Objetivo general
Construir escenarios de desarrollo pleno del derecho a la educación superior de las personas, garantizar el ingreso, permanencia y la culminación de los estudios, en una institución con condiciones de convivencia que atienda de forma plural la riqueza de la diversidad de la comunidad.
Justificación
El acceso a la educación superior es un derecho tal y como se lo ha declarado en la Conferencia Mundial de Educación Superior de UNESCO realizada en París en el año 1998. La educación superior, a su vez, es un bien público social. Esta condición fue reafirmada en la Conferencia Regional de Educación Superior de unesco de 2008 en Cartagena y se profundizó en la visión de la educación superior como derecho humano y universal1.
La efectivización de los derechos de las personas a acceder, transitar y finalizar un ciclo de estudios en la universidad es, enmarcada en esa declaración, materia de esfuerzo permanente, aunque lamentablemente continúa lejana en muchos planos.
La calidad de la educación superior está asociada a la democratización de la formación universitaria, a su rasgo promotor de igualdad y la concreción de políticas que garanticen la construcción de una universidad cada vez más inclusiva2.
No ajena al avance en la agenda de derechos de los últimos treinta años la Udelar tiene el deber de incorporar en sus políticas sociales aquellas problemáticas y sujetos de derechos que han sido históricamente relegados, ignorados y subordinados a lo largo de la historia, fundamentalmente desde la modernidad hasta nuestros días.
El Servicio Central de Bienestar Universitario es la institucionalidad abocada a implementar acciones que colaboren a mejorar las condiciones de acceso, permanencia y culminación de los estudios. Sus programas y logros se han presentado en las páginas descriptivas de este documento y muestran el compromiso sostenido en contribuir a combatir las inequidades en el acceso, aumentar la permanencia y el éxito estudiantil.
En estos años se han identificado innumerables situaciones en las que los instrumentos desarrollados por el scbu no han alcanzado a contemplar adecuadamente las necesidades de un estudiantado afortunadamente creciente y cada vez más diverso.
De esa realidad se desprende la necesidad de que su institucionalidad sea rediseñada en el sentido de incorporar marcos normativos e interpretativos que contribuyan a garantizar el ejercicio de derechos de la comunidad universitaria. Se propone un rediseño en cuanto a su normativa, organigrama, contenidos programáticos, estructura y asignación presupuestal, así como a los encuadres teóricos que han dado lugar a la implementación de políticas de corte asistencial, generalistas y universalistas.
La comunidad universitaria, rica en su heterogeneidad y número, se compone por más de 139 000 estudiantes de grado, 9500 estudiantes de posgrado, más de 10 000 docentes y 6400 funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. Para tal conjunto de personas, se requiere de un órgano que diseñe políticas y programas de carácter social, deportivo, cultural, de salud y de alimentación, desde perspectivas de derechos, integrales e interdisciplinarias, que contribuyan a los procesos de enseñanza, investigación y extensión, que fortalezca la inclusión social, educativa y laboral de calidad.
Si bien el 18 % de los estudiantes activos en 2019 recibieron una beca en algún momento, solo la quinta parte fueron becarios de Bienestar Universitario. La cantidad de becas de apoyo económico, alojamiento y materiales ha respondido la demanda de forma ajustada.
Por su parte, las áreas de cultura y deporte han brindado la posibilidad de realizar actividades para estudiantes, docentes, egresados y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. Estas iniciativas se entienden fundamentales para la mejora de la calidad de vida y el trabajo y alcanzó a más de tres mil personas en el último año.
Un hecho a destacar entre las acciones recientes del scbu es la entrega de computadoras a través de un convenio con Plan Ceibal, en el que se acordó otorgar una beca laptop. Esta beca permitió a cientos de estudiantes, la mayoría residente en ciudades y localidades del interior del país, recibir un equipo que garantiza la continuidad de sus estudios y el acceso a las clases en plataformas digitales.
La Udelar ha avanzado en estrategias que intentan dar respuesta a diversas problemáticas que condicionan el pleno derecho de las personas en la institución. En ese marco ha trabajado la Red Temática de Discapacidad, la Comisión Abierta de Equidad de Género, la Comisión de Cuidados y la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación.
Actualmente, es necesario generar desde las políticas sociales, culturales, deportivas, de salud, alimentarias, un conjunto de acciones que se enfoquen en atender aquellas poblaciones que por características específicas se han visto vulneradas y condicionadas social, política y económicamente. Las características que los diferencian del modelo de sujeto neutro de derechos se han imprimido en ellos como desigualdad de oportunidades y, por lo tanto, desde las políticas sociales universitarias se debe asumir el desafío de propender a garantizar la inclusión social igualitaria frente al reconocimiento e integración de la diversidad.
