Áreas Académicas de la Facultad de Derecho debaten sobre convención de Derechos Humanos

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El miercolés 11 de diciembre en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República (Udelar), se realizó un seminario en el marco de la conmemoración de los 50 años de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica. Este tratado fue suscripto el 22 de noviembre de 1969 por 26 países, integrado a la normativa nacional uruguaya a través de la Ley N.º 15737, artículo 15, el 8 de marzo de 1985 y ratificado por el Poder Ejecutivo de Uruguay el 26 de marzo de ese mismo año.

El evento fue organizado por el Área de Derecho Público de la Facultad de Derecho, Udelar y contó con la palabra de docentes responsables de cada uno de los institutos del Área. Los expositores fueron: Cristina Vázquez, del Instituto de Derecho Administrativo; Ruben Correa Freitas, Derecho Constitucional; César Pérez Novaro, Derecho Financiero; Alejandro Pastori, Derecho Internacional Público; Germán Aller, Derecho Penal; y Selva Kalett, Derecho Procesal. También estuvo presente la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mariana Blengio. «Un impacto muy importante» Cristina Vázquez, directora del Instituto de Derecho Administrativo resaltó la importancia del seminario por conmemorar y rendir tributo, «al cincuentenario de una convención que ha tenido un impacto muy importante en las asignaturas involucradas». También valoró el evento por ser la primera actividad académica del área de Derecho Público con un abordaje interdisciplinario y auguró que le seguirían muchos más encuentros como éste. «El conocimiento y el hallazgo del conocimiento está en los confines de las disciplinas y no en el abroquelarse en el núcleo de las mismas», subrayó. Vázquez refirió que el pacto expresa en su preámbulo, el propósito de consolidar un regimen de libertad personal y justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Con este espíritu el documento consagra los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos (en una igualdad de jerarquía), de las personas. Añadió que el Derecho Administrativo está intimamente ligado a la convención ya que tiene los mismos objetivos: «la garantía de la libertad en un sentido amplio frente al poder público, y la garantía de la justicia social» y apunta a lograr que estos derechos sean operativos en la vida cotidiana de las personas. En cuanto al impacto de la Convención de Derechos Humanos la docente marcó que la línea de ruta elegida por cada país que suscribió a este tratado difiere. Algunos Estados integraron en su legislación los estatutos de este acuerdo, otros los tienen como referentes y otros han optado por estrategias mixtas entre estas dos posiciones. En el caso de Uruguay el artículo 72 de la Constitución internaliza en la legislación nacional los estatutos de la Convención, al consagrar los Derechos «inherentes a la personalidad humana». Aportes de Uruguay a la Convención Ruben Correa Freitas destacó que existen similitudes entre los derechos y libertades consagrados por la Constitución de la República de Uruguay, y los que se reconocen en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que demuestra claramente la influencia de los juristas uruguayos en su elaboración. Correa manifestó que «Uruguay realizó una contribución sumamente importante en la preparación y en la redacción del texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos». En 1959 se desarrolló un simposio en la Facultad de Derecho de la Udelar en el que juristas uruguayos elaboraron un proyecto de convención de Derechos Humanos. En este documento se incluyó una disposición acerca de los Derechos «inherentes a la personalidad humana», muy probablemente inspirada en el artículo 72 de la constitución uruguaya. Asimismo el jurista uruguayo Justino Giménez de Aréchaga tuvo una activa participación, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la aprobación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Postura crítica Alejandro Pastori definió a la Convención como un instrumento del derecho internacional público y que se rige por tanto por el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este estatuto establece como fuentes formales del derecho público: los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho. Asimismo tiene a la jurisprudencia y a la doctrina como medios auxiliares de determinación de derechos (no son fuentes formales por lo que no obligan a las partes salvo a las que están involucradas en un caso concreto). Añadió que la interpretación de los tratados entre ellos la Convención, se rige por la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados entre Estados, la cual establece que «un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin». Resaltó que cuando al Convención Americana falla a través de su Corte, se genera jurisprudencia en materia de Derechos Humanos, que por los estatutos por los que se rige la Convención es inapelable por los Estados parte y válida solo para ese caso puntual. El docente se basó en esta normativa para plantear una posición crítica a la