La investigación se lleva adelante en conjunto por el Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad de Psicología, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), integrante del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). Asimismo cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El equipo de investigadores que llevó adelante este estudio es interdisciplinario, está integrado por docentes de las facultades de Psicología y de Derecho, por trabajadores sociales y por estudiantes de posgrado. 

Estudio de casos y algunos resultados

Dibarboure, integrante del equipo desarrolló este trabajo, señaló que el proyecto se inició con un convenio entre las instituciones y servicios participantes en el que se acordaron tres líneas de acción. Una de ellas fue el «Estudio de casos de femicidio íntimo en mujeres que tenían hijas e hijos menores de 18 años a su cargo, ocurridos en el período 2018-2020, con causal jurídica cerrada, con sentencia». La idea en esta línea era reconstruir la trayectoria jurídico asistencial institucional. Aclaró que aunque no pudieron entrevistar a los niños por un tema ético, si pudieron tener entrevistas  con los familiares de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA). Entre los problemas que afectan a los NNA en estas situaciones, identificaron como uno de los más importantes las dificultades de las familias para acceder a los recursos de asistencia y de apoyo tanto legal y social como clínica. 

En cuanto a los resultados del Estudio realizado en esta primera etapa, vinculados al impacto en niños niñas y adolescentes y las familias que pasan por un femicidio, Dibarboure resaltó que cada caso es diferente y hay distintas formas de procesar el duelo. «Por ejemplo existen familiares que logran procesar adecuadamente la pérdida, otros están muy enojados con la fallecida porque le habían advertido varias veces de la situación de violencia y ella no tomó los recaudos de protección», acotó. Existen datos de estudios anteriores que llaman la atención, uno de ellos es que 72 % de los casos de femicidio estudiados provenían del interior del país y 28% de Montevideo. Explicó que en el interior del país se observan asimismo mayores dificultades que en Montevideo en el acceso a los recursos de atención, en especial cuando estas situaciones se dan en localidades muy pequeñas y alejadas de las capitales departamentales. Asimismo detectaron una mayor estigmatización de los niños y las familias que pasan por estas situaciones debido a que en su mayoría provienen de poblaciones de pocos habitantes y  «todo el mundo se conoce, el vínculo de las comunidades es mucho más íntimo y los niños quedan marcados como hijos de la violencia, de una madre asesinada en muchos casos por el padre o por una ex pareja». Dibarboure definió esta situación que viven los niños del interior como «de violencia, de intrusión, de no respeto». Otro dato de estudios anteriores que impacta, más allá de que no está en el marco del tema a abordar en este trabajo es que en el 75% de los casos de feminicidio que estudiaron no existían denuncias previas de violencia doméstica. 

Recomendaciones

Esta etapa finalizó y como resultado del trabajo realizado en el marco de la misma se elaboró un material impreso, el librillo «Impacto del femicidio en la vida de niñas, niños y adolescentes. Recomendaciones para un primer abordaje». 

Entre las recomendaciones que realiza el equipo de investigadores señala la necesidad de instrumentar o fortalecer el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes que pasan por estas situaciones y las familias que los tienen a su cargo. Acotó que aunque existe un seguimiento de los casos por parte de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación durante todo el proceso judicial éste sólo se realiza en las situaciones en las que el homicida no se suicidó y está siendo juzgado y en la mayoría de los casos el asesino se suicida. Cuando la Unidad realiza este seguimiento, finalizado el proceso judicial deriva el caso al INAU para que continúe la supervisión de las familias. No obstante perciben que este mecanismo ha fallado,  «es uno de los puntos flojos de las políticas, no está funcionando adecuadamente», afirmó. 

