Educar en privación de libertad: Combatir la cárcel

1 / 9
 Imagen de la galeria
2 / 9
 Imagen de la galeria
3 / 9
 Imagen de la galeria
4 / 9
 Imagen de la galeria
5 / 9
 Imagen de la galeria
6 / 9
 Imagen de la galeria
7 / 9
 Imagen de la galeria
8 / 9
 Imagen de la galeria
9 / 9
 Imagen de la galeria
Imagen de galeria
Imagen de galeria
Imagen de galeria
Imagen de galeria
Imagen de galeria
Imagen de galeria
Imagen de galeria
Imagen de galeria
Imagen de galeria

El 31 de agosto se desarrolló el Encuentro de sistematización de experiencias de educación en privación de libertad. Docentes, tutores y funcionarios de la Udelar, la ANEP y otras instituciones presentaron sus experiencias con estudiantes en contextos de encierro.

La actividad fue preparatoria del III Encuentro Internacional de Tesistas e Investigadores en Temáticas de Cárceles y Acceso a Derechos Educativos (EITICE), que tuvo lugar en la Udelar del 5 al 7 de setiembre. En la mesa de apertura del encuentro participaron Claudia Vinoles, representante del Instituto de la Juventud (INJU) en la Mesa Interinstitucional de Educación para personas en conflicto con la ley penal*, Sergio Vulcano, docente del Instituto de Formación en Educación Social (IFES) y Romina Quaglotti, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Vinoles señaló que la formación permanente de los actores que trabajan en vínculo directo con las personas privadas de libertad es uno de los desafíos que se le presentan a la Mesa Interinstitucional. Desde allí se generaron algunas propuestas para atender esa necesidad, tales como instancias de formación en orientación educativa dirigidas a los operadores del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Destacó también la diversificación actual de las propuestas educativas para los estudiantes privados de libertad (EPL), que incluye todos los niveles de educación formal además de educación no formal. La Mesa Interinstitucional ha organizado seminarios y espacios de intercambio con especialistas nacionales e internacionales en la temática con alta participación de educadores, docentes y talleristas, agregó. También trabajó para crear un programa de formación de posgrado, el Diplomado en educación en contexto de privación de libertad, con apoyo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar. Todavía no se ha instrumentado pero «la propuesta está armada», aclaró. Otra de las iniciativas instrumentadas es el Aula Móvil, añadió Vinoles, un ómnibus adaptado y equipado con recursos materiales que facilitan el desarrollo de actividades educativas, artísticas, recreativas y culturales, con el objetivo de recorrer distintas unidades penitenciarias. En los últimos tres años ha estado en varias unidades del interior con propuestas articuladas entre el INR y actores educativos locales, que además se abren a la participación de operadores penitenciarios y familiares de las personas privadas de libertad. Desde la Mesa Interinstitucional se pretende seguir impulsando y construyendo una pedagogía que responda a las particularidades de los contextos de privación de libertad, señaló. Al mismo tiempo estas acciones tratan de ampliar y fortalecer el derecho al acceso a la educación y las ofertas educativas tanto en el INR como en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Que entremos todos Vulcano agradeció la participación a todos los presentes y en especial a los estudiantes del IFES. Señaló la importancia de que quienes están en formación tomen una posición política al ingresar a hacer sus prácticas en una institución de encierro. Afirmó que la cárcel «es el gran ejemplo de lo que está mal», y que una buena forma de combatirla es «que entremos todos». Valoró el trabajo de la Mesa Interinstitucional, que ha logrado generar instancias de negociación y traducirlas en hechos concretos. Para finalizar subrayó la importancia de este tipo de encuentros para conocer qué se hace desde las distintas organizaciones y actores que trabajan en contexto de encierro, y renovar fuerzas en un trabajo «que muchas veces se percibe como solitario». Quaglotti celebró la realización del encuentro porque permitía el intercambio de experiencias diversas. Expresó que el trabajo educativo en contexto de encierro va acompañado de mucha reflexión y cuestionamiento y de esta forma genera conocimientos, por eso es muy valioso que ese bagaje se pueda compartir. Este tipo de encuentros son claves para que se pueda seguir construyendo el camino de garantizar el acceso a la educación en este contexto, afirmó. Se refirió a la experiencia de la FEUU y sus centros de estudiantes, enfocada a atender la situación de los EPL inscriptos en la Udelar que sufren la demora o ausencia en la instrumentación a nivel de las facultades para acceder o avanzar en los cursos. Los estudiantes vienen trabajando para acompañar a sus compañeros en contexto de encierro como forma de mitigar la ausencia de docentes en la cárcel, y para pedir a la Universidad que tome las medidas necesarias para que su derecho a la educación sea garantizado, explicó. Durante la jornada varios servicios de la Udelar presentaron sus experiencias. Participaron tutores pares, docentes y representantes de centros de estudiantes, de unidades de enseñanza y bibliotecas. También se presentó la experiencia del Servicio Central de Bienestar Universitario (SCBU), por parte