Una mirada diferente sobre seguridad

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El martes 24 de setiembre el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (CDC-Udelar) resolvió «manifestar el rechazo al proyecto de reforma constitucional denominado "Vivir sin miedo" ya que su aprobación implicaría graves consecuencias para la seguridad pública y los derechos humanos». La resolución del comunicado emitido por el CDC expresó además su voluntad de: «Redoblar los esfuerzos en la promoción del debate público sobre el tema e instar a los colectivos universitarios a difundir aportes para el debate sobre el proyecto de reforma constitucional».

El proyecto de reforma que se plebiscitará en octubre de 2019 introduce, entre otras modificaciones, la creación de un cuerpo militarizado para encargarse del orden interno, la eliminación de la reducción de penas por trabajo o estudio, la cadena perpetua y los allanamientos nocturnos. El Portal de la Udelar conversó sobre los alcances de este proyecto de reforma constitucional con Tania Rodríguez, licenciada en Historia, docente investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) y en educación media en el Consejo de Educación Técnico Profesional - UTU. Rodríguez recordó que hoy los allanamientos nocturnos están prohibidos en la Constitución por considerar el hogar como un espacio inviolable. Indicó que el cambio que habilitaría esta acción -si se aprobara este proyecto- ignora el contexto de vulneración de derechos (si hay niños, el impacto físico, psicológico y moral del lugar que se va a invadir y en el que se va a operar). Se genera con esta medida una criminalización previa al delito y enfocada a sectores más pobres de la población, de los barrios periféricos, que no tienen acceso muchas veces a las mínimas condiciones de vida digna. En cuanto al alargamiento de las penas y la instauración de la cadena perpetua, Rodríguez afirmó que según datos obtenidos de la Fiscalía uruguaya en 2017, 69, 8 % de los privados de libertad no tenían condena. En estos casos se toma la medida privativa de libertad sin haberse comprobado la culpabilidad, como medida cautelar. Acotó que Uruguay es uno de los países de América Latina que tiene mayor tasa de encarcelamiento de su población, y de quienes están actualmente encarcelados por lo menos la mitad se encuentran en situación de medida cautelar. Asimismo, si se aprueba la reforma constitucional estos números «van a aumentar de manera exponencial». La investigadora manifestó que no se pueden desconocer los intereses económicos presentes en este aspecto. Las cárceles están superpobladas; la alternativa que se presentaría de aprobarse esta reforma frente al aumento de personas encarceladas, sería construir nuevos centros de reclusión. Como el Estado no puede asumir una inversión de esa magnitud, la construcción de los nuevos establecimientos carcelarios se llevaría adelante a través de capitales público-privados. El discurso de los sectores propulsores de aumentar las medidas punitivas es que con ellas se disminuirá la inseguridad y los niveles de violencia, pero Rodríguez sostiene que si se analizan experiencias de este tipo a nivel regional, se observa el efecto contrario. Citó el caso de Brasil, donde realizó su tesis final de grado «Entre los muros de la transición democrática: privados de libertad - Carandirú (1988-1993)»: cuando se decretó la intervención militar en Río de Janeiro en el 2018 el número de muertes aumentó de manera exponencial, en un lugar que ya sufría ese problema. Actualmente, en Brasil son asesinadas 50.000 personas por año, la mayoría a mano de la policía, y constituye el mayor número de muertes del mundo en relación a la población. Señaló como paradoja que mientras en Uruguay se plantea una reforma que introduce la militarización policial, y por tanto de la seguridad interna y de la sociedad en su conjunto, en Brasil donde existe una policía militarizada desde hace décadas se está discutiendo la desmilitarización. Por otro lado, resaltó que las políticas represivas responden a una lógica en la que se cataloga a la persona como irrecuperable para la sociedad independientemente del delito que haya cometido, no se le permite la posibilidad del error y de la reparación de la falta. Para Rodríguez esta reforma profundiza esta concepción. Origen del punitivismo La investigadora sostuvo que las propuestas que aumentan y profundizan el uso de estrategias punitivas