La docente Mariana Achugar, coordinadora de la Cátedra, afirmó que la Declaración Universal de los DDHH «simboliza el compromiso y el esfuerzo para construir un marco orientativo para la convivencia en paz y la salvaguarda de la dignidad humana. La promesa de la declaración de dignidad, igualdad y justicia para todas y todos busca generar un sistema de protección de los derechos en expansión». Sin embargo, indicó, se observan en este momento histórico desafíos y permanentes violaciones a los DDHH y a la naturaleza a nivel mundial. En la Historia, 74 años no son nada y estas convicciones, prácticas e instituciones que se han construido en torno a la defensa de estos derechos, necesitan ser reafirmadas, revisadas y legitimadas colectivamente. En este sentido, Achugar llamó a reflexionar para «construir horizontes de expectativa y esperanza en momentos de crisis socioeconómica, política y ambiental, que atacan la vida en el planeta».

La coordinadora comentó que desde la Cátedra planean realizar actividades durante el 2023 para contribuir a esta reflexión, formación y difusión de la importancia de los DDHH. Además, recordó que de esta manera cumple la función universitaria del Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Udelar, que implica contribuir al estudio de problemas de interés general, su comprensión pública, defender los principios de justicia, libertad y bienestar social y los derechos de las personas, y la forma democrática y republicana de gobierno.

Otra integrante de la Cátedra, la docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Fernanda Diab, realizó algunas reflexiones filosóficas sobre problemas y tensiones propios del sistema de los DDHH como «un camino de fortalecimiento y no como un obstáculo». Señaló que estos desafíos son aún mayores por la coyuntura en la que vivimos, marcada por un «embate conservador», mientras que «el modelo contestatario de este orden jerárquico añorado por las fuerzas conservadoras es muy joven y su marco normativo tiene 74 años, que en la historia de la humanidad no es nada». Sin embargo, recordó que «su valor no tiene que ver con la vigencia y este es uno de los aportes fundamentales que la filosofía de la práctica, la fundamentación teórica filosófica nos aporta: el valor se encuentra en la validez».

Diab agregó que otro de los desafíos que enfrenta la discusión filosófica sobre los DDHH tiene que ver con la tensión entre activismo y teoría: la urgencia que reclaman las violaciones de los DDHH actualmente confrontan con los tiempos de la «reflexión profunda, radical y movilizadora de la teoría». Es así que la teoría tiene que lidiar con el problema de la fundamentación, de la búsqueda de cuál es el valor último sobre el cual se sostienen los DDHH, si no existiera la posibilidad de legitimarlos judicialmente. Entiende que «ni un universalismo dogmático, ni un pragmatismo contingente pueden constituir una buena base para sostener la legitimidad de los DDHH, (…) sería mejor si caminara sobre una búsqueda del contenido universal, que en lugar de abstracto y negador de los particularismos fuese capaz de incorporar aspectos de lo concreto: algo así como lo que autores latinoamericanos han denominado un universal concreto, es decir, cuyo referente sea el sujeto de necesidades».

Por su parte, Martín Prats, docente de la Facultad de Información y Comunicación y de la Facultad de Derecho y miembro de la Cátedra, ofreció una perspectiva jurídica sobre el sentido de los DDHH. Sostuvo que los DDHH se traducen en normas jurídicas a partir de luchas sociales que terminan en conquistas sociales concretas, y son éstas últimas las que luego buscan la vigilancia del cumplimiento de esa norma. «La evolución de los valores es dinámica y el Derecho por lo tanto también debe serlo», afirmó y añadió que «tenemos que entender esas normas como normas vivas, que permanentemente nos están desafiando a buscar cómo pueden encontrar mejores formas de aplicación y ejecución».

Prats se detuvo específicamente en la obligación de los Estados de garantizar el cumplimiento de los DDHH. Explicó que los Estados tienen que implementar medidas normativas y administrativas, y desarrollar políticas públicas tendientes al cumplimiento de la normativa internacional en materia de DDHH. «Hay que ser muy vigilante sobre las normas que implementan los Estados, tener la precaución de que toda norma que intente regular un derecho humano o toda aquella que con el discurso o pretexto de aplicar un derecho no lo esté limitando u obstaculizando en su ejercicio», remarcó.  La normativa debe prevenir las violaciones de los DDHH, esto obliga al Estado a desarrollar acciones concretas para eso y para promover los derechos. Además, la garantía debe existir cuando hay una vulneración de los derechos y el Estado debe entonces investigar por qué existió dicha vulneración y quiénes fueron responsables, haciendo justicia y ofreciendo a las víctimas reparaciones concretas para que se sientan reconstituidas en su dignidad.

Los comentarios están cerrados.