Historia de la Udelar

El proceso fundacional se remonta dieciséis años antes, al 11 de junio de 1833, con la aprobación de la ley propuesta por el Senador Presbítero Dámaso Antonio Larrañaga. Esta ley dispuso la creación de nueve cátedras y establecía que el Presidente de la República decretaría formalmente su instalación una vez que la mayoría estuviera funcionando. Así nació la Casa de Estudios Generales que, para 1836, ya tenía establecidas las cátedras de Latín, Filosofía, Matemáticas, Teología y Jurisprudencia.

El 27 de mayo de 1838, el Presidente Manuel Oribe emitió un decreto que transformó la Casa de Estudios Generales en la Universidad Mayor de la República. Al día siguiente, el Poder Ejecutivo envió a las Cámaras un proyecto de Ley Orgánica, redactado por Larrañaga, que no pudo ser considerado debido al estallido de la Guerra Grande (la guerra civil).

El Presidente Joaquín Suárez en su decreto del 14 de julio de 1849, manda cumplir inmediatamente las normas establecidas en 1833 y 1838 y en la ceremonia de inauguración, el 18 de julio de 1849, es designado Rector el Vicario Apostólico Lorenzo A. Fernández, sucesor del fallecido Dámaso Antonio Larrañaga como principal jerarquía eclesiástica nacional. A pesar de que parecería que la nueva institución queda bajo el poder de la Iglesia, en realidad el control real lo ejerce el Estado a través de su Ministro de Gobierno.

La Universidad comienza a funcionar en la Casa de los Ejercicios, en las actuales esquinas de Sarandí y Maciel. Durante su primer semestre de vida, la Universidad Mayor de la República se aboca a la redacción de su Reglamento Orgánico que es aprobado por decreto el 2 de octubre de 1849 y que reprodujo el modelo de universidad napoleónica, la cual ponía bajo la órbita de la Universidad la totalidad de la instrucción pública: primaria, secundaria y superior.

De acuerdo a este reglamento, la enseñanza superior fue agrupada bajo la denominación de “científica y profesional” en cuatro facultades: Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y Teología. La administración quedó a cargo de un rector, un vice-rector y un consejo. A su vez, se creó la Sala de Doctores cuya función era la de evaluar la gestión de las autoridades y proponer, mediante el voto de sus integrantes, la terna de candidatos a Rector. Esta Sala es la antecesora de la actual Asamblea General del Claustro y estaba integrada por consejeros, catedráticos y graduados. La mayoría de los graduados eran bachilleres y a su vez, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, la única que funcionó durante las dos primeras décadas.

Bajo el nuevo Régimen Orgánico descentralizado y con autonomía técnica para las facultades, estas se multiplicaron:

• 1915: Matemáticas se divide en Arquitectura e Ingeniería.
• 1925: Creación de Agronomía (sobre la base de la Escuela).
• 1929: Creación de Odontología y Química y Farmacia (como escisiones de Medicina).
• 1932: Creación de Ciencias Económicas y de Administración (sobre la base de la Escuela de Comercio).
• 1933: Creación de Veterinaria (surgida de la Escuela).

El Movimiento de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 tuvo un fuerte impacto en Uruguay (1920-1930), generando la aparición de Asambleas de Claustro con participación estudiantil y carácter reglamentario en distintas facultades.

En abril de 1929 nació la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). En 1930 se realizó el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, centrado en la Reforma Universitaria, y en 1931, el Congreso Universitario Americano en Montevideo, con representación estudiantil.

El Golpe de Estado de Gabriel Terra del 31 de marzo de 1933 encontró a los universitarios politizados y preocupados por el fascismo, convirtiendo a la Universidad en un activo polo de oposición al nuevo régimen. La resistencia inicial se concentró en el rechazo a la Ley Orgánica del 2 de marzo de 1934, que nuevamente vulneraba la autonomía al imponer una sujeción administrativa total al gobierno nacional, lo que provocó huelgas estudiantiles y manifestaciones callejeras.

