Marcel Achkar: «volver a poner el foco en el río Santa Lucía es la medida más acertada»
Una de las problemáticas que se le presentan hoy a Uruguay es garantizar el abastecimiento del agua potable para Montevideo y la zona metropolitana, que en la actualidad se cubre exclusivamente con la planta potabilizadora de OSE en Aguas Corrientes, departamento de Canelones. En este sentido, el 16 de julio el gobierno uruguayo dio a conocer su resolución de dejar sin efecto el proyecto Neptuno, a través del cual se planteaba la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua proveniente del Río de la Plata a la altura de Arazatí, departamento de San José.
Desde 2022, cuando se conocieron los detalles del proyecto, investigadores de la Udelar expresaron su posición contraria al plan, presentando argumentos y estudios acerca de las condiciones de salinidad y de contaminación del agua del Río de la Plata en el lugar en que estaría ubicada la Planta, lo que sumaría al impacto ambiental de la obra, lo costoso e ineficaz ya que no representaría una mejora al abastecimiento de agua potable de la población. Achkar integra un equipo de docentes del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio que viene estudiando desde hace años los cambios en la calidad de las aguas del Río de la Plata y sus afluentes entre ellos el Río Santa Lucía, en ese marco en 2023 llevaron adelante un proyecto de investigación acerca de la localización geográfica y los cambios en la concentración de cianobacterias en el estuario del Río de la Plata, a lo largo de un período de tiempo.
«Medidas acertadas»
Hoy, ante la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno, Achkar señaló que los investigadores «sentimos en primer lugar una gran satisfacción y alegría de que el país haya decidido que Neptuno no se realiza y creemos que es una medida muy acertada». En lo que se refiere a los planes del gobierno de construir una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía cerca de la que existe hoy en Aguas Corrientes, obras de mejora de la quinta línea de bombeo y una reserva de agua bruta y otra usina potabilizadora sobre el arroyo Solís Chico, indicó que también consideran que van en el sentido correcto. De todas formas acotó: «no tenemos los detalles, por lo tanto no sabemos los impactos ambientales de estas obras; el volumen de agua que se recuperará con la disminución de las pérdidas ni cómo estará ubicada la usina potabilizadora en el arroyo Solís Chico; porque lo que se ha hecho público por ahora es un titular». «Es necesario conocer el proyecto, dónde se localiza, qué se hace con los lodos y demás detalles del plan, información que se prevé estaría finalizada para el 31 de agosto», añadió.
De todas formas entienden que «volver a poner el foco en el río Santa Lucía es la medida más acertada ya que tiene un potencial muy grande, tiene problemas ambientales, es cierto, pero hay que resolverlos», afirmó. Añadió que recuperar y fortalecer la cuarta y la quinta línea de bombeo permitirá disminuir un porcentaje de las pérdidas de agua potable que se han señalado en reiteradas oportunidades. Con respecto a las obras en el arroyo Solís Chico, las consideran acertadas, a diferencia de la medida que se tomó en 2023, durante la crisis hídrica, de trasvasar agua de una cuenca a otra desde este arroyo a la Laguna del Cisne, «un disparate del punto de vista de la dinámica fluvial», afirmó.
Entiende que las medidas del gobierno deben ir acompañadas por una aceleración en la aplicación del plan de gestión de la Cuenca del río Santa Lucía lo que maximizaría su producción de agua. Este plan, que se terminó de elaborar en 2017 y se aprobó en 2022, incorpora una batería de 11 medidas diseñadas en 2013 y apunta a minimizar las acciones humanas que provocan el deterioro de la calidad del agua del río Santa Lucía, «pero prácticamente no se llevó a cabo ninguna de las acciones que plantea», señaló. «Si bien el plan es tímido, es urgente avanzar en él para comenzar a tomar medidas que tiendan a revertir la situación del río Santa Lucía, tan largamente desatendida», añadió. En este sentido enfatizó que aunque una de las causantes de la escasez y salinidad del agua proveniente de OSE en Montevideo y zona Metropolitana en 2023, fue la severa sequía, actuaron también otras condiciones como una serie de problemas vinculados a la gestión del río Santa Lucía, que no se trataron. «Si esos problemas se hubieran atendido, el río hubiera seguido teniendo disponibilidad de agua», subrayó.
