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Violencia contra mujeres en dictadura: CIDH cuestionó al Estado uruguayo
El 18 de marzo de 2021 se llevó a cabo una audiencia temática sobre falta de acceso a la justicia para mujeres y víctimas de tortura sexual en el marco de la dictadura en Uruguay, en la que un grupo de denunciantes presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado uruguayo su preocupación sobre el acceso a la verdad, justicia y reparación, ante las demoras en el proceso penal iniciado por ellas hace nueve años.
Participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República, así como del Estado uruguayo y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En octubre del 2011, un grupo de 28 mujeres denunció ante la justicia las violaciones sexuales y otras torturas cometidas en su contra por agentes estatales durante su detención ilegítima en el marco de la dictadura uruguaya. Las denunciantes eran militantes de diversos partidos políticos y gremios y estuvieron detenidas en distintos puntos del país. La consistencia entre las denuncias muestra que no fueron hechos aislados, sino que la violencia sexual fue utilizada como una estrategia para castigar, humillar y violentar a las mujeres consideradas «subversivas».
La audiencia comenzó con la exhibición de un video donde las peticionarias explican las motivaciones que las llevaron a realizar estas denuncias y las dificultades que enfrentaron al tomar esa decisión. Allí señalan que durante años en los numerosos relatos sobre las violaciones de derechos humanos en la dictadura parecía «que las mujeres no habíamos existido». También se refieren a la dificultad para hablar públicamente sobre el tema y el temor de no ser escuchadas ni comprendidas, «nos llevó más de 30 años poder decir lo que nos habían hecho», plantean, y ese fue para ellas «un paso gigante». Afirman que en la sociedad persiste el estigma de la mujer abusada y que en su caso la violencia sexual fue utilizada deliberadamente, como forma de castigo por ser al mismo tiempo «mujeres y militantes». Durante los procedimientos judiciales encontraron jueces distantes y desconocimiento del tema, y notaron que en estos casos muy frecuentemente «la que está bajo sospecha es la mujer».
Luego de presentar el audiovisual, María Noel Leoni, representante del CEJIL, recordó que las 14 mujeres denunciantes llevan más de una década aguardando justicia por las torturas y violencia sexual de las que fueron víctimas durante la dictadura uruguaya; los avances han sido «insuficientes, lentos y casi siempre acompañados de retrocesos», afirmó. Según la sociedad civil, más del 70% de las aproximadamente 200 causas activas se encuentran en etapa inicial de presumario, entre ellas este caso. Existen condenas solo en 14 procesos y contra unas 30 personas. y existen pedidos de procesamiento sin tramitar contra más de 60 indagados, incluyendo dos en este caso.
Leoni indicó que la razón por la cual es importante esta audiencia es que a esta situación se le agrega la estigmatización, revictiminación y discriminación que enfrentan las mujeres que denuncian violencia sexual. Y enfatizó que en Uruguay la violencia sexual constituyó «un arma de guerra del Estado para humillar, castigar y violentar a las mujeres presas políticas y este aspecto de la historia vivida permanece en las sombras, en el silencio, no solo de la justicia y la política estatal, sino también de la sociedad». Asimismo, aclaró que a la fecha no existe ninguna condena por violencia y tortura sexual en la dictadura.
Deconstruir la cultura de la impunidad, la invisibilización y el olvido
A continuación, Jacqueline Gurruchaga y Blanca Luz Menéndez, dos de las denunciantes, presentaron un documento ante la audiencia. Explicaron que son un grupo de mujeres pertenecientes a distintas organizaciones, que fueron detenidas entre 1972 y 1983 en diversos lugares de todo el país, por integrantes de la policía y militares de todas las armas. «La sistematización y repetición de procedimientos represivos a los que fuimos sometidas deja en evidencia el carácter de delito de lesa humanidad y pone de manifiesto que la práctica de la violación contra las mujeres formaba parte de un estudiado método de tortura que nos dejó secuelas físicas y psicológicas muy profundas y difíciles de superar», señalaron.
