Facultad de Química organizó actividad sobre Tratado de Cooperación en materia de Patentes
La actividad se enmarcó en la situación actual de Uruguay vinculada a este tratado de cooperación internacional, al que desde 1970 se adhirieron 157 estados contratantes. Con una modalidad tallerista, se trataron las diferentes perspectivas sobre la posible adhesión de nuestro país al tratado por un proyecto de Ley que se encuentra a consideración del Parlamento. Se realizó una ponencia a cargo de Maximiliano Santa Cruz, ex presidente del Comité Permanente de Patentes, del Grupo de Trabajo del PCT y del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), y otra exposición a cargo de Mariano Genovesi, docente de la Universidad de Buenos Aires y gerente de asuntos jurídicos y propiedad intelectual de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. Posteriormente, se realizó una mesa redonda sobre los escenarios con Uruguay como signatario del Tratado PCT y comparación con la situación actual: ventajas y desventajas.
Impacto en la farmacéutica
Luego se desarrolló una mesa con la participación de especialistas en esta temática. En esta instancia Andrea Barrios, doctora en Derecho por la Udelar y docente de la Cátedra de Derecho Farmacéutico de la FQ, explicó que la propiedad intelectual es un instrumento que puede ser utilizado tanto por los Estados como por los particulares, que incentiva al inventor a potenciar su idea e impulsa a los sectores comerciales e industriales, además, sirve para desarrollar políticas públicas de estímulo a la industria. Para Barrios la incorporación de Uruguay al PCT facilitaría el ingreso de solicitudes de propiedad intelectual a innovadores nacionales y «sin duda sería muy ventajoso». En este sentido, considera que puede determinar un mayor número de solicitudes de patentes nacionales así como la presentación de más solicitudes en el extranjero.
Expresó que la adhesión de Uruguay permitirá promocionar la innovación y los sectores industriales, y beneficiará a quienes tienen capacidad de innovar. Opinó que debería estudiarse el impacto que esto tendría en el sector farmacéutico y en quienes compran medicamentos porque es el Estado quien regula los medicamentos en Uruguay: «el hecho de que el dominio público de alguna manera se vea afectado por una mayor cantidad de patentes farmacéuticas, podría estar determinando una adopción en la cantidad de genéricos o al menos un retraso en la entrada y eso puede implicar un retraso en el acceso a estas innovaciones farmacéuticas». Por último, señaló que como desafíos en materia país, Uruguay debería fortalecer la institucionalidad intelectual porque entiende que si ingresan más solicitudes de patentes se debería redimensionar la Dirección nacional de propiedad industrial (DNPI) así como multiplicar y capacitar a recursos humanos para conceder buenas patentes. También considera que se debe fortalecer los sistemas de información para darle seguridad jurídica a las empresas nacionales a la hora de utilizar el dominio público, es importante dotar al sistema de fortalezas en sus instrumentos para que las empresas nacionales puedan beneficiarse, señaló. Por último, indicó que ante las desventajas que pueden estar asociadas al aumento de precios en adquisición de productos de tecnologías o farmacéuticos, debería haber algún plan de contingencia para determinados sectores.
El economista Juan Dubra se refirió a las diferencias del régimen actual y el régimen del PCT, según un trabajo que realizó junto a su colega Nelson Gandelman. Explicó que según el Convenio de París que rige nuestro sistema actual de propiedad intelectual, el derecho de prioridad en relación con las patentes -por el que un Estado solicita la protección de una primera solicitud de patente en cualquiera de los demás Estados contratantes- es de 12 meses. Con el ingreso de Uruguay al PCT este derecho de prioridad, que se solicita ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se extendería a 30 meses para presentar una idea en la oficina local de propiedad intelectual. La patente duraría 20 años a partir de la fecha de solicitud en la oficina uruguaya pero si se atrasa la solicitud hasta 30 meses, la patente estará vigente 18 meses más, agregó. Asimismo, los países firmantes pueden tomar en cuenta la búsqueda internacional, indicó. Dubra señaló que el PCT permite simplificar los procesos y burocracias ya que es un convenio para aplicación de solicitudes, pero la concesión de patentes sigue siendo responsabilidad de la oficina local de propiedad intelectual por lo que «no erosiona la soberanía de cada país en otorgar o no cada patente». También destacó que un impacto muy importante de integrar el PCT es que «no hay retroactividad», es decir, si se ratifica el PCT «las cosas que se están produciendo hoy en Uruguay se pueden seguir produciendo y bajo ningún concepto tendrá efecto sobre estas», aseguró.
