La apertura de la actividad estuvo a cargo de la decana de FHUCE, Ana Frega y los exponentes fueron los docentes de la facultad Fernanda Diab, Pilar Uriarte, María Eugenia Jung y Agustín Cano.

Frega recordó cuando el 12 de marzo de 2020, un día antes de que se declarara la emergencia sanitaria en Uruguay, la Ley de Urgente Consideración (LUC) también había convocado a la FHUCE a debatir en el salón de actos de la Facultad, en modalidad presencial. En esa instancia con una gran concurrencia, se discutía un proyecto provisorio, pero la Universidad continuó debatiendo el proyecto en sus distintas etapas hasta que se aprobó en el Parlamento en junio de 2020. Recordó que hoy la LUC está vigente y frente a ella está en proceso una convocatoria por parte de sindicatos y organizaciones sociales para presentar un recurso de Referéndum. Resaltó que el Instituto de Educación de la FHUCE presentó ante el Consejo de la Facultad una propuesta para colaborar en el análisis de los aspectos de la ley referidos a educación, y en ese marco se desarrollan estas mesas. Este Instituto trabajó en la temática de los cambios introducidos por la ley en esta área, entre ellos el que elimina el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP). Luego de numerosas gestiones y movilizaciones se generó una coordinación de la enseñanza pública «bastante cuestionable en lo que tiene que ver con representaciones y las representatividades de los distintos organismos que están en ella». Hubo otros reclamos de la Udelar que no fueron contemplados.  

Frega señaló que en las ponencias los panelistas responderían a preguntas sobre los principales efectos de la LUC respecto a nuestro sistema educativo y a la sociedad y respecto a cómo expresa la LUC diferentes proyectos políticos y sociales, en qué contexto histórico se puede comprender este proceso, cómo afecta al Estado y cómo afecta al desarrollo democrático de nuestro país.

Libertad republicana

Diab, asistente del Departamento de Filosofía de la Práctica de FHUCE, señaló que su análisis crítico de la ley se basa en un marco teórico vinculado con la defensa de las instituciones republicanas y democráticas, trasfondo ético político de Uruguay, en el que no alcanza solo con que los ciudadanos elijan a sus gobernantes en las jornadas electorales sino que para garantizar esa libertad política es necesario que se abran canales de participación, de disputa y cuestionamiento de las decisiones públicas. Consideró que el Estado es el principal responsable de la libertad republicana de los habitantes, por lo que debe garantizar que las personas no se encuentren sometidas o vulneradas frente a la voluntad de otros, ni en el vínculo con el Estado ni en el relacionamiento con los particulares. Para Diab la posibilidad del debate ciudadano requiere que las personas conozcan las razones que se ofrecen en los distintos espacios de discusión, y que exista transparencia, posibilidad de escrutinio, libertad de información, todo lo cual garantiza la capacidad de las personas de ejercer la protesta.

Diab sostuvo que la LUC implica un enorme retroceso en este marco democrático republicano, «más aún, creo que en términos generales refleja un impulso elitista en el orden institucional y legal en nuestro país», expresó. Señaló que una de las modificaciones de la LUC que configuran este retroceso es la reducción de las convocatorias del Congreso de Educación, como espacio abierto e interdisciplinario deliberativo y de discusión. Asimismo en los Consejos de participación liceal la LUC trajo una reducción de los representantes estudiantiles y las direcciones pasan a regular el funcionamiento, en lugar de que los mismos Consejos determinen su forma de organización. Se introduce además una gran discrecionalidad de acción en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se reduce la integración del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en cantidad de participantes y aparece la participación de representantes del ámbito privado en la coordinación de la educación. 