En 2011 presentaron una denuncia penal por torturas y violencia sexual, sin embargo, aún no han recibido reparación integral y, de los más de 100 oficiales, médicos, psicólogos, y personal de tropa que denunciaron, solo uno de ellos fue procesado, pero no por las torturas y violencia sexual -que confesó durante el proceso-, sino por delitos de privación de libertad. Asimismo, las denunciantes afirman que han sido sometidas a procesos de revictimización. «En las distintas instancias ante el sistema judicial nos han hecho declarar varias veces y revivir las situaciones de violencia y violaciones sexuales que sufrimos; fuimos sometidas a pericias psiquiátricas, en las cuales nos solicitaban detalles sobre las torturas sexuales, como por ejemplo si eran recibidas durante períodos menstruales, embarazos o si nos habían provocado abortos», indicaron.
Pese a las condenas de organismos internacionales, la causa se encuentra aún en etapa presumarial, en investigación preliminar, se siguen tomando declaraciones a denunciantes y denunciados y no se han presentado las dos personas indagadas por Fiscalía desde 2018. Para las denunciantes, es el Estado quien debe cumplir con el deber de proteger a sus habitantes e impartir justicia garantizando el acceso a la verdad. Asimismo, tiene la obligación de promover y garantizar el respeto de los derechos humanos. «Queremos recibir justicia y reparación integral, y que el Estado reconozca que vulneró nuestros derechos, y que eso se difunda porque forma parte de nuestro derecho a la reparación y a la garantía de no repetición», sostuvieron. En este sentido, recordaron que desde marzo de 2020 se han discontinuado los servicios de atención psicológica y psiquiátrica que recibían los ex presos políticos, sus hijos y nietos, según lo establece el Artículo 10 de la Ley N.º 18.596.
«Después de 48 años del inicio de estas violaciones en tortura por parte del Estado, y a casi 10 años de realizada la denuncia, continuamos esperando justicia. En tiempos históricos es un lapso pequeño, en tiempos humanos es más de la mitad de la esperanza de vida actual; tanto es así, que en estos años han fallecido tres compañeras que iniciaron la denuncia con nosotras. El tiempo transcurrido solo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad: cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada», concluyeron.
Flor de María Meza, integrante de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar, tuvo a cargo la lectura de la petición. En el documento se solicita al Estado uruguayo que reconozca las graves violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado, «entre ellos la tortura sexual como forma de castigo para las mujeres detenidas por haberse atrevido a desafiar los mandatos de género». También pide «que se deconstruya la cultura de la impunidad, la invisibilización y el olvido» construidos desde el Estado y la sociedad respecto a la violencia ejercida por sus agentes sobre mujeres detenidas en ese período.
La declaración pide al Estado que remueva los obstáculos que enfrentan estas mujeres en la búsqueda de verdad, justicia y reparación y que no sean revictimizadas. Asimismo, «que haga efectiva la incorporación de la perspectiva de género en la justicia», una recomendación ya realizada por organismos internacionales al señalar «prejuicios existentes en los casos judiciales», falta de justicia y de protección a las mujeres en Uruguay.
Finalmente solicita al CIDH que realice una visita virtual a Uruguay a fin de examinar de forma directa los obstáculos para el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura, incluyendo la violencia sexual. Además, solicita apoyo técnico para acompañar el proceso judicial de las denunciantes.
«Extensión excesiva» y otras falencias
En representación del Estado uruguayo participaron de la audiencia Marina Sande, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Luis Bermúdez, de la Dirección General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Luján Criado, en representación de Matilde Rodríguez Larreta, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República; Ricardo Perciballe, fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad; y Gustavo Nicastro, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia.
