Introducción
La Universidad de la República ha estado en movimiento constante y en permanente transformación durante el último quinquenio. Todas sus capacidades fueron puestas al servicio de la sociedad uruguaya durante los años aciagos de la pandemia de COVID-19 para sostener una comunidad universitaria conectada, en particular del estudiantado que ingresaba a una institución que no conocía, bajo un esquema de virtualidad que no colaboraba ni con su inserción ni con su permanencia en la vida universitaria. Al mismo tiempo, y pese a las complejas condiciones de ese contexto, la Udelar abrió nuevas carreras de grado y de posgrado; impulsó nuevos instrumentos para sostener la investigación; amplió su política de becas, y sentó las bases para un sistema de cuidados que atendiera a su comunidad. No dejó tampoco de profundizar en su desarrollo descentralizado en el país, como lo atestiguan la creación del Centro Universitario Regional Noreste y la ampliación de su sede en Rivera; el comienzo de las obras de la nueva sede de Paysandú, la apertura de nuevas sedes en Colonia y en Mercedes —embrión de un futuro Centro Universitario Regional del Suroeste—, y la implementación de carreras de grado adicionales en otras sedes.
Estos logros son producto del esfuerzo de una comunidad universitaria comprometida y consciente de su papel en el país, que ha recibido el reconocimiento expreso de distintos actores políticos y sociales y el apoyo de la opinión pública en general. Sin embargo, es una comunidad que viene desarrollando cada vez más actividades —muchas de ellas muy complejas— con menos recursos y con remuneraciones deterioradas. El reconocimiento público no ha tenido como correlato un apoyo material que trascienda áreas específicas y proyectos concretos de la institución. Así, el presupuesto universitario ha sufrido un deterioro en términos reales en el último quinquenio.
Entonces, ¿cómo fue posible que la Universidad de la República afrontara nuevos desafíos en estas condiciones? No hay pases mágicos ni falsos argumentos de eficiencia. Los salarios de las y los funcionarios universitarios se han deteriorado y las horas disponibles del personal docente por estudiante de grado y posgrado han ido disminuyendo. También hubo que sacrificar líneas de acción cuyas implicancias en el mediano plazo no son despreciables. En particular, los recursos que reciben los equipos docentes para desarrollar actividades de investigación y de extensión se han visto afectados, así como aquellos que administran las facultades, y el Hospital de Clínicas, incluso algunas de las obras en infraestructura previstas se vieron postergadas.
El estudiantado que ingresa año tras año a la Udelar ha ido aumentando sostenidamente al tiempo que su diversidad se va complejizando pero los equipos docentes y funcionariales no crecen a la par: hoy, la Universidad de la República es la institución de educación terciaria pública con menor nivel de remuneración del país, y la comparación con las remuneraciones de países con un nivel de desarrollo relativo similar, como Brasil o Chile, la ubican en un espacio de fragilidad para retener a las personas con mayor nivel de formación relativa.
Aunque la Universidad de la República no se detiene, sí acumula tensiones que deben ser atendidas.
¿Puede la Udelar hacer más por el bienestar colectivo y por una sociedad más justa? Por supuesto que sí. Este Plan Estratégico de Desarrollo 2025-2029 sintetiza en quince líneas programáticas las acciones que pretende llevar adelante en los próximos cinco años. Su construcción fue parte de un gran esfuerzo colectivo para pensar la universidad del mañana, aquella en la que el ingreso y la permanencia de su estudiantado se dé con equidad; en la que el plantel docente y funcionarial cuente con las condiciones adecuadas para llevar adelante sus tareas, y en la que las actividades de enseñanza, de investigación, de extensión y de formación y de atención en salud sean de elevada calidad y se desplieguen en todo el territorio nacional.
Estas líneas programáticas, imprescindibles para ubicar al país en un sendero de desarrollo sostenible y equitativo, requieren dignificar las remuneraciones y las condiciones en las que se realiza el trabajo universitario. Son necesarias para permitir el desarrollo de vínculos más estables y fructíferos con actores sociales y económicos; para promover la innovación en todas las áreas de la vida del país; para reducir desigualdades territoriales y sociales en general; para acoplar un nuevo Hospital de Clínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud; para promover agendas de investigación y de educación que mejoren el bienestar colectivo; para asegurar el acceso y la permanencia en la educación superior de sus estudiantes; para conectar al país con el mundo a través de las redes donde se generan y circulan el conocimiento y la cultura, y para fomentar debates públicos informados y constructivos sobre aspectos relevantes en la vida del país.