Udelar: población migrante y acceso a la vivienda en foco

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En junio de 2019 inmigrantes venezolanos y cubanos (30 adultos y cuatro menores) que vivían en una pensión irregular de Pocitos fueron desalojados de allí por resolución de la Justicia. Los inmigrantes abonaban por el alquiler de las habitaciones y los servicios de agua y luz a una intermediaria, quien no realizó el pago a la dueña de la casona durante mucho tiempo. En agosto de 2019 se dio una situación similar en otro barrio de Montevideo. Veinte inmigrantes cubanos denunciaron que un hombre que figuraba como arrendatario les alquiló habitaciones en la pensión ubicada en Hermano Damasceno y Paysandú. Los inmigrantes pagaron por adelantado el valor de dos años de alquiler, pero en agosto el propietario del inmueble inició un proceso de desalojo.

El Portal habló con el docente de la Universidad de la República (Udelar) Leonardo Fossatti sobre la situación actual de la población migrante en Uruguay en relación al acceso a la vivienda. Fossatti integra el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población (NEMMPO) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) en la línea de trabajo Movilidad humana, vivienda y políticas públicas. El docente trabaja también en la organización Idas y Vueltas que atiende a migrantes y sus problemáticas, en un espacio dedicado al tema vivienda que funciona los primeros y terceros martes de cada mes. Asimismo es vicepresidente de esta asociación y representante de la organización en el Consejo Consultivo Asesor de Migración. Ley de migración Fossatti explicó que el Consejo se encarga de elevar a la Junta Nacional de Migración los temas que surgen desde la sociedad civil en materia de migraciones, entre ellos el de vivienda. En este sentido uno de los reclamos del Consejo Consultivo hoy es que el Ministerio de vivienda Ordenamiento territorial y Medioambiente participe en la Junta Nacional de Migración (está integrada por algunos Ministerios pero no todos están representados, entre ellos el de Vivienda). La creación y funcionamiento del Consejo y de la Junta fueron establecidos en al Ley de Migración (N.º 18250) aprobada en enero de 2008. Acceso a la vivienda en la población migrante El docente explicó que la vivienda es un problema estructural de la sociedad uruguaya que se remonta más atra? en el tiempo del aumento del flujo migrante en Uruguay. Agregó que la problemática de vivienda no se ha logrado solucionar con ninguno de los planes sociales que se han instrumentado por parte del gobierno (Plan Juntos, Agencia Nacional de Viviendas) ni a través de iniciativas nacidas de sociedad civil (sistema cooperativo por ayuda mutua, ahorro previo). Fossatti señaló que el problema de acceso a la vivienda tiene una especificidad en el contexto de las personas migrantes, que condiciona sus procesos de integración. Esta particularidad se potencia en situaciones en las que convergen otras dimensiones que se traducen en discriminación, como ser mujer y ser afro. Sostuvo que al abordar un problema como la vivienda y elaborar un plan se tienen que considerar las limitantes que poseen estos colectivos de población. Las iniciativas de vivienda en Uruguay están diseñadas en su mayoría para la población nacional (pensada como una mayoría homogénea). Por este motivo estos planes muchas veces restringen el acceso de una cantidad de colectivos por diversos motivos (administrativos, requisitos, entre otros). Aspectos del problema Fossatti expresó que el tema vivienda en los migrantes tiene muchas aristas, una de ellas es el acceso de esta población a la documentación uruguaya lo que sigue siendo un gran problema. Manifestó que aunque hay áreas de la problemática en las que se han tomado medidas como el ingreso de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo aún con la documentación en trámite, algunas otras se han agravado. En lo que se refiere a la visa Fossatti señaló las inconsistencias a las que se enfrenta la ley N.