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Medio Ambiente: equilibrios en la naturaleza y en la sociedad
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En esta oportunidad el lema elegido por la Organización de Naciones Unidas es «Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la #GeneraciónRestauración». Hoy más que nunca los investigadores e investigadoras señalan la gravedad de las problemáticas medioambientales, al punto que amenazan la sostenibilidad de la vida en el planeta.
El Portal de la Udelar dialogó con la docente del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del Centro Universitario Regional del Este (CURE), arquitecta Isabel Gadino, acerca de un informe elaborado por alrededor de 29 docentes, investigadores e investigadoras del CURE, en el que explican los impactos que tendría el proyecto de desarrollo urbanístico residencial cerrado planificado para Punta Ballena (Maldonado). Gadino destacó que el informe contó con el apoyo de la dirección del CURE, que expresó su voluntad de hacerlo propio.
El proyecto en cuestión, que ha generado una gran oposición entre las organizaciones sociales, de vecinos y ambientalistas del territorio, propone construir en Punta Ballena 29 edificios bajos con sus infraestructuras asociadas: salones de usos múltiples, porterías, ocho piscinas y un total de 320 apartamentos que se disponen en un conjunto de lotes privados que totalizan una superficie total de 9 ha 5.475 m2. En el resto del área privada se plantean caminerías y áreas verdes (plantas y suelo desnudo).
Impactos del Proyecto
Gadino afirmó que «son muchos los componentes que quedarían negativamente afectados por este proyecto». En primer lugar resaltó la pérdida de un espacio público muy utilizado y un punto panorámico excepcional de nuestra costa. Explicó que actualmente el ingreso a Punta Ballena se realiza «por un corredor» ya que la Ruta Panorámica está entre muros y, si bien estos no son muy altos debido a la normativa, impiden la vista a la altura de quien pasa en auto; «además, detrás de esos muros aparecen árboles, plantas y otras cosas que también cortan la visión. Ya en la mitad de la Punta Ballena llega un punto donde al paseante se le abre la vista y es espectacular, de 180 grados, con Punta del Este hacia un lado y Piriápolis hacia el otro; todo el mar ahí abajo, el atardecer, el amanecer, lo que uno quiera ir a ver está ahí». Agregó que se pueden apreciar múltiples escalas de paisaje, que «lo hacen único»: la roca con plantas y flores, los pájaros, la orilla con sus pequeñas grutas y luego el mar o el horizonte. «Para empezar, este proyecto haría que ese corredor de acceso se duplique y se mantenga casi hasta el final de la Punta Ballena. Lo que ahora es de uso público pasaría a ser de uso privado y en el único momento donde los visitantes podrían tener esa vista general es donde hoy los ómnibus giran. La única forma de llegar a ese final sería por la Ruta Panorámica y a sus costados se extendería en longitud el espacio privado: eso significa muros, cercos, cercos vegetales, portones, cámaras de seguridad, etcétera».
«Estamos hablando de barrios privados nuevos, de 29 bloques en total con 320 apartamentos. Con esto desaparecen los metros cuadrados donde la gente puede ir. Eso para el fernandino es tremendo porque realmente la gente usa muchísimo ese lugar, es como la Rambla Sur en Montevideo. El fernandino va permanentemente ahí a tomar mate, va con sus bizcochos, va a pescar, a sacarse fotos, a ver los fuegos artificiales a fin de año, etcétera. Es un gran espacio público que se usa mucho, incluso para practicar parapente, para hacer escalada, de todo».
Respecto a cómo se afectaría la biodiversidad en esta zona con la construcción del complejo edilicio, explicó que en Punta Ballena hay especies que ya están protegidas en Uruguay y catalogadas como amenazadas. Además, un par de especies solamente existen allí y en ninguna otra parte del mundo, por tanto una intervención en este espacio causaría «una pérdida muy importante a nivel de biodiversidad vegetal y esto obviamente va de la mano con el resto, habrá perjuicios sobre la fauna que está asociada en los diversos ambientes», explicó.
«Incluso sabemos -y ahora por suerte empezó a tomarse en cuenta- que traería perjuicios a los cetáceos» agregó, «entonces Maldonado, que vive en gran parte del turismo de ballenas que todos disfrutamos, estaría perjudicando uno de los sitios más importantes para la ruta de estos cetáceos». Otra posible consecuencia de este proyecto se relaciona con los efectos que tiene la iluminación artificial sobre las puntas rocosas, la que según investigaciones incipientes inhibe la reproducción de ciertas especies marinas, puntualizó.
Además, análisis geológicos desarrollados por Mauricio Faraone, de la Dirección Nacional de Minería y Geología, indican que alterar la roca y las grutas de Punta Ballena explotando o dinamitando para implantar ahí los edificios, sería «una pérdida gigantesca», advirtió.