Entre 1934 y 1935, la Asamblea General del Claustro elaboró el Estatuto de 1935, que planteaba una reestructura de la Universidad que priorizaba la solución de problemas de interés general por encima de la capacitación profesional. Este Estatuto quedó como proyecto, ya que el 11 de diciembre de 1935, una ley determinó la separación de la enseñanza secundaria de la Universidad.

A partir de 1935, y fundamentalmente en la década de 1940, la Universidad discute varios proyectos de estatuto que no logran acuerdo unánime y son rechazados por diferencias entre docentes y estudiantes. En 1945 se incorpora la Escuela de Bibliotecnia a la Universidad, actual Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, y se crea la Facultad de Humanidades y Ciencias, centro de docencia e investigación reclamado durante muchos años. 

La Constitución plebiscitada en diciembre de 1951 introduce la disposición de que los diferentes niveles de la enseñanza serán regidos por consejos directivos autónomos y que el Consejo Directivo de la Universidad será designado por los órganos que la integran y conforme a la ley sancionada al respecto. Este camino lleva a que, finalmente, el Claustro universitario elabore, luego de muchas discusiones, un proyecto único de la Universidad que, el 7 de abril de 1958 el Rector, Dr. Mario Cassinoni, eleva al Ministerio de Instrucción Pública quien lo remite inmediatamente al Parlamento.

La lucha por la autonomía fue dura, hubo sectores que enfrentaron a la Universidad entendiendo esta actitud como peligrosa para la estabilidad del país. Durante los seis meses que corrieron entre abril y octubre de 1958, la Universidad giró en torno a la confrontación con los poderes políticos. Luego de enfrentamientos callejeros, de una prolongada huelga de las autoridades universitarias y de los estudiantes, de la ocupación de la Universidad, el proyecto de ley es aprobado con leves modificaciones por el Parlamento. Esta ley consagra los concursos para elegir docentes, la gratuidad total de la enseñanza, la autonomía universitaria en todos los aspectos y el cogobierno conformado por docentes, estudiantes y egresadas/os. La Ley Orgánica del 29 de octubre de 1958 concreta para la Universidad un sentimiento de unidad que se venía gestando desde tiempo atrás ya que por imposición de la ley de 1908 la Universidad poseía una estructura de federación de instituciones que funcionaban aisladamente sin coordinación, repetían servicios, competían por los fondos presupuestales y se regían por reglamentos diferentes.

Un inicio de labor integradora tomó cuerpo en el área de la salud con la base del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. El establecimiento, cuya integración a la Universidad se obtuvo tras un polémico proceso, arduas gestiones e intensa lucha gremial en 1953, brindó de inmediato posibilidades a la labor de asistencia y de extensión y al desarrollo científico. Si la organización interna determinó desde el comienzo un trabajo coordinador, su emplazamiento físico y el espacio disponible atrajeron a su entorno nuevas unidades, configurándose un verdadero centro universitario de la salud

Se crean comisiones de bienestar estudiantil y acción social para asistir a los estudiantes mediante becas, comedores, un proyecto de hogar estudiantil, y de esa manera, permitir el acceso de sectores más amplios de la sociedad a las carreras universitarias. Se crea el Departamento de Extensión, se instalan las estaciones agronómicas experimentales en el litoral, se crean las “carreras cortas” o “carreras auxiliares” en la rama de la salud, se dan experiencias pilotos de extensión universitaria: Pintos en el interior del país (pueblos de ratas) y Barrio Sur y Aparicio Saravia en Montevideo, realizando tareas interdisciplinarias entre estudiosos de la salud, el urbanismo y la vivienda. Se crea el Instituto de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas desde donde se estudia el estancamiento productivo y la inflación creciente en el Uruguay.

En 1964 se funda la Federación de Docentes Universitarios del Uruguay (FDUU) que luego se convertiría en la actual Asociación de Docentes Universitarios del Uruguay (ADUR), y en 1967 tiene lugar en la Universidad un seminario, conducido por Darcy Ribeiro, sobre las modificaciones que se debían realizar a un modelo de Universidad latinoamericana basado en el modelo europeo y que se adaptaba cada vez menos a las necesidades del Continente. Ese mismo año el Rector Oscar Maggiolo elabora el “Plan de Reestructuración de la Universidad” como punto de partida para la discusión del “Plan de Política Universitaria” para el quinquenio 1968-1972.

