Expertos y expertas universitarias reflexionaron sobre la eutanasia
Al inicio del coloquio, Diego Pérez, asistente académico del Rectorado explicó que esta actividad fue organizada por la Universidad «a propósito del proyecto de ley de Eutanasia, que obtuvo media sanción en Cámara de Representantes y actualmente espera su tratamiento por parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores». Señaló que la actividad incluye reflexiones académicas sobre la temática, con expertos y expertas de las Facultades de Medicina, Enfermería y Derecho, profesionales de la psicología, así como de representantes de la sociedad civil.
Pérez presentó la primera mesa «El proyecto de ley en debate. Perspectivas jurídicas, bioéticas, médicas y de la sociedad civil» donde participaron: Ítalo Bove, docente de la Facultad de Ingeniería de la Udelar e integrante del colectivo Muerte Asistida Digna en Uruguay (MADU); Marianela Barcia, integrante de la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina de la Udelar; Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Udelar y Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Udelar. La moderadora en todas las mesas de la actividad fue Amanda Muñoz, periodista y docente de la Facultad de Información y Comunicación.
Refutar los argumentos contrarios
Bove señaló que desde 2018 MADU ha intentado trabajar para que en Uruguay exista una ley que permita que la eutanasia sea legal para quien lo necesite y desde ese entonces el grupo ha estudiado la legislación en diferentes países. Sostuvo que en el mundo estas normativas tienen en común una condición única: «que la persona la solicite voluntariamente y además que esta persona tenga una condición de salud que le genere un sufrimiento insoportable e irreversible». Aclaró que si el sufrimiento que padece la persona puede tener mecanismos de reversión o ser pasajero, no va a entrar en el proyecto de ley y además, es necesario que un médico determine que la persona cumple con esa condición. Esa máxima de «mi libertad termina donde empieza la de los demás, es algo que en nuestras sociedades no se cumple mucho», apuntó, aunque esto está cambiando: 250 millones de personas viven en paises o regiones donde la eutanasia es legal en alguna de sus formas y, si se agregan aquellos paises donde la Suprema Corte de Justicia dictaminó que debería ser legal, como Colombia, Italia y Alemania, esto alcanza a más de 5% de la población mundial.
En cuanto a los argumentos contrarios, Bove señaló que según entiende MADU se están manejando conceptos erróneos y uno de ellos es que la eutanasia va en contra de la ética médica: «la ética médica va a depender de la sociedad del momento y va evolucionando con las sociedades. El código de Hammurabi hace 2500 años prohibía la eutanasia y el aborto», pero hoy el aborto es legal en muchos países, sostuvo. En Uruguay el Código de ética médica también prohibe la eutanasia, indicó, pero el proyecto de ley que se está discutiendo propone modificarlo, por tanto habilitaría a las y los médicos a realizar este procedimiento. Aclaró que la Sociedad Médica Mundial en 2019 eliminó del Código ético mundial esta prohibición.
Otro de los argumentos contrarios responde a que los cuidados paliativos eliminan el dolor y por tanto no es necesario el derecho a la eutanasia. Aseguró que esa afirmación es falsa, ya que entre un 5% y un 10% de las y los pacientes que reciben cuidados paliativos son refractarios a la medicación, es decir que a pesar del tratamiento siguen sintiendo sufrimiento físico y psíquico -como sentir que su cuerpo ya no le responde- y por esto muchas personas han solicitado ayuda para morir. También se sostiene que es necesario que antes que se aplique la eutanasia, el 100% de las personas hayan pasado por cuidados paliativos, «ahora bien, no se puede obligar a una persona a recibir tratamiento médico. La libertad del paciente indicaría que la persona tiene derecho a decir que no porque sabe cuales son las consecuencias o participa del tratamiento hasta cierto punto porque no quiere terminar en coma», describió.
Asimismo, otra premisa en contra de esta ley indica que el dolor impide a las personas decidir, en este sentido, señala que «dejar que la persona pueda decidir es una cuestión de respeto humano» y que la sociedad no se puede poner en esa posición ante una persona que está sufriendo. También, indicó que otro de los argumentos negativos es que el derecho a la eutanasia perjudica a los más pobres, sin embargo, Bove entiende que «los ricos también solicitan eutanasia. Los ricos no sufren porque tienen acceso a cuidados paliativos de excelente calidad pero en el momento en el que no quieren sufrir más, consiguen la posibilidad de eutanasia aquí y en cualquier parte del mundo». Entonces, «no es que lo solicitan sólo los pobres porque tienen una condición de salud en la que no pueden disfrutar plenamente del final de su vida». Por último, señaló que otro argumento es la pendiente resbaladiza que indica que esta es una primera una ley pero que luego se van a quitar las condiciones y se va a empezar a realizar eutanasia a personas que no tienen un sufrimiento insoportable, «eso es falso porque en ninguna parte del mundo ha habido cambios en las leyes que eliminen las condiciones necesarias para acceder a esta ley», afirmó.
