El viernes 13 de marzo las prioridades del país y la agenda de discusión pública se trastocaron profundamente. No porque fuera imprevisible, pero los primeros casos de covid-19 que señalaban la incorporación del Uruguay a la problemática global de la pandemia obligó a todos los actores —individuales y colectivos, políticos e institucionales, públicos y privados— a reposicionar su accionar cotidiano, a afrontar con mayor o menor decisión la coyuntura y a prepararse para distintos escenarios contingentes. Las hirientes crónicas e imágenes provenientes de diversos rincones del planeta obligaban a focalizar esfuerzos y compromisos en pos de mitigar los efectos sanitarios, comunitarios, económicos e individuales de una realidad distópica, inimaginable para la mayoría de nosotros, no así para la comunidad científica especializada, donde los riesgos de una pandemia eran conocidos y discutidos.
El 25 de marzo desde la Presidencia de la República, en el marco del anuncio sobre la propuesta de detracciones a los salarios y jubilaciones para financiar políticas para enfrentar la emergencia, se dejó caer en la conferencia de prensa una tan corta como elocuente aseveración, con la que todos los uruguayos no pudimos menos que sentirnos identificados: «… nosotros, como muchos de ustedes en sus hogares, hemos cambiado el orden de las prioridades. Las prioridades en campaña electoral, las prioridades hasta el 13 de marzo eran unas, y cambió todo y el gobierno, que no es ajeno a esa sensibilidad, lo entiende».
Mensaje tranquilizador que nos permitía a todas las instituciones y actores focalizar nuestro esfuerzo en atender la situación emergente, generar políticas que priorizaran la construcción de insumos para mejorar la capacidad de la sociedad de afrontar la epidemia y atender el cumplimiento de nuestras funciones básicas minimizando los costos asociados a la eliminación de los espacios de interacción pública. Los componentes de la agenda de políticas no cambiaban, pero el orden de prioridades se alteraba. Sin duda, la decisión de postergar la presentación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) era coherente con esta visión.
El 30 de marzo, desde la Presidencia de la Cámara de Representantes volvió a transmitirse el mismo y consistente mensaje, afirmando con rotundidad que «sobre ese tema no se está hablando», en referencia a la presentación de la LUC.
En diez días algo cambió. El jueves 9 de abril, en esta especial Semana de Turismo, cuando la aparente ausencia de actividad esconde el denodado trabajo de miles de uruguayos —entre ellos, una gran parte de la comunidad universitaria, enfrascada en mantener la enseñanza en plataformas digitales en condiciones adversas y generar conocimiento valioso y pertinente como insumo para mitigar la epidemia— el presidente de la República anunció por redes sociales el envío informal al Parlamento del proyecto de Ley de Urgente Consideración, para conocimiento previo de los legisladores, y que sería ingresado formalmente en «algunos días», transmitiendo un sentido de inminencia acerca de la presentación del mencionado proyecto.
Es difícil desentrañar la motivación y el sustento fáctico de este cambio de perspectiva, donde el gobierno parece sentirse en condiciones de continuar con su plan de acción original al ritmo planificado durante los meses de transición y las dos primeras semanas de ejercicio gubernamental, combinando tratamiento parlamentario de las iniciativas del Ejecutivo con el manejo de la crisis sanitaria. Este enfoque presupondría que el Poder Ejecutivo entiende que la probabilidad de desembocar en escenarios críticos, como los vistos en otras latitudes, es suficientemente baja como para retomar agendas simultáneas y perentorias.
La enfermedad covid-19 se ha concentrado mayoritariamente en sectores con capacidad de aislamiento y resguardo, por lo que las medidas de contención y distanciamiento social funcionan como mecanismos de ralentización. La dinámica de la enfermedad (ver, por ejemplo, primeros informes del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19) puede cambiar con su difusión en todo el entretejido social, en particular entre sectores donde el aislamiento no es una opción, ya que no cuentan con medios de subsistencia o hábitat adecuados. Cambios en las conductas individuales y colectivas también pueden ser fuente de modificaciones en las tendencias.
