Mesa de Expositores sobre Ciencia y Tecnología
Participaron en la Mesa las y los docentes de la Udelar, Isabel Bortagaray, Andrea Vigorito y Nicolás Wschebor, responsables de las exposiciones, y Cecilia Callejas y Pablo Castro quienes fueron los moderadores del encuentro. El intercambio se basó las siguientes preguntas orientadoras: «¿Qué características debería tener el modelo institucional del sistema nacional de ciencia y tecnología en Uruguay? ¿Qué perspectiva tiene la Udelar ante el proceso actualmente en discusión, en términos de riesgos, oportunidades y cercanía con nuestras aspiraciones? ¿Qué papel debe desempeñar el Estado en la orientación de la política pública en ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué rol específico le corresponde a la Universidad de la República dentro de ese esquema? y ¿Desde qué lugar interviene la Udelar en este debate: como un actor más del sistema, como una institución con responsabilidades específicas, o como garante del conocimiento como bien público?».
Callejas dio la bienvenida a los presentes a la Mesa de Ciencia y Tecnología, a la que definió como un diálogo sobre la nueva institucionalidad y el rol de la Udelar. «Como es de público conocimiento Uruguay actualmente está en un proceso de redefinición de su diseño institucional en materia de ciencia, tecnología e innovación». El artículo 73 de la Ley de Presupuesto Nacional de 2025 - 2029 establece un plazo de 120 días, que se cumple el 16 de abril, prorrogable hasta el 16 de junio, para la elaboración de un proyecto de ley integral que reorganice la institucionalidad de este sistema.
Añadió que en ese marco se encomendó esta tarea al Consejo Estratégico Ministerial del Programa Uruguay Innova; a la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICyT). En ese contexto el Consejo Directivo Central de la Udelar en 2025, para dar seguimiento a este proceso y aportar a la discusión, creó un grupo de trabajo que entre sus integrantes cuenta con los tres expositores de la Mesa, Isabel Bortagaray, delegada del CONICyT por la Udelar en el periodo anterior; Andrea Vigorito, actual delegada del CONICyT por la Universidad de la República y Nicolás Wschebor, también hoy delegado del CONICyT por la Udelar y presidente de este Consejo.
«Desde la Asamblea General del Claustro promovemos este espacio para reflexionar acerca de qué modelo de institucionalidad queremos impulsar como país y cuál debería ser el rol entonces de la Universidad de la República en su diseño», concluyó Callejas.
Importancia de una coordinación adecuada
Bortagaray abordó dos de las preguntas planteadas a la mesa: ¿qué características debería tener el modelo institucional del sistema nacional de ciencia y tecnología en Uruguay? y ¿qué papel debe desempeñar el estado en la orientación de la política pública? Basó su presentación en los rasgos constitutivos de algunas experiencias internacionales interesantes para pensar distintos modelos de gobernanza, y se enfocó en la implementación de las políticas, «lo qué sucede a la hora de llevarlas a cabo». Destacó que los estudios comparados de experiencias internacionales muestran desafíos compartidos: «la coordinación horizontal, la adecuación y alineación presupuestaria, la relación con ministerios sectoriales y la continuidad y aterrizaje de prioridades son cuestiones fundamentales», subrayó. Añadió que los estudios revelan que los principales problemas, especialmente en la región, son la debilidad o incapacidad institucional para la coordinación; falta de complementariedad y de autoridad; determinación de alto nivel; y las discontinuidades persistentes, o sea se reinventan y reinician historias institucionales.
Entiende que es clave la importancia de la coordinación transversal, el aprendizaje institucional y el anclaje territorial. «Los arreglos más prometedores articulan y combinan un órgano rector y una coordinación interministerial, a los que se suman instrumentos compartidos y una evaluación adecuada», enfatizó. En ese sentido destacó la importancia de la atención y los esfuerzos para construir ámbitos de trabajo colaborativo y prácticas participativas sostenidas en el tiempo, que apunten a la resolución de problemáticas definidas, con un foco muy fuerte en la confianza, las redes de trabajo conjunto y la definición compartida de agendas. Asimismo, «la evaluación sigue siendo uno de los puntos débiles, es más fácil medir el gasto o número de proyectos que captar cambios sistémicos o coordinación institucional o efectos territoriales», afirmó.