Apuntó que asimismo la LUC introduce una desprotección de la libertad y una asimetría de poderes entre intereses diversos. Es decir, existe una dispersión y desigualdad del poder entre sectores de la sociedad que debe ser considerada por el Estado, ciertos sectores tienen mayor capacidad de influencia que otros y ante ello es necesario mantener un contrapeso; sin embargo la ley incorpora en igualdad de condiciones a poderes que previamente ya son asimétricos. Un ejemplo de esto para Diab es cuando se equipara el derecho al trabajo con el derecho a la huelga, y a los derechos del dueño de la empresa. Otra modificación en este sentido es la del pago de salario por distintas vías a partir de un acuerdo entre empleado y empleador como si se tratara de fuerzas iguales. Lo mismo sucede con la modificación del marco normativo de alquiler, totalmente desbalanceado hacia los intereses del propietario con respecto al inquilino. 

Otro aspecto que implica retroceso en la LUC es el vinculado al papel de la disputa ciudadana, señaló, «el lugar que tiene nuestra voz y nuestro cuestionamiento frente a la toma de decisiones públicas». En lo que refiere a la posibilidad de disputa, Diab entiende que en la LUC hay «cierto desprecio por la participación ciudadana», lo que se capta cuando se sustituyen niveles de horizontalidad y democratización de espacios de decisión por esquemas de gestión y de eficiencia. Asimismo, hay también un cuestionamiento y sospecha acerca del propio mecanismo de Referéndum, «se antepone el argumento de que la ley refleja la voluntad del pueblo porque surgió del Parlamento, sin embargo hay una dimensión democrática que se está negando, es la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de disputar esas decisiones», subrayó.

Ciudadanos que son amenazas

Por su parte, Pilar Uriarte, investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas, se refirió a la instauración de una política o régimen de hostilidad en relación a cómo el Estado o gobierno, en su parte más represiva o punitiva, empieza a vincularse con la sociedad y los ciudadanos. Es decir, la LUC configura una política de hostilidad a través de una serie de disposiciones, de prácticas, y de cuestiones administrativas y legales que generan modelos de interacción entre el  gobierno y la sociedad. Retomando los planteos del sociólogo argentino Eduardo Domenech, Uriarte habló de la espectacularización del control, la expansión, intensificación y diversificación de las formas de control, además de la construcción de la sospecha y figuras que deben ser contenidas o controladas -por ejemplo, los jóvenes o determinadas poblaciones como las personas en situación de calle-.

En el articulado de la primera parte de la LUC hay «una proliferación de diferentes medidas que van construyendo formas en las que el accionar policial pasa a ser legitimado en tanto discrecional, y la población objetivo de ese accionar pasa a ser vista como una población peligrosa, criminalizada». Entonces la ley propone legitimar el accionar discrecional de los poderes públicos en relación a las garantías que los ciudadanos deben tener respecto a esos poderes. Uriarte explicó que en esta ley encontramos disposiciones que son «fuertemente punitivistas», con aumento de penas, con la prisión como la primera respuesta a los posibles conflictos, y el orden legal. Agregó que estas disposiciones son «extremadamente discrecionales y militaristas», como la posibilidad de porte de armas de ciudadanos policías y militares retirados que no se encuentran en funciones de garantizar la seguridad pública, pero que se constituyen como sujetos privilegiados para el porte de armas y para garantizar discrecionalmente aquello que consideran en determinados contextos. Es así que de acuerdo a esta ley «hay ciudadanos de bien y ciudadanos que son amenazas: sectores definidos por discursos políticos y sociales, de los medios, que pueden ser identificados en función de criterios discriminatorios, raciales, generacionales, y políticos», señaló.

Por último, Uriarte también se refirió al derecho a la vivienda y las normativas de alquiler, y cómo esta nueva ley abre un amplio marco de discrecionalidad y posibilidades de excepción del lugar que el Estado debe ocupar como contralor de los derechos. Se habilitan brechas en las cuales el arrendatario o arrendador se sustraen de las normas garantistas y se los habilita a hacer acuerdos entre pares para evitar todos los procedimientos de contralor. Sin embargo, en términos de acceso a la vivienda, «habilitar esas excepcionalidades abre una brecha peligrosa: la mayoría de la población va a seguir enmarcada en la forma en la que se viene desarrollando el sistema de alquiler y arrendamiento de vivienda, pero en las poblaciones más vulnerables la necesidad de garantizar ese derecho implica aceptar cualquier tipo de condiciones», enfatizó.