Contexto legal
Las tierras donde se plantea llevar adelante el proyecto son privadas; sus propietarios se apoyan en un acuerdo que realizaron con la Intendencia de Maldonado en 2014, en el que la comuna acepta que se realice esta construcción a cambio de que se deje libre el extremo de Punta Ballena y un par de espacios para que la gente acceda. No obstante este acuerdo está condicionado a la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, cartera que está en proceso de resolver.
Asimismo existe un actor nuevo que puede dar una salida al problema, informó, se trata de una empresa privada que reúne fondos internacionales en base a la filantropía ambiental, recibiendo los aportes de personas multimillonarias interesadas en proteger algunos espacios en el mundo. Esta empresa manifestó a la red de organizaciones en defensa de Punta Ballena que está dispuesta a realizar una campaña para la protección de esta zona con el objetivo de obtener fondos, comprar los terrenos y donarlos al Estado para que se transforme en un área natural protegida. Que esto sea posible depende de la voluntad de vender de los dueños actuales, que aún no se han manifestado al respecto, explicó.
Proceso de trabajo
Gadino recordó que en octubre de 2023 se hizo público el Informe Ambiental Resumen que los inversores del proyecto «Complejo Residencial Punta Ballena» debieron presentar ante el Ministerio de Ambiente. En ese momento «docentes del CURE tuvimos claro que teníamos que escribir algo porque el tema tiene que ver con las áreas en las que trabajamos». En el caso de Gadino, integra el Grupo de Estudios Territoriales del CURE. A los trabajos de este grupo se sumaron los realizados por la docente Patricia Mai y su equipo, vinculados a botánica y biodiversidad y los de la investigadora Ana Bortagaray, relacionados con ecología del paisaje. En el proceso de abordaje del proyecto, con el fin de analizar la problemática con una perspectiva integral, se sumaron nuevos aportes importantes desde otras áreas de conocimiento, tales como el trabajo de las agrónomas e investigadoras María Puppo y Alejandra Calvete, del área de Paisaje, y el del docente José Sciandro, vinculado al ordenamiento jurídico.
Esta mirada interdisciplinaria está incorporada en la legislación vigente, informó: la Ley de Ordenamiento Territorial establece que los planes e instrumentos de ordenamiento territorial deben realizarse contemplando muchas temáticas y disciplinas y mandata a las intendencias a que realicen sus trabajos de forma integral e integrada.
Gadino explicó que el CURE es una más de las instituciones que integran la gran red de defensa de Punta Ballena, que empezó a conformarse una vez publicado el Informe Ambiental Resumen. A esta red se fueron sumando organizaciones sociales locales, agrupaciones de vecinos, colectivos y vecinos independientes trabajando de manera «muy sostenida y organizada», comentó, ya sea investigando para detectar cualquier falla judicial o normativa que pueda frenar este proyecto, como a través de diversas actividades de difusión: promueven visitas de reconocimiento, charlas, correcaminatas, conciertos y otros eventos en la zona. Además, cada fin de semana se recogen firmas en rechazo al proyecto en las ferias locales y otros lugares de concentración. «Realmente hay un trabajo de mucha gente, cada uno hace un poco de actividad común e intenta también hacer aportes desde su lugar propio», señaló. Por ejemplo, el equipo del CURE participó en la presentación de los temas en la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente el pasado 29 de abril para tratar este tema.
La red ha mantenido reuniones con precandidatos de todos los partidos políticos, con el presidente Luis Lacalle Pou y con la Junta Departamental de Maldonado en diversas ocasiones. «Hay contactos permanentes para hablar sobre cómo hacemos para salir de todo esto» informó Gadino, «a medida que todos los que estamos trabajando desde noviembre del año pasado machacamos como hormiguitas en la prensa, con documentos, con entrevistas y saliendo en los medios de comunicación, el poder político está mostrando que sí le interesa conservar Punta Ballena como el área pública y natural que es».
Política ambiental del país
En 2020, Gadino y sus colegas advirtieron sobre la creación de dos Ministerios -el de Ambiente y el de Vivienda y Ordenamiento Territorial- en lugar del ex Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, señalando que esto podría tener resultados negativos «porque entendemos que es imposible separar lo ambiental de lo territorial». Por ejemplo, actualmente para gestionar permisos ambientales para proyectos, es necesario que el proponente realice el mismo trámite en una y otra cartera. Por otra parte este cambio es un obstáculo ante los esfuerzos de las organizaciones sociales y de la academia para estudiar de manera integral el impacto de este tipo de proyectos, ya que «la mirada de los organismos es parcial»: los informes que se presenten serán analizados por separado en Ordenamiento Territorial, donde la mayoría de los técnicos son arquitectos, y en Medio Ambiente donde la mayor parte son biólogos, planteó.