y represivas no provienen de ideologías conservadoras aisladas de carácter nacional, sino que responden a una lógica regional y latinoamericana. Son herencia de políticas neoliberales que se implantaron en la región en las décadas del 80 y 90 del siglo XX, y en Chile en las décadas del 70 y 80 a partir de los Chicago Boys, quienes impulsaron una serie de medidas que se aplicaron durante la dictadura de Pinochet. También indicó que quienes llevan adelante propuestas de mayor rigor punitivista en Uruguay y la región las enmarcan en un discurso político y social en el que la seguridad es un problema actual que desborda y frente al cual es necesario actuar con un aumento de la represión. Sin embargo, agregó, si se revisan los periódicos de los últimos 100 años, se puede identificar que la sensación de gravedad y alarma pública frente al problema se presenta como un fenómeno continuo. Rodríguez sostuvo que los gobiernos que impulsan estas políticas construyen una línea de discurso en la que identifican un enemigo interno al que hay que combatir. El elemento estructurante de la inseguridad como forma de gobierno es el miedo a ese otro que se configuró como enemigo público. En estos gobiernos se construyen estereotipos o imaginarios sociales que definen cómo es o cómo debe ser ese enemigo. Este adversario público varía de acuerdo a los momentos históricos: mientras en los años 70 fue la guerrilla, a partir de los años 90 con la aplicación de políticas neoliberales que resultaron en la precarización laboral y el aumento de las tasas de desempleo, el foco se colocó principalmente en las poblaciones pobres y racializadas (afro, e indígenas en otros contextos latinoamericanos). En esta lógica opera también la criminalización de la juventud: se asocia una edad y una manera de vestir con la delincuencia y se genera el miedo. Para la investigadora, este fue el motor con el cual las dictaduras de América Latina en los años 70 cumplieron sus fines de represión y control social, y luego las políticas neoliberales de los años 90 tomaron y fortalecieron dentro de sus formas de operar esta lógica punitiva, heredada de los gobiernos de facto. Para Rodríguez esta continuidad se debió, entre otros factores, a algunos errores que se cometieron en la construcción de una democracia plena luego de la salida de la dictadura, no solo en nuestro país sino en la región. Uno de ellos fue no remover las estructuras de poder y los actores que participaron en este proceso; no hubo una reforma estructural ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía que replanteara sus formas de operar. «No se pueden perdonar crímenes de lesa humanidad ni encubrirlos», sino que es necesaria una reestructura del funcionamiento, la formación y la perspectiva de dichas fuerzas, que parta de una reflexión acerca de su función en Uruguay actualmente. Habría que plantearse cuál es la formación que necesitan estas fuerzas, con qué perspectiva, y para abordar qué. Antes de Vivir sin miedo La tesis de maestría de Rodríguez fue «Violencias e inseguridades institucionalizadas: la baja de la edad de imputabilidad penal en Uruguay y Brasil (2012-2016)». Sobre este tema planteó que el plebiscito del 2014 en Uruguay, que proponía la baja en la edad de imputabilidad penal, se enmarca en estas políticas que colocan al joven como delincuente innato. Esta criminalización a los jóvenes tiene carácter regional y responde a la natural rebeldía y discusión a las normas establecidas propia de esta etapa etaria, que va contra los intereses de quienes aplican políticas neoliberales. En 2015 resurge la propuesta de baja de la edad de imputabilidad penal en Brasil y en Argentina, que está establecida en 16 años, persiste la intención de forma latente de bajarla a 14. Intereses, información y desinformación En la construcción de este miedo colectivo juegan un papel importante los medios de comunicación hegemónicos. En este sentido, para la investigadora hay dos factores que permiten que estas propuestas de mayor punitivismo logren la adhesión social. Uno de ellos es la sobreexposición de hechos delictivos y la espectacularización de la inseguridad, forma en que abordan este tema los canales de televisión, publicaciones escritas y emisoras de radio con mayor poder en el país. Esto juega un papel clave a la hora de crear perspectiva de la problemática en la sociedad. Los grandes medios de comunicación colaboran sistemáticamente en la conformación