No es posible aún discernir el perfil que tendrá aquí el desarrollo de la enfermedad. Nada descarta que el comportamiento del Uruguay pueda ser como el de los países que mejor han lidiado con el invisible enemigo, y con certeza este es el norte de las políticas estatales. Apostando también a ello, la Universidad, junto con las instituciones de investigación que se sostienen en las políticas públicas, intenta hacer aportes que apuntalen los pilares de una estrategia de contención y mitigación exitosa, tal como demuestra la experiencia internacional: incrementar la cantidad de diagnósticos, mejorar los mecanismos de trazabilidad de los contactos de aquellos ciudadanos con resultados positivos de los tests, avanzar en contar con instrumentos que aseguren que las personas curadas no constituyan focos de contagios adicionales. En forma concomitante, otros equipos docentes aportan sus conocimientos para sostener líneas de desarrollo tendientes a mejorar la protección del personal de salud y de la población en general, disponibilizar instrumentos para el tratamiento terapéutico, abrir la discusión sobre las opciones de políticas públicas para atender la emergencia y las brechas sociales que impone la detención de buena parte de la actividad económica, lidiar con los problemas del aislamiento y de la convivencia bajo aislamiento, etc. La Universidad está en movimiento y su accionar se centra en poner todas sus capacidades acumuladas al servicio de estos objetivos, del sostén de las actividades de enseñanza y la preservación del acervo cultural y científico de la institución.
La Universidad ha expresado con claridad su posición crítica sobre el contenido de la LUC en los aspectos educativos, en particular por entender que la discusión democrática de un cambio en la arquitectura del sistema de educación pública de tal magnitud es cercenada por los plazos perentorios, que limitan la posibilidad de intercambios profundos y fecundos que contextualicen y nutran al cambio normativo propuesto.
Pero si la pertinencia de un trámite de urgente consideración está en cuestión bajo un escenario ordinario, discutir y aprobar inexorablemente en cien días esta ley bajo la sombra de una epidemia que ocupa el centro de las preocupaciones e inquietudes sociales, con los derechos a reunión pública limitados por las circunstancias y con proyecciones poco certeras de la situación que el país vivirá en los próximos tres meses socava y restringe las posibilidades objetivas de intercambios democráticos con el conjunto de garantías inherentes a él: capacidad de debatir e intercambiar abiertamente, de expresar disconformidad en forma individual y colectiva, de protestar o expresar apoyo público. Ni siquiera es seguro que el Parlamento nacional, ágora de la república, pueda funcionar con normalidad durante el perentorio plazo de una ley de urgente consideración. Basta ver el ejemplo de varios países que atraviesan situaciones críticas por el coronavirus, donde los órganos colectivos ven amainados y restringidos su funcionamiento.
Quizás el Poder Ejecutivo maneje información que le permite tener certezas sobre la evolución de la epidemia. Es difícil pensar con esa lógica a la vista de las situaciones que están atravesando muchos países. El formato de urgente consideración, regulado por el artículo 168 de la Constitución de la República, impone un tratamiento expeditivo (máximo de cien días) y un mecanismo de aprobación ficta en caso de que el Parlamento no se expida en los plazos establecidos. ¿Obligará a los actores institucionales, como la Universidad de la República, a los que la Constitución exige expedirse para asesorar al Parlamento en los aspectos de la ley atinentes a su campo de acción (art. 202), a dedicar parte sus energías a analizar y elaborar propuestas sobre sus contenidos, en lugar de enfocar esas energías en los problemas emergentes? ¿El Poder Ejecutivo va a iniciar un proceso desconociendo el grado de incertidumbre sobre las condiciones sanitarias y sociales en las que se deberá desenvolver la aprobación de la ley? ¿El país se abocará a una discusión de tal naturaleza sin las mínimas certezas de que pueda procesarse en una situación donde no se encuentren severamente afectados, por razones externas a la vida institucional, los derechos constitucionales de reunión y los derechos de protesta tan caros a la tradición democrática del país?