En el período que va de 1958 a 1973 las relaciones Universidad-Poder Ejecutivo se hacen cada vez más difíciles debido a los constantes enjuiciamientos que la Universidad realiza a los gobiernos de turno. Pero es a partir del gobierno de Jorge Pacheco Areco y de 1968 en particular, cuando esta relación se vuelve más conflictiva y enfrentada. El 14 de agosto de 1968 muere el primer estudiante universitario, Líber Arce, en un enfrentamiento con la policía, poco después, ese mismo año, mueren Susana Pintos y Hugo de los Santos y las muertes vuelven a hacerse presentes en 1970 y 1971 con Heber Nieto y Julio Spósito, aunque estos dos últimos eran estudiantes pero no de la Universidad.

La ley de educación redactada por Julio María Sanguinetti y aprobada en 1972, determina que los delegados a los claustros universitarios deben ser elegidos por voto secreto y obligatorio a nivel nacional y bajo la fiscalización de la Corte Electoral. El 27 de junio de 1973 se produce el Golpe de Estado y Juan María Bordaberry disuelve el Parlamento. El 12 de setiembre de 1973 se realizan las primeras elecciones universitarias con voto secreto siendo elegidas, en los tres órdenes, las corrientes favorables a mantener la autonomía y opositoras al régimen dictatorial vigente.

El 26 de octubre la Corte Electoral comunica a la Universidad el resultado oficialmente y ésta queda en posición de instalar a las nuevas autoridades. El 27 de octubre (sábado) un estudiante de Ingeniería Mecánica muere en su facultad y se pretexta que el estudiante manipulaba una bomba. Ese mismo día las fuerzas armadas ocupan todas las facultades y escuelas y el edificio central. Al día siguiente se conoce el decreto 921/973 por el cual el gobierno interviene la Universidad clausurándola y ordenando la detención y el sometimiento a la justicia militar del rector y de todos los decanos y miembros del Consejo Directivo Central.

El Ministro de Educación y Cultura se hace cargo de la Universidad. La política que caracteriza la intervención es la persecución y la destrucción.

Durante 1974 hubo muy poca actividad: se definían las nuevas condiciones de funcionamiento. Casi el 40% de los docentes fueron destituidos, renunciaron o no se les renovó el contrato a su vencimiento. Los cargos vacantes fueron cubiertos por designación directa. El movimiento estudiantil fue desarticulado y un régimen policíaco se instaló en los locales paulatinamente rehabilitados. Se cerraron varias carreras universitarias y sus respectivos servicios, se desmanteló la estructura académica, se sustituyeron planes y programas de estudio. En 1975 comienzan a aplicarse mecanismos restrictivos a la admisión de estudiantes y se establece el examen de ingreso a la Universidad de la República, primero en Medicina y Odontología y en 1980 se generaliza. En 1982 se impone un sistema de cupos prefijados. 

Después del Plebiscito de 1980, cuando los uruguayos le dijeron no a la nueva constitución propuesta por el Poder Ejecutivo, se empezó a gestar la reinstitucionalización del país y el renacimiento universitario a través de sus estudiantes. En setiembre de 1983 los estudiantes organizados en la Asociación Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) realizan la Marcha de la Primavera, tercera (5) gran manifestación popular del año que comienza en la Facultad de Derecho y culmina con la lectura de una proclama en la cancha de Defensor-Sporting en el Parque Rodó.

El 21 de agosto de 1984, poco después se suscribirse el acuerdo del Club Naval entre políticos y militares, el Ministro de Educación y Cultura anuncia el cese de la intervención en la Universidad. En algunos casos se nombran autoridades interinas y en otros, continúan las mismas. Durante los doce años que dura la intervención, la Universidad deja de investigar, de hacer extensión y su nivel de enseñanza decae. En resumen, dejaron de cumplirse los fines de la Universidad establecidos en el Artículo 2° de su Ley Orgánica.

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