En el caso de la Laguna del Cisne en Canelones, de donde se extrae el agua para potabilizar que alimenta a la Costa de Oro, cuenta también con un plan de gestión que ya está avanzado, con una serie de propuestas que aunque se fueron aplicando muy lentamente, están en proceso. Este plan fue elaborado en forma conjunta por la Intendencia de Canelones, la Comisión de Cuenca, un grupo de académicos provenientes del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y de Facultad de Ciencias, de la Udelar.
Achkar señaló que a todas estas medidas como complemento sería razonable que se les sumara la construcción de la represa de Casupá, «es incomprensible como no se hizo ya», apuntó. En este sentido recordó que la realización de esta obra está planteada desde el año 1970, «el proyecto está presente en un informe de la OSE del año 2000, en un documento del Ministerio de Ambiente del año 2013, en el plan de acción del organismo del año 2017, pero siempre se venía postergando», indicó.
Articular con la sociedad civil
En cuanto al balance social en torno al tratamiento del proyecto Neptuno, Achkar señaló que un aprendizaje que dejó fue que «todo lo vinculado a la temática ambiental y gestión de los recursos naturales tiene un fuerte componente de participación ciudadana, de la academia y de todos los sectores de la población». Esto se vio reflejado en el proceso de gestión del proyecto Neptuno, la propuesta fue objeto de una gran oposición por parte de organizaciones sociales, que se articularon en un frente común para difundir y denunciar su inconveniencia. «Como aprendizaje lo que nos debería quedar es que frente a propuestas importantes para la sociedad, hay que activar todos los mecanismos de participación y escuchar a todos los sectores», resaltó.
Algunas de las acciones que llevaron adelante estas organizaciones sociales fueron una recusación legal presentada en 2024 por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida basada en la inconstitucionalidad del proyecto ya que contravenía la Ley de Empresas Públicas aprobada por plebiscito en 2004 que establece que la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay son responsabilidad exclusiva del Estado; una carta al gobierno entrante firmada por más de 150 organizaciones y enviada en enero de 2025 manifestando su oposición a la iniciativa; y movilizaciones periódicas desde 2023 cuando se conoció el proyecto, la última en junio de 2025, una marcha de cinco días de caminata desde Arazatí a Montevideo en la que participaron numerosas organizaciones sociales, y en el marco de la cual se realizaron charlas acerca del tema en varios pueblos y barrios del trayecto.
Achkar entiende que en general Uruguay ha avanzado en la aprobación de leyes que incluyen espacios de participación de la sociedad en temas medioambientales pero la aplicación de las leyes en el funcionamiento de estos espacios, aún no es buena. Considera que «todos los sectores políticos, unos más, otros menos, no están convencidos o no han madurado todavía, la idea de la importancia de la participación social, y no consiguen, en vez de verla como un freno u obstáculo, valorarla como un aporte a la resolución de los problemas ambientales». «El dicho popular "Este tema es suficientemente importante como para no dejarlo en manos de los técnicos”, aplica perfectamente para los recursos naturales, para la educación, para la salud, entre otros temas fundamentales de la sociedad, estas temáticas tienen que involucrar a toda la comunidad, todos los sectores de la sociedad tienen algo para decir», añadió. Destacó que además «cualquier plan funciona muy bien si la población local está de acuerdo y presenta muchísimos problemas si la población local está en desacuerdo».
Achkar destacó para finalizar que la articulación entre los movimientos sociales y la sociedad en general y la academia, es un mecanismo muy potente para la generación de conocimiento que permita aportar propuestas y soluciones que van más allá de intereses particulares; y la reivindicación de la cultura local y todo lo que es importante para los pobladores. «Además la población tiene un conocimiento detallado y a veces a los técnicos y a los científicos nos cuesta mucho llegar a esos elementos de conocimiento local», concluyó.