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Desarrollo nacional: el rol de las personas altamente calificadas
El 6 de noviembre se realizó la segunda mesa de las jornadas tituladas “Capacidades para el desarrollo: entre el COVID y los desafíos de largo plazo”. La actividad fue organizada por el Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y contó con la participación del rector Rodrigo Arim. En esta oportunidad el tema central fue «Retención y atracción de personas altamente calificadas. Su rol en el desarrollo económico social del país».
Los expositores destacaron la necesidad de formar más investigadores, promover posgrados y estímulos para su inserción en diferentes ámbitos de actividad, incluyendo el sector productivo.
Carlos Bianchi, director del IECON, dio la bienvenida al encuentro y señaló que estas jornadas son promovidas por el instituto pero cuentan con el apoyo y contribución de colegas de toda la Udelar. Aportarán sus puntos de vista a lo largo de las cuatro charlas previstas para «hacer nuestra tarea como universitarios»: contribuir al conocimiento sobre el aporte de la enseñanza superior, la investigación y la innovación al desarrollo nacional, indicó.
La moderación de la actividad estuvo a cargo de la docente del IECON Maira Colacce, mientras que Luciana Méndez realizó una introducción a los temas que desarrollaron los panelistas. Méndez comentó que el instituto lleva adelante la línea de investigación «Retención y atracción de personas altamente calificadas: su rol en el desarrollo económico y social del país», en el entendido de que «una economía basada en el conocimiento es una economía dinámica y apunta al desarrollo y al bienestar social de sus habitantes». Explicó que en particular, las personas con título de doctorado «juegan un rol preponderante tanto en la generación de conocimiento como en su transmisión».
Indicó que la intervención militar en la Udelar durante la dictadura provocó el desmantelamiento del sistema científico, que en su mayor parte se desempeñaba en la institución, de modo que en 1984 permanecían en el país menos del 30% de los científicos que trabajaban en 1965. Al retorno de la democracia, el país y la Udelar impulsaron una serie de iniciativas para fortalecer la actividad científica, un proceso que comenzó en 1985 con la creación de instituciones como el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDEClBA), en Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y posteriormente la ANII, y que fue acompañado por la implementación de distintos instrumentos de apoyo al trabajo científico.
Respecto al gasto público nacional en I+D, señaló que es de 0.27%, un nivel muy por debajo del que realizan numerosos países de la OCDE. Además, la Udelar concentra el 78% de los investigadores del país, por lo tanto la institución ocupa un rol preponderante dentro de ese gasto público.
Méndez repasó los resultados del Primer censo de personas con título de Doctorado uruguayas o inmigrantes residentes en Uruguay, desarrollado por el Grupo de Estudios Migratorios de la Udelar en 2017. En ese trabajo se constató que de cada 10.000 habitantes, solo 4.5 adquirieron el título de doctor, una cantidad mucho menor que la de otros países de la OCDE como Alemania (70 cada 10.000 habitantes), España, (18 cada 10.000), o Turquía (10 cada 10.000).
El grupo se preguntó por qué los PhD residentes en Uruguay son tan pocos, y planteó algunas hipótesis. El hecho puede explicarse entre otras causas por la alta tasa de emigración de las personas con esta formación (26% de los uruguayos con doctorado están en el exterior), por las políticas tardías de formación de doctores en el país y por el escaso financiamiento de los estudios de posgrado en Uruguay.
Como conclusiones, Méndez planteó que ante la llamada «fuga de cerebros» deberían proponerse políticas de formación de posgrado, así como de retención y atracción de personas altamente calificadas, tanto en el sector público como privado. Además, es beneficioso promover la cooperación y circulación de investigadores.
La mesa continuó con las presentaciones de Estela Castillo, subdirectora del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA), Adriana Fernández Álvarez, colaboradora académica de la Comisión Académica de Posgrado (CAP) de la Udelar, Natalia Gras, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), y Sebastián Torres, doctor en Economía y asesor de las Naciones Unidas.
Democracia, restauración y plataforma científica
En su presentación Castillo repasó la historia del PEDECIBA, el programa conjunto del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Udelar, creado en 1986 con el apoyo de UNESCO. Tiene como objetivos crear y mantener una plataforma científica capaz de apoyar el desarrollo de las ciencias básicas y el desarrollo tecnológico y sustentar la formación a nivel local de profesionales de alto nivel en disciplinas científico tecnológicas. Para alcanzar estas metas promueve fundamentalmente la realización de posgrados, si bien lleva adelante otras líneas de trabajo como el apoyo a grupos de investigación.
