María de la Paz Echetto: situación actual de la Ley 19.580 de Violencia Basada en Género

Echetto es integrante del Grupo Derecho y Género de la Udelar, integra el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay «Dra. Adela Reta» y es abogada en servicio de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia doméstica gestionado por la organización El Paso. Echetto explicó la Ley N.º 19.580 debería cubrir todo ámbito de vida de la mujer que está siendo víctima de violencia, protegerla de los riesgos a los que la somete el agresor y resolver la situación respecto a hijos e hijas que tengan en común. «Lo que dice la ley es que a la mujer, de manera provisoria, le tienen que dar la tenencia y fijar una pensión alimenticia y se deberían suspender las visitas con el agresor si es que no amerita también poner medidas cautelares para hijos e hijas». Asimismo la Ley establece toda una serie de directrices para apoyar a la mujer en la salida de la situación de violencia, que son una especie de pautas para que los organismos públicos adecúen sus programas en cuanto a, por ejemplo, vivienda, educación y trabajo. 

Grado de aplicación de la Ley N.° 19.580

Entiende que a pesar de que la Ley está vigente desde el año 2018 y fue reglamentada en el 2019, la norma se encuentra en debe en estas garantías hasta el día de hoy, ya que la política pública es escasa. «En cuanto a viviendas son pocas las posibilidades para que una mujer, que por ejemplo está en situación de dependencia económica con su agresor, pueda tener una salida habitacional sin depender de él», afirmó. 

Lo mismo sucede en el aspecto laboral, existen disposiciones que establecen que se deben dar garantías a la mujer víctima de violencia para que pueda acceder y mantener su empleo e instrumentar en esos casos beneficios específicos como certificaciones o licencias especiales. «En la práctica nos encontramos también en este aspecto con que en realidad es muy difícil que todo esto se cumpla», sostuvo Echetto. Las mujeres en estas situaciones tienen temor de perder su trabajo porque existe una falta de perspectiva de género o de comprensión por parte de los empleadores de la situación en la que se encuentra la mujer víctima de violencia.

«En lo que tiene que ver con la educación, si bien hay protocolos y otras herramientas, también podemos ver fallas, por ejemplo no termina quedando muy claro quién debería controlar que esas políticas se ejecuten y que efectivamente colaboren para que la mujer pueda salir de la situación de violencia, que no la coloquen en una situación peor que en la que se encontraba antes de hacer la denuncia», añadió. «Es necesario garantizar a través de la política pública que la mujer que sufre violencia doméstica y quiera realizar la denuncia, pueda hacerlo y que esto no le implique mayores perjuicios y violencias, pero frecuentemente esto sucede, la mujer termina más empobrecida o con mayores dificultades para continuar con su vida, es un debe que el sistema funcione bien», apuntó.

Obstáculos para brindar garantías a las víctimas

En cuanto a porqué se dan tantos casos de mujeres que denunciaron en reiteradas oportunidades y aún terminan siendo víctimas de feminicidio señaló que en parte tiene que ver con la falla de los sistemas de control. «Un ejemplo son las tobilleras, que a veces no funcionan o suenan constantemente y se entiende que está sonando porque tiene una falla y no porque el agresor esté cerca o a veces el tiempo de respuesta no alcanza», explicó. Señaló que el radio límite por debajo del cual sonaba la alarma de la tobillera era de 1000 metros pero se bajó a 500. «Si el agresor ya está a 499 metros cuando comienza a sonar la alarma probablemente mientras sale el patrullero al encuentro de la mujer ya no llega», añadió y acotó: «Pienso que para solucionar el tema de raíz falta trabajo de prevención, sensibilización a nivel de la sociedad y educación porque cada vez está más potente el discurso contrario, y políticas públicas que realmente colaboren para salir de la situación».

Entiende que otro obstáculo para mejorar la aplicación de la Ley es la idea que ha permeado en la sociedad y que se vuelve cada vez más potente de que la norma «beneficia y protege sin más a las mujeres y las coloca en una situación de privilegio, lo cual no es para nada cierto pero ese discurso va calando en la sociedad y en quienes deben aplicar la normativa». En ese sentido comentó que sucede frecuentemente que jueces y juezas expresan que aplican la normativa porque están obligados ya que es una Ley, con lo que están manifestando que no están de acuerdo con ella. «De esta forma la Ley termina no siendo efectiva ya que se aplica porque sí, pero no porque realmente se entienda que viene a solucionar o intentar solucionar un problema», explicó.

Estrategias y rol de la Udelar

En lo que se refiere a la necesidad de formación en temas de violencia de género señaló que existen experiencias en la región que han sido exitosas como la Ley Micaela en Argentina que establece la obligatoriedad de capacitaciones en género para todos los operadores, no solo del sistema de justicia, sino todo funcionario público. En Uruguay existen formaciones obligatorias para funcionarios del Poder Judicial, jueces, juezas y defensores de oficio, pero son en distintas temáticas a elección de cada funcionario y de algunas horas anuales. Echetto entiende que es necesario que la formación comience ya desde las infancias, en la educación curricular, porque «una persona que viene ya con 10 años de ejercicio legal, que nunca tuvo esa formación y que no la adquiere por voluntad propia, viene con una perspectiva de la vida que hace que tome una determinada postura y es muy difícil que cambie la cabeza, además de que no se puede pretender que con un curso de 10 o 20 horas cambie la mirada completamente».

Explicó que existen tipos de violencia muy específicos que lentamente se van incorporando al ampliar un poco la mirada y a partir de los grupos que la sufren como el movimiento de mujeres racializadas o las mujeres en situación de discapacidad, que presentan vulnerabilidades que las exceden a ellas y a la situación de violencia. En este sentido entiende que la Ley carece de interseccionalidad para incorporar la perspectiva de estas violencias específicas. «Si bien cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, el tipo de violencia o de sufrimiento es distinto y la forma y las herramientas que tenga cada una para salir de esa situación también es bien distinta», afirmó.

En ese sentido entiende que para lograr esta interseccionalidad en el abordaje del tema las instituciones deberían estar mucho más fortalecidas, más allá de que existan servicios específicos para la población migrante, racializada o en situación de discapacidad, existen  actores que están en una primera línea que podrían tener más especificidad, como son, por ejemplo, los centros de salud y policlínicas, que podrían detectar estas situaciones de violencia e «hilar más fino», sin aumentar el riesgo para las mujeres.

En lo que tiene que ver con el rol de la Universidad en el abordaje de la problemática Echetto señaló que tiene un papel fundamental en la formación en el tema, y considera que en eso la Universidad tiene un debe ya que en la mayoría de los servicios la temática se encuentra ausente. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, no existe una materia específica vinculada con género, «hay un curso en el último año de la carrera pero es opcional, o sea, podes elegir la materia género como la de propiedad horizontal o cualquier otra». 

Considera que sería necesario establecer por ordenanza la obligatoriedad de que en cada cátedra se aborden los temas vinculados a género, o sea incorporar estas temáticas a la currícula y trabajar la materia con una perspectiva de género, algo que no sucede en la actualidad. Aclaró que en algunos casos excepcionales como la cátedra de Derecho Penal, que tiene mucha vinculación con las cuestiones de género y de violencia, existen docentes que incluyen esta perspectiva pero esta no es la regla general. Asimismo destacó la necesidad de la aplicación efectiva del protocolo con el que cuenta la Udelar para situaciones de acoso tanto en el ámbito laboral como entre docentes y estudiantes.«Son pequeñas acciones pero que tienen un impacto muy grande», concluyó.