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Cambios y consecuencias de la LUC en la economía
El Portal de la Udelar dialogó con la docente del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar), Gabriela Mordecki, acerca de los cambios que introduce la LUC en materia financiera y sus efectos en la población.
La investigadora señaló que todos los elementos económicos en la LUC son muy importantes y muchos de ellos han sido poco debatidos.
Reformas
Resaltó algunos aspectos del capítulo económico de la Ley, entre ellos la llamada libertad financiera. En el capítulo de la LUC que trata este tema se modifican varios artículos y se derogan otros de la vigente Ley 19.210, Ley de Inclusión Financiera (LIF). También se modifica la Ley Integral Contra el Lavado de Activos (Ley 19.574). Se elimina la obligatoriedad del pago de remuneraciones en formato electrónico y se habilita el pago de las mismas en efectivo. Por otra parte, también implica la pérdida de otros tipos de beneficios a los que se accede con medio de pago electrónico, como la rebaja en los puntos del IVA.
Además el proyecto elimina la obligatoriedad de la utilización de medios electrónicos en el pago a los proveedores del Estado, especificando que queda a opción del proveedor el medio de pago a utilizar, con los efectos de falta de trazabilidad de las transacciones que esto genera. También se eleva a 1.000.000 UI (un millón de unidades indexadas, equivalente hoy alrededor de 120.000 dólares) la posibilidad de pago en efectivo de transacciones de todo tipo.
Con respecto a este punto, Mordecki resaltó que lo que tiene que ver con el aumento de los topes de transacciones en efectivo y la flexibilización de la obligatoriedad de los escribanos y otros agentes de informar actividades sospechosas, es un elemento muy importante, porque deja a Uruguay en un lugar muy comprometido, en las llamadas listas negras o listas grises, de las cuales, afortunadamente, había salido en su momento. «Con esta reforma de la LUC, Uruguay se vuelve nuevamente un país amigable con el lavado de dinero, las rutas de los dineros de actividades ilícitas, lo cual es muy grave, tal vez a la gente común no es algo que te afecte el bolsillo como el tema de los alquileres o los combustibles, que está como mucho más en discusión, pero creo que este tema es muy importante», afirmó.
Otro punto de la LUC es la creación de una nueva regla fiscal, la Ley propone como regla una meta indicativa de Resultado Fiscal Estructural (RFE), sumado a un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía. Establece que el RFE será aquel que surge de la corrección del balance efectivo respecto de aquellas partidas que correspondan exclusivamente a la fase expansiva o recesiva del ciclo económico. Sin embargo, no se establece su forma de cálculo, sino que simplemente señala que ésta será establecida por el MEF. Tampoco es obligatorio su cumplimiento ni existen, por lo tanto, restricciones al no cumplimiento de la misma. Asimismo, se genera un fondo hacia donde se volcarían los recursos excedentes, pero sin crearlo preceptivamente, ni establecer cómo se administraría de crearse, todo queda sometido a la voluntad del Poder ejecutivo. En cuanto a esto, Mordecki explicó que es una cuestión engorrosa, difícil de transmitir, por tanto ha sido poco tratado. Añadió que se coloca como un cambio que dará mayor eficiencia, pero, por el contrario, opina que le da poca transparencia a la fiscalidad. Sostuvo que además «es autoimpuesta, no tiene posibilidades de ser controlada y justifica las bajas de gastos en otras cuestiones, el ahorro por el ahorro mismo, y ahí perdemos todos».
La LUC también señala que el PE aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles previo informe de la URSEA, que por esta misma ley cambia su diseño institucional, fines y cometidos, le otorga mayor poder. Se propone una orientación para la fijación de precios meramente mercantil. Asimismo se omite aclarar los fines y cometidos sociales del organismo. Los criterios que se manejan por parte de la URSEA desconocen factores relevantes; habilita la discrecionalidad, supedita lo técnico sobre lo social, lo que afecta el método de cálculo y comparaciones con otros países (precios de paridad de importación, PPI). Además, la fijación de los precios de los combustibles sigue siendo preceptivo del PE, que podrá o no tener en cuenta lo que la URSEA calcula como PPI.
Consecuencias
Mordecki habló de las consecuencias de los cambios que introdujo la LUC, cree que éstas ya se ven en algunos temas. «Más allá de que la Ley se empezó a aplicar a mitad del año pasado, en lo que tiene que ver con los combustibles, hemos tenido una suba muy, muy importante de los precios y además le hemos agregado inestabilidad a la economía porque todos los meses estamos pensando en lo que va a pasar, en lo que va a hacer el gobierno, si los va a subir o no», expresó. A esto se suma que la regla que introduce la LUC en ocasiones es cumplida por el gobierno y en otras no, depende también de factores de ellos mismos. Resaltó que el argumento de que la nueva regla era más transparente quedó desmentido por la realidad, «se ha dado todo lo contrario, es mucho más opaca que la regla anterior y las consecuencias que acarrea son importantes», indicó.