El programa atraviesa transversalmente a la comunidad científica uruguaya, indicó Castillo: reúne a docentes investigadores y estudiantes de posgrado de universidades públicas y privadas, del INIA, Instituto Pasteur e Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Los investigadores de la Udelar -la mayoría- provienen de diversas facultades y centros regionales. Se abarcan las áreas Biología, Física, Matemática, Química, Informática y Geociencias. Es una red participativa, porque los integrantes de cada posgrado son los que realizan su gobernanza, explicó.
Al momento de su creación el PEDECIBA integró a investigadores que retornaron del exilio, la mayoría doctores. También se fomentó el vínculo con quienes no podían volver a través de herramientas de cooperación internacional y se promovió la formación de uruguayos en el exterior en aquellas áreas donde no había suficientes doctores, explicó Castillo. Se organizaron cursos y tutorías de posgrado con docentes uruguayos y extranjeros.
En 1995 el programa pasó a formar parte del presupuesto nacional, señaló. Actualmente reúne a 878 estudiantes y 1056 investigadores. A lo largo de 33 años ha logrado «un efecto multiplicador», en total se formaron 1388 magísteres y 725 doctores. Castillo indicó que el PEDECIBA tiene problemas similares a los del sistema científico. Uno de ellos se vincula al género, si bien las mujeres son la mayoría del conjunto de investigadores, su participación disminuye en los grados superiores. Otro desafío para el programa es la renovación, es una gran preocupación lograr la formación de más investigadores jóvenes, afirmó.
Mencionó varios objetivos que el programa se propone para los próximos cinco años, entre ellos la inserción de investigadores en el sector productivo, el apoyo a los investigadores más jóvenes y la coordinación con el sistema universitario para apoyar al posgrado. Uno de los ejes importantes del pedido presupuestal del PEDECIBA para este período es la promoción de la Carrera de investigador científico con foco en los jóvenes egresados del Doctorado en Ciencias, expresó Castillo. Su implementación no será posible si se mantiene el incremento nulo que el Poder Ejecutivo (PE) propone, lamentó.
Para finalizar indicó que «la inversión en investigación puede tardar hasta 50 años en tener impacto, y es el mismo lapso que separa las grandes pandemias». Se refirió a la experiencia del área Informática en el país, en la cual hace 30 años no había ningún doctor. En ese momento el Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería tomó la decisión de enviar 20 de sus docentes al exterior a doctorarse en informática, y actualmente esta área del conocimiento cuenta con una centena de magísteres y casi 50 doctores.
Docentes y jóvenes
Por su parte Fernández ofreció una perspectiva sobre el tema desde la CAP. Explicó que fue creada en 2001 tras la aprobación de la Ordenanza de Carreras de Posgrado, con el objetivo de estimular el crecimiento sostenido de estas carreras. Señaló que no es una comisión cogobernada, como otras de la Udelar, sino que está integrada por representantes destacados de las diferentes áreas del conocimiento.
En la actualidad las ofertas de posgrado de la Udelar son más de 300, de las cuales aproximadamente el 60% son especializaciones, 30% maestrías y 10% doctorados.
Destacó que de 2000 a la fecha todos los planes estratégicos de la Udelar indican la necesidad de promover las becas de posgrado, así como de crear y fortalecer las carreras. A través de diferentes convocatorias la CAP destina recursos para esas tres líneas de trabajo, indicó Fernández.
Comentó que hay cuatro modalidades diferentes de apoyos a carreras y tres tipos de convocatorias a becas, que son abiertas y regulares. Estas son en primer lugar las becas de apoyo a docentes para estudios de posgrado, que tienen la finalidad de la mejora del plantel docente de Udelar. Otra modalidad otorga becas de apoyo para la finalización de estudios de posgrado. Al respecto Fernández explicó que se detecta que frecuentemente los estudiantes avanzan en sus estudios, pero les cuesta mucho finalizar. Por eso se pensó en este beneficio, de menor duración que el primero, como «apoyo al último salto» tanto en maestrías como en doctorados.
En tercer lugar, la CAP adjudica becas de apoyo a posdoctorados nacionales, un programa que se incorporó en 2018 y está dirigido a investigadores jóvenes con título de doctorado obtenido hasta cinco años antes de la convocatoria. En esta modalidad se observa un interés creciente, pero ha habido un nivel de cobertura menor que en las otras. Fernández indicó que su continuidad está en riesgo, de otorgarse el presupuesto que el PE propuso para la Udelar.