Cuarta reacción

Jung, investigadora del Instituto de Historia y el Archivo General de la Universidad, expresó que la mirada histórica puede poner en perspectiva los debates actuales porque deja en evidencia la complejidad de los procesos sociales y permite identificar problemas, actores y debates que son de larga data, tanto en términos de continuidades como de rupturas. En su opinión, más allá de la diversidad de temas que comprende, la LUC pone fuertemente en cuestión el alcance y rol del Estado en varias áreas relevantes. Observó que la aprobación de la LUC es una pieza clave para el gobierno en una coyuntura de cambio para el país y para la región que se ha caracterizado como un giro a la derecha. De modo que la ley se puede enmarcar dentro de una reacción conservadora liderada por una coalición de fuerzas como respuesta a los 15 años de gobierno frenteamplista, indicó.

Jung se refirió al análisis que el historiador Albert Hirschman desarrolla en su obra Retóricas de la intransigencia, donde identifica tres momentos de reacción conservadora frente a avances y expansión de los derechos individuales a lo largo de tres siglos. Un análisis similar realizan diferentes autores en Uruguay, quienes en distintos momentos del siglo XX distinguen respuestas conservadora ante eventos como las reformas del primer batllismo o el avance del pensamiento comunista, que eran percibidas como amenazas al orden social, económico o político dominante. En estos procesos es posible reconocer la acción de una diversidad de actores políticos con apoyo de sectores sociales y grupos de presión del ámbito rural o industrial, entre otros, así como de los medios de comunicación. En su momento estos actores lograron formar alianzas y consiguieron frenar los movimientos contrarios a sus intereses, pero «al mismo tiempo intentaron implementar cambios más o menos profundos», señaló. 

«¿Podemos hablar de una cuarta ola de reacción derechista en el sentido que le daba Hirschman? Creo que sí», expresó Jung, y opinó que la LUC se inscribe en ese movimiento de reacción ante las políticas redistributivas del gobierno anterior, ante una nueva agenda de derechos e incremento de la movilización social, con demandas novedosas y nuevos repertorios de acción colectiva. Con el actual gobierno se observa un avance programático de tinte liberal, señaló, que se acompaña de un cuestionamiento al rol del Estado. Esta discusión siempre se vincula con un debate sobre lo público y lo privado, la LUC claramente muestra un repliegue de la acción estatal mientras a la vez habilita una serie de mecanismos para una mayor presencia de los actores privados, y abre para estos «una ventana de oportunidad para concretar aspiraciones largamente acariciadas», apuntó.

A nivel nacional la educación es uno de los ámbitos en los que se han generado mayores tensiones sobre el lugar de lo estatal y de lo privado, tanto en el siglo XX como en los últimos 20 años. La historiadora repasó diversos momentos en que la presencia monopólica del Estado en la educación se ha cuestionado y se han impulsado procesos de reforma educativa. La discusión se instaló con mayor fuerza entre 1950 y 1970, acompañada de diagnósticos sobre la ineficiencia de la educación pública, sobre la politización de docentes y estudiantes, así como críticas a la estructura autonómica.

En el ámbito de la educación superior se reitera el cuestionamiento al monopolio de la Udelar. Jung explicó que esta fue concebida como un complemento de la institucionalidad estatal en materia educativa y por eso desde su origen concentró muchas funciones además de la enseñanza y la investigación. Esto ha dado lugar a reacciones y cuestionamientos a su Ley Orgánica, su autonomía y cogobierno. Hoy el país tiene un sistema universitario donde la Udelar es una entre otras, sin embargo, a partir de la LUC hay una retracción de su participación y representación en distintos organismos y «por primera hay una modificación de hecho de la Ley Orgánica», en el artículo referente a la reválida de títulos y certificados emitidos en el exterior. Finalmente indicó que observar estos procesos históricos «de acumulación, de continuidades, pero también de novedades» permite iluminar y alimentar el actual debate.