Particularmente, el abordaje de la discapacidad concebida desde una perspectiva de derechos implica pensar la temática desde el modelo social; es decir, se trata de un concepto que evoluciona en tanto es una construcción social. Según las recomendaciones de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad (ONU, 2006), la Udelar debe garantizar el acceso, permanencia y egreso de sus estudiantes sin importar sus condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, como también garantizar el derecho a trabajar de las personas en situación de discapacidad en igualdad de condiciones. A su vez, debe aspirar al logro de una accesibilidad universal, principalmente, a través de dos estrategias: una genérica, de diseño universal, para la totalidad del demos universitario y, otra específica, de ajustes razonables, para la singularidad de cada situación.
La valiosa información obtenida de los relevamientos continuos de los estudiantes nos permite contar con un primer acercamiento a las dificultades autopercibidas por parte de la población estudiantil. Se cuentan por miles situaciones en las que las condiciones de partida para el aprendizaje están amenazadas y es vital realizar los máximos esfuerzos para retener y asegurar trayectorias educativas exitosas.
La Red Temática de Discapacidad es un espacio que ha permitido fomentar el trabajo en este sentido, ha puesto insumos académicos y colaborado en la articulación de recursos que potencien el impacto de las estrategias de la Udelar en la materia. El Observatorio de Discapacidad, el programa del scbu de intérpretes de lenguaje de señas y la proyección de nueva infraestructura edilicia con accesibilidad según normas unit y adecuación de edificios existentes son parte de los avances hacia la accesibilidad universal.
Sin lugar a dudas, la accesibilidad debe considerarse el principal patrimonio a construir en los próximos años en el camino de transformación hacia una Udelar inclusiva.
Otras vulnerabilidades con características específicas presentan los estudiantes migrantes. El número de ingresos y solicitudes de reválidas de formación se ha incrementado enormemente en el último lustro y se ha consolidado una tendencia de migración de personas calificadas y con condiciones para acceder a la educación superior, que llegan al país en diferentes situaciones respecto al ejercicio pleno de sus derechos a la educación. El seguimiento de esta población y la reformulación reciente de normativa que amplía sus oportunidades de integrarse a la comunidad educativa ha comenzado a delinear un escenario de acción fundamental para abordar de forma inclusiva la temática.
Por otro lado, la Udelar ha emprendido un proceso de fortalecimiento sostenido de la formación de personas privadas de libertad. Las actividades de enseñanza universitaria en cárceles son realizadas desde una perspectiva de derechos y con la convicción de aportar humildemente desde el sistema educativo a la problemática de seguridad y dificultades en la convivencia ciudadana. De modo de garantizar el derecho a la educación, la enseñanza universitaria en cárceles se articula centralmente y en coordinación permanente con cada servicio universitario.
Orientaciones y descripción de acciones a realizar
Realizar las mejoras tendientes a la expansión en el diseño e implementación de políticas que garanticen el efectivo goce de los derechos de las personas en la Universidad.
Se propone en este marco un fortalecimiento de los instrumentos existentes y la reformulación o creación de nuevos instrumentos. El aumento del número de becas, la multiplicación de la cantidad de estudiantes que reciben apoyo del scbu en cualquiera de las modalidades existentes y las estrategias de complementariedad entre las distintas acciones son necesarias para que en un contexto de sinergias institucionales se pueda contribuir al éxito en las trayectorias educativas. Es preciso, a su vez, redefinir los criterios de asignación y los montos asignados a cada tipo de beca según las necesidades georreferenciadas a regiones o sedes donde estudian quienes son sujetos de derechos del sistema de becas de Udelar.
Al mismo tiempo, las estrategias complementarias en el marco de convenios o proyectos concursables deben propiciar el redimensionamiento de las becas, para fortalecer tanto el capital cultural y educativo, así como la ciudadanía universitaria. Este tipo de estrategias deben construirse desde una perspectiva local y territorial, a efectos de atender debidamente las necesidades, problemáticas, recursos, institucionalidades estatales y sociales.
Jerarquización de políticas promotoras de la efectivización de derechos en la Udelar en los Centros Universitarios Regionales.
Se propone la descentralización del SCBU a través de la construcción de políticas sociales universitarias con una perspectiva inserta en lo local y lo regional. Se plantea la construcción de proyectos con anclaje territorial que permitan ser conducidos política y programáticamente desde scbu junto a los servicios universitarios.
