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Declaración del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales sobre el estudio del proyecto Neptuno-Arazatí
El 27 de setiembre el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias – Universidad de la República, manifestó profunda preocupación por la dinámica del proceso que obstaculiza la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnico – científicos del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Neptuno -Arazatí.
A continuación difundimos la declaración del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales sobre el procedimiento de Estudio deI impacto Ambiental del Proyecto Neptuno-Arazatí
El 17 de setiembre de 2024, el Ministerio de Ambiente resuelve convocar a audiencia pública en relación a la solicitud de autorización ambiental previa para el proyecto Neptuno-Arazatí, presentado por el consorcio privado “Aguas de Montevideo”. La convocatoria es para el 3 de octubre de 2024. Llama la atención que la convocatoria se realiza mientras está activa la puesta de manifiesto del informe ambiental resumen (hasta el 26 de setiembre de 2024). La puesta de manifiesto del informe ambiental resumen, genera mucha preocupación, ya que la ciudadanía y muchos miembros de la academia especializados en la temática en base a sus investigaciones realizaron cientos de preguntas y observaciones por los canales establecidos. Sin embargo, desconociendo el contenido de las observaciones realizadas, ya que no se han presentado las respuestas de los proponentes y del Ministerio de Ambiente a cada una de estas preguntas y críticas debidamente fundamentadas, como formalmente corresponde frente a una puesta de manifiesto.
Los plazos establecidos por el Ministerio de Ambiente, desvirtúan completamente el sentido de la audiencia pública, donde tanto el proponente como el Estado, deben analizar el conjunto de preguntas planteadas por la población en la etapa de manifiesto y realizar las respuestas para cada una de las observaciones y preguntas realizadas; proceso que enriquece los resultados de la audiencia pública con insumos fundamentales para la posterior evaluación del proyecto y su viabilidad como ha quedado de manifiesto en la reciente audiencia pública de Punta Ballena. Pero el Ministerio de Ambiente en sentido contrario, decidió obstaculizar el normal desempeño del proceso de participación de la ciudadanía en la evaluación de un proyecto que genera muchas críticas e incertidumbres en torno a su viabilidad. Ya en la década del 1970 para una propuesta similar emplazada en esa zona, los propios técnicos de la OSE se habían manifestado contrarios, en épocas en que incluso el deterioro de la fuente de agua bruta no se había manifestado con tanta intensidad.
Con estos plazos es imposible discutir con un mínimo de rigor académico los impactos ambientales de la propuesta, ya que se desconocen, las posibles respuestas a las preguntas realizadas, y es poco probable que puedan ser realizadas en tan breve lapso de tiempo.
Con un proyecto que presenta muchos puntos débiles en su presentación y en el Estudio de Impacto Ambiental, a modo de ejemplo y no exhaustivo: el análisis de la calidad del agua que se pretende potabilizar es insuficiente tanto en profundidad como en el lapso de tiempo analizado; el proceso de potabilización no está debidamente fundamentado en función del desconocimiento de la calidad del agua del Río de la Plata; la construcción de una reserva de agua bruta y su impacto sobre el acuífero Raigón no está correctamente estudiado; el manejo de la Calidad de agua en la reserva de agua bruta; el funcionamiento del monorrelleno para los lodos derivados de la potabilización que además se plantea no tendrán tratamiento; el trazado de la aductora hasta el recalque de Melilla con el cruce de varios cursos de agua incluyendo el Río Santa Lucía en un área protegida; además de que durante todo el estudio de impacto ambiental no se realizó un diagnóstico del sistema ambiental receptor del proyecto que cuando se presenta, se reduce a un conjunto de descripciones inconexas de algunos componentes del sistema, y además, se identifican un conjunto de problemas menores que no se presentan en los estudios. Finalmente los proponentes, OSE o el Ministerio de Ambiente, nunca presentaron claramente cuáles son los argumentos para definir esta alternativa y su ubicación, sobre cuyo acelerado deterioro se carece de soberanía por pertenecer a una cuenca compartida con Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.
En razón de lo expuesto, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias – Universidad de la República, manifiesta su profunda preocupación por la dinámica del proceso que obstaculiza la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnico – científicos de esta propuesta. Por ello, solicitamos al Ministerio de Ambiente actuar con responsabilidad, garantizando los cometidos que le adjudica la Ley 16.466 y decretos reglamentarios, y proceda a analizar en profundidad las preguntas, sugerencias y dudas que genera este proyecto en la etapa de manifiesto público, y dé respuesta a todas estas cuestiones como etapa previa a la audiencia pública programada.