Petit: «Este sistema carcelario gigante es infinanciable e ineficiente»

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Se realizó el XI Espacio de Innovación Penitenciaria bajo la temática «Hacia una agenda común para las cárceles. Viejos y nuevos desafíos para la política penitenciaria», en cuya apertura participaron el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, y uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Wilder Tyler.

Petit indicó que entre 1999 y 2019, se triplicó la población carcelaria: pasó de 4117 a 11.600 internos, y sigue creciendo. Actualmente, hay 323 personas presas cada 100.000 habitantes. Explicó que también son más complejas las trayectorias de vida de los nuevos privados de libertad: exclusión social, deserción educativa, adicciones, problemas de salud mental, ausencia familiar, carencia de recursos. Entre los países del mundo, Uruguay se encuentra en el puesto 28 en cantidad de presos, y tiene muchos más presos que países que «tienen más desigualdad, arrastran conflictos étnicos regionales y guerras civiles, tienen más pobreza, peores sistemas de seguridad social, y menos porcentaje de gasto social». Además, detrás de los 11.600 presos, hay no menos de 16.000 niños y adolescentes con referente privado de libertad. Este sistema carcelario gigante «no es financiable», sentenció. Requiere ingentes recursos y cada vez es más difícil que tenga los dispositivos técnicos y socioeducativos que requiere para ser rehabilitador. Se vuelve, por lo tanto, ineficiente: no cumple su función integradora y rehabilitadora, y genera reincidencia. En este sentido, señaló que un sistema penitenciario eficiente lucha por bajar su reincidencia, midiendo qué lugares y qué programas logran resultados buenos, y cuáles son las claves de su éxito. Para bajar la reincidencia es necesario «que mejore o que siga mejorando el sistema penitenciario: que su densidad de oportunidades socioeducativas crezca, que las políticas sociales invadan las cárceles con mayor cobertura de salud, salud mental, asistencia a las familias y a niños y adolescentes con referentes presos, con escuelas de oficios, con educación adecuada a la edad y situación de los internos, con tratamiento de adicciones, con trabajo, con emprendimientos productivos, con tecnologías educativas contemporáneas, con cultura y deporte». Se refirió a la ley estadounidense First Step Act, aprobada en 2018, como un ejemplo de una fórmula para generar un cambio en el sistema penitenciario. Fórmula que incluye investigación social; acumulación de conocimiento; trabajo conjunto y sincronización entre la sociedad civil, la academia y el Estado; trabajo intenso y multipartidario sobre el tema dentro del Parlamento; acuerdos legislativos; monitoreo; e implementación de nuevos modelos. También un sistema educativo formal y no formal sólido que evite la deserción, programas socioeducativos culturales de asignación, accesibilidad a derechos en las zonas más carenciadas o conflictivas. Es decir, «un sistema penitenciario humanista, integrador, medidas alternativas sólidas, creíbles y consistentes, y políticas post penitenciarias enraizadas con las políticas públicas generales», concluyó. Recordó que el sistema penitenciario uruguayo viene desarrollando con el INR y el Ministerio del Interior una reforma penitenciaria desde 2010, sin embargo, hay «un sector nada menor del sistema que está todavía lejos de los estándares mínimos de derechos humanos». Luego de agradecer y destacar el trabajo de los funcionarios penitenciarios y todo el equipo de trabajo, sostuvo que lo que mejor define su espíritu es la presencia en el territorio, recorriendo los módulos, las planchadas, conversando dentro de las celdas, participando de actividades. «Preguntamos mucho, intercambiamos, hacemos sugerencias, recomendaciones, propuestas, mediaciones, (...) también hacemos denuncias en la Justicia», indicó. En esta misma línea, subrayó que este año promovieron dos juicios de Habeas Corpus: uno por un sector del COMCAR, y otro por un sector de la Cárcel de Pense. «Por primera vez una jueza y un tribunal ordenaron cerrar un sector penitenciario por no cumplir con estándares mínimos», señaló. Las Reglas de Mandela y la regulación de derechos Por su parte, Wilder Tyler, se refirió a los desafíos «a encarar» para la política penitenciaria y dijo que una forma es «explorar los desafíos de la agenda 2019 que quedaron en el tintero». Señaló que este año la INDDHH y el Comisionado Parlamentario presentaron a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Representantes un trabajo donde los dos órganos de control que pertenecen al Estado y que cumplen la función de control, monitoreo y asesoramiento en materia de encierro aunaron algunos criterios fundamentales que pueden conformar