Sande destacó que «el Estado uruguayo reconoce, condena y repudia los abusos y aberrantes crímenes cometidos durante el período dictatorial ocurrido en nuestro país entre los años 1973 y 1985». Señaló que en Uruguay se aprobaron leyes como la 18.831, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y se crearon órganos con esta finalidad. Uno de ellos fue la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que ha realizado investigaciones vinculadas a las denuncias de este caso, lo que permitió llegar al conocimiento de los hechos e identificar a los responsables.
Aclaró que el Estado avala la actuación de sus órganos, no obstante, se declara «consciente de las falencias del sistema judicial del país, entre ellas la extensión excesiva de los procesos a causa de la presentación de excepciones», mecanismo que habilita el sistema judicial uruguayo. Acotó que desde que se inició esta causa hace 10 años, ha estado a cargo de tres jueces y, aunque tiene un eje común que es la sistematización de los delitos sexuales como método de tortura, implica varias investigaciones independientes, por tratarse de distintos establecimientos de detención, así como diferentes realidades en cada caso. Esto sumado al número de responsables a perseguir (varios centenares de represores), determina que el caso tenga una gran complejidad.
Además, recordó que en diciembre de 2018 la Fiscalía solicitó el procesamiento de cuatro indagados por esta causa, este procesamiento no se concretó ya que «los abogados defensores interpusieron recursos de excepción» y dos de los indagados fallecieron. Señaló que la audiencia indagatoria de los otros dos imputados se dispuso para este viernes 19 de marzo. Asimismo la fiscalía realizó dos pedidos de extradición, uno se encuentra en curso y el otro imputado se presentó en la sede.
Nicastro añadió que la Suprema Corte de Justicia hizo uso en varias oportunidades del mecanismo de la decisión anticipada para resolver y desestimar varias solicitudes de excepción que introdujeron las defensas de los imputados y así evitar la suspensión de la causa. También recordó que la corte ha instrumentado cursos de formación y capacitación en temas como derechos humanos, derecho humanitario, violencia doméstica y violencia basada en género, tanto para los abogados que aspiran a ser jueces como en capacitación permanente, con la participación de especialistas e integrantes de organismos internacionales.
Por su parte, Perciballe se dirigió a las víctimas de la causa y expresó el compromiso desde la Fiscalía Especializada por la verdad y justicia y la garantía de no repetición. Añadió que desde la perspectiva de la Fiscalía la investigación está cerrada, se ha determinado lo que les sucedió, el lugar donde ocurrieron los hechos, y quiénes son los responsables. Además, aclaró que se hicieron distintos cruzamientos de datos y testimonios de las víctimas y testigos. «Desde el punto de vista investigativo puro y duro, está concluida la investigación: la Fiscalía tiene claros los hechos y está absolutamente probado lo que ustedes plantean». El camino que le queda a la causa para seguir avanzando es en el ámbito del Derecho, debe salvar las instancias procesales.
Legítimo y urgente
Jan Jarab, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, remarcó su profunda solidaridad con las víctimas y señaló que la oficina del Alto Comisionado ha seguido de cerca este caso dialogando con las víctimas y ha mantenido reuniones con autoridades nacionales. Afirmó que corresponde «incorporar la perspectiva de género en cada aspecto a analizar, porque lo que estas mujeres denuncian se origina por su condición de mujeres y tiene un componente de género ineludible» .
Recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de las violaciones contra la mujer, al igual que medidas para asegurar una pronta reparación para las víctimas de esas violaciones. En la misma línea, «consideró responsable al Estado por la demora y la falta de una investigación eficaz y oportuna» y que no haya proporcionado «con prontitud una indemnización y una reparación de carácter adecuado y efectivo».
