«Es necesario pensar la nutrición como el derecho a la alimentación adecuada», destacó Girona al comenzar el diálogo.

Componentes del derecho a una alimentación adecuada

Señaló que este derecho tiene cuatro componentes, uno de ellos se vincula con la disponibilidad de alimentos, con qué y cómo se produce en Uruguay, «con la manera en la que nos relacionamos con la tierra y con el agua, la forma en que cuidamos y contaminamos la tierra, en definitiva con cómo producimos».

El segundo componente se refiere al acceso a los alimentos y apunta fundamentalmente a cuestiones relacionadas con el acceso físico, económico y social a esos alimentos. Los otros dos elementos de este derecho son la adecuación y la sostenibilidad y estabilidad de los alimentos.

Girona destacó que cuando están presentes estos cuatro componentes se puede comenzar a hablar de la seguridad alimentaria y nutricional de la población y entiende que para que esta se logre es necesario contar con una disponibilidad de alimentos de calidad (acceso físico a los alimentos), asegurar un consumo adecuado y tener en cuenta la utilización biológica de los alimentos. Este último punto se refiere a las condiciones de vida de las personas como el saneamiento, agua potable, tierra contaminada, vivienda, entre otras. Indicó que aunque exista una buena disponibilidad de alimentos de calidad, la persona tenga los recursos para acceder a ellos y mantenga un consumo adecuado, si no se analizan las condiciones de vida en las que se encuentra, no se podrá saber si puede aprovechar los nutrientes.

Entiende que para pensar la situación nutricional de niños y niñas en Uruguay, en la región y en el mundo, es necesario tener una visión de sistema alimentario que se vinculan con qué se produce, cómo se distribuyen esos alimentos, cuál es el consumo y cuáles son las condiciones de vida de las personas. «Si no tenemos esta mirada más integral de lo que le pasa a los niños, niñas y adolescentes, es difícil avanzar en materia de derecho a una alimentación adecuada», afirmó.

Un problema en crecimiento

Girona señaló que desde 2014 los informes internacionales alertan acerca del aumento del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe que tiene repercusión en la salud de niños y niñas fundamentalmente en sus primeros 1000 días de vida. Estos informes cuestionan acerca de si el hambre en la región se vincula a que el continente produzca menos alimentos y sostuvo que la respuesta es que no porque paralelamente al aumento del hambre, aumentan también las exportaciones de alimentos, en América Latina.

Añadió que desde el 2014 se informa también que antes de llegar «a esta situación terrible del hambre», las personas cambian la calidad y cantidad de alimentos que eligen. En este sentido entiende que la inseguridad alimentaria está vinculada con la desnutrición infantil pero también con la obesidad. «Las personas elegimos peor calidad de alimentos. Alimentos más baratos que enferman y existe un círculo vicioso formado por inseguridad alimentaria, desnutrición, obesidad infantil y pobreza», apuntó.

Indicó que las consecuencias de la malnutrición, ya sea por exceso (obesidad) o por déficit (desnutrición), de alimentos, son repercusiones generacionales. «No sólo tenemos en el presente a niños y niñas con afectación del desarrollo cognitivo y funcional, fracaso escolar, coeficiente intelectual disminuido, aumento de enfermedades no transmisibles y aislamiento social, entre otras afecciones, sino que se verán también consecuencias en el futuro», aseguró.

Pandemia y alimentación en Uruguay y América Latina

Girona resaltó que en materia alimentaria los más afectados durante una pandemia en general son los niños, niñas y mujeres jefas de hogar y particularmente de aquellos sectores sociales pobres, en los que la inseguridad alimentaria y el hambre están presentes. Señaló que la pandemia por COVID -19 agudizó esta problemática y visibilizó aún más que la guerra en Europa y el cambio climático son factores que contribuyen a aumentar el hambre en América Latina. Al mismo tiempo que se constata que la producción de alimentos continúa, la industria no tuvo pérdidas económicas durante la pandemia y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre otros países de la región continúan impulsando la exportación de alimentos y commodities, que genera millones de dólares, explicó.

En lo que se refiere a Uruguay entiende que «la pandemia nos mostró situaciones muy poco éticas vinculadas a nuestro sistema productivo y a sus consecuencias sobre el ambiente y la salud de todas y todos, que ya se venían produciendo en nuestra región», afirmó Girona.

