Columna de opinión.

La Universidad de la República (Udelar) se apresta a procesar una profunda renovación de sus órganos colectivos de dirección, cuya nueva integración emana de las elecciones universitarias de marzo del presente año. Consejos y claustros de los servicios universitarios se conformarán con los representantes de los órdenes que, oportunamente, proclamará la Corte Electoral. Quizá la novedad más importante de estas elecciones es la constitución, por primera vez, de las autoridades electas por los tres órdenes universitarios -docentes, estudiantes y egresados- en los centros universitarios regionales, expresión nítida y contundente del proceso de descentralización universitaria.

La renovación de los órganos de conducción acontece en un momento particular. El rector Rodrigo Arocena culmina su segundo período de gestión. La nueva Asamblea General del Claustro tendrá en sus manos el desafío de elegir a quien represente a la institución en los próximos cuatro años y conformar un equipo rectoral que, con la activa participación de los colectivos universitarios, tendrá la responsabilidad de elaborar e impulsar una agenda política que guíe el accionar de la Udelar en los años venideros.

Como construcción institucional rica y compleja, en una universidad conviven colectivos heterogéneos, variadas identidades idiosincráticas y acervos culturales, amplias tradiciones intelectuales, paradigmas científicos y profesionales diversos y divergentes. Espacio de discusión, generación y difusión de ideas y conocimientos; la universidad no es ámbito para unanimidades y visiones monolíticas. No debe serlo.

A esta impronta general se suma el hecho de que la Udelar vive un período de transformaciones -descentralización, revisión de los planes de estudio de grado, redefiniciones de su estructura de gobierno, etcétera- que obligan a pensar sobre su proyección inmediata y mediata. En este plano, las posiciones distan de ser únicas. Bienvenidas estas diferencias. Obligan a pensar y repensar estrategias, prioridades y procesos de implementación de reformas en curso o a diseñar; exigen encontrar síntesis -no unanimidades- que eviten el estancamiento y la esclerosis.

Sería natural y sano que en ocasión de la elección de un nuevo rector o rectora, la discusión programática emergiera y se instalara, con todas sus aristas y agudezas, en el centro del escenario universitario. Las candidaturas al rectorado deberían reflejar cabalmente posiciones programáticas y trayectorias posibles de desarrollo universitario.

No es el escenario que está planteado. Dos de los nombres que se mencionan con más insistencia como candidatos a rector -los del pro rector de investigación, Gregory Randall; y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico- concitan el apoyo de importantes colectivos, pero su postulación enfrenta obstáculos normativos, asociados con la interpretación de los requerimientos que establece la Ley Orgánica para ocupar el cargo. La incertidumbre sobre el espectro de posibles candidatos debilita el debate programático y afecta la calidad de la propia democracia universitaria.

El problema tiene dos dimensiones distintas. La primera y más importante, política. Los colectivos que integran la Udelar deberían expresar clara y contundentemente que desean elegir el rector en un escenario abierto, donde todos los candidatos que conciten adhesiones por su trayectoria universitaria integren el conjunto de opciones a priori. No sería bueno para la institución que el rector surgiera por ausencia de otros candidatos, ni que los silencios pudieran interpretarse como intencionalidad de limitar el espectro de alternativas. La segunda dimensión es jurídica. Una expresión política clara -habilitar a todos los potenciales candidatos- puede o no ser viable jurídicamente. Si la conclusión fuera que no es jurídicamente viable que Rico y Randall sean candidatos, sería una mala noticia para la Udelar, poniendo en evidencia la necesaria modernización de la Ley Orgánica. Pero no constituiría un resultado hiriente para la vida universitaria, desde que la voluntad colectiva fuera permitir que todos los candidatos posibles participaran como tales en el necesario debate programático.

Como camino no es novedoso. En 2006, dos de los tres candidatos a rector no habían obtenido su título de grado en la Udelar. Con la amplitud y generosidad inherentes a las mejores tradiciones universitarias, en aquel entonces se encontró el espacio normativo para habilitar a Arocena, a la postre electo; y a Roberto Markarian, quien gracias a aquella decisión vuelve a ser hoy un fuerte candidato.

Un escenario con opciones limitadas, sin que se explicite un consenso generalizado a favor de eliminar restricciones cuya existencia no tiene sustento conceptual, generará heridas difíciles de suturar. Los colectivos universitarios deberían expresar con claridad la voluntad de habilitar a todos los candidatos y buscar los caminos normativos -lo cual no quiere decir necesariamente encontrarlos- para alcanzar ese objetivo. Con la generosidad y desprendimiento requeridos para asegurar una discusión política y programática fecunda, con la amplitud para confrontar ideas y proyectos, sin razonamientos pequeños que inhiban el desarrollo de la Udelar. Como se hizo en 2006. Como siempre se debería hacer.

Los comentarios están cerrados.