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Mesa de diálogo sobre el Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual
El 15 de julio a las 10 horas, en la sala Maggiolo de la Universidad de la República (Udelar), se realizó una instancia de intercambio y análisis sobre el Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual que se encuentra a consideración del Parlamento Nacional.
La actividad contó con la participación del director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), Pablo Siris; la secretaria general del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), Florencia Leymonie; el integrante del Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y Presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), Álvaro Pan y la periodista integrante del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y representante ante la Comisión Honoraria de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), Pilar Tejeiro. Cerró la ronda de exposiciones el docente de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad, Gabriel Kaplún, integrante del grupo de trabajo designado por el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar para analizar el proyecto de ley.
Habilitación de monopolios y oligopolios
Siris aclaró que aunque integra la URSEC no participaba de la mesa de diálogo en representación de este organismo, «integro la URSEC pero soy representante de la minoría dentro de esta unidad reguladora y además me ha tocado expresarme en contra de lo que se ha manifestado en relación a esta ley de comunicación», señaló. Destacó el esfuerzo que realizó el país a través de ANTEL, «su empresa estatal y pública de telecomunicaciones», para que el derecho a las telecomunicaciones fuera «accesible para todas y todos a lo largo y ancho del territorio nacional». Asimismo definió a las telecomunicaciones como «un derecho humano fundamental, tanto por lo que implican por sí mismas como por los otros derechos humanos que facilitan». Las telecomunicaciones no son solamente frecuencias, fibras, radiobases, HD y 5G, brindan la posibilidad de que las personas puedan acceder a la información y la comunicación, a la cultura y al conocimiento. De la misma manera son mecanismos que nos permiten abrir las puertas a un mundo que debería ser cada vez más interconectado y diverso, añadió.
También se refirió a un hecho trascendido por la prensa recientemente, una solicitud de las tres grandes empresas de TV cable del país para conformar un consorcio que estaría a la espera de la firma del presidente de la República, con un informe favorable de los servicios jurídicos del Ministerio de Industria y Energía. Señaló que la URSEC tuvo la responsabilidad de analizar un informe del Departamento de Defensa de la Competencia con respecto a esta solicitud y en base a este documento, su posición, que puso de manifiesto en la URSEC, es que la propuesta de creación de un consorcio va contra la normativa vigente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Nº 19.307.
Señaló especialmente el artículo 11 de esta ley, el cual establece que «el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo del Sistema de Servicios de Comunicación Audiovisual en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios». Añadió que esta solicitud infringe también el artículo 51 de esta Ley, que expresa: «Los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas. Es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual, así como establecer mecanismos para su control». Asimismo el literal U del artículo 68 de esta Ley establece que el Estado debe «prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante».
En base a esto entiende que «el Estado está impedido a autorizar este consorcio, de lo contrario se estaría violando la Ley al privilegiar a estas empresas referidas, con la conformación de un monopolio en el servicio de televisión para abonados en la modalidad de cable en Montevideo, o un oligopolio en el servicio de televisión para abonados en el departamento de Montevideo en cualquier modalidad, satelital, inalámbrica, etc.». Destacó también que estos tres artículos entre muchos otros, serán eliminados en caso de aprobarse el proyecto de Ley de Medios que se encuentra en consideración del plenario de la Cámara de Representantes.
«Favorecer el negocio privado»
Leymonie apuntó por su parte que además de los perjuicios que tiene para el país el Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, la forma en que se resuelve también determina su «legitimidad y prestigio». Este proyecto se creó con «mayorías circunstanciales», a diferencia de la Ley de Medios vigente, que a pesar de lo inconclusa y su falta de ejecución, fue discutida, procesada, contó con la participación de la sociedad civil organizada.
En cuanto al contenido en sí del proyecto, destaca su impacto negativo en dos dimensiones principales, una de ellas tiene que ver con el plano político, de derechos, cultural y otra que se refiere a la estructura económica de los medios. «No conocemos un escenario hasta ahora en el que las empresas privadas no hayan buscado únicamente la rentabilidad», llevar adelante un negocio para tener ganancia, «esa es la naturaleza del privado a diferencia de una empresa pública, como Antel, cuya razón de ser es social», afirmó. Señaló que esto quedó demostrado, sin Antel no hubiese existido Plan Ceibal, Plan Ibirapitá, ni Antel Integra, plan que apuntó al acceso de tecnología por parte de personas en situación de discapacidad, recordó. «El Proyecto de Ley de Medios es una pieza de un rompecabeza que cuando se termina de armar tiene un solo sentido: favorecer el negocio privado en desmedro de las condiciones de vida, de la democracia y de la soberanía, de la sociedad de nuestro país», concluyó.
Concentración de Medios en pocas manos
Kaplún recordó en primer lugar el trabajo del Grupo interdisciplinario asesor del CDC en materia de comunicación y específicamente en lo que se refiere al proyecto de Ley de Medios, conformado en 2021. Añadió que desde que el gobierno actual presentó este proyecto de Ley a comienzos de 2020 habían comenzado a discutir la temática en la Udelar y en ese marco ese año la FIC organizó un primer foro en el que se incorporó una gran diversidad de actores. Destacó la variedad de áreas de conocimiento y servicios de la Udelar de los que provienen los integrantes del Grupo y que para las instancias de intercambio tuvieron en cuenta los estándares que proponen los organismos internacionales, que se han expresado en muchas ocasiones. Una de estas manifestaciones recientes fue la declaración conjunta del representante regional de la Unesco y el representante para la región del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresaron preocupaciones similares en cuanto a este proyecto de Ley y su trámite parlamentario.
También señaló la importancia de las tres declaraciones que el CDC de la Udelar realizó acerca de este tema, la primera en junio de 2021, que contiene un análisis pormenorizado de lo que la Ley de Medios vigente contempla y de lo que el proyecto propuesto implicaba. Otra de las manifestaciones del CDC acerca de este tema fue en diciembre de 2023 cuando la Cámara de Diputados después de un prolongado y complejo proceso aprueba el proyecto y la tercera expresión fue emitida por la Asamblea General del Claustro el 26 de junio y ratificada por el CDC el martes 9 de julio.
En cuanto al contenido del proyecto apuntó algunos aspectos vinculados al proyecto que en base a todo lo trabajado hasta ahora, considera destacables. Uno de ellos es la infraestructura que el país incorporó en materia de telecomunicaciones y que le permitió enfrentar la pandemia en condiciones mucho mejores que otros países de la región. En este sentido explicó que el proyecto habilita a que empresas privadas comiencen a competir con Antel utilizando la propia infraestructura de la empresa, cambiando así el eje de quién y cómo se deciden las prioridades acerca del acceso a una información tan clave hoy para el país y el mundo como es internet.
Otro punto del proyecto que remarcó por su impacto negativo es que se elevan los límites de concentración posible de medios para el país, se legaliza lo que hoy ya existe y se abren ventanas muy grandes a la extranjerización de la propiedad de los medios, algo que la legislación vigente impedía. Asimismo el proyecto elimina el Fondo de Fomento a la Producción Nacional, creado en la ley de Medios vigente, fondo que aunque nunca se puso en funcionamiento, es un valioso instrumento para fomentar la producción audiovisual nacional en los medios de comunicación. En el cierre Kaplún señaló que «los mecanismos de transparencia de participación social, de gestión con independencia de los gobiernos de turno y la aplicación de una regulación para los medios de comunicación, están en riesgo si esta legislación se aprueba».