Particularmente, se propone conformar equipos en territorio, que implica profesionales de la medicina, la psicología, el trabajo social, nutricionistas, del área de la cultura y del área del deporte con actividad local o regional. Estos equipos deberán radicarse en cada región, con dependencia del organismo central. Esta acción se suma a lo descrito en la línea programática precedente, en tanto generadora de oportunidades de inserción de personas calificadas en empleos genuinos y de importante valor social. La estructura completa en cada región estará conformada en cada sede por responsables locales de Cultura y Deporte, así como un equipo técnico, que atenderán además las sedes tipo Casa de la Universidad en forma coordinada. Especialmente se debe canalizar la presencia de intérpretes de lenguas de señas a nivel regional permitiendo la inclusión de personas sordas o hipoacúsicas.
A su vez, se proyecta la implementación de comedores en las sedes del interior, que posibilitan brindar becas de alimentación para almuerzo y cena en aquellas sedes en las que se imparten ofertas de enseñanza.
Implementación de políticas sociales universitarias a sujetos de derecho, que presentan especificidades, necesidades, problemáticas sociales, culturales, de salud, identitarias, entre otras
En este sentido, se propone generar políticas sociales estratégicas dirigidas a personas en situación de discapacidad, personas con diversas ascendencias étnico-raciales, personas migrantes recientes y con residencia precaria, personas privadas de libertad, personas discriminadas y con desigualdad de oportunidades por condiciones de género.
Se proyecta la concreción de acciones que construyan las bases de una Universidad Inclusiva: creación de un equipo interdisciplinario que aborde la discapacidad desde el modelo social, encargado de: asesorar, brindar formación, gestionar la articulación de políticas con los servicios; avance en la accesibilidad física, educativa y comunicacional; fortalecimiento del Observatorio de discapacidad.
Consolidar una política de atención y actuación ante situaciones de acoso, violencia y discriminación
Se propone consolidar y expandir una política integral de prevención, sensbilización, atención y actuación ante situaciones de acoso, violencia y discriminación fundada sobre una perspectiva de derechos, que trabaje desde un enfoque técnico y que atienda a la población universitaria en todo el país, fortaleciendo los recursos existentes y apoyándose en sinergias con diferentes áreas de la Universidad que trabajan la temática.
Participación de personas privadas de libertad en actividades universitarias
Las propuestas de esta área de trabajo han sido presentadas en la línea programática de Democratización de la educación terciaria y superior. A modo de contextualizarlas en la efectivización de derechos cabe señalar que se propone la creación del Programa Universidad en Cárceles, la instalación de Centros Universitarios en algunas unidades penitenciarias y la puesta en marcha de Ciclos Iniciales de Formación. Se busca asimismo la implementación de una red de apoyo para los docentes participantes y la profundización de los mecanismos de coordinación interinstitucional.
Políticas de integración, acompañamiento y apoyo a población migrante
Es necesario sistematizar y canalizar institucionalmente las acciones de acompañamiento y respaldo a los migrantes, de modo de garantizar el asesoramiento y respaldo adecuado para su integración en los procesos de aprendizaje.
Se propone el direccionamiento de esfuerzos administrativos y académicos que contribuyan a favorecer la integración del estudiante migrante y genere insumos para el diseño de instrumentos de apoyo adecuados. Asimismo se debe jerarquizar el trabajo interinstitucional en el Grupo de Educación y Migrantes en la órbita de la coordinación de la educación pública. Estos aspectos se retoman en la línea programática 12 sobre relaciones internacionales y cooperación.
Población objetivo
La población objetivo de esta línea programática está integrada por estudiantes, docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios de la Universidad de la República. Incluye la potencial población estudiantil, que presenta vulnerabilidades para su acceso a la educación superior.
Metas asociadas a los objetivos estratégicos
- Mejora en las condiciones de acceso efectivo a la Udelar y el ejercicio del derecho a la educación superior.
- Mayor cobertura de la matrícula de la Udelar y especialmente mayor participación de población más postergada.
Resultados esperados
- Incrementar el alcance e impacto de las estrategias de apoyo del Servicio Central de Bienestar Universitario que favorezca el acceso, la permanencia y culminación exitosa de trayectos educativos y la integración efectiva a la vida universitaria.
- Concretar de acciones que construyan las bases de una Universidad Inclusiva: creación de un equipo interdisciplinario que aborde la discapacidad desde el modelo social, mejora en la accesibilidad física, educativa y comunicacional.
- Realizar procesos de mejora de la convivencia institucional y naturalización del enfoque inclusivo.
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1https://www.rau.edu.uy/docs/paris1.htm . https://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm
2Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos, unesco, 2007