de ese enemigo interno, colocan a ese otro integrando un grupo al que se identifica como enemigo social y que independientemente al delito que haya cometido no merece vivir. La población en general que consume esos medios cotidianamente incorpora los estereotipos y discursos que estos generan en torno al tema inseguridad, y son por tanto otros actores que permiten que se puedan desarrollar estas medidas punitivas y que las fomentan. Otro de los factores que favorece la incorporación de estas perspectivas punitivas en la sociedad es la desinformación. En el caso de la propuesta de reforma constitucional «Vivir sin miedo», el argumento fundamental con el que se convoca a la sociedad es «más seguridad», pero se desconoce cuáles son las modificaciones que se introducen con esa promesa. «Más seguridad puede lograrse de diferentes formas según la perspectiva que se le dé; hoy se lo relaciona con más policía, mayor encarcelamiento, y no se piensa que puede impulsarse garantizando a las personas el acceso a la vivienda, la educación, con una perspectiva más integral de la seguridad que no implique solo más represión», explicó. Resaltó que el miedo también persigue intereses económicos, en este sentido se preguntó quiénes se benefician con la inseguridad y con las medidas punitivas. Hay una mercantilización de las políticas de seguridad ciudadana en la que operan intereses de grandes grupos vinculados a la economía de la seguridad. Entre ellos se encuentran las empresas de seguridad privada, quienes venden cámaras de seguridad, alarmas, construyen rejas, empresas que ofrecen hacer cárceles público privadas, entre otros. La desigualdad social, la pobreza, las cárceles, el incremento del nivel de seguridad, enriquece a sectores socioeconómicos de poder y responde a una «reorganización regional de la derecha». Acotó que son producto de dinámicas de reacción que se están dando a nivel global frente a un avance social de ampliación de derechos, que se logró en los últimos años en la región. Agregó que dentro de estos sectores de poder apareció un nuevo grupo que juega un papel importante en el impulso de estas políticas conservadoras: las facciones de políticos evangélicos. Integrantes de estos sectores ocupan lugares en el parlamento actual de Brasil y también actúan en Uruguay actualmente «financiando y colaborando con partidos de derecha». Rodriguez indicó que es necesario estar atentos a cómo opera este fenómeno, porque muchas de las propuestas punitivas actuales provienen de esos grupos con intereses económicos propios. Conclusiones Rodriguez señaló que la inseguridad es un problema estructural, no se soluciona con mayores penas sino con políticas sociales: redistribución de rentas, mayor escolarización, brindar servicios a sectores de la población que no los tienen o no pueden hacer uso de ellos. En este sentido, subrayó que no se trata solo de tener acceso a matricularse en la educación formal primaria media, bachillerato, sino poder transitarla de manera digna, teniendo comida, abrigo, soporte familiar. La investigadora opinó que a la hora de instrumentar planes de seguridad es necesario atender a la realidad nacional y ver ejemplos regionales que hayan logrado construir otra lógica que no sea la punitiva. Hay referentes al respecto como el caso de México y Bolivia, experiencias que sería valioso discutir e incorporar. El modelo de seguridad uruguayo tomó como referencia a sociedades industrializadas de países europeos con una realidad, estructuras y condiciones totalmente diferente a las de nuestro país. Existen experiencias en seguridad en el continente americano que amplían el debate hacia cómo debe ser la justicia, cómo se estructura, cuál es la forma de encararla. Para Rodríguez son modelos interesantes de analizar ya que manejan otras concepciones del derecho y de lo que debe ser la justicia, como la justicia comunitaria y la intercultural, propias de concepciones no eurocéntricas. «Hay que buscar una perspectiva que apunte a la deconstrucción de la forma de pensar punitivista, no solo a nivel estatal sino también en el núcleo social. ¿Desde qué lógica nos paramos como sociedad? También somos responsables de la existencia del delito, de ese pensamiento punitivo, de exigir el aumento de la represión», finalizó. Nota relacionada: CDC declaró rechazo a la reforma «Vivir sin miedo»

Publicado el lunes 30 de septiembre de 2019

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