«Transformación del sistema educativo»

Agustín Cano, investigador del Instituto de Educación de FHUCE, se refirió al capítulo educativo de la LUC -la sección III-, que es «bastante grande» porque abarca 79 de los 476 artículos que tiene la ley. El docente explicó que son muchos los artículos de esta sección que «están destinados a cambiar aspectos relevantes de la Ley General de Educación y al realizarse por medio del procedimiento de la LUC no han sido discutidos», agregó con preocupación que esto es un tema relevante porque «en el caso de la educación la participación es vista como un problema y no como una condición sustancial de las instituciones educativas». Además, «evidencia lo problemático del escenario que se abre con todo esto», porque la experiencia internacional y la literatura sobre el tema, muestran que las reformas educativas requieren una amplia participación y el compromiso de los sectores involucrados y en particular de los docentes, explicó. Asimismo, entiende que la LUC se inscribe en un contexto de pandemia y de francas hostilidades abiertas en varios frentes hacia los sindicatos docentes. Cano considera importante mirar los cambios educativos que propone la LUC de forma que permita dar cuenta de «la dirección tendencial de las transformaciones y aventurar algunos de los efectos posibles, siempre partiendo del recaudo de que en las reformas efectivas, los sujetos no son meros destinatarios pasivos». 

Sostuvo que entre los varios aspectos que se modifican en esta sección, hay elementos que se repiten y delinean una preocupación explícita de los autores de esta ley: uno es la eliminación del término «educación pública» de la Ley General de Educación a una formulación de «acción educativa». También se refirió a la pérdida del peso político dentro del sistema de los entes autónomos de la enseñanza, en particular de la Udelar, en favor del incremento del poder de representación y decisión en varios niveles de las instituciones de la educación privada. Además, hay un aumento de las potestades del MEC en perjuicio de las autonomías. Otro aspecto a considerar es la supresión de los espacios de participación, la reducción de la representación docente y la profundización del carácter jerárquico piramidal de la ANEP, «cuya autonomía se ve muy dañada con las nuevas potestades del MEC», apuntó. «Estamos ante una transformación de nuestro sistema educativo», afirmó, que tiene intención de ser estructural y pasar de un sistema público, autónomo y coordinado y perfilarse a un sistema mixto público-privado, con mayor poder del Estado, consideró. Asimismo, entiende que es de esperar que una transformación así, tenga efectos en la expansión del sistema privado que se ve favorecido.  

Señaló que ahora que la LUC está aprobada y empieza a ser aplicada, se puede dar un paso más y ver el alcance de estos análisis e interpretaciones y el mejor ejemplo refiere a lo que está sucediendo con respecto a las políticas de formación docente, en particular a la aplicación del artículo 198 de la LUC que transformó el Consejo de Formación en Educación y creó un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias, procedimiento ubicado dentro de la órbita del MEC a través de un consejo consultivo. A través del decreto 338, aprobado en diciembre de 2020, se conformó un consejo consultivo integrado por seis integrantes: tres propuestos por el MEC, uno por la ANEP, uno por la Udelar y uno por el consejo de rectores de las universidades privadas, comentó. «La Universidad pierde terreno de esta manera», afirmó. También hizo referencia al seminario que organizó el MEC recientemente: denominado «Nuevos rumbos: seminario preparatorio para el diseño de carreras universitarias de formación en educación», y esto hace referencia a esos «nuevos rumbos que está tomando la educación», expresó. En este sentido, también hizo referencia a los expositores de este seminario, uno de ellos es dueño de una fundación cuyo trabajo hace alusión a la privatización de la educación. Por tanto, para Cano el nuevo rol que asume el MEC, la equiparación de las instituciones públicas y privadas en un plano de igualdad y el debilitamiento de la autonomía son elementos presentes en la LUC y se suman los elementos ya visibles de privatización exógena y endógena, afirmó. Por tanto, todo indica que la modalidad elegida va a llevar a un crecimiento del sector privado y a una fragmentación segmentada del sistema que va a producir una situación caótica, es de esperar que más adelante nuevas regulaciones deban corregirla, indicó. La nueva estructura perfilada por esta ley reproduce el mecanismo por el que ha avanzado la privatización educativa en casi todas las partes del mundo, concluyó. 

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