Resaltó que, además, el país parte de una línea de base previa a la pandemia, que alarma por las repercusiones a futuro que tendrán las realidades que reflejan estos datos, en el ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el 27 % de los niños menores de 2 años en Uruguay tienen anemia, 11 % de los niños de esta franja etaria presentan desnutrición o retraso del crecimiento y 10 % tienen sobrepeso u obesidad, puntualizó. A su vez en niños en etapa escolar, el 40 % presenta sobrepeso u obesidad y en adolescentes un 11 % tiene obesidad y un 35% sobrepeso, agregó.

Asimismo, los datos aportados por el Reporte País vinculados a inseguridad alimentaria informan que en los hogares con niños menores de 6 años casi un 22% de la población presenta inseguridad alimentaria grave o moderada y 4% grave (hambre).

«No se tienen datos aún de cuáles han sido las repercusiones de la pandemia en el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes pero de todas formas previo al COVID-19 se sabía que ya estábamos muy mal así que es probable que durante este período la situación alimentaria se haya agravado o mantenido», señaló.

Desafíos

En cuanto a los desafíos que se presentan en materia alimentaria en nuestro país, Girona resaltó que el primero de ellos es reducir las desigualdades estructurales: «mientras no se disminuya la pobreza es muy difícil avanzar en materia de derecho a la alimentación y por tanto muy difícil mejorar el estado nutricional».

Otros retos que señala Girona son mejorar las situaciones de empleo, redefinir el rol del Estado en relación a las políticas públicas alimentarias que incluyan la visión de sistema y disminuir el costo de los alimentos saludables en Uruguay. «Es altísimo el costo de alimentarse adecuadamente en Uruguay», sostuvo. En este sentido recordó que una alimentación adecuada en Uruguay a setiembre de 2022 tenía un costo de 9026 pesos mensuales por persona, en el que no estaba incluido el gasto de la energía que se utilizara para cocinar (gas, electricidad, etc). «Basta con ver el costo de una alimentación adecuada para pensar que hay que subsidiar, hay que mejorar el acceso a alimentos saludables en sectores vulnerables», afirmó Girona.

El Estado como actor fundamental

Destacó que desde dos espacios de la Udelar, el Observatorio del Derecho a la Alimentación, que Girona coordina y el Núcleo de Alimentación y Bienestar, que la docente co-coordina junto al docente Gastón Ares, han planteado en varias oportunidades en el Parlamento y en espacios vinculados al Poder Ejecutivo, que existen mecanismos de emergencia que es necesario aplicar en situaciones como la pandemia para disminuir las desigualdades estructurales.

Girona indicó que los expertos integrantes de estos espacios de la Udelar entienden que «los caminos para atender esta problemática se vinculan con la definición de quién va a liderar el tema de la alimentación ya que el agravamiento de las situaciones vinculadas al derecho a la alimentación adecuada va a estar presente de aquí en más, además van a seguir apareciendo situaciones relacionadas con el cambio climático, que afectan el acceso a los alimentos».

Sostuvo que para el grupo de expertos de la Udelar las cuestiones importantes a atender en este tema son la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la creación en el país de un sistema de monitoreo y evaluación de la situación de la seguridad alimentaria que alerte frente a estas situaciones. Entienden que además es necesario aprobar en el país una ley marco acerca del derecho a la alimentación, la promoción de entornos alimentarios saludables «donde vivimos, circulamos, nacemos y crecemos».

Resaltó también la necesidad de contar con un programa robusto de lucha contra la malnutrición, focalizado en la infancia y la adolescencia, así como numerosas medidas compensatorias que surgen cuando aparecen los problemas. Algunas de estas medidas son las transferencias monetarias, las canastas de alimentos, los restaurantes populares, la alimentación escolar, la creación de programas de alimentación adolescente, la promoción de circuitos cortos de comercialización de alimentos en los que el intermediario no esté presente, formas de producción agroecológica y la mejora de los programas de educación alimentaria y nutricional. «Las responsabilidades en materia de alimentación no son solo individuales, son colectivas y de un Estado que debe ser garante», concluyó Girona.

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