º 18250. Mientras esta ley en su artículo 1 declara a la migración como un Derecho Humano inalienable por otro lado Uruguay mantiene vigente el requisito de visa para Cuba, Haití, Surinam y lo agrega para República Dominicana en el 2014. Este requisito crea un problema enorme para personas migrantes que llegan a vivir al país. El docente refirió que la fundamentación del Estado para la aplicación de la visa en el caso de República Dominicana es que se busca desarticular la red de trata de personas. Acotó que investigadoras del NIEMMPO que se dedican al tema género como Pilar Uriarte discuten este argumento. Sostienen que el requisito de visa a personas que ingresan al país de República Dominicana, lejos de desarticular las redes de trata genera que las mismas se complejizen y vulnera aún más la situación de las personas migrantes. Añadió que la organización Idas y Vueltas coincide con la docente de la Udelar, manifiesta que si se instrumentan más barreras al ingreso de una población a un territorio, lo que se genera es que se desarrollen más mecanismos para entrar al país. Fossati expresó que en cuanto a la cédula de identidad los plazos que se manejan para obtenerla condicionan y dificultan a su vez el acceso de los migrantes al empleo y por ende a la vivienda. Sostuvo que si bien hay reglamentación en Uruguay que los habilita a trabajar con pasaporte y hay muchos que lo hacen, la realidad es que hay empleadores que prefieren contratar a las personas cuando ya tienen cédula de identidad. Otro aspecto de la problemática de vivienda son los requisitos para alquilar (documentación, antigüedad laboral, dinero para depósito o garantía de propiedad). En el caso de los migrantes cuando recién llegan al país es muy difícil que puedan cumplir con alguna de estas condiciones. Esta ha sido una de las causas por las que se han multiplicado las pensiones en Montevideo (en especial en los barrios Centro, Cordón, Ciudad Vieja) donde se afinca en su mayoría la población migrante. Fossatti acotó que los precios de algunas pensiones regularizadas no difieren tanto con el del alquiler de una vivienda, pero eximen a los migrantes del requisito de garantía. El docente apuntó que otra arista del tema vivienda es la que tiene que ver con el alquiler y sus requisitos. Estas condiciones en Uruguay están muy formalizadas y naturalizadas pero para muchas de las personas que llegan de otro país a vivir y trabajar aquí, son desconocidas. Es necesario explicarles a los migrantes cuando llegan cómo manejarse con las inmobiliarias, que son el medio por el cual se gestionan la mayoría de los alquileres en el centro y zonas próximas de Montevideo. También requieren apoyo para conocer en qué consiste una garantía y entender que cuando se alquila por medio de ella se asume una responsabilidad contractual entre inquilino y propietario. «Vivir en una pensión es una opción válida» Fossatti aclaró que al momento de analizar la problemática de vivienda en la población migrante hay que tener en cuenta que hay personas que eligen vivir en pensiones, lo que es tan válido como alquilar o comprar una vivienda. «La concepción uruguaya tiene que poder abrirse a quitar del eje de la vivienda la interpretación propietarista que como población nacional tenemos. Siempre que hablamos de la vivienda estamos diciendo que queremos tener nuestra casa propia y eso muchas veces no nos permite dialogar con otras formas de concebir la vivienda como por ejemplo que alguien elija vivir en una pensión». Para las personas que recién llegan al país vivir en pensión les permite reconstituir redes no sólo de cuidados sino también laborales y estar cerca de todos los servicios (la mayoría de las pensiones se encuentran en la cercanías del centro de Montevideo). Marco reglamentario de las pensiones No obstante se da en muchos casos que la población migrante viva en pensiones en pésimas condiciones y en las que paga altas tarifas. A esto se suma que en la mayoría de estos alojamientos si tienen menores a cargo no los aceptan. «Muchas veces las familias con niños recorren 10 o 12 pensiones y les dicen que no aún teniendo lugar y cuando encuentran alguna que los acepta les puede llegar a cobrar entre 15000 y 16000 pesos uruguayos». Además muchas de estos lugares tienen toda una serie de reglas para los niños que incluyen no salir del cuarto luego que llegan de la escuela o el liceo, lo que hace muy difícil la vida de ellos y su familia en estos