de Leticia Sarla y Saphir Stemphelet. Las funcionarias explicaron que en 2017 la Mesa Terciaria de Estudiantes Privados de Libertad, integrada por Udelar y otras instituciones públicas, comenzó a idear estrategias para que los EPL pudieran «participar de la vida universitaria plena». Se elaboró un informe sobre estos estudiantes que identificó problemas tales como «dificultades en el acceso a materiales de estudio, así como la falta de dinero para destinar al transporte de aquellos que tienen autorizadas salidas transitorias» indicaron. Caso por caso En el segundo semestre de 2017 el Departamento de Programa y Proyectos Sociales (DPPS) del SCBU adoptó una primera definición de criterios para la solicitud de becas de por parte de los EPL incluyendo ajustes en el proceso de solicitud y adjudicación del beneficio, usando los mismos criterios que se aplican a todas las solicitudes, en el marco del Reglamento de Becas de SCBU. Como consecuencia hoy hay EPL que acceden a becas de apoyo económico, de materiales de estudio, transporte y servicio de alimentación, explicaron. Comentaron que la experiencia del SCBU con EPL es muy reciente, y como tal desafió a sus funcionarios y propuso nuevos escenarios, «para poder hacernos cargo debimos flexibilizar muchos aspectos» porque el servicio no está pensado para atender a estos estudiantes. Normalmente el formulario de solicitud de beca tiene que ser completado por los estudiantes y se presenta firmado en el SCBU. Por eso se pensaron alternativas, como ir a las unidades penitenciarias a apoyarlos con el trámite o hacer las entrevistas por teléfono. Actualmente los docentes referentes del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) de la Udelar, que cumplen un rol muy importante para la inclusión educativa de los EPL y trabajan con ellos «mano a mano», ayudan a los estudiantes a completar los formularios de solicitud de becas. En cuanto a la documentación, se permite que sea presentada por correo electrónico, o que algún referente familiar o amigo concurra a presentarla. En este punto las situaciones son todas diferentes y se van «evaluando caso a caso». Una vez que el postulante es seleccionado para obtener una beca, debe existir un poder legal que habilite a otras personas a cobrar el beneficio; a través del SCBU el trámite «se va encaminando para que los poderes no demoren y el estudiante pueda sacar la beca más rápido». Con respecto a 2018, las solicitudes de becas por parte de los EPL se incrementó 43%, señalaron, es decir, se verifica «la construcción de una demanda, que para nosotros es fundamental». El aumento se da porque los propios estudiantes son promotores, señalaron. Actualmente 25 EPL de la Udelar cuentan con beca de apoyo económico, once estudiantes acceden a becas de materiales de estudio, ocho cuentan con más de una beca (económica y comedor/materiales de estudio/transporte), y un estudiante que salió en libertad fue beneficiado con una beca de comedor para su hijo menor de 12 años. Actualmente el equipo del SCBU se encuentra en un momento de reflexión y problematización del camino recorrido, comentaron. Se procura avanzar en aspectos técnicos y administrativos, no solo para atender las necesidades de los EPL sino también de quienes hacen uso de salidas transitorias o egresan del INR. De estudiante a estudiante Victoria Brückner, estudiante de la Facultad de Derecho, relató la experiencia de un grupo de compañeros que en 2017 comenzó a apoyar a un estudiante inscripto en la carrera de Doctor en Derecho, alojado en la Unidad n°6 de Punta de Rieles. «Al principio era todo emoción, no teníamos mucha idea de qué estábamos haciendo», pero pronto debieron afrontar el desafío de ayudarlo a estudiar y a aprobar materias. Señaló que lamentablemente desde la institucionalidad de la facultad no hubo una respuesta concreta a las dudas y dificultades que se presentaban para cumplir ese objetivo, sí encontraron apoyos aislados de algún docente y del Centro de Estudiantes de Derecho. En el segundo semestre se inscribieron más en otras unidades, hasta llegar a 20 estudiantes, sin contar todavía con «ninguna institucionalidad». A pesar de algunos avances como la integración de la facultad al programa de Tutorías entre Pares (TEP) de Progresa, o la flexibilización de trámites administrativos, esa situación persiste. Brückner comentó que un docente de la carrera le cuestionó qué pensaba acerca de que haya «delincuentes que van a ser abogados». La pregunta, proveniente de alguien que sabe que en nuestro marco normativo el delito es una violación a los códigos de conducta, «etiqueta» a los privados de libertad y refleja «cómo percibimos y desde dónde miramos a esas personas», indicó. Reflexionó acerca de los desafíos que enfrentan los EPL para estudiar, cuando en algunos casos están presos desde antes de conocer cómo funciona internet, y cuestionó a quiénes o a qué instituciones deberíamos exigir rsoluciones a esos desafíos. Más allá de las respuestas institucionales, el interés de sus compañeros estudiantes por apoyar a los EPL crece año a año, comentó. Respecto al derecho a la educación de las personas, señaló que «es hacernos trampa pensar que está todo ganado», quizás sea mejor «cambiar el foco y pasar a hablar de garantizar el goce de esos derechos, no hablar de ellos como enunciados. Si en la práctica esa persona no puede estudiar, es lo mismo que la nada». También se presentó la experiencia con EPL que desarrollan la Cátedra de Matemática y el Servicio de Enseñanza de Grado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). Natalia Mallada, integrante de ese servicio, explicó que todo comenzó con la demanda de un joven privado de libertad que quería continuar con su carrera. Inicialmente las dificultades fueron las mismas que en otros servicios en relación con el trámite de inscripción, el acceso a materiales de estudio, la concurrencia de docentes a la unidad penitenciaria, entre otras.   