Dibarboure añadió que en la actualidad se encuentra vigente la Ley Nº 18.850 que le otorga una pensión a los niños y niñas huérfanos por femicidio y establece la asistencia psicológica de esos niños a través del Banco de Previsión Social (BPS). El problema es que el BPS funciona bien en Montevideo, aunque no han atendido todos los casos de la capital, sí muchos de ellos, pero en el interior del país la cobertura del BPS es mucho más difícil. Además existen problemas también para asignar la pensión que establece esta Ley, porque para que se apruebe tiene que haber una sentencia firme del delito y el proceso penal lleva tiempo, puede extenderse a un año y durante ese tiempo los niños no acceden a esta prestación. Destacó que precisamente el primer período luego de ocurrido el femicidio es cuando las familias pasan por más dificultades económicas ya que se están acomodando a un presupuesto mayor por la llegada inesperada de los nuevos integrantes. En este sentido señaló que las familias en este período se ven en el proceso impuesto por las circunstancias de alojar a los niños proporcionándoles un lugar físico y el afecto y cuidados que requieren. 

Otra de las recomendaciones que se encuentran en la publicación es que los niños no permanezcan en la escena del crimen luego de sucedido el hecho sino que sean llevados a otro lugar y queden al cuidado de una persona de proximidad afectiva para ellos. Como estos hechos se dan en el ámbito doméstico, muchas veces los niños, niñas o adolescentes están presentes en el momento que ocurren. Asimismo recomiendan que en el lugar donde estén se evite encender el televisor o la radio o se compartan noticias referidas al hecho por las redes sociales para proteger a los menores del acceso a estas noticias y por ende de la revictimización. 

Atención e investigación clínica 

La segunda línea de trabajo acordada fue la asistencia psicológica directa en el Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad, a los damnificados por femicidio íntimo. Esta etapa comenzará en el segundo semestre del año 2023 y en ella se atenderán los casos de hijos e hijas menores de 18 años de mujeres víctimas de feminicidios que sucedan en la actualidad. Explicó que el primer contacto de estas personas es con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, servicio que concurre al lugar y realiza los primeros auxilios psicológicos de los familiares cuando ocurre un femicidio. Posteriormente esta dependencia hace la derivación al SIPIAV de los casos en los que la mujer tuviera niñas, niños o adolescentes menores de 18 años a su cargo, el que lo traslada a la Facultad de Psicología para la asistencia.

La idea es que la Facultad trabaje en una forma de abordaje específica de estas situaciones de orfandad por femicidio íntimo. Acotó que esta línea tiene un doble fin, por un lado el de tratamiento psicológico de los menores y por otro el de investigación de la propia modalidad de intervención clínica. En este sentido aclaró que en esta intervención es importante no solo trabajar con los niños sino también con los familiares que quedan a cargo de ellos. La tenencia definitiva de estos niños en general queda en manos de los tíos o abuelos.  

La atención se plantea en forma directa presencial en el Centro  de Investigación Clínica en Psicología, para el Departamento de Montevideo, y en los casos en los que las personas se puedan trasladar a la Facultad, de Canelones y eventualmente San José. En lo que respecta al interior del país el Centro supervisará a los equipos asistenciales que tomen a su cargo a estas familias y ofrecerá al Ministerio de Salud Pública, brindar a estos equipos el apoyo técnico y la capacitación para la atención. 

Cierre del Proyecto

La tercera línea de acción que acordaron con las instituciones es con la que se cerraría este proyecto e implica el diseño de un modelo de atención y la creación de una red de asistencia especializada que abarque todo el territorio nacional. Asimismo en la actualidad los investigadores están realizando el mapa de ruta de intervención con el objetivo de tener claro qué institución debe intervenir y en qué momento, para contar con esta información como insumo antes del inicio de la segunda y tercera línea de trabajo. Este mapa de ruta implica que en especial los prestadores de salud del interior del país deban hacerse cargo de la atención psicológica de estos niños con sistemas de prioridad en los que se eliminen los plazos de espera.

Documento: «Impacto del femicidio en la salud mental y la trayectoria de vida de niños, niñas y adolescentes. Recomendaciones para un primer abordaje»

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