alojamientos. Fossatti agregó que recibieron planteos de situaciones que vivieron familias migrantes en alguna de estas pensiones, en las que a los niños no los dejaron entrar al lugar cuando venían de estudiar hasta que no llegó el padre o la madre de trabajar. Una de las consecuencias extremas para la población migrante de la dificultad de acceso a la vivienda es la situación de calle. Fossatti refirió que se realizó un convenio entre la organización Idas y Vueltas y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para atender estas situaciones urgentes. Este tratado posibilita activar un dispositivo a través del cual el MIDES cubre a migrantes en situación de calle, el costo de una pensión (habilitada) por un tiempo acotado hasta solucionar su problema de vivienda. Esta medida es limitada ya que si se trata de una mujer con menores a cargo o una familia con niños puede suceder que no consigan una pensión donde sean aceptados. Fossatti explicó que las pensiones están reglamentadas a través de una normativa departamental y una normativa nacional (ley de pensiones N.º 18283) que definen las competencias en la regulación de estos alojamientos. Esta convergencia de dos reglamentaciones hace que el funcionamiento de las pensiones tenga espacios confusos. Hay procedimientos que realiza el cuerpo inspectivo de la Intendencia de Montevideo (IM) más allá de que sean su competencia o no. A esto se suma que el cuerpo de inspección general de la IM tiene una capacidad limitada de trabajo y el número de pensiones en Montevideo ha crecido mucho en los últimos cuatro o cinco años. Agregó que la situación se complejiza aún más si se tiene en cuenta que se desconoce si algunas pensiones existen o no, como sucede con casas que no tiene habilitación formal comercial de pensión pero en la que viven decenas de personas. A veces se llega a la información de su existencia a través de alguna persona que tuvo contacto con este alojamiento. Plan de vivienda que atienda especificidades Fosatti sostuvo que el Estado debe avanzar en políticas públicas de vivienda en general y que atiendan a las especificidades de la población migrante en particular. Para esto es necesario que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente participe en la Junta Nacional de Migración entre otras cosas porque la ley de pensiones le da competencias a este Ministerio. Por otro lado el Ministerio debería trabajar en articulación con la IM y actualizar la normativa del 2008 a la realidad actual, de forma que sea una herramienta para regular esos negocios que están apareciendo, agregó el docente. El docente manifestó que es necesario generar un marco de funcionamiento que le de un encuadre a las pensiones para garantizar que las personas que eligen o necesitan alojarse en ellas no tengan que vivir en las peores condiciones. Acotó que si bien no todas las pensiones que funcionan hoy son así y hay muchas que funcionan en buenas condiciones, la mayoría de las que han seguido desde la organización Idas y Vueltas, tienen alguna irregularidad o son ilegales. Fossatti señaló por otro lado hay que situaciones que no están cubiertas. Citó el caso de los cuatro jóvenes nigerianos que llegaron como polizones en un barco al puerto de Montevideo en octubre de 2017 y quedaron en el país en calidad de refugiados. Estas cuatro personas estuvieron durmiendo en un calabozo en la Prefectura porque no había lugar dónde enviarlos. «Como puede ser que entre 1890 Y 1900 en Montevideo hubiera un hotel donde los refugiados pagaban una cifra determinada y podían vivir un tiempo y hoy en día 120 años después no se pueda pensar en un plan serio». Resaltó la necesidad de instrumentar un lugar (hotel, casa de alojamiento) que funcione como alternativa de respuesta habitacional para contextos de urgencia como las situaciones de calle o los refugiados. Esta estrategia permitiría a las personas migrantes que llegan sin recursos para alquilar una vivienda, transitar por el período de trámites de documentación, inserción laboral e integración social lo más rápidamente posible. Migrantes en Uruguay: perspectiva de la Udelar. Noticia relacionada

Publicado el jueves 22 de agosto de 2019

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