una agenda futura. Se refirió al proyecto de ley que se presentó para la organización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y su código penitenciario: «Es importante reconocer como base de esa agenda que la ley establezca la naturaleza jurídica, los cometidos, la ubicación institucional, el poder jurídico y el funcionamiento del INR». En este marco, destacó que «concebir al INR como un servicio descentralizado y especializado en materia penitenciaria es un avance muy grande para efectivizar los fines rehabilitatorios del encierro institucional conforme con nuestra Constitución». Mencionó que aún no está resuelta la ubicación del INR, pero en su opinión, debería realzar «el contenido rehabilitador y educativo que es el significado y el propósito último de la privación de libertad». En cuanto al derecho penitenciario, dijo que este documento se abordó con un trabajo técnico entre el Comisionado Parlamentario y la INDDHH y que «se nutre del derecho internacional de los derechos humanos». Se basó en la idea de que nuestro país integre en su legislación, todos aquellos elementos que fueran integrables de la normativa de las Reglas de Mandela, que fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Las Reglas de Mandela son el resultado de negociaciones «muy arduas» de los gobiernos, señaló, y «no son las mejores normas, pero son las mejores normas que se han podido consensuar». Además, «equilibran los imperativos de derechos humanos con las exigencias de la seguridad, del orden público, de la salud pública, de la moral pública». En este marco remarcó que «estas reglas son posibles y son adaptables a nuestro país, incluso en las difíciles situaciones que tenemos hoy» Considera que sería conveniente «establecer una regulación legal mínima en las medidas no privativas de libertad estableciéndose con precisión las limitaciones a la libertad en lo que refiere al contrato social punitivo de la libertad vigilada», porque «una regulación legal mínima debe existir para que no quede liberado a gestión administrativa», consideró. También mencionó la necesidad de regular el derecho a la salud y la obligación del Estado para hacerlo efectivo, remarcó que este derecho deberá estar consagrado en una ley penitenciaria con delimitación de responsabilidades de los propios organismos y del INR, porque «esta área necesita una agenda común del Estado para que no haya descoordinación». Tyler señaló que se podría discutir en la ley, establecer un límite de edad para las mujeres con hijos privadas de libertad y «tener la flexibilidad suficiente para tener en cuenta situaciones familiares y sociales especiales». Considera necesario también incluir la regulación al derecho al trabajo, establecer con claridad cuáles son las limitaciones a ese derecho, y tener en cuenta las normas de seguridad social correspondientes. Posteriormente, tuvo lugar el panel «¿Una cárcel o una guardería gigante? Educación, rehabilitación y responsabilidad social», donde participaron Denisse Legrand, integrante de Nada Crece a la Sombra; Jorge Camargo, director de Unidad 4 COMCAR; Luis Parodi, director de Unidad 6 de Punta de Rieles; y María de los Ángeles Machado, directora de Unidad 20 de Salto. La mesa fue moderada por el periodista Álvaro Carballo. En el segundo panel, moderado por el periodista Juan Miguel Carzolio, « ¿Cuándo llegan las políticas sociales? Ciudadanía y privación de libertad» expusieron: Clara Musto, integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y Violencia de Udelar; Daniel Márquez, representante de Nada Crece a la Sombra; Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación y Juan Ceretta, titular de la Cátedra de Litigio Estratégico de Udelar. La mesa «¿Cada uno por su lado o nuevos modelos de articulación? Políticas públicas basadas en derechos humanos» contó con la presencia de Ana Vigna, integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y Violencia de Udelar; Jaime Saavedra, director de Dirección Nacional de Apoyo al Liberado; Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación; Marcos Baudean, integrante de Nada Crece a la Sombra y Diego Sanjurjo, criminólogo. La periodista Soledad Platero moderó la mesa. El último panel, «¿Qué tan justa es la Justicia? Acceso a la Justicia, defensa y libertades», fue moderado por la periodista Paula Barquet, y participaron: Clara Leite, directora de Defensoría de Ejecución Penal del Poder Judicial; Valeria España, integrante de la Fundación FESUR; Alberto Reyes, ministro de Tribunal de Apelaciones en lo Penal y presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay y Martín Fernandez, representante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).

Publicado el martes 17 de diciembre de 2019

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