Claustro de la Udelar rechaza cambios en el Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual
Texto completo de la declaración:
Montevideo, 26 de junio de 2024
DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS
DE DIFUSIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL
VISTO:
-El Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, aprobado en diciembre de 2023 por la Cámara de Representantes y en mayo de 2024 por la Cámara de Senadores con modificaciones, pendiente por tanto de una posible resolución final en el ámbito de la Cámara de Representantes.
-El mandato constitucional que tiene la Universidad de la República (UDELAR) en cuanto a contribuir al estudio, comprensión y divulgación de asuntos de interés público.
-El marco específico que otorga la Ley Orgánica, en su artículo 2.º, en la defensa de la justicia, la libertad, los derechos humanos y la forma democrático republicana de gobierno.
CONSIDERANDO:
-La creación, por resolución del 23.3.21 del Consejo Directivo Central (CDC) de un grupo multidisciplinario para analizar el impacto de la legislación propuesta.
-Las diversas actividades académicas y de debate público promovidas por ese grupo, los intercambios con la Comisión parlamentaria que discutió el proyecto, los pronunciamientos de diversas organizaciones profesionales y sociales y las resoluciones del CDC del 8.6.21 y del 12.12.23 en la que se enumeran esos antecedentes y se analiza en detalle el proyecto de Ley.
-El texto que fue aprobado por el Plenario de la Cámara de Senadores el 14 de mayo pasado, sin discusión previa en la comisión correspondiente.
-La declaración unánime, sobre este tema, por parte de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Información y Comunicación el 15 de mayo, hecha suya posteriormente por el Consejo de dicha Facultad.
-Los pronunciamientos críticos, respecto al proyecto aprobado por el Senado, por parte de diversos organismos nacionales e internacionales, entre los cuales se encuentran: la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Asociación de la Prensa Uruguaya, CAINFO, la Organización de la Prensa del Interior, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unesco, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras, entre otras.
RESUELVE:
-Expresar su mayor preocupación por los cambios agregados y formato de tratamiento realizados en el Senado respecto al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, introducidos mediante un trámite “grave y urgente”, sin discusión previa ni convocatoria a la comisión parlamentaria correspondiente y sin que ésta pudiera recibir y escuchar a los distintos actores interesados en la temática. Esta falta de debate, participación y garantías institucionales constituye un peligroso antecedente, alejado de las prácticas republicanas.
-Manifestar que el proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual aprobado por el Senado no cumple con estándares mínimos de libertad de expresión y de calidad democrática, habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, elimina la participación ciudadana, quita toda transparencia a las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios, y compromete las políticas de promoción de la producción audiovisual nacional. El proyecto habilita también la modificación, sin un diagnóstico consensuado, de la infraestructura nacional en materia de telecomunicaciones, lo que puede generar impactos en otros sectores no directamente vinculados al mercado de servicios. Cabe recordar por ejemplo que, en periodos de crisis sanitaria, fue esa infraestructura la que permitió la continuidad de la enseñanza en las tres ramas de la educación.
-Llamar la atención sobre las siguientes modificaciones a la Ley 19.307 vigente:
--El aumento de los límites a la concentración, la eliminación de barreras a la extranjerización de los medios, afectando su pluralismo y diversidad, y por tanto los estándares de calidad democrática del país. Se habilita asimismo a las empresas de televisión para abonados a prestar servicios de internet utilizando la infraestructura de Antel, lo que afecta gravemente las posibilidades de desarrollo de esta empresa pública, clave para el acceso de los uruguayos a la información y la comunicación.
--La eliminación de todas las instancias institucionales de transparencia, participación social y defensa de los derechos ciudadanos. En particular se eliminan la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) y las audiencias públicas con presentación de propuestas comunicacionales para la asignación de frecuencias de radio y televisión, dejando en manos exclusivas del Poder Ejecutivo decisiones clave sobre la regulación de los medios. Se eliminan también instancias que no llegaron a ponerse en marcha, como la Defensoría del Público y la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, cuyo funcionamiento hubiera significado un avance para el país.
--La eliminación de medidas de fomento de la producción audiovisual nacional, como el Fondo de promoción y el cobro por uso de espectro que debía servir como fuente de recursos. El proyecto, además, no aborda los procesos de convergencia tecnológica que han ido diluyendo las barreras entre medios tradicionales y digitales, con lo cual mantiene el rezago del país en esta materia.
--La peligrosa intromisión en la libertad de expresión, rayana con la censura, a través de un artículo agregado por el Senado sin discusión previa que exige a los medios brindar “información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”, so pena de las sanciones previstas en la norma.
-Solicitar a los parlamentarios que consideren estas preocupaciones, analizadas y compartidas con tantos y tan diversos organismos nacionales e internacionales, antes de aprobar una norma con estas características.
-Manifestar la total disposición desde la Universidad de la República a realizar aportes para que el país tenga y aplique efectivamente una regulación en materia de comunicación audiovisual adecuada a la realidad y a las necesidades nacionales, ajustada a los estándares internacionales en materia de derechos
humanos y calidad democrática.
-Invitar a la ciudadanía a informarse sobre el tema, para lo que pone a disposición todos los recursos de información y análisis de los que dispone la institución.
-Dar la más amplia difusión.
74 AFIRMATIVAS.
1 NEGATIVA.
1 ABSTENCIÓN.
Gerardo Iglesias
Presidente