La nueva versión de la ley recoge algunas de las observaciones que la Udelar hiciera al borrador, a la vez que preserva sin modificaciones otros aspectos que señaló como preocupantes. Hubo intercambios con el Poder Ejecutivo —no fue un diálogo de sordos— y se traducen en algunas modificaciones relevantes: se preserva la excepción de las compras de equipamiento científico en la reglamentación de los límites de las compras directas de los organismos públicos, se reincorpora la prohibición de realizar acuerdos internacionales que asuman a la educación como servicio lucrativo, se estipula que el Plan de Política Educativa Nacional por parte del MEC ante la Asamblea General se deberá formular en coordinación y consulta con los organismos estatales autónomos de enseñanza —preservando un espacio de definición estratégica propio del sector público, demanda explícita de la Universidad— se incorpora expresamente la participación de la Udelar las comisiones coordinadoras departamentales de educación y en la comisión nacional de educación no formal.
A su vez, los intercambios suscitados también transparentaron diferencias relevantes, como corresponde en los diálogos democráticos genuinos; debates que deben estar presentes y profundizarse en la etapa de discusión parlamentaria. La ausencia de mecanismos de coordinación periódicos de los actores públicos es, sin duda, uno de los aspectos sobresalientes. Sobrevuela una renuncia a un verdadero funcionamiento de un sistema de educación pública. Adicionalmente, los cambios incorporados no agotan la discusión ni cierran las dudas de implementación, interpretación y alcance de algunas disposiciones. La nueva redacción, naturalmente, agrega también nuevas dudas. Desde la perspectiva de que los contenidos de la ley no se almacenan en un envase cerrado, la Universidad puede y debe aportar en el debate parlamentario, como otros actores a los que el Parlamento considere relevante escuchar. Procesar esta discusión bajo el signo de la incertidumbre sobre la capacidad de implementar un intercambio profundo no parece adecuado.
Por supuesto, no se trata de que el gobierno renuncie a su agenda, pero parte sustantiva de esta puede viabilizarse a través de los mecanismos generales de tratamiento y aprobación legales; sin imponer plazos perentorios ni posibles aprobaciones tácitas.
Aspectos básicos del funcionamiento social están cuestionados, las privaciones de distinta naturaleza se expanden en la sociedad, en particular entre los más postergados, la posibilidad de participar activamente en la vida política se encuentra limitada. Sí, es momento de urgencias. De sostener análisis prospectivos de corto y mediano plazo que enmarquen la incertidumbre. Es momento de urgencias para asegurar un acceso democrático a la atención sanitaria, con estándares de calidad que no diferencien entre ciudadanos. Es momento de urgencias para construir herramientas de protección social y políticas públicas en general que atiendan la vulnerabilidad de gran parte de la sociedad uruguaya ante este escenario extraordinario. Es momento de urgencias para mejorar capacidades de diagnóstico e instrumentar enfoques terapéuticos en Uruguay con bases académicas sólidas, para lo que el país cuenta con investigadores capaces y conectados con las redes internacionales de investigación. No es momento para que las energías políticas del país resulten absorbidas por cien días en temas que no van a dar respuestas a estas emergentes urgencias. Estas líneas no son un llamado a renunciamientos programáticos, sino a la no utilización de una herramienta jurídica válida — ley de urgente consideración–— en un contexto donde su impacto distrae de las prioridades que impone la coyuntura y no asegura un tratamiento democrático sano.
Como oportunamente señalara el presidente, las prioridades del país cambiaron. No desaparecieron los problemas previos ni debe abandonarse la elaboración de políticas para su solución. Pero los carriles legales no pueden ser los mismos, porque el país afronta con entereza una situación cuya dinámica no es predecible con precisión y alguno de sus posibles escenarios nos obligan a priorizar la atención de sus consecuencias. En cualquier caso, esta Universidad de la República en movimiento brindará todas sus capacidades, enfoques, diversidad de miradas y opiniones fundadas de los integrantes de su comunidad para afrontar la agenda que la contingencia, los actores institucionales y políticos —incluyendo a la propia Universidad— y el funcionamiento efectivo de la democracia deliberativa y participativa delinean.