Dignidad, justicia y autonomía
Barcia realizó algunas sugerencias desde la bioética, que puede aportar en situaciones donde son válidas las posturas. Entiende que el concepto de dignidad es central en esta discusión y es fundamental para la bioética: «la muerte digna es algo que cualquier persona dentro de este debate debería respetar y se debería partir desde ahí», sostuvo. Con respecto a los valores mínimos que se tienen que compartir como sociedad y en los que se puede exigir que las personas estén de acuerdo, se refirió a la justicia y al límite que se puede marcar en las prácticas dentro del campo de la salud y entre ellas la eutanasia. Asimismo, considera que «existen posturas que sostienen la moralidad y la inmoralidad de la eutanasia pero que son respetuosas de aquellas otras que no son universalizables», indicó.
Agregó que esta visión se une con la propuesta de la filósofa Carol Gilligan que refiere a la ética del cuidado y entiende que «donde son respetables los valores mínimos seculares se debe complementar esta visión de justicia con los cuidados». Explicó que desde los inicios de la vida los ciudados están presentes y por eso debemos preguntarnos qué sucede a lo largo de la vida, donde perdemos esa capacidad de cuidarnos y en el campo de la salud, «cómo podemos rescatar la idea de cuidar al otro». Señaló que «dentro de estos cuidados está no imponer valores morales y respetar, porque la dignidad está asociada a la idea de justicia y de autonomía», esto implica escuchar la voluntad de un paciente y su deseo para el final de su vida. Con esta idea no se refiere a personas que quieran terminar con la vida de alguien, sino personas que atienden al pedido de alguien. «Las situaciones que generan desconfianza y que cuestionan la idea de respeto de la autonomía, son situaciones en las que no se cumplen los mínimos de justicia con los valores que deberíamos cumplir como sociedad», indicó y además, considera que las mínimas virtudes que tiene que tener un equipo de salud para cuidar a un paciente son la empatía y la compasión.
En este sentido, el desafío debe ser que «las personas vivan en condiciones dignas, que la formación de los recursos humanos vaya en pro de generar espacios de cuidados y que se respete la voluntad de las personas habiendo alcanzado los mínimos necesarios para la convivencia ciudadana», aseguró. En este escenario, se podría respetar lo que cada uno quiere para su vida, lo que está vinculado a la felicidad en un sentido aristotélico, y a la forma en la que esa persona quiere terminar con ella, apuntó. «Es inherente a la idea de dignidad la noción de justicia y de autonomía y sólo en ese ámbito una persona podría tomar decisiones autónomas», concluyó.
Adaptar la legislación vigente
Por su parte Aller destacó que se ha trabajado mucho en el tema eutanasia desde las perspectivas social, filosófica, médica, sin embargo no tanto en la vinculada al Derecho Penal. «Podemos discutir muchos aspectos fundamentales que dan pie a construir criterios de política criminal pero es el legislador el que tiene que dar los parámetros básicos sobre los que se funda la ley penal», afirmó. Explicó que la temática en Uruguay ha pasado por un proceso con vaivenes y oscilaciones, desde que el país retomó la democracia se han presentado varios proyectos de ley sobre eutanasia pero todos quedaron truncos por distintas razones. En algunos períodos se manejaron borradores en los que la eutanasia estaba aceptada incluso con niños, luego esta posición se invirtió y más adelante se volvió a posturas de apertura en este tema, señaló. Al Instituto de Derecho Penal de la Facultad le ha tocado concurrir a asesorar al Parlamento en varios de estos proyectos incluyendo el actual y no ha apoyado a ninguno de ellos, informó.
Destacó que la oposición de todos los integrantes del Instituto a estos proyectos de ley no se debe a motivos religiosos, ideológicos o político partidarios, porque entre ellos hay quienes son ateos, de distintas religiones, ideologías y partidos políticos, «si algo no tenemos es un común denominador». «Cuando estamos en el ámbito académico no debemos tener religión ni partido político», apuntó.
Señaló que la razón por la que no acompañaron estos proyectos es que generalmente tienen fallas conceptuales, en el caso del actual una de ellas es que está restringido al actuar médico, que en la mayoría de los casos que llegan a conocerse es el que practica la eutanasia activa. No obstante también hay personas que la practican y no tienen nada que ver con el mundo de la salud, explicó, y esta ley dejaría por fuera a estas personas. «Las situaciones críticas, los sentimientos, la sensibilidades, las pasiones, las emociones, los sufrimientos, no son propiedad de una profesión. ¿Están seguros realmente que todo lo que pasa sucede en los sanatorios y hospitales?», cuestionó Aller.