«En síntesis, lo que me parece importante destacar hoy es que necesitamos pensar un modelo institucional con principios orientadores claros, legítimos, colaborativamente establecidos, que busquen enfáticamente permear los distintos niveles y ámbitos de toma de decisión y apoyen la resolución de diversas problemáticas. Asimismo son de fundamental importancia contar con presupuestos acordes, esfuerzos sostenidos capaces de capitalizar los aprendizajes, generar una cultura de confianza y colaboración entre actores múltiples y plurales, la apertura e involucramiento de los distintos actores en la búsqueda de esas agendas compartidas y la transparencia y legitimidad del proceso», concluyó Callejas.
Potenciar a los actores involucrados
Vigorito, por su parte, enfocó su exposición en el papel que debería desempeñar el Estado en la orientación de la política pública en ciencia, tecnología e innovación. Señaló que la respuesta a esta interrogante «depende de qué tipo de Estado queremos y para qué, si el objetivo es un Estado pequeño que fomente el crecimiento económico y no mucho más, entonces el modelo de Ciencia y Tecnología, será uno, si queremos un Estado con mayor participación, será otro». Señaló que una reflexión necesaria es pensar «¿qué política de Ciencia y Tecnología queremos y cuál es el rol del Estado? Acotó que esto depende de en qué teoría nos basamos, y de cómo se genera la investigación y la innovación tecnológica».
En cuanto a la mediación de los efectos de las políticas en Ciencia y Tecnología vinculadas al bienestar social, «tendrá que ver con otro conjunto de políticas como la salarial y la industrial», sostuvo Vigorito. «Otras interrogantes a plantearse son ¿qué ciencias?, ¿cómo entran las ciencias sociales y las humanidades? ¿Cuál es el alcance del sistema? ¿Cuáles son las áreas prioritarias y cómo se definen? ¿Cuáles son los colectivos consultados y cómo se vinculan con estos fines generales?», subrayó.
Añadió que «existe un consenso en la actualidad, por lo menos en el grupo, acerca del fracaso de los modelos institucionales que nos hemos dado hasta el presente o las dificultades para establecer líneas de política claras». «Más allá de los logros que se dieron a raíz del aumento de la inversión pública en innovación, la creación de nuevas instituciones y del fortalecimiento de las ya existentes, falta un organismo coordinador fuerte que tenga capacidad de dar dirección política y contribuir a la fijación de lineamientos», enfatizó.
En lo que se refiere a los aspectos en los que puede contribuir la Udelar en el sistema, señaló que uno importante es potenciar el rol de los distintos integrantes del sistema así como contribuir a su crecimiento. En ese sentido entiende que «hay que tener en cuenta que el peso enorme que tiene la Udelar en la producción de conocimiento y la innovación en Uruguay, refleja una debilidad de otros actores que serían los que en un proceso de desarrollo deberían estar creciendo, por eso más allá de que la Udelar tenga una agenda propia en esta discusión es un tema importante ¿qué pasa con todas las personas calificadas que formamos?».
Una discusión necesaria
Wschebor destacó que el CONICyT valora mucho estas instancias, «que la discusión esté tomando cuerpo en distintos ámbitos es algo que nos parece muy positivo y esta iniciativa de la Asamblea General del Claustro de traer el tema aquí, un ámbito particularmente representativo de la Universidad de la República, nos parece muy importante».
Resaltó que al interior de la Udelar ya habían trabajado en el tema y se presentaron dos informes al Consejo Directivo Central, uno hace algunas semanas y otro ingresó el 24 de marzo. En el primero de los informes simplemente se enumeraban los problemas más candentes y en el segundo se comenzaron a realizar propuestas concretas de resolución que el Consejo Ejecutivo Central tratará alrededor del 10 de abril.
Añadió que aunque a ninguno de los actores involucrados le interesa discutir la institucionalidad sino las políticas a llevar adelante en Ciencia y Tecnología, «es necesario resolver el problema para que dentro de cuatro años no estemos como en cada nuevo periodo de gobierno que volvemos a destinar tiempo para discutir y lo perdemos con este tema».