A partir del proyecto de Punta Ballena especialmente, los técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente han entendido la necesidad de contar con especialistas en diversas áreas para analizar en profundidad los informes de las consultoras de los proyectos y constatar si está reflejada en ellos la percepción local, algo que no sucedió en este caso y fue una de las críticas de los colectivos del territorio.
La docente indicó que en Maldonado existe una política de excepciones vinculada a exoneraciones de impuestos, con base en el argumento de que esto permite captar inversiones internacionales inmobiliarias en el departamento y así mejorar la oferta de empleo y la calidad de vida de sus pobladores. Esta política habilita a que en el caso de estas inversiones todo lo acordado en el marco de ordenamiento territorial se deje de lado, indicó: «no importa quién venga a ofrecer qué, si se puede se dan permisos que son una locura, en zonas en las que se pueden construir edificaciones de cuatro pisos se autoriza a construir veinte, en terrenos donde se permite construir con retiros de tres metros de cada lado, se conceden permisos para edificar sin retiro, con subsuelos, lo que sea», acotó. «Se dan muchas aprobaciones de este tipo por semana, hay proyectos que vienen con el visto bueno del Poder Ejecutivo y luego la Junta Departamental los aprueba casi sin discutir, diciendo: “esto es progreso”», añadió.
Por otra parte, tanto a nivel mundial como en Uruguay existe un gran interés por la costa por parte de la sociedad y los territorios costeros, en especial aquellos más naturales, tienen un valor en el mercado mayor que otros. Los propietarios, inmobiliarias, inversores así como todos los actores que participan en la cadena inmobiliaria, acuerdan al realizar estas transacciones. En este marco, en los años 40 del siglo XX nuestro país decidió destinar la costa al turismo residencial y por tanto promovió la construcción de balnearios. De este modo fue desapareciendo el ecosistema costero de dunas, informó Gadino, sólo se conservan las de Cabo Polonio y alrededores, y paralelamente se produjo el desplazamiento de la población local a zonas más alejadas. Todas estas son problemáticas vinculadas a lo ambiental que se van agravando con el tiempo, indicó, algunos de sus impactos son la desaparición de playas, el avance del mar y la desaparición de especies y de hábitats.
Otra mirada es posible
Además de oponerse al proyecto edilicio, los colectivos proponen que Punta Ballena se declare área natural protegida para que la zona se gestione en el marco de esta Ley, explicó la docente. Hoy en día las posibilidades laborales en el lugar se limitan al trabajo informal en puestos de venta de souvenirs, bijouterie, churros o productos de la pesca artesanal. Si el territorio se transformara en área protegida podría dar origen a trabajos formales en el marco de una nueva dinámica de turismo amigable con la naturaleza, planteó. A su vez esto podría actuar como un amplificador de proyectos de este tipo en otras zonas costeras. Gadino entiende que es necesario cambiar «las ideas fijas», entre ellas que «el hormigón significa desarrollo o bienestar». «Esta es una fórmula que se aplica mucho y además con ceguera por parte de políticos locales, pero no necesariamente da buenos resultados, ¿da trabajo? ¿a quién? ¿por cuánto tiempo? ¿de qué calidad?», reflexionó.
Agregó que en esta línea de investigación existen estudios recientes, entre ellos el que lleva adelante el Grupo de Economía de la sede Maldonado del CURE; el libro del docente del Programa Integral Metropolitano de la Udelar, Marcelo Pérez, sobre los barrios privados en Uruguay; o el estudio que realiza desde hace diez años el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Udelar. Este último trabajo analiza la ocupación real de los barrios cerrados: «¿qué pasa con esos fondos?, la tierra se valoriza al cambiar de categoría pero nada más, pasan años y no sucede más nada con esa tierra. El único que se beneficia, se hace más rico, es el propietario, por haberle cambiado de categoría», acotó. Gadino entiende que además de generar escaso trabajo en algunos rubros de servicios como limpieza, jardinería y vigilancia, los barrios privados producen segmentación social, anulan la interacción entre el barrio cerrado y el abierto, generan polarización y miedo entre uno y otro. «Hay muchísimas cosas que todavía se pueden mejorar para que la cuestión sea más equilibrada con la naturaleza y con la sociedad», añadió.
«Cada vez que surgen situaciones como esta vinculadas a grandes transformaciones del territorio o con proyectos que pueden llegar a causar impactos muy grandes como atentar contra la apropiación del paisaje o causar un aumento de la fragmentación socio espacial del territorio -lo que en la costa de Maldonado lamentablemente es muy frecuente -, para nosotros ya merecen un análisis y el envío de nuestros comentarios a las audiencias públicas», expresó.