El proyecto de ley además plantea el requisito de una junta médica en cada caso para aprobar la práctica de eutanasia, señaló Aller, que aunque no es contrario a las juntas médicas y reconoce su valiosa función, pero «cuando son un requisito sine qua non pueden llegar a ser un obstáculo para el cumplimiento de la Ley». Otro de los reparos que el Instituto plantea al proyecto refiere a la objeción de conciencia que este establece, sobre la cual afirmó: «soy crítico a su utilización exagerada, se utiliza cuando éticamente no está laudado el tema». Además, indicó que presenta defectos de redacción, lo que plantearía problemas de interpretación, y expresiones técnicamente erróneas como «exclusión de culpabilidad» en lugar de «inhibición de pena» que sería lo correcto.
Por otra parte, este grupo de docentes entiende que ya existe en Uruguay legislación acerca de la eutanasia, el artículo 37 del Código Penal uruguayo que establece: «Los Jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima». Por ello entiende que antes de pensar en nuevas normas acerca de la eutanasia con leyes «estilo ferrocarril, que son un verdadero código», se debería modificar el artículo 37 del código procesal penal que ha quedado anticuado. Algunos aspectos de este artículo que plantea modificar son el requisito de poseer antecedentes honorables para exonerar de castigo, ya que entiende que significa «negar que un ladrón o cualquier otra persona con algún antecedente penal de cualquier tipo, tenga sentimientos de amor respecto de su padre, hermana o madre».
«Celebrar el pluralismo»
Rodríguez celebró esta instancia porque «este no debe ser un tema tabú, debe ser discutido abiertamente, se vincula con la conciencia moral y atraviesa todas las fuerzas políticas». Entiende que el tema desde el punto de vista médico es complejo porque por un lado nadie se opondría a la eutanasia entendida como «buena muerte» pero abordada en el marco de la tradición médica hipocrática, «está asociada a un crimen aberrante, a una prohibición absoluta, por lo menos en el discurso». Añadió que no obstante «se tolera mucho mejor una práctica que no se confiesa que establecerla en una norma jurídica».
Resaltó que este conflicto entre la perspectiva de la eutanasia como «buena muerte», de acuerdo a la etimología de la palabra y «crimen aberrante» como lo cataloga la tradición médica hipocrática, está expresado muy claramente en el Código de ética médica del Uruguay, establecido por la Ley Nº 19.286. Este conflicto se ve especialmente en la oposición entre el artículo 46 que establece: «La eutanasia activa entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión» y el artículo 48 de esta Ley que expresa: «En enfermos terminales, es obligación del médico continuar con la asistencia del paciente con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el objetivo de su acción médica, aliviar el sufrimiento físico y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente acorde con sus propios valores». Entiende que esto hace visible que se trata de un problema complejo porque el médico queda en la disyuntiva de optar por cuál de estos dos artículos se rige.
Asimismo rechazó toda postura fundamentalista para discutir este tema, «la demonización del otro, esto no es un debate entre un conjunto de personas sádicas llamadas a disfrutar el dolor lacerante del otro y un conjunto de asesinos seriales inescrupulosos que abusan de la vulnerabilidad de una persona en un momento de su vida». Entiende que en cambio «se trata de celebrar el pluralismo y la diversidad de éticas máximas que coexisten en una sociedad». Asimismo consideró en esta línea que de aprobarse una ley con una postura favorable a la eutanasia, se debería garantizar que quien integre el grupo minoritario no será obligado a ejecutar acciones contrarias a su conciencia moral así como tampoco este grupo pueda bloquear los derechos de las personas.
La actividad continuó con la segunda mesa que abordó el tema «El personal de salud y la toma de decisiones al final de la vida», donde participaron Cristina Camejo, profesora del Departamento Enfermería del Adulto y del Anciano de la Facultad de Enfermería de Udelar; Natalia Bernardi, especializada en Cuidados Paliativos de adultos de la Facultad de Medicina y la psicóloga María Rosa Fernández, representante de la Red de Bioética.
Por último, la tercera mesa se tituló «¿Qué desafíos formativos supone este proyecto? Síntesis y reflexiones finales» y tuvo la participación de Florencia Salgueiro, representante de Empatía UY; Agustina Da Silveira, representante de Prudencia UY; Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina y Fernando Bertolotto, decano de la Facultad de Enfermería.
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