Asimismo, en 2014 en su informe recomendó la formación adecuada del personal encargado de la atención a las víctimas, y modificar los procedimientos para prevenir la revictimización. También señaló los vacíos y dificultades que limitan el derecho de las víctimas a una reparación integral, como la incompatibilidad de la pensión reparatoria con los derechos pensionales, la exclusión de cierta categoría de víctimas, y las condiciones que se exigen para poder recibir una reparación. Además, instó a que el Estado uruguayo adopte con urgencia la modificación de las inequidades atendiendo a la edad avanzada de las víctimas. Remarcó que «a la luz de los estándares de los Derechos Humanos y de los argumentos de las denunciantes, el pedido de acceso a la verdad y la justicia es tan legítimo como urgente; Uruguay debe superar la impunidad y remover los obstáculos que aún enfrentan las víctimas».
«Paciencia procesal»
Posteriormente, algunos comisionados solicitaron aclaraciones a ambas representaciones. En primer lugar Julissa Mantilla, vicepresidenta de la Comisión, sobre la capacitación para los operadores jurídicos mencionada por la delegación estatal, consultó si en particular se capacita sobre violencia sexual en contexto de dictadura. También cuestionó si hay líneas de investigación específicas y si la legislación interna uruguaya tiene un análisis particular de violencia sexual en dictadura. Acotó que la Comisión está dispuesta a prestar su apoyo técnico para adecuar los procesos en estos casos, sin saltear las garantías procesales. Asimismo, consultó qué medidas de reparación, acompañamiento y reconocimiento a las víctimas implementa el Estado, dado que son independientes de la marcha del proceso. «Justicia no es sinónimo de proceso judicial», declaró.
La comisionada Margarette May Macaulay indicó que la violencia sexual se utiliza como un arma contra las mujeres para desmoralizarlas y «destruir su dignidad». Afirmó que las reparaciones del Estado deberían incluir acciones públicas de disculpa a cada una de las mujeres de forma individual, además de una disculpa genérica y reconocimiento público de ese daño, y que la investigación judicial «debe completarse ahora, ha llevado demasiado tiempo». Consultó a los representantes del Estado si es posible lograr estos objetivos en el corto plazo.
Por su parte, la comisionada Flávia Piovesan le transmitió al Poder Judicial la preocupación de la Comisión en cuanto al control de la convencionalidad y «sobre todo a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad», un principio que han visto negado en varios procesos judiciales relacionados con el periodo dictatorial uruguayo. Cuestionó acerca de la capacitación de los operadores judiciales en esa materia. En cuanto a las garantías de no repetición, preguntó cuáles son las medidas estructurales para garantizar que hoy todas las niñas y mujeres tengan una vida libre de violencia en Uruguay.
Otras integrantes de la CIDH expresaron inquietudes similares, se solidarizaron con las peticionarias e insistieron sobre la necesidad de cumplir con la reparación integral a las víctimas por parte del Estado. Urrejola reiteró que en varias visitas a nuestro país la Comisión ha constatado interpretaciones relativas a los delitos de lesa humanidad que niegan su imprescriptibilidad. «Es fundamental que las autoridades judiciales declaren de manera clara e inequívoca que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles», alertó.
En tanto el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, observó que «reiteradamente en estos días les pedimos a las víctimas entender los sistemas de justicia, cuando a lo mejor son los sistemas de justicia, sus operadores y actores, los que tienen que entender la situación de las víctimas». Esta «suerte de paciencia procesal» no es proporcional a la dimensión del tiempo transcurrido y no favorece a la reconstrucción de memoria, verdad y justicia, afirmó. Con relación a la estigmatización planteada por las peticionarias, consultó si está ocurriendo en el presente y cuáles son los actores que la fomentan.
Verdad, justicia y reparación
En el turno de las respuestas, Leoni destacó que desde la sociedad civil aprecian la buena noticia de que se haya convocado a una audiencia indagatoria justamente para el día siguiente de la audiencia con la CIDH, si bien es «en respuesta a una solicitud de la Fiscalía que estaba pendiente desde 2018». Además, se hizo eco de las preguntas realizadas por la CIDH y señaló que la información presentada por el Estado es relevante pero no es específica a las cuestiones planteadas en esta audiencia. Subrayó que «de lo que escuchamos, pareciera ser que, más allá de expresar compromiso y reconocimiento, que valoramos y es muy importante, lo que el Estado le dice a las denunciantes es que lo que les queda es esperar y seguir teniendo paciencia, mientras sus abusadores abusan de figuras procesales que el propio Estado entiende que tienen fines dilatorios».
