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La desigualdad de género con rostro de migrante
En el marco de un nuevo 8M, fecha en la que las mujeres del mundo celebramos nuestra lucha por la igualdad en la participación en la sociedad y crecimiento personal, recordamos que esta fecha se eligió en conmemoración de la muerte de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, que se encontraban encerradas en la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York el 8 de marzo de 1911, cuando se produjo un incendio del que no pudieron escapar.

¿Qué particularidades adquieren hoy las desigualdades de género en la población de mujeres migrantes en Uruguay? Para responder esta interrogante El Portal de la Udelar dialogó con la docente del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar), Pilar Uriarte.
Feminización de la migración
En los últimos años se ha registrado una feminización de la migración a nivel mundial, Uriarte explicó que en Uruguay esta tendencia se observa dependiendo del origen de las migrantes, «algunos puntos están más feminizados que otros», República Dominicana es uno de los países de los que llegan más mujeres migrantes a Uruguay. Acotó que no obstante la feminización no se identifica porque el porcentaje de mujeres que salen de su país de origen sea algo mayor o igual que el de los hombres, sino porque se trata de mujeres que emigran de forma autónoma. «No son mujeres que acompañan la migración de los varones sino que migran por proyectos personales y familiares que encabezan», apuntó.
Añadió que siempre hubo mujeres que migraban pero va en aumento el número de las que salen de sus países de origen y se insertan en mercados de trabajo a nivel global. Entiende que esto se debe a que la migración está muy vinculada a la demanda de mano de obra por parte del mercado laboral, en un principio esta iba dirigida principalmente a los varones y las mujeres migraban integrando un grupo familiar. Hoy se registra en algunas sociedades entre ellas la uruguaya un fenómeno llamado «globalización de las cadenas de cuidados», estas sociedades demandan mano de obra para sustituir en la tareas de reproducción social (domésticas y de cuidados), a las mujeres que salen cada vez más al mercado laboral. Esta demanda se cubre a nivel global con mujeres migrantes de República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Perú, principalmente. Estos proyectos migratorios autónomos encabezados por mujeres generan redes, es frecuente que en un primer momento migre una mujer y más tarde lleguen sus hijas, madre, hermanas o cuñadas, que vienen a insertarse al mercado laboral muchas veces a cubrir las tareas de cuidados de la primera mujer migrante que llegó.
Derechos vulnerados
«La migración es un proceso que se gesta en un contexto atravesado por violencias múltiples», afirmó Uriarte. Estas violencias en el caso de la mujer se vinculan con su situación en el lugar de origen y con el trayecto migratorio que aunque es de por sí violento para hombres y mujeres, en estas los riesgos de sufrir vulneraciones son mayores. «El cuerpo femenino es un cuerpo más vulnerado, abusado, expropiado». Señaló también los altos costos que insume la migración en forma irregular que es como llegan la mayoría de los migrantes a Uruguay. «Es mucho más caro migrar en forma irregular que tomar un avión en su país de origen y aterrizar en Uruguay». La falta de recursos también expone a las mujeres migrantes a abusos y explotaciones al tener que instrumentar estrategias de sobrevivencia como el trabajo sexual, en el trayecto migratorio y al ingreso al país de destino.
Uriarte explicó que la segmentación del mercado laboral como se llama a la cobertura por parte de las mujeres migrantes de las tareas de reproducción social, que antes realizaban las mujeres que hoy se incorporan al mercado laboral, implica jerarquías. «Estas salidas laborales a las que acceden las mujeres migrantes son las peor pagadas, labores domésticas que casi no son consideradas trabajos y las exponen a un mayor riesgo de abuso y explotación». La irregularidad en la documentación que tienen la mayoría de las mujeres migrantes, determinada por los plazos largos y el alto costo de los trámites de la misma, es otro de los factores que expone a estas mujeres a ser víctimas de trabajos informales, abusos o explotación. «Estudios realizados en la Udelar comprueban que las mujeres racializadas migrantes y uruguayas tienen muchísimas dificultades para acceder al mercado laboral y reciben salarios más bajos, lo que genera distintas matrices de desigualdad», afirmó Uriarte.