Convención. Sostuvo que desde el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile (2006), la Corte americana se ha adjudicado la potestad de que la interpretación que ella hace en su jurisprudencia de la Convención, sea la única valedera. Asimismo demanda a los Estados que esta deba ser tenida en cuenta por los jueces nacionales a la hora de emitir sus fallos, por lo que el juez nacional no deberá tener en cuenta solo el texto de la convención sino también toda la jurisprudencia de la Corte vinculada con el Tratado. Pastori opinó que esto es contrario al derecho internacional público ya que «quienes interpretan un tratado son los Estados». Añadió que además la pretención de la Convención provoca que un caso sea juzgado en base a resoluciones en las que las partes no estuvieron involucradas, por lo cual es incorrecta jurídicamente. El docente sumó a estas objeciones las demoras de años que tienen algunos casos que se están tramitando en la Corte Americana de Derechos Humanos, en los que aún no se ha dictado resolución. «El mejor homenaje» César Pérez Novaro expresó que «la aplicación práctica del Pacto es el mejor homenaje que se le puede realizar a este cincuentenario». Añadió que la inclusión de la Convención en el derecho interno uruguayo tiene una enorme trascencencia práctica. «La garantías y los principios son fundamentales en la vida práctica del abogado», manifestó Pérez Novaro. «Un pacto iluminista» Germán Aller manifestó que independientemente a los cuestionamientos que se le hacen a la Convención, este cincuentenario significa una fiesta para todos ya que el pacto de San José de Costa Rica fue muy importante para Latinoamérica. Acotó que aunque Uruguay fue uno de los países menos implicados en las consecuencias porque a pesar de sus fragilidades tenía una gran tradición histórica de respeto de derechos humanos, otros países todavía no habían logrado instaurarlos plenamente. Pese a las falencias de la Convención, que en el campo del derecho penal es muy lenta, sostuvo que es un sistema necesario que hay que alimentar para que funcione y «un pacto iluminista, la ilustración diferida en el tiempo». Añadió que la necesidad de Uruguay más que este tratado era la que sigue siendo hoy, aplicar bien las normas que ya tiene. «Uruguay tiene normas sobre prisiones y nuestras prisiones son de las peores prisiones latinoamericanas, ¿necesitamos un pacto de derechos humanos o necesiotamos aplicar los derechos humanos?», expresó Aller. Subrayó que «el pacto de Costa Rica en Uruguay sigue sin hacerse carne, sin haberrlo leído lo podíamos haber aplicado con la Constitución, con nuestros códigos deficitarios, penales, procesales…en Uruguay no lo aplicamos porque no lo queremos aplicar». Añadió: «Uruguay sigue teniendo grandes juristas, si tenemos buenos cerebros para el derecho, si tenemos buenos funcionarios penitenciarios, porque los tenemos, si tenemos buenos oficiales de policía, si tenemos tantas cosas tan buenas, y las leyes son herramientas, nuestro problema no es de marca legal, Uruguay tiene un problema cultural. Nosotros seguimos portando un monstruito perverso adentro que nos lleva a molestar lo más posible al próximo que va a venir y al prójimo que tenemos cerca». «Al César lo que es del César» Selva Kalett reeflexionó acerca del rol de los jueces en la aplicación de al Convención. Al respecto expresó: «Si los derechos están reconocidos y se limitan por leyes que se establecen por interés general, ¿Porqué estamos todos queriendo que los jueces brinden soluciones que son del legislador? Yo no quiero para nada aunque soy jueza de carrera y de vocación el gobierno de los jueces, quiero un legislativo fuerte, que dicte las leyes y jueces que cumplan esas leyes. Los derechos deben ser sostenidos en primer lugar por el legislador». Líneas a profundizar Ruben Correa Freitas estimó que en una futura reforma constitucional uruguaya deberán incluirse el derecho a la dignidad de la persona humana, así como algunas garantías para la protección de los derechos humanos, como el recurso de amparo. Consideró que esta reforma debería también resolver la cuestión de la jerarquía de los tratados y convenciones internacionales, dándoles expreso reconocimiento. Sostuvo también que se tendría que eliminar o modificar el inciso segundo del artículo 37 de la Constitución uruguaya por ser contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. «Como universitarios del área del Derecho Público de la Udelar debemos asumir el compromiso decidido en la defensa y protección de los derechos humanos en su más amplia expresión, así como el cumplimiento estricto de la Convención Americana de Derechos Humanos en todos sus aspectos», expresó Correa. El director del Instituto de Derecho Constitucional señaló que el evento fue una primera jornada del área de Derecho Público y lo valoró como una instancia de intercambio muy positiva. Consideró importante que los catedráticos de los institutos se vuelvan a dar un tiempo para tener encuentros de discusión y debate de estas temáticas en el futuro.

Publicado el lunes 16 de diciembre de 2019

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