En cuanto a las consecuencias vinculadas a la libertad financiera, destacó que días atrás se difundió un informe que revela que en 2020 bajaron en forma muy importante las denuncias de actividades irregulares, de agentes no bancarios y lo mismo sucedió en 2021. Estos informes los deben realizar especialmente los escribanos, pero también las inmobiliarias y otros agentes que están en la intermediación de los diferentes negocios que implican montos elevados de dinero lo que abre la posibilidad de que se desarrollen actividades ilícitas. Este es un evidente impacto muy negativo de la Ley.
Entiende que otra de las consecuencias negativas es la suba de los precios de los productos de la canasta básica que se da por el nuevo sistema de fijación del precio de los combustibles. Señaló que el argumento esgrimido por el gobierno para justificar este nuevo sistema es cuidar las finanzas de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP), sin embargo lo que se comparan son los precios de paridad de importación, que no necesariamente reflejan los costos de ANCAP, porque la empresa pública no compra combustible todos los meses. «En definitiva se actúa políticamente como cuando se dice que este mes a la UTE le fue bien entonces a ANCAP no lo vamos a ajustar».
Considera que la nueva forma de fijación de precio de los combustibles no solo tiene efectos directos que repercuten en los precios de los mismos, sino también indirectos, aumentando el precio del transporte de pasajeros y de todo bien o servicio que requiere traslado ya que el aumento de combustible se vuelca a los costos de estos insumos. Acotó que el boleto de Montevideo todavía no cambió porque hay una decisión de la Intendencia, pero hay que ver hasta dónde el organismo puede frenar este aumento. Señaló que el inminente aumento del boleto, va a afectar el costo que tienen los trabajadores para trasladarse, «eso es más inflación para todos, justamente en este momento que estamos viviendo una aceleración de otros precios, esto se transforma en una combinación mucho más perjudicial para la mayoría de la población», afirmó.
En cuanto a las repercusiones del aumento de los combustibles en las pequeñas empresas y productores, manifestó que todavía no tiene información de cómo esto ha afectado a las empresas. No obstante estas empresas más pequeñas frente al aumento de combustible no están en igualdad de condiciones con las grandes, el volumen que puede stockear una empresa grande y el poder de negociación que posee es mucho mayor. «¿Cuando va un proveedor pequeño a enfrentar a un supermercado, quién asume el costo de transporte?», reflexionó. Resaltó que una gran empresa cuenta con más poder para aumentar su margen, «como existe tanta inestabilidad de precios, el que tenga mayor poder va a intentar tirar el precio de los productos que le vende a la pequeña empresa, para arriba para generar un colchón por si suben los combustibles y si no suben, ya tiene esa ganancia». Por tanto, opina que el pequeño empresario o productor que no tiene ese poder y pertenece a un mercado donde hay muchos proveedores, va a tener que asumir pérdidas.
Sostuvo que el cálculo del combustible y del IVA en estas condiciones introducido por la LUC, está tomado de modelos de otros países. No obstante, Mordecki señaló que no hay muchos países que cuenten como Uruguay con una empresa nacional totalmente pública con el monopolio de la refinación y distribución de combustible.
Añadió que en el cálculo de los precios de los combustibles, tener en cuenta los precios de paridad de importación, es una metodología que se aplica, pero no necesariamente en función de eso se ajustan los precios. Acotó que existen mercados de otros países como Estados Unidos donde el precio del combustible es libre, en cada estación de servicio se paga el precio que fija la marca que se está vendiendo. En el caso de Brasil el país cuenta con una empresa nacional, Petrobras, pero esta tiene 49% de su capital accionario privado. Si bien la mayoría es del gobierno, la empresa se rige por normas del mercado y el precio de los combustibles, aunque lo fija Petrobras, lo hace en función de los costos y de estas variables, por tanto los combustibles aumentaron mucho más que en Uruguay. Mordecki concluyó que ANCAP era, hasta ahora, una empresa que no solamente aseguraba el combustible a un precio razonable y parejo todo el año, también permitía que los empresarios que planifican su actividad, que tienen que tomar al combustible como uno de sus costos, tuvieran una certeza de su valor por lo menos por un cierto período. «Ahora no hay certidumbre con respecto a esto, estamos sumergidos en la misma inestabilidad que todo el mundo», afirmó.