Presentó datos sobre la entrada de 17 países al Tratado entre 1995 y 2017 y explicó que si bien se especula que luego de una adhesión pueda haber un aluvión de patentes, en los hechos eso no ha sucedido. Cuestionó qué efecto tendría sobre los medicamentos si efectivamente aumentara el número de patentes. Para responder esa pregunta, Dubra explicó que dentro del gasto en salud, los medicamentos son el 9%, como no hay retroactividad, el PCT no tendría efectos sobre los medicamentos que se utilizan hoy, y a futuro, el 95% de los medicamentos importantes según la Organización Mundial de la Salud ya no tiene patentes. Además, según indicó en los países desarrollados solo el 1,4% de los medicamentos esenciales están patentados y sólo dos drogas de las que se usan para tratar el 88% de los casos hospitalarios y el 85% de los casos no hospitalarios, tienen patente. Por tanto, «cualquier cosa que pase si se mantiene esta proporción tendrá un efecto chico en el mercado de medicamentos pues las patentes son pocas, aplicarían al 5% los medicamentos que son el 9% del gasto en salud, o sea que el 0,45% del gasto en salud», puntualizó.
Patentes o monopolios
Ricardo Olivera García, doctor en Derecho por la Udelar y presidente de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, destacó que en nuestro país el software y la generación de conocimiento no están protegidas por la Ley de patentes sino por el régimen de derecho de autor. Entiende que la discusión actual en esta temática es «la patentabilidad de los productos químicos y de los productos farmacéuticos», la misma que se lleva adelante desde 1999, cuando se aprobó la Ley de patentes y por primera vez fueron patentables los productos medicinales y farmacéuticos. Señaló que en estos 25 años se ha dado una lucha aunque cordial, comercial, entre los laboratorios nacionales instalados en el país y los laboratorios internacionales que importan productos para distribuir en plaza. Esta coyuntura ha motivado numerosas modificaciones de la ley en un sentido y en otro en estos años.
Opinó que la patente «es un monopolio acotado al tiempo» y señaló que el derecho uruguayo ha sido conservador en materia de otorgarlos. Esto queda de manifiesto en la normativa constitucional que establece que para aprobar un monopolio se requiere una ley especial votada afirmativamente por los votos de dos tercios de los integrantes de cada cámara parlamentaria. Resaltó asimismo el buen trabajo técnico en materia de patentes en Uruguay de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que a partir de 1999 se ha visto desbordada por la cantidad de solicitudes de patentes farmacéuticas, lo que ha derivado en una demora importante, de alrededor de 10 años, en la gestión de las mismas. Esto ha motivado que se produzcan críticas y reclamos desde los que pretendían patentar sus productos. Frente a estos reclamos hubo modificaciones recientes de la ley para intentar reducir drásticamente los plazos de gestión de las solicitudes (a 60 días), pero Olivera objetó que esta reducción puede derivar en que las patentes se aprueben sin el estudio suficiente. Para finalizar destacó que al no contar con recursos suficientes para instrumentar su propio control, ya que no le fueron asignados, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial va a pasar a guiarse para determinar la patentabilidad o no de determinados productos, en lo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establezca a través del PCT.
Herramientas para proyectar
Santiago Martínez, titular de la DNPI, señaló que esta dependencia estatal acumula mucha información procesada a lo largo de los años que posibilita «que avancemos y que lo hagamos rápidamente». Esta Dirección mantiene fuertes vínculos de colaboración y cooperación tanto con la OMPI como con instituciones pares de otras jurisdicciones dentro y fuera de Uruguay para el fortalecimiento del trabajo en el área de la propiedad intelectual, indicó.
Destacó su respeto por Olivera, a quien considera un referente en el Derecho Comercial, sin embargo expresó que no comparte su lectura sobre los monopolios y la doctrina de la ley con respecto a estos. «El régimen de propiedad intelectual parte de la base de que se generan derechos exclusivos de explotación económica de intangibles por un tiempo, para estimular al inventor a que siga buscando los recursos de invención y de nueva innovación» y esta es la lógica que se imprime en todos los sistemas legales de propiedad intelectual, tanto en las normas de propiedad industrial como en las de derecho de autor, afirmó Martínez.