La Unidad de Enseñanza se contactó con la Mesa Interinstitucional de Educación para personas en conflicto con la ley penal y comenzó a elaborar un protocolo para estos casos, por el cual para los EPL se flexibilizaron los períodos de inscripción y el tipo de documentos que se exigen para hacerlo, ya que es frecuente que los EPL no tengan Cédula de Identidad al día. El protocolo establece que a los docentes les corresponde asistir a las unidades, como «una tarea más». También se pautan las formas de acceso a materiales de estudio, la toma de exámenes y parciales y la actividad de los tutores pares. Garantizar derechos Omar Gil, docente de matemática de FADU, expresó que en su cátedra entendieron que «como funcionarios del Estado que tenemos que ocuparnos de la educación superior, nos correspondía hacer un aporte para construir este derecho que en realidad es una construcción pendiente». Dijo que desde su cátedra observan que el trabajo con EPL les devuelve cosas que pasan cotidianamente en las clases de la facultad, y que trabajar en contextos de encierro «es una extensión de lo que hacemos naturalmente». Los estudiantes demandan el mismo esfuerzo y la matemática genera «las mismas reacciones», aseguró. La experiencia de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) fue presentada por la docente Eugenia Rubio, de la Unidad de Asesoramiento y Evaluación. En ese servicio el trabajo con EPL también se inició en 2016 por la demanda de un joven preso que quiso inscribirse en la facultad. Al igual que en otros servicios de la Udelar el diseño y adecuación curricular para el contexto «se fue haciendo durante la marcha». Al siguiente semestre se inscribieron otros tres EPL y la demanda fue creciendo hasta llegar actualmente a 36 estudiantes que se encuentran cursando distintas materias. En ese momento las experiencias de trabajo de la Udelar en contextos de encierro eran muy escasas, pero pronto se multiplicaron. El tema pasó a ser considerado por el Consejo Directivo Central por iniciativa del orden estudiantil. Se definieron acciones a nivel central y se comenzó a articular el trabajo «pero siempre sobre la marcha», debido al tamaño y complejidad de la institución universitaria «cada cambio era muy difícil». La primera vez que un EPL de la FCS debió rendir examen, se resolvió que lo hiciera en la facultad. La concurrencia del estudiante engrilletado y custodiado por dos policías «generó un revuelo muy importante». El hecho motivó la discusión sobre el tema y se definió que la FCS iría a las unidades a tomar los exámenes. A fines de 2017 se elaboró un primer protocolo para garantizar las inscripciones, los materiales de estudio y la toma de exámenes a los EPL, y se creó la figura de un referente educativo. El seguimiento de estos estudiantes permitió comprobar que sus nivel de aprobación de exámenes es muy alto: sin acompañamiento es de 43%, con acompañamiento de docentes es de 75%, con el apoyo de otros estudiantes asciende a 84% y con ambos acompañamientos es de 88%. Este rendimiento es mayor que el de la población total de estudiantes, destacó. Opinó que se vienen logrando avances significativos para fortalecer las trayectorias de los EPL, aunque todavía se puede hacer mucho más. También valoró que el trabajo con estudiantes en contexto de encierro «enseña muchísimo a ver las prácticas educativas en la facultad». Camila Paleo, de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) relató que allí se dio un proceso de crecimiento muy similar de los EPL, actualmente hay 20 inscriptos en ocho unidades del INR. En 2017 se conformó una comisión cogobernada para el trabajo con estos estudiantes, y la aprobación de un protocolo no demandó mucho tiempo. Ese año el apoyo a los EPL involucró solo al Centro de Estudiantes de la FCEA, pero en 2018 se incorporaron tutores pares y este año el acompañamiento principal lo realizan docentes, puntualizó. Además de la necesaria adecuación y flexibilización curricular y administrativa, la facultad avanzó hasta lograr un acuerdo con el Plan Ceibal para la donación de tablets para todos los estudiantes universitarios privados de libertad. Entre los desafíos pendientes, mencionó que se debe seguir avanzando para fortalecer este programa en cuanto a recursos humanos, materiales y logísticos. También se debería atender a los estudiantes que egresan del sistema penitenciario, concluyó. * La Mesa Interinstitucional de Educación para personas en conflicto con la ley penal está conformada por varias dependencias del INR, el INISA, la ANEP, el MEC, el MIDES, además de la Dirección Nacional del Liberado, la Dirección Nacional de Empleo, la Udelar, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario.

Publicado el martes 17 de septiembre de 2019

Buscar un articulo