La actividad se realizará en el local del Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA), Atilio Ferrandis 957.

Organizan: Cátedra UNESCO de DDHH de Udelar y Grupo de Trabajo Verdad y Justicia de Bella Unión
Apoya: Asociación de la Prensa del Uruguay (APU)

El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión trabaja para honrar la memoria acerca de las detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas sufridas por ciudadanos y ciudadanas de esa ciudad entre 1968 y 1985, a manos de fuerzas represivas de Uruguay y de la región. Entre sus objetivos están el de informar y educar sobre el pasado reciente y los derechos humanos. Una de las acciones llevadas adelante por este grupo fue la de promover la creación de un espacio dedicado a la memoria de los hechos mencionados en Bella Unión.

Este colectivo, que integra la coordinación de grupos de DDHH del interior, Interiores en Red, trabaja para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos Atalivas Castillo Lima y Eduardo Gallo Castro, secuestrados en diciembre de 1977; los hermanos Ary, Marta y Carlos Severo Barreto, secuestrados el 20 de abril de 1978 y Félix Maidana Bentin, secuestrado el 13 de agosto de 1978. Las mencionadas personas fueron secuestradas en la Argentina en el marco de las acciones represivas de las dictaduras del Cono Sur que se instrumentaron en el Plan Cóndor. Las víctimas eran militantes sindicales de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), y políticos. Se destaca que Carlos Severo Barreto, tenía 16 años cuando fue secuestrado.

En tanto, el grupo denuncia que en ese período Edelmar Ribeiro, Miguel Cuello Santana, Iván Morales Generali, Dante Porta Moreira y Saúl Facio Soto fueron detenidos en diferentes operaciones represivas ocurridas en Bella Unión y posteriormente asesinados.

Además, el grupo ha señalado que con la vigencia del Estado de Guerra Interna a partir de abril de 1972, fueron detenidas más de 180 personas en el cuartel local y que Bella Unión, «considerada cuna o nido de Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros» y también, «por su condición de triple frontera territorial», se transformó en «objetivo militar crucial para la acción de las Fuerzas Conjuntas». Tal es así que en esta ciudad, que en ese momento tenía menos de 5000 habitantes, eran frecuentes los allanamientos con tanquetas y helicópteros y rondas nocturnas.

Juicio por crímenes de lesa humanidad

El 22 de mayo de 2025 se realizará la audiencia de formalización de la denuncia por el asesinato de Miguel Ángel Cuello Santana y las torturas sufridas por un conjunto de personas en el Destacamento del Regimiento de Caballería Mecanizada Nº10 de la ciudad de Bella Unión en 1972. Este juicio por crímenes de lesa humanidad permite visibilizar cómo este tipo de conductas desplegadas por agentes del Estado vulnera los derechos de las víctimas y de la comunidad como un todo.

La Cátedra UNESCO de DDHH de Udelar viene acompañando al Grupo de Trabajo Verdad y Justicia de Bella Unión en actividades de sensibilización sobre la relación de los derechos humanos de ayer y hoy. Esta instancia del juicio permite visibilizar cómo las luchas en defensa de derechos en el pasado se relacionan con las del presente.

La actividad de este 21 de mayo propone el intercambio entre organizaciones sociales, colectivos y personas de la comunidad para contribuir a comprender cómo el juicio se conecta con los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y de la comunidad toda. Se invitará a reflexionar sobre la importancia de los juicios públicos para la defensa de los derechos humanos mediante el acceso a la información, la transparencia de la justicia, la sanción por los delitos cometidos por los agentes del Estado terrorista y la reparación simbólica a las víctimas.

Participan:

. Flor de María Meza, Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales y Cátedra UNESCO DDHH de Udelar
. Cley Espinoza, abogado denunciante de la causa de Cuello Santana
. Macarena Goméz, Facultad de Información y Comunicación y Cátedra UNESCO DDHH de Udelar
. Rody Olivera, APU
. Mariana Achugar, Cátedra UNESCO de DDHH de Udelar



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