Respecto al PCT, el jerarca del MIEM negó que la adhesión de los países de la región a este tratado haya provocado «un aluvión de patentamientos», con excepción de Costa Rica, donde este aumento coincidió con otros cambios en la legislación de ese país. «Estimo que es urgente que ingresemos al PCT por la sencilla razón de que hay muchos inventores nacionales que no están registrando su innovación en Uruguay, lo están haciendo en el extranjero», opinó. No solamente quienes innovan en la propia Udelar sino en otras instituciones nacionales como el Instituto Pasteur, encuentran como una vía de patentamiento la de buscar «un socio en un país que sí forme parte del PCT para acceder al sistema. Esto es algo que tenemos que resolver ya», enfatizó, ya que esas innovaciones desarrolladas en nuestro país no forman parte de nuestros indicadores de desarrollo.
Agregó que en la actualidad, cuando Uruguay no adhiere al tratado, las multinacionales ingresan a nuestro país con sus fármacos patentados, bajo la resistencia de la industria farmacéutica nacional. En su opinión la incorporación de Uruguay al PCT va a cambiar la situación de inventores y pymes que no tienen recursos para acceder al patentamiento y que no están recibiendo respuesta a esta necesidad. Esto es importante en un país pequeño como Uruguay que produce invenciones con la intención de exportarlas, planteó, «tenemos la obligación de alguna forma como gobierno de darles esas herramientas para que se puedan proyectar». Agregó que el PCT es un tratado del que forman parte 157 países, «sobre el cual el día de hoy siguen tomando decisiones para autorizar entidades internacionales de búsqueda y para mejorar algunas condiciones en el funcionamiento del sistema. Uruguay, al no ser parte, no puede expresar sus intereses nacionales cuando se toman estas decisiones de ajuste».
Cultura innovadora
Ignacio Bartesaghi, egresado de la carrera Relaciones Internacionales de la Udelar y director del Instituto de Negocios Internacionales de Universidad Católica del Uruguay, resaltó la importancia de discutir este tema en forma amplia. «Plantarnos en el inicio como pro o contra PCT es un error, este tema requiere una discusión más profunda, que tiene que ver con las características de nuestro país, con lo que queremos ser dentro de veinte años y con el tamaño del mercado», afirmó. Entiende que cuando se analizan estas temáticas se tiene que tener en cuenta el grado de desarrollo y el sistema de innovación del país y que es necesario realizar los estudios de los posibles impactos del PCT y discutir además qué otras decisiones está tomando Uruguay para lograr que el país sea más innovador.
Por otra parte alertó acerca de la necesidad de tener cuidado con los supuestos, «es muy complicado ser concluyente en cuanto a los impactos que tendrán los tratados internacionales», acotó. «Hay que escuchar a las partes, ver en el marco de qué se hacen las cosas», añadió.
Por último, el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Flavio Caiafa opinó que Uruguay no es un país periférico, en América Latina es el primero en ingreso per cápita, el primero en democracia y el de mejor distribución de la riqueza. En nuestro país hay áreas de innovación destacadas, como las de los alimentos saludables, la tecnología digital avanzada y la biotecnología, indicó, y una discusión acerca del ingreso de Uruguay al PCT no solo afecta a la industria farmacéutica. Acotó que este tratado establece «una protección para el inventor y no monopolios».
Entre las ventajas del ingreso al sistema del PCT, que engloba al 90% de la población mundial, mencionó la reducción del tiempo y costos de patentamiento en el exterior y la simplicidad para postular. También destacó la posibilidad de realizar una búsqueda internacional no vinculante para conocer el estado de un patentamiento en el mundo, «esa información es clave para decidir si lo que estás investigando es realmente relevante porque quizás ya se investigó en diez países y no tiene sentido volver a inventar la rueda». Esta búsqueda internacional permite al innovador «acceder a un mundo de 110 millones de solicitudes de patentes para saber cuál es el verdadero estado del arte de las cosas a patentar, para poder subirte arriba de esos 110 millones y hacer lo que falta, lo nuevo, lo innovador», afirmó Caiafa.
Caiafa expresó que Uruguay debe apostar a una cultura innovadora que impulse el desarrollo económico y social, cultura que no se genera copiando sino en la integración con otros países también dedicados a la ciencia y a la innovación, integrándose a cadenas de valor y creando su propio desarrollo. Aseguró que tanto la ANII como el gobierno nacional apuestan a este camino.
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