El Observatorio de Nutrición está conformado por 15 docentes de diferentes unidades académicas, una coordinadora general y un punto focal. No cuenta con presupuesto propio, por lo que las acciones que desarrollan se sostienen, en la mayoría de los casos, a través de la obtención de fondos concursables dentro y fuera de la Udelar. Girona explicó que los observatorios, en especial, generan evidencia a través de investigaciones, proyectos y recomendaciones de política pública que pueden ser de utilidad en los procesos de desarrollo, implementación y fiscalización de legislaciones y/o políticas públicas aplicadas a nivel local, nacional o regional. La Convocatoria Anual de Investigaciones sobre el Derecho a la Alimentación es un ejemplo de una de las acciones más reconocidas del ODA ALC y ha generado cerca de 120 investigaciones al servicio de los tomadores de decisiones y aliados estratégicos, como los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y el PARLATINO.

El 28 de febrero se lanzó la X Convocatoria de Investigaciones, con 20 lineamientos actualizados para que tengan directa vinculación con las tres Iniciativas Regionales propuestas por FAO: sistemas alimentarios sostenibles a fin de proporcionar dietas saludables para todos; agricultura sostenible y resiliente; y sociedades rurales prósperas e inclusivas. En el caso del ODA Nutrición, ha participado activamente en cada uno de los llamados y ha desarrollado líneas de investigación nacional vinculadas al Derecho a la Alimentación en mujeres privadas de libertad con hijos, en población con enfermedad celíaca y en usuarios del segundo nivel de atención pública, además del Etiquetado Frontal de Alimentos.

Por tanto, señaló Girona, gran parte de la agenda del ODA-EN se centra en generar evidencia en relación al derecho a la alimentación y la situación de seguridad alimentaria y nutricional de grupos vulnerados. Además, colabora con los diversos poderes del Estado, está a disposición de las tareas llevadas a cabo por el Frente Parlamentario y difunde el trabajo efectuado por la sociedad civil organizada. Girona destacó que el Observatorio se ha posicionado como un referente académico en materia de alimentación y nutrición, lo que facilita el poner en la agenda pública las temáticas abordadas.

Asimismo, indicó que «los reclamos de la sociedad civil que nos llegan tanto por los costos de la dieta saludable, alimentación escolar y obviamente lo que ha sido la importante tarea de las ONG que en estos tiempos han hecho del derecho a la alimentación uno de los componentes centrales de su trabajo». La pandemia dejó en evidencia una vez más que la labor entre la academia y la sociedad civil puede brindar soluciones a graves problemáticas de forma efectiva, y en especial a visibilizar los problemas a los que se enfrentan los y las uruguayas en materia de alimentación, afirmó. Así que desde el Observatorio se ha tratado de poner en la agenda pública el tema de la Inseguridad alimentaria y los grandes desafíos que el país presenta en malnutrición. «Desde el ODA estamos convencidos que es necesario generar nuevas formas de relacionamiento entre la academia, el Estado y la sociedad civil, que produzcan conocimiento y productos acordes a las necesidades de todos los actores. En este corto tiempo hemos colaborado con el Comisionado Parlamentario, MIDES, y ANEP en generar evidencia y propuestas. A modo de ejemplo hemos trabajado en generar información sobre los niveles de inseguridad alimentaria en la infancia en el Uruguay», agregó.

Respecto a los impactos de la pandemia de Covid-19 en el acceso al derecho a la alimentación, Girona explicó que se ha retrocedido en materia de acceso a una alimentación saludable: aumenta el hambre y la inseguridad alimentaria, y «paradojalmente» nuestra región es productora y abastecedora de alimentos para el mundo. Los organismos internacionales recalcan la incertidumbre en relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 vinculados a mitigar el hambre y mejora de la malnutrición en sus dos caras: el déficit que aún afecta a millones de niños menores de 5 años y el exceso presente en todo el ciclo de la vida con tendencias crecientes en toda la región. Cualquiera de las dos opciones está vinculada a la falta de acceso a una alimentación saludable, a los costos de una dieta saludable y entornos alimentarios no favorables para alcanzar salud y bienestar. «Si pensamos en términos de injusticia alimentaria quienes más están afectados son los más pobres, productores familiares, niños y mujeres; el Covid agudizó situaciones que ya estaban presentes, visibilizó situaciones y tendencias que ya no eran favorables, y sumergió aún más a América Latina. Previo a COVID ya sabíamos que entre 2014 y 2016 aproximadamente 794 millones de personas en todo el mundo estaban subalimentadas», señaló.

A los problemas vinculados al acceso a la alimentación, se suman las amenazas que plantea el cambio climático, la intensificación de los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad en la región y aumento de la competencia por recursos naturales. El incremento de la producción de alimentos en la región y, en consecuencia, el crecimiento económico se ha conseguido muchas veces a costa de un medio ambiente degradado. FAO advertía en 2017 que casi la mitad de los bosques que antaño cubrían el planeta habían desaparecido y las aguas subterráneas se agotaban con rapidez. Los países más pobres son quienes han perdido área de bosque y también la mayor ganancia neta anual de superficie agrícola.

Girona destacó el desafío de la triple carga de la malnutrición: desnutrición, carencia de micronutrientes (en especial hierro), y el sobrepeso y obesidad que afectan a la región. Uruguay no es ajeno a esta situación, basta mirar los últimos informes nacionales para saber que en la infancia estos problemas están presentes y la mejora no se produce a la velocidad que requieren los compromisos nacionales e internacionales asumidos. «Aún hay uruguayos que enfrentan el hambre, aún hay niños y niñas que presentan retraso del crecimiento y miles de uruguayos que presentan niveles altos de sobrepeso y obesidad, debido al consumo de alimentos altos en calorías y grasas, azúcar o sal añadido. Mientras tanto en este sistema en el que poco podemos decidir en materia de macropolíticas, un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdician o pierden. La sumatoria de todas estas partes del sistema alimentario hablan de nuestras deficiencias», sostuvo.

Asimismo, afirmó que indudablemente se requiere de cambios en los sistemas alimentarios: la forma de producir, los canales de distribución y los patrones de consumo deben cambiar, «ya no de cara a 2030, sino antes, mucho antes». Uruguay debe generar una hoja de ruta para los próximos años en materia de alimentación y nutrición, definir acciones interconectadas con mirada integral, y sobre todo definir quién liderará las políticas alimentarias. Mientras tanto Uruguay «tiene un debe importante en materia legislativa, carecemos hoy de una ley sobre derecho a la alimentación, la situación de seguridad alimentaria y nutricional, y soberanía alimentaria; es sobre ésta que deberían pensarse las acciones, los objetivos y las metas país».
Por último, indicó que nuestro país necesita un verdadero impulso a la participación ciudadana. «Muchos colectivos tienen un acervo no tenido en cuenta, hay que escucharlos, hay que generar espacios de gobernanza real, de inclusión, de reformas profundas institucionales. Si verdaderamente queremos mejor nutrición, mejor salud, mejor producción debemos generar capacidades en especial de quienes más lo necesitan», concluyó.