Agregó que considera importante retomar el petitorio que realizaron y la posibilidad que la CIDH pueda realizar una visita virtual para evaluar los obstáculos en este tipo de procesos y aportar una nota técnica, y solicitó apoyo del Estado para que esto ocurra.
También remarcó que, si bien es cierto lo que el Estado afirma sobre que el pedido de prescripción por parte de la defensa de los imputados no prosperó, esto no ocurrió porque se interpretó que el plazo empieza a contar desde que la Ley de Caducidad perdió sus efectos, y por eso las causas que están en curso no han sido afectadas. Sin embargo, señaló su preocupación porque esto no implica que los delitos sean considerados imprescriptibles y en algún momento pueden empezar a prescribir.
Señaló que «hablamos de una verdad pública ampliamente difundida y que llegue a todos los que no conocieron estos hechos o dicen no conocerlos» y que las denunciantes entienden importante que haya políticas públicas que apoyen esta difusión desde la educación y todos los ámbitos del Estado. También creen que con los medios de comunicación se puede romper con «relatos oficiales y mentirosos que partieron desde el Estado por muchos años».
Al responder las preguntas de los relatores, Meza señaló que no existe la norma específica que se refiera a la violencia sexual durante la dictadura y tampoco un protocolo especifico para estas víctimas, «lo que tenemos son normas internas que han tratado de acompasarse a la normativa internacional y que incluso han sido resistidas por los operadores jurídicos y la defensa de los imputados ha dicho que no están vigentes para el caso», agregó. Recordó que el año pasado fueron citadas como testigos las denunciantes y quienes las interrogaron fueron defensores de los denunciados: «esto es revictimización», enfatizó. Entonces, dejó claro que no hay normativa sobre el trato que se le debería dar a la víctima en el derecho interno uruguayo.
Respecto a la reparación económica a las víctimas, dijo que es de orden general y que muchas de las denunciantes no la recibieron porque para hacer uso de esta norma hay que calificar como víctima. Recordó que tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos como expertos internacionales han recomendado modificar esta norma y aún no se ha hecho.
Por su parte, Sande remarcó el compromiso del Estado en continuar con los avances que se puedan lograr en estos temas y hacer un esfuerzo en remover los obstáculos que están entorpeciendo el reconocimiento de los derechos humanos.
Nicastro respondió a las preguntas sobre la capacitación a actores judiciales en materia de derechos humanos y violencia basada en género, señaló que hay una nómina acotada de cursos y repasó algunos que se han brindado. También indicó que en materia de jurisprudencia, no existe el precedente obligatorio porque cada uno de los jueces son independientes a resolver los casos concretos. Con respecto a si se puede garantizar la no revictimización de las denunciantes, dijo que el Poder Judicial ha generado Cámaras Gesell portátiles y cabinas de declaración de testigos protegidos y sostuvo no saber si se ha utilizado en este caso pero remarcó que el Poder Judicial cuenta con estos instrumentos y también cuenta con otros instrumentos tecnológicos para esto.
Con respecto a los servicios de atención psicológica y psiquiátrica para las víctimas, Criado señaló que no se interrumpió la prestación del servicio sino que existió un periodo de tiempo en el que se demoró el pago a los prestadores de estos servicios por un tema de licitación de la contratación de servicios, y que tiene entendido se puso al día en setiembre, sin embargo, se comprometió a averiguar al respecto.
Vídeo presentado en la audiencia pública de la CIDH el 18 de marzo de 2021
Acceda a la audiencia pública aquí