Explicó cómo fue la evolución de las postulaciones y del financiamiento de becas para las dos primeras modalidades en los últimos diez años. Ambas venían creciendo a ritmo similar hasta 2018, momento en el cual el nivel de financiamiento bajó sensiblemente. Como consecuencia, en el último año la cobertura de becas se ubicó por debajo de 41%, que fue el promedio en años anteriores. Aclaró que las postulaciones que fueron académicamente aprobadas tampoco pudieron ser financiadas, y quedaron excluidas muy buenas propuestas.
Detalló que prevalecieron las postulaciones a becas de apoyo docente, y quienes postularon a estas becas fueron más jóvenes que quienes postularon a becas de finalización. Un tercio de las postulaciones a becas recibidas por la CAP corresponden a estudiantes de carreras de Facultad de Ciencias, le siguen las de Agronomía, Química y Ciencias Sociales. También se detectó un perfil feminizado, agregó Fernández.
No es casual
En su presentación Gras propuso relacionar las capacidades de innovación con las capacidades humanas en Uruguay, y señalar qué oportunidades y desafíos se presentan al respecto. Indicó que hay acuerdo en considerar que el conocimiento y la innovación han sido determinantes para explicar el crecimiento económico de los países altamente industrializados.
Agregó que «los procesos de aprendizaje son la base de los procesos de innovación», porque se aprende de la educación formal y también de la experiencia, haciendo, usando el conocimiento, resolviendo problemas. Comparó la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB de Uruguay con la de una docena de países de América, Europa y Asia, y a la vez su cantidad de investigadores por millón de habitantes. En ambos indicadores lideran países como Dinamarca, con una inversión de 3,3% del PIB y 8000 investigadores por millón de habitantes, mientras que Uruguay invierte menos del 0,5 % del PIB y tiene menos de 700 investigadores por millón de habitantes. Esta es una masa crítica de investigadores todavía muy pequeña, señaló.
Gras informó que en Uruguay la principal fuente de trabajo de los investigadores es la educación superior, mientras que en los países desarrollados el contingente mayor se desempeña en empresas del sector productivo. Si se pone foco en la estructura productiva nacional, se constata que el 70% es del sector servicios y 30% corresponde a industrias manufactureras. El 60% del sector de servicios y del sector industrial no emplea ningún profesional, mientras que alrededor del 75% de ambos sectores no emplea ningún técnico, puntualizó. Destacó que lamentablemente esta estructura de empleo de profesionales científico técnicos o altamente calificados, es la misma que verificó un estudio sobre este tema realizado en 1986; en Uruguay, la mayoría de las personas altamente calificadas trabajan en la Udelar.
El 31% de las empresas del sector industrial y 25% del sector de servicios realiza alguna actividad de innovación. La mayor parte de la innovación se realiza a través de la adquisición de bienes de capital importados, le siguen en orden de importancia la adquisición de kits, el diseño organizacional y la gestión, y en cuarto lugar las actividades de I+D. Por tanto «no es casual que se innove poco y que sean poco las oportunidades de aprendizaje resolviendo problemas de la producción nacional», afirmó Gras. Aumentar la inversión en la investigación y la cantidad de personas altamente calificadas en el sector productivo y en el gobierno es uno de los desafíos para superar los bajos niveles de innovación que condicionan el desarrollo nacional, señaló.
Por parte de la Udelar, se llevan adelante diferentes programas para estimular la formación de investigadores. Entre ellos mencionó el régimen de dedicación total (RDT), el estímulo a las actividades de enseñanza, investigación y extensión en clave interdisciplinaria, «porque los problemas no vienen en compartimentos disciplinares», y los programas que han procurado acercar la academia al aparato productivo, orientados a la búsqueda de soluciones a problemas de la producción de bienes y servicios, con énfasis en la interacción social. Gras explicó que en la propuesta presupuestal de la Udelar al país se destaca la necesidad de fortalecer la investigación de calidad y potenciar su uso socialmente valioso.
Atracción y retención
Torres indicó que existe consenso respecto a que la emigración de ciudadanos altamente calificados reduce el desarrollo y crecimiento económico de los países. A la vez tiene algunos efectos positivos como el envío de remesas a familiares en el país de origen -de gran relevancia en países centroamericanos-, o el retorno de migrantes con nuevo conocimiento y capacidad para generar negocios y redes.
Se refirió al trabajo académico «Fuga de cerebros»: El caso uruguayo, publicado en 2008 con su participación. Para ese trabajo, los autores diseñaron un cuestionario con 68 preguntas con el objetivo de llegar en profundidad a la diáspora de uruguayos altamente calificados. Con la colaboración de la Cancillería, embajadas y consulados lograron ubicar a 600 uruguayos residentes en más de 20 países, entre quienes se obtuvieron 460 cuestionarios completos. Se relevó información organizada en ocho secciones temáticas, indagando entre otros el perfil socioeconómico, la situación familiar, sus conexiones con Uruguay y planes para el futuro.