Otra de las dificultades de las mujeres migrantes es el acceso a una vivienda digna, la mayoría de los migrantes ya sean varones o mujeres viven en pensiones, muchas de ellas irregulares y en situación de hacinamiento. En muchos casos las mujeres migrantes que viven en estos lugares trabajan 12 horas y sus hijos o hijas tienen que quedarse solas en las pensiones y también corren el riesgo de sufrir abusos. En general las mujeres están a cargo de niños, niñas y adolescentes del núcleo familiar y la responsabilidad es doble, «tienen que trabajar para proveer para su casa y también enviar remesas a su lugar de origen y al mismo tiempo estar atentas, sostener, cuidar, proyectar por el futuro de esos niños y niñas».
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes Uriarte recordó que recientemente cerraron un proyecto en el marco de la convocatoria de inclusión social de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar acerca de este tema. Una de las observaciones de esta investigación, que coordinó junto a la docente Susana Rostagnol fue que el derecho a la salud sexual y reproductiva no es considerado como una prioridad por las mujeres migrantes ya que el tema laboral, el acceso a la vivienda, la educación y los cuidados son los que le insumen toda su atención. No obstante entienden que es necesario colocar en agenda esta temática que consideran central por la exposición, la situación de vulnerabilidad y el contexto de precariedad en el que están insertas las mujeres migrantes que las expone a caer en redes de trata o explotación sexual.
Un aspecto que considera muy importante en esta temática es la Ley de interrupción voluntaria del embarazo vigente en Uruguay y cómo se garantiza este derecho a las mujeres migrantes que llegan al país. Esta Ley exige que las mujeres que no son ciudadanas uruguayas tengan un año de residencia en el país, lo que complejiza su situación, ya que frecuentemente tienen este tiempo de residencia pero no la forma de comprobarlo. En muchos casos las mujeres migrantes luego de ese tránsito que realizaron caminando por toda América Latina, llegan cursando embarazos no deseados como consecuencia de las violencias que atravesaron en el trayecto, que tiene una duración de meses o años. Uriarte destacó que es un tema central estudiar los mecanismos para que esta Ley garantice los derechos de interrupción del embarazo de estas mujeres que no tienen un año de residencia.
Por otro lado, aunque formalmente el acceso a la atención primaria de salud está garantizado más allá del tiempo de residencia y de que tengan o no documentación, Uriarte señaló que identifican otros obstáculos que se les presentan a las mujeres migrantes para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Uno de ellos es que las mujeres se apropien de este derecho y entiendan que pueden exigir que se cumpla. Otra de las dificultades se vincula con los términos y el trato que se utiliza en el marco de los centros de salud. «Tenemos un sistema de salud que no está preparado para pensar que la población a la que atiende proviene de diferentes lugares, utiliza diferentes palabras, tiene diferentes colores de piel, trae historias de vida diferentes, es necesario implementar acciones de forma orgánica que apunten a capacitar al personal de salud».
En cuanto al acceso al sistema educativo en todos sus niveles Uriarte señaló que no basta con garantizar la inscripción, es necesario acompañar, sostener y estimular el trayecto educativo para que este no excluya. «Se requiere que los y las docentes, funcionarios y funcionarias nos capacitemos para comprender, escuchar a las personas migrantes para entender sus especificidades y trayectorias educativas diversas».
Pensar las desigualdades de género desde la interseccionalidad
«No podemos pensar feminismo sin pensar clase, raza y en este caso lo que llamamos pertenencia nacional», sostuvo Uriarte. «Muchas de las mujeres migrantes llegan a ocupar tareas que, mujeres que pertenecemos a otros segmentos de la sociedad, estamos dejando vacantes», añadió. Uriarte identifica también en esta situación una relación de poder o jerarquía, vinculada con factores económicos, sociales y educativos.
Desde el Departamento de Antropología Social buscan incorporar esta perspectiva en el estudio de la temática, en este sentido trabajan en diálogo con la sociedad civil vinculados a la Asociación Civil Idas y Vueltas que organiza acciones y actividades de protección y defensa de los migrantes en Uruguay. En el marco de este vínculo desarrolla actividades desde hace tiempo un grupo de mujeres migrantes y uruguayas estudiantes de antropología, que busca construirse como un espacio autónomo. En este espacio se trabajan temáticas vinculadas a lo que significa para las mujeres migrantes, estar lejos de su red de contención, de familias, amigos y amigas, desprenderse del contexto de origen e insertarse en otro entorno, las rupturas y reinvenciones, oportunidades y desafíos pero también el dolor y cicatrices que es necesario trabajar, que implica este desarraigo.