónica, dirigida más a las niñas que a los niños y sobre todo concentrada en los niños de 0 a 3 años», explicó Leopold. Además, durante la pandemia se siguieron agudizando dos aspectos: uno es la persistencia del ingreso a la protección especial de niños y niñas por carencia de vivienda o ingresos, algo que en principio no está habilitado por la legislación vigente pero de hecho se produce. Por otro lado, se observaron dificultades notorias en el egreso de la protección pública para quienes cumplen 18 años y deben afrontar una suerte de autonomía material afectiva en la vida social, muy difícil de concretar. El sistema de protección social es «históricamente invisibilizado en la política pública y el debate público», puntualizó.

A estas situaciones se deben sumar los efectos psicosociales del aislamiento sobre los que hay algunos estudios, indicó Leopold. Un relevamiento entre niños de 10 a 12 años propiciado por el Comité de Derechos del Niño de Uruguay el año pasado, mostró niveles llamativos de preocupación de los niños en el proceso de la pandemia, tanto sobre la salud de sus familiares como por la imposibilidad de ver a sus amigos y salir de sus casas, así como también por que las personas de su familia perdieran el trabajo, faltara la comida u otras cosas en sus hogares, explicó. 

Leopold también llamó la atención acerca del incremento punitivista sobre los adolescentes, que no es un efecto de la pandemia, pero afirmó que con ella se consolida un proceso de orden regresivo que viene manifestándose por lo menos desde 2011 y con la LUC se asienta en medidas concretas que van en contra de la tendencia internacional en cuanto al sistema penal juvenil. En suma, se observa un contexto crítico en cuanto a infancia y adolescencia en el país, que debe conducir a generar estrategias y acciones de parte del Estado, indicó. Las señales gubernamentales no son venturosas y «estamos en una instancia de discusión acerca de cómo va a configurar el  Uruguay el acceso al bienestar social y el papel del Estado, una vez más», concluyó.

País de vanguardia

Por su parte Genta se refirió al tema «Género y cuidados en el marco de la pandemia». Presentó algunas reflexiones sobre los impactos diferenciados de esta crisis y las medidas para mitigar sus efectos en en varones y en mujeres, a partir de investigaciones y del intercambio en el Grupo de Sociología de Género de la FCS. En primer lugar, con base en la última Encuesta continua de hogares de 2020 se constató que las mujeres asumieron los costos de las cargas de cuidados que tuvo la pandemia, ante el cierre de centros educativos y la ausencia de medidas que permitieran mitigar estas cargas. Las mujeres dedicaron más horas que los varones a suplir los cuidados que brindan estos centros, pero además «sabemos que fueron las que más se quedaron en sus casas teletrabajando, las que pudieron, porque hubo diferencias importantes según quintiles de ingreso», indicó. Solo 11% de la población pudo hacer teletrabajo y de esta la gran mayoría fueron mujeres, gran parte con hijos menores de 4 años, con todas las tensiones y dificultades que esto implica, apuntó. 

En cuanto al teletrabajo hubo diferencias importantes según quintiles  de ingreso, 1 ⁄ 3 de las mujeres del quintil 5 pidieron teletrabajar y solo lo hicieron un 2% de las del quintil 1. Los varones no teletrabajaron de la misma forma que las mujeres, explicó Genta, y esto tiene que ver con los tipos de trabajo que tienen. «Queda la pregunta de cómo se resolvieron los cuidados en los hogares que no hicieron teletrabajo, que son la mayoría del país y se ubican en los quintiles inferiores, sobre todo considerando que muchas de las personas que cuidan son personas mayores, abuelas y abuelos que estaban en riesgo mayor de contraer el virus», puntualizó. En definitiva,  ante el cierre de establecimientos educativos las mujeres asumieron los costos de las cargas de cuidado en sus empleos, ya sea teletrabajando, o las de quintiles inferiores probablemente perdiendo su empleo, teniendo que reducir ingresos y también ante las dificultades en la inserción laboral en trabajos informales, señaló. 

En segundo lugar las mujeres han asumido mayormente las cargas de cuidados en salud, específicamente en ocupaciones feminizadas como la enfermería, los servicios de acompañantes o los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Estuvieron en la línea de fuego «con mayor riesgo de contraer Covid y resolviendo el cuidado de sus menores en sus hogares». El tercer punto es que la pandemia y las medidas del Estado ante la crisis  afectaron más a los empleos en ramas de actividad feminizadas. De las mujeres que perdieron el empleo, 28% correspondió a las empleadas en los hogares y 29% a empleadas en el comercio. En ramas feminizadas como la educación, si bien no hubo tanta pérdida de empleo, hubo subsidios parciales y especiales que generaron una pérdida de ingreso por un buen tiempo, de manera que esos hogares vieron ajustadas las condiciones de vida. Genta resaltó que el grupo de las trabajadoras domésticas fue uno de los más afectados en sus condiciones laborales, tanto por despidos como por reducción horaria, porque uno de los ajustes de los hogares recayó ahí. En cambio en las ramas más masculinizadas, por ejemplo la construcción, la pandemia no tuvo el mismo impacto. 

La investigadora destacó que Uruguay es un país de vanguardia en la región por la creación del Sistema Nacional de Cuidados en 2015. Este tiene como uno de sus objetivos promover la corresponsabilidad de géneros y social en los cuidados, donde colaboren el Estado, el mercado, la comunidad y las familias, Sin embargo la pandemia, una crisis que afectó particularmente a los cuidados y particularmente a las mujeres que se dedican a los cuidados y a la ramas feminizadas del mercado laboral que están vinculadas con los cuidados, «este país vanguardia en políticas públicas de cuidados no reforzó económicamente ni generó acciones específicas que permitieran mitigar los efectos adversos de la pandemia» señaló, por el contrario «se han reforzado las soluciones individuales a un tema colectivo como son los cuidados». Para concluir indicó que resta conocer qué impacto tendrá la pandemia a mediano y largo plazo para la autonomía económica de las mujeres. Los organismos internacionales «anuncian que va a haber un retraso de décadas en esta materia a nivel regional. Hay que ver cómo será en Uruguay porque esto no solo depende de cómo se desarrolla la pandemia sino también de las medidas de política pública que se promuevan para que ese efecto no sea tan grave, pero en definitiva esta pandemia volverá más vulnerables y más pobres a las mujeres», afirmó.

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