Los consultados fueron hombres y mujeres en igual proporción; el 93% tenía estudios secundarios completos y 81% estudios universitarios completos. El 90% tenía un solo trabajo y su ingreso promedio era de 3000 dólares mensuales. Cerca de la cuarta parte enviaba remesas a sus familiares, por un valor promedio de 260 dólares mensuales.
Entre los motivos que podrían influir sobre su decisión de retorno a Uruguay, señalaron la oportunidad de trabajo en el campo profesional en que se habían formado, la calidad del trabajo y el salario. Consultados sobre las políticas públicas que Uruguay podría implementar para estimular su retorno, mencionaron medidas de fomento a la inserción laboral para ellos y sus familias, o la facilitación del intercambio profesional entre Uruguay y los países receptores.
Torres también se refirió a una experiencia de fomento al desarrollo de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación que se llevó adelante en Ecuador entre 2013 y 2017. Respondió a la decisión del gobierno de aumentar en forma muy clara la inversión en educación y al objetivo de transformar la matriz productiva. En esa línea el programa alimentaba algunos sectores definidos como prioritarios, de manera que el Estado invirtió 1200 millones de dólares en la creación de cuatro universidades nuevas en puntos geográficos diferentes del país, volcadas a la formación terciaria en distintas áreas del conocimiento.
A la vez implementó el proyecto Prometeo, que consistía en ofrecer a doctores interesados, tanto ecuatorianos como extranjeros, la oportunidad de radicarse en el país en alguna de sus universidades públicas para liderar proyectos de investigación, con un salario cercano a los 4500 dólares. Esta iniciativa generó cerca de 850 proyectos en áreas como ciencias naturales, física, matemática y estadística, comentó, y a pesar de reunir malas y buenas experiencias, «el balance fue más que positivo». Torres destacó que el esfuerzo de los países para lograr saltos en relación a I+D y cambios en la matriz productiva «requiere de recursos, necesariamente».
Políticas sólidas y continuas
Arim celebró la iniciativa de IECON para realizar este tipo de eventos relacionados con el desarrollo del país y la discusión presupuestal. Afirmó que en el contexto de Covid-19 la comunidad universitaria demostró ser competente, pero a la vez es frágil y es una de las cosas que tenemos que cuidar como sociedad. La capacidad de respuesta de la Udelar y otras instituciones frente a la crisis sanitaria fue posible porque hubo decisiones previas, afirmó. Como ejemplo señaló que a comienzos de este siglo había 300 docentes en RDT, mientras que hoy son 1408. Hay otros 83 cuyo ingreso al régimen fue aprobado, pero la Udelar no dispone de recursos para sus cargos; la mayoría son jóvenes y con formación de doctorado, indicó .
Ese incremento en la dedicación total es un cambio «dramático» si se ve la evolución de la investigación en Uruguay en perspectiva histórica desde la apertura democrática. Además, la Universidad ya no está centrada en Montevideo, la regionalización de los últimos años «es una señal clara de un proceso de transformación en clave de desarrollo nacional y local sin precedentes». Este proceso incluyó la radicación de grupos de investigadores con alta dedicación, laboratorios y equipamientos sumamente valiosos. Tras decisiones presupuestales importantes que tomó el país, la Udelar se ubica hoy como una comunidad académica «más densa, más joven, más diversa, mejor distribuida en el territorio nacional».
No obstante, el país aún tiene varios problemas, afirmó Arim, en términos globales y en comparación, «Uruguay sigue invirtiendo poco en investigación». Además ni las empresas del sector privado ni las públicas invierten en esta área, por lo tanto se reducen las posibilidades de inserción de académicos e investigadores. Si bien hubo experiencias que articularon la capacidad de investigación en la Udelar con las necesidades de resolución de problemas en empresas públicas, no han tenido continuidad, explicó.
Señaló que los recursos que la Udelar solicita no son solo para la institución, sino que la Universidad valora que Uruguay requiere políticas públicas de investigación y desarrollo que den lugar a la inserción de personas altamente calificadas en ámbitos públicos y privados. Esto requiere de políticas «sólidas y continuas» y no de «impulsos espasmódicos». El rector destacó la importancia de dar oportunidades a los jóvenes investigadores, mediante becas y otras herramientas